buenas noches san medel . pues no, no me había dado cuenta de este hilo que habías abierto. tampoco creo que lo que más venda sea lo apocalíptico, sobre las pensiones, pocas veces me he pronunciado, pero evidentemente no estoy a favor de la jubilación a los 67. me ha gustado este fragmento de tu enlace:

un trabajador no cualificado (en paro
frecuente durante más de cinco años) tiene, a los sesenta años,
el nivel de salud que un banquero tiene a los setenta años. este
último sobrevivirá al primero diez años. es profundamente
injusto pedirle al primero que continúe trabajando dos (y algunos
piden cinco) años más para pagar las pensiones del segundo
que le sobrevivirá diez años.

curiosamente es algo que ya habían hablado en francia. según parece, usando unas estadísticas parecidas a estas, se dieron cuenta de que un directivo vivía x años más que un obrero (no recuerdo la cifra exacta), con lo que al directivo le deberían dar dos opciones:

1. pagar más todos los meses.
2. jubilarse más tarde.

no me pareció mala idea del todo, además estoy seguro que casi todos elegirían la segunda opción. primero porque les gusta el poder, y segundo porque aún les gusta más el dinero.

volviendo al tema. yo no he dicho que no pueda haber un sistema de pensiones sostenible, pero sí que digo que éste no lo es. la principal causa es que se usa el fondo de la s.s y de las pensiones cada vez que hay algún problema, o peor aún, en periodos electorales. estoy en contra de que nos quiten un tanto % de nuestros ingresos para un fin, y que luego lo malgasten en donde les de la gana. esto iría bien en tu blog de "contra la corrupción" , y se podría añadir "y el despilfarro" jeje.

por otro lado, cierto que cotizalia habla de estancamiento, pero luego las cifras muestran un leve crecimiento, pero también habrás visto que lo que la cifra que yo manejo es precisamente de ese crecimiento. 125000 personas anuales concretamente.

bueno, un saludo san medel. que siempre me enrollo, creo que ha quedado más o menos claro lo que quiero decir.

Buenas noches, San Medel. Acabo de leer por encima el artículo de Vicenç Navarro y me ha parecido muy interesante. En efecto, la ofensiva liberal es evidente y llevan años preparando el terreno. Lo más contradictorio es que se pretende incrementar las cotizaciones (del trabajador, naturalmente), dejando con ello más recursos en manos del Estado y aumentar la edad de jubilación. Me estaba acordando de Portugal, cuyo gobierno acaba de hacerse del sistema de pensiones de Portugal Telecom, aunque más bien habría que decir que utilizará esos fondos para tapar agujeros a corto plazo.

Estoy de acuerdo con el profesor Navarro que un factor que se olvida en los estudios al uso es el incremento de la productividad. Además, coincido en que habría que desarrollar políticas de apoyo a la familia. Resulta inconcebible que los países nórdicos tengan una tasa de natalidad mucho mayor que la española. Desgraciadamente, se nos ha pasado la época en que resultaba más fácil afrontar presupuestariamente el problema.

Estoy también absolutamente en contra de permitir las prejubilaciones, como la avalancha que se espera entre los bancarios. Las empresas que han tomado malas decisiones -como abrir sucursales no rentables a largo plazo, o inflar plantillas contratando a los parientes de los directivos- deben apechugar con las consecuencias.

Buen enlace. Ayuda a evitar que caigamos en el pensamiento único.

Un saludo.

la reforma de las pensiones públicas y el engaño de las privadas.

El argumento demográfico que se viene dando para justificar la reforma de las pensiones lo puso en marcha el Banco Mundial hace casi tres décadas cuando se comprobó que la propuesta de privatizar completamente los sistemas públicos que deseaban las entidades financieras era demasiado cara y que podía acarrear gran rechazo y conflictos sociales.

Se empezó a decir que la población iba a envejecer mucho y que el gasto público en pensiones iba a llegar a ser insoportable.

En España, un puñado de economistas financiados siempre por la banca han hecho un buen número de predicciones con resultados muy alarmistas que anunciaban déficits en las cuentas de la Seguridad Social en 1995, 2000, 2005, 2010 y hasta 2050. Nunca han acertado, ni siquiera en éste último ejercicio de 2010, en el que a pesar de que hay más de cuatro millones de parados, el sistema ha tenido un mínimo déficit de 278 millones de euros pero compensado sobradamente por el ingreso de los intereses del fondo, obteniendo finalmente un superávit de 2.383 millones de euros.

