El Congreso ha rechazado este martes con los votos de PP, Vox y UPN la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. La proposición de ley ha contado con el apoyo del PSOE y de Sumar, los dos partidos del Gobierno. La formación catalana planteaba un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas. Así, el impuesto progresaba del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente.

Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), denunció durante el Congreso Nacional de Vivienda que España arrastra un problema "muy grave" que hace complicado acceder a una vivienda: los bajos salarios. Para la catedrática, "por muy barata que queramos poner la vivienda o hacer políticas para que la vivienda baje de precio, los sueldos tienen que ser dignos" para impulsar la emancipación juvenil y la tasa de natalidad, y evitar que el esfuerzo financiero para alquilar o comprar sea insostenible para muchas familias. Además, afirmó que la inseguridad jurídica es el "enemigo que asola el mercado de la vivienda".

Toda precaución es poca ante los morosos del alquiler y los ‘inquiokupas’. Están organizados y saben lo que hacen. Y entre sus artimañas para convencer a los arrendadores está la de facilitar documentos falsos para acreditar una solvencia que no poseen. Entre las recomendaciones para tener un alquiler libre de problemas es desconfiar de pagos por adelantado; fijar un precio razonable; pedir referencias o consultar el fichero de inquilinos morosos.

La aldea histórica de Póvoa Dão, situada en Silgueiros, a pocos kilómetros de Viseu, está nuevamente a la venta, esta vez en subasta 'online', con un precio base de 1,7 millones de euros y un valor mínimo de 1,445 millones. Clasificada como una de las aldeas más pintorescas del centro del país, Póvoa Dão renació a principios de los 2000 como aldea turística, tras una inversión de cerca de cinco millones de euros en la recuperación de sus 41 casas de granito, capilla y zonas comunes.

Colocar un toldo o una pequeña instalación en la terraza puede parecer algo sin importancia, pero hacerlo sin permiso de la comunidad puede salir caro. Así lo ha recordado la Audiencia Provincial de Madrid, que ha confirmado una sentencia que obliga a una vecina a retirar un toldo y una puerta metálica colocados en una terraza de uso privativo. El tribunal concluye que estas obras supusieron una modificación no autorizada de elementos comunes del edificio, realizada sin el consentimiento de la comunidad.

La okupación ilegal en España ha cambiado de cara. Ya no se trata solo de pisos abandonados en barrios periféricos, sino de chalets con piscina, villas turísticas y áticos de lujo que permanecen vacíos parte del año. Y detrás de estas ocupaciones ya no hay familias en situación de vulnerabilidad, sino redes organizadas que conocen al detalle los vacíos legales del sistema y saben cómo explotarlos, según el despacho Marín & Mateo Abogados. Chalets en Sitges, villas en la sierra madrileña y áticos en la costa valenciana: las redes organizadas han cambiado de estrategia y apuntan ahora a propiedades de alto valor.

Varios ayuntamientos de España han comenzado a cobrar la tasa de basuras, un pago obligatorio aplicado en municipios con más de 5.000 habitantes y cuyo objetivo es la recogida, transporte, tratamiento de residuos urbanos y mantenimiento de vertederos y está basado en el principio de que “quien contamina, paga”. La duda de muchos inquilinos es saber si tienen que pagar ellos este tributo. La clave está en el contrato de arrendamiento: si contempla una cláusula que especifique que es el arrendatario el que debe pagar y también el importe anual de la tasa, entonces está obligado a abonarla.

Otros dos municipios vascos se sumarán próximamente a la lista de mercados residenciales tensionados. La semana pasada, se publicó en el Boletín Oficial regional la declaración de Tolosa y Lezo, ambos localizados en la provincia de Guipúzcoa, como nuevas zonas tensionadas por parte del Ejecutivo de Euskadi, aunque no será definitiva hasta que se publique la resolución del Ministerio de Vivienda en el BOE, algo que se espera de cara a 2026. Entre ambas poblaciones suman cerca de 26.000 habitantes y Lezo no tiene viviendas de alquiler disponibles en idealista [empresa editora de este boletín], mientras que Tolosa solo cuenta con un inmueble ofertado.

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado que estudiará si es posible aplicar un IBI progresivo en función del número de viviendas que tenga el propietario y, en caso de que sea viable legalmente, presentará una propuesta al Ministerio de Hacienda para modificar la norma que regula este impuesto, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Además, también sopesa prohibir la repercusión del IBI a los inquilinos mediante ordenanzas fiscales.

El Ayuntamiento de Alcobendas ha dado luz verde definitiva a Valgrande, el nuevo barrio residencial del norte de Madrid que contempla la construcción de 8.600 viviendas -la mitad protegidas- y una inversión de 2.300 millones de euros. El visto definitivo al proyecto se ha resuelto tras una sentencia del Tribunal Supremo, que avala el proyecto urbanístico, pero anulaba el plan parcial presentado, al no cumplir con ciertas exigencias medioambientales.

El Gobierno de Navarra ha aprobado el proyecto de ley de medidas fiscales de 2026. El acuerdo entre los socios presupuestarios (PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin) contempla una rebaja fiscal paulatina en el IRPF para rentas por debajo de 32.000 euros y la subida del umbral de la obligación de declarar los rendimientos del trabajo desde los 14.500 a los 17.000 euros, medidas que beneficiarán al 70% de los contribuyentes de la región. También incluye una rebaja del Impuesto de Sociedades del 28% al 25%, siempre que las empresas cumplan unos requisitos, como, por ejemplo, mantener el empleo.

El sistema financiero español ha sido uno de los últimos en Europa en lanzar una apuesta generalizada y potente por el negocio de las criptomonedas. En un escenario mucho más estable tras la puesta en marcha del Reglamento Europeo sobre Mercados de Criptoactivos (MiCA), Openbank, el banco online de Grupo Santander; y CaixaBank se han sumado a la senda que inició BBVA en España el pasado verano. Las tres entidades ya ofrecen la posibilidad de comprar y vender criptodivisas, aunque cada uno apuesta por una estrategia diferente.