Las exigencias de Bruselas a España: más control de las cuentas, apoyo a la empresa y acabar la reforma financiera

La Comisión Europea ha lanzado recomendaciones a todos los Estados miembros para que consigan sanear más sus finanzas y sienten las bases de la recuperación económica. En el caso de España, las peticiones se centran en cuatro grandes áreas: controlar el déficit público, terminar la reestructuración del sector financiero, flexibilizar más el mercado laboral y facilitar la creación de empresas.

El primer grupo de peticiones [consulta aquí el documento oficial] está relacionado con el control del déficit público. En este sentido, Europa exige, por ejemplo, una mayor transparencia y responsabilidad en las finanzas regionales, que el Ejecutivo garantice la corrección del déficit excesivo durante el año próximo y que mejore tanto la ratio de coste-eficiencia del sector sanitario.

¿Y por qué nos exige este tipo de actuaciones? Recordemos que en 2014 las comunidades autónomas se convirtieron en las administraciones públicas que peor llevaron sus cuentas: su gasto fue 7.000 millones de euros superior al esperado, un desvío que les condujo a incumplir su objetivo de déficit. El Estado, aunque también sobrepasó la previsión, solo se extralimitó en 422 millones.

Por otro lado, los cálculos oficiales apuntan a que España registra el segundo déficit público más elevado de toda la Unión Europea, por detrás de Chipre (en 2014 alcanzó el 5,8% del PIB incluyendo las ayudas a la banca, que suponen un 0,1%). Para cumplir con el objetivo impuesto por Bruselas, este indicador debe reducirse más de un punto y medio y concluir el ejercicio en el 4,2% y bajar hasta el 3% en 2016.

Para conseguirlo, la Comisión Europea (CE) ha pedido al Gobierno que tome las medidas necesarias y que utilice cualquier ingreso extra que consiga para reducir el déficit, ya que calcula que incumpliremos el objetivo pactado. La CE cree que el indicador cerrará este año en el 4,5% y 2016, en el 3,5%,

El segundo paquete de recomendaciones está vinculado a terminar de una vez la reforma del sector financiero. Entre las medidas que nos piden está completar la reestructuración y privatización de las entidades controladas por el Estado. ¿Y cómo estamos en este sentido?

De momento, solo se ha recuperado un 4,3% de las ayudas públicas que se han concedido al sector durante los últimos años (unos 2.660 millones), mientras que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido estos días en que el Estado venderá sus participaciones en Bankia (entidad a la que se le inyectaron casi 20.000 millones) cuando se den las condiciones de mercado adecuadas. Será entonces cuando se recuperará una buena parte del dinero invertido.

En lo que se refiere al mercado laboral, las principales recomendaciones son promover la alineación de los salarios a la productividad, mejorar la asistencia y el asesoramiento para buscar empleo (medida que, según Bruselas, ayudaría a combatir el paro juvenil), optimizar los sistemas de salario mínimo (actualmente en 648,6 euros al mes), promover la movilidad regional de los trabajadores e impulsar más los contratos indefinidos.

Los últimos pasos que ha dado España en este camino son positivos, aunque parecen no convencer del todo a Bruselas. En los últimos doce meses, por ejemplo, el desempleo se ha reducido en más de 350.000 personas, aunque todavía hay 4,3 millones en las listas del paro. Por otro lado, y en lo que se refiere a los salarios, los sindicatos y la patronal han cerrado esta semana un preacuerdo para subir los sueldos un 1% para este año y otro 1,5% en 2016.

La peor parte se la lleva el paro de larga duración, algo que preocupa en el corazón comunitario. Y no es para menos: en 2014 había 1,4 millones de personas que llevan al menos tres años sin encontrar trabajo, un 9,5% más que en 2013.

Por último, la CE pide al Ejecutivo que avance en algunas reformas que todavía no han madurado. Por ejemplo, recomienda eliminar barreras para que se puedan crear más empresas, adoptar la reforma de servicios profesionales prevista e impulsar la implementación de la ley de unidad de mercado.