Es verdad que el gasto público en pensiones aumenta normalmente a medida que envejece la población porque depende de dos factores: del número de pensionistas, que suele ser mayor cuanto mayor sea la longevidad de la población, y de la cuantía de la pensión que reciban (así mismo, puede aumentar el envejecimiento y no el gasto si al mismo tiempo baja la cuantía de la pensión, que es lo que se busca).

Por tanto, es lógico que, a medida que un país se desarrolla y dispone de un mejor sistema sanitario y de condiciones de vida más saludables, aumenten los años de vida de su población y que eso suponga que haya un mayor número de personas que queden al margen de la vida laboral a partir de un determinado momento. También es lógico, aunque esto se lo están callando, que a medida que se va dando este proceso de desarrollo, aumente la productividad, de modo que cada vez un menor número de personas empleadas pueden sostener con su actividad a mayor número de personas inactivas.

En lugar de presentarnos esas dos circunstancias de manera conjunta, insisten en la primera como el origen de un futuro desastre financiero afirmando que el envejecimiento continuado de la población hará que llegue un momento (ahora dicen que en torno a 2050) en el que el gasto público en pensiones (dado el número de pensionistas y la "generosidad" de nuestras pensiones) será insoportable. De ahí deducen que no queda más remedio que empezar ya a reducir la cuantía de la pensión (ampliando el periodo de cálculo) y el número de pensionistas (aumentando la edad de jubilación).

continua.

Puesto que esto implica lógicamente que la pensión será más tardía y de menor cuantía, al mismo tiempo se recomienda a la población que suscriba pensiones privadas. Así lo hizo expresamente hace unos meses el anterior ministro de Trabajo: Corbacho -informó la prensa- recomienda contratar un plan privado para completar la pensión (Cinco Días 10-3-2010).

Todo esto parece muy lógico. Tanto, que la población está asustada y tiene la convicción de que eso será lo que ocurra: nos hacemos demasiado viejos y el estado ya no podrá garantizarnos la pensión que ahora reciben los actuales pensionistas cuando nosotros nos jubilemos. Convendrá, pues, que suscribamos algún fondo de pensión privado.

Pero es importante saber que detrás de estos argumentos hay un monumental engaño. Según las predicciones más alarmistas (de esos que nunca han acertado lo que iba a ocurrir ni en los cinco años próximos) el gasto "insoportable" al que llevaría el envejecimiento previsto de la población española supondría gastar en 2050 un 15% o un 17% de nuestro PIB. Parece mucho, pero Italia gasta en estos momentos alrededor del 14%. Es tan irreal decir que ese porcentaje sería insostenible en 2050 que incluso alguno de los economistas que han firmado el manifiesto de los 100 solicitando reformas liberales de las pensiones pública ha reconocido que ese no es el auténtico problema del sistema.

Pero lo más grave es que a la hora de sacar conclusiones sobre las consecuencias de ese mayor gasto público en pensiones no se tienen en cuenta otros factores o simplemente se minimizan. Si de verdad se quisiera garantizar el equilibrio financiero del sistema público de pensiones, que depende de sus gastos e ingresos, no se deberían poner sobre la mesa solo propuestas para la reducción de los gastos sino también otras dirigidas a incrementar los ingresos del sistema. Tal y como se está haciendo, solo proponiendo recortar gastos, simplemente se consigue empeorar la condición de vida de la población pensionista, ahora y en el futuro, una forma bastante torticera de resolver los problemas del sistema. Lo correcto, por el contrario, sería hablar también de los factores de los que dependen sus ingresos. A saber: cómo aumentar el empleo y sobre todo el de la población femenina, cómo aumentar el peso de los salarios en la renta total para que así haya más capacidad de aportar cotizaciones sociales, o cómo incrementar la productividad. O incluso, aunque es un mecanismo de financiación de las pensiones públicas a mi juicio menos adecuado, cómo mejorar el sistema fiscal para hacer ingresos al sistema por la vía de los Presupuestos Generales del Estado. Mientras no se hable de todo esto sino solo de aumentar la edad de jubilación y alargar el periodo de cotización se estará planteando un debate injusto y falso que no beneficia al futuro de la seguridad social sino que lo debilita.

Es evidente, pues, que estos planes privados de pensiones que quieren convertirse en sustitutos de las pensiones públicas son una verdadera engañifa financiera. La inversión que se hace en ellos solo se puede llegar a compensar, si acaso, con la desgravación fiscal tremendamente injusta (porque la disfrutan solo los contribuyentes de rentas más altas) que llevan consigo, y que supuso en 2010 un gasto fiscal de 1.443 millones de euros, casi la misma cantidad del recorte en las pensiones (1.500 millones de euros) que sufrieron, sobre todo, las clases de menos ingresos.

Los bancos crean primero el alarmismo sobre la solvencia de las pensiones públicas financiando estudios que realizan economistas con muy poca capacidad predictiva y difundiendo luego sus conclusiones por todos los medios además de obligar a los gobiernos a recortar los derechos de los pensionistas. Así atraen miles de millones de los que pueden ahorrar algo de sus sueldos. Colocan esos recursos en los mercados financieros con altas ganancias pero no devuelven esa rentabilidad a los clientes. Y eso, si es que tratando de ganar lo máximo posible no llevan a la quiebra a los fondos, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, y obligan a los gobiernos, como recientemente en Estados Unidos, a que pongan cientos de miles de millones para salvarlos. Un negocio redondo para los bancos.

Y así, a base de mentiras y medias verdades, es como se llevan a cabo las reformas de las pensiones púbicas.

Juan Torres

Fondos cautivos que pueden manejar a su antojo a través de las gestoras y que les dotan de enorme poder económico, y les permiten apropiarse, mediante distintas comisiones, de casi la totalidad de la rentabilidad que tales recursos puedan generar.

Por otra parte, y como afirmó el secretario de Estado de Hacienda, dicha desgravación tiene un efecto claramente regresivo. En primer lugar, porque, como todo incentivo fiscal al ahorro, beneficia lógicamente a aquellos que tienen capacidad de ahorro, "las rentas más altas", en mayor medida cuanta mayor capacidad tengan y, en segundo lugar, porque, tal como se instrumenta esta desgravación en la base imponible del impuesto, el porcentaje a deducir aumenta según lo hace el tipo marginal, es decir, los ingresos del contribuyente.

El argumento de que los fondos de pensiones están muy extendidos en la población y que afectan a cinco millones de personas constituye una falacia, no porque en sentido estricto no sea cierto, sino porque considera exclusivamente el aspecto cuantitativo y no el cualitativo. La mayoría de las participaciones son muy reducidas. La parte del león se concentra en un número mucho más restringido de inversores y todos ellos con rentas altas. Es más, esa gran mayoría ha sido confundida por la propaganda, porque los fondos sólo comienzan a tener atractivo cuando se posee un tipo marginal alto, es decir, para contribuyentes de elevados ingresos; para el resto, los escasos beneficios fiscales no compensan las muchas desventajas comparativas que, como se ha señalado antes, presentan este tipo de productos.

Eliminar esta desgravación sería una de las medidas más coherentes que se podrían adoptar en materia de política fiscal, incluso desde una óptica neoliberal; entre otras razones, porque dejaría al descubierto la mentira que se esconde tras la propaganda de las pensiones privadas. Una vez desaparecida la ayuda del Estado, no quedaría nada; y entonces, ¿por qué se llaman privadas? ¿Y por qué un Estado que afirma carecer de recursos para hacer frente a las pensiones públicas dedica importantes fondos a subvencionar las privadas de los ciudadanos con mayores ingresos? Me temo, no obstante, que una vez más la lógica no cuente, y que sean sólo los intereses los que se impongan. Éstos son tantos y tan importantes que veremos si el Gobierno se atreve.
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razonable comentario

Manuel Llamas

Manuel Llamas es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y posee el Diploma de Estudios Avanzados en Teoría Política por la Universidad de Santiago de Compostela. Cursó el Master de Periodismo de El Mundo y, en la actualidad, trabaja como redactor en la sección de Economía y Política del diario económico Expansión.

Pensiones

¡Al ladrón!

La privilegiada clase política ha ganado nuevamente una batalla trascendental a sus sumisos súbditos, al menos, de momento. Y es que, tal y como aseveró el propio Jesús Caldera en el programa 59 segundos de la semana pasada, lo importante es que ningún partido o agente social ha puesto en cuestión el sistema público de pensiones. El modelo de reparto seguirá vigente en España y su evidente y estructural insostenibilidad será parcheada, una vez más, mediante una reforma destinada a retrasar la edad de jubilación y reducir progresivamente la cuantía de las futuras prestaciones. Es decir, trabajar más para cobrar menos. Éste, y no otro, es el resumen del debate sobre las pensiones, tan en boga en estos tiempos.

Y lo triste, por no decir, sorprendente, es que casi nadie ha levantado la voz contra el sistema vigente. Partidos, sindicatos y patronal han acordado extender en el tiempo este robo institucionalizado sin que ninguno denuncie la grave injusticia que supone su mantenimiento. La Seguridad Social se articula a través de un esquema de fraude piramidal –conocido como Ponzi en el argot financiero–, ya que su rentabilidad (cuantía y duración de las prestaciones) depende única y exclusivamente de la entrada de nuevos partícipes (cotizantes).

Lo más curioso del asunto es que el famoso financiero estadounidense Bernard Madoff ha sido condenado a 150 años de cárcel por mantener durante años un fondo de inversión que funcionaba de forma idéntica: los dividendos que repartía Madoff no eran fruto de su especial talento para invertir en negocios seguros y prósperos sino de su habilidad para captar nuevos clientes mediante el engaño. En esencia, Madoff pagaba dividendos a sus clientes con el dinero aportado por otros clientes, de ahí, el delito de fraude.

El Estado hace lo mismo en el sistema público de pensiones sólo que, a diferencia de este delincuente, no se tiene que preocupar de buscar y cautivar a nuevas víctimas. Ley en mano, impone a trabajadores y empresarios la obligación de cotizar bajo amenaza de dura sanción y pena de cárcel. Lo tiene mucho más sencillo que el famoso Madoff. Por incomprensible que parezca, el Estado legitima y justifica un modelo de reparto que, a todas luces, es ilegal en caso de que sea ejercido por el sector privado –el escándalo de los sellos de Fórum y Afinsa es otro claro ejemplo de fraude piramidal–.

Sin embargo, las crisis demográfica y económica han destapado de forma visible a la opinión pública el gran engaño de las pensiones públicas. El progresivo envejecimiento de la población y la falta de cotizantes han obligado a adelantar una reforma que, tarde o temprano, estaba condenada a producirse. En el futuro, los españoles se jubilarán a los 70 años con una pensión hasta un 30% inferior a la actual. De hecho, los políticos no dudarán en subir los impuestos para mantener en pie el modelo en caso de que este tipo de medidas resulten insuficientes –que lo serán–.

¿Hay alternativa? Sí. Sus aspectos han sido analizados en estas mismas páginas. Lo primero que debe saber uno es cuánto paga realmente a Hacienda para percatarse del robo, y luego hacer cuentas y reflexionar acerca de cómo ir construyendo su particular pensión de oro gracias al interés compuesto, al margen del sistema público.

Desde luego, ningún partido o agente social le animará a ello. Y es que, el objetivo de toda casta gubernamental radica en mantener en la mayor ignorancia e inopia posible a la masa de contribuyentes de la que se alimenta y engorda. El debate ha concluido, la reforma de las pensiones está en marcha, el sistema público se mantendrá. El Estado, por tanto, ha ganado esta pugna: nadie ha gritado ¡al ladrón! mientras se cometía el delito. Pues bien, ¡al ladrón!

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1º Desde el punto de vista intelectual Manuel Llamas no tiene ningún relieve.Esta opinión ya la he defendido con caribdis y otra opinión.

2º Sus argumentos no merece la pena razonar.Lean detenidamente.

3º Dice que hay alternativa,pero no da datos.Yo puse ayer datos de los planes de pensiones,he hablado de 2 que tengo,uno del año 97 y el otro poco posterior.Una ruina para mí.Los administrad. y depositarios cobran sus comis. religiosamente. Un saludo