Los ocho años de distintos gobiernos de Pedro Sánchez en Moncloa han dejado un mercado de la vivienda cada vez más tensionado. Desde 2018, los precios de la vivienda en venta llevan tiempo por encima de la época del boom inmobiliario con subidas de más del 70%, las rentas del alquiler alcanzan máximos nunca vistos con incrementos de más del 45%, mientras la oferta en ambos mercados lleva cayendo con fuerza desde 2020 y la demanda no ha parado de crecer desde 2022. Mostramos la evolución en gráficos del precio, oferta y demanda de la vivienda desde 2018 con datos de idealista.

El sábado 3 de octubre entró en vigor oficialmente la Ley 8/2026 de la erradicación de amianto en Cataluña. Una normativa con gran impacto en el mercado inmobiliario catalán, ya que obliga a contar con un certificado sobre si una vivienda tiene o no amianto para poder venderla o alquilarla si se construyó antes de 2002. A la espera de que la Generalitat desarrolle el reglamento, para lo que tiene un año de plazo, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo básico de certificado que deben emitir arquitectos e ingenieros. Los notarios avisan que la ausencia de este documento "supone el incumplimiento del deber" de los propietarios y puede acarrear sanciones administrativas de hasta 3.000 euros, así como impedir que la escritura se inscriba en el registro. 

Entre las medidas que introduce el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, encontramos nuevas reglas que afectan directamente a la publicidad, promoción y oferta de arrendamientos de viviendas. Desde el 8 de octubre, los anuncios no podrán omitir ni distorsionar información que pueda inducir a error a los posibles inquilinos sobre el inmueble o las condiciones del contrato. La norma va más allá de una obligación general, ya que enumera los datos que deben aparecer en determinados supuestos, como el índice de referencia del precio del alquiler en zonas tensionadas o la condición de gran tenedor.

“Hemos llamado fondo ‘buitre’ y especulador en este país a todo el mundo que tenga más de tres viviendas”. Con estas palabras, Helena Beunza, presidenta de ASVAL, cuestionó el trato que reciben los propietarios durante su intervención en la mesa “Los ciudadanos ante el acceso a la vivienda”, celebrada en el marco del V Congreso Nacional de Vivienda, organizado por APCEspaña y APCE Cataluña. Beunza vinculó ese discurso con la salida de fondos de inversión y pidió un cambio en la manera de abordar el problema. “Hay que dejar de insultar a la gente”, afirmó. A su juicio, la demonización del sector dificulta la llegada del capital necesario para ampliar la oferta residencial y compromete el trabajo realizado para conseguir financiación estable.

Los dos decretos que el Gobierno ha publicado en el BOE contienen, en esencia, las mismas medidas que los que tumbó el Congreso el pasado viernes 2 de octubre. La intención de Moncloa es llevarlos a la Diputación Permanente, donde esta vez espera contar con una mayoría favorable. Para evitar incurrir en un posible fraude de ley, han introducido modificaciones como la ampliación hasta 2030 de la prohibición a la compra de vivienda por parte de fondos de inversión (categoría que ahora incluye a grandes tenedores) o una propuesta de alquiler indefinido aún más restrictiva con el derecho a la propiedad de los arrendadores.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum dos nuevas rebajas de impuestos para facilitar el acceso a la vivienda a menores de 40 años que se pondrán en marcha en 2027. En concreto, la creación de un nuevo tipo reducido del 4% sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para viviendas usadas, que actualmente está en el 6%, si su precio no supera los 450.000 euros; y la rebaja del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) para los inmuebles de nueva construcción, que pasará del 0,75% al 0,4%. El Ejecutivo regional prevé un ahorro de 116 millones de euros para los jóvenes madrileños.

Es uno de los profesionales más respetados en el sector y su estudio, Concepto Dr, acumula más de 45 años de experiencia. El interiorista Diego Rodríguez recibe a idealista/news en su casa de las afueras de Madrid y confiesa que nunca la había enseñado antes a medios. También nos cuenta que sus clientes son cada vez más recelosos a compartir sus hogares en redes sociales. Se ha pasado de mostrar, quizás en demasía, a querer preservar la intimidad a toda costa hasta el punto que en muchas obras se retira los móviles a los operarios cuando entran a trabajar.

El Real Decreto-ley 29/2026 también ha modificado la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en cuanto a las reglas sobre determinados gastos que pueden trasladarse al inquilino. La modificación del artículo 20 impide que el arrendador imponga tributos asociados a la vivienda cuando la parte arrendataria no tenga la condición de obligado tributario. Pero la reforma no termina ahí. En las zonas de mercado residencial tensionado, la nueva redacción del artículo 17 introduce límites para evitar que ciertos gastos, impuestos o tasas aparezcan por primera vez en un nuevo contrato o sirvan para superar indirectamente los límites de renta.

El Gobierno ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, el segundo decreto de vivienda tras volver a aprobarlo el Consejo de Ministros. Su artículo 20 fija nuevas obligaciones de información en la publicidad de anuncios de alquileres de vivienda en los portales inmobiliarios, impulsadas por el Ministerio de Consumo y que el propio portal de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 no cumple, según la revisión de las fichas de sus viviendas. Por ejemplo, no cumplen con la obligación de mostrar el índice de referencia ni tampoco información completa del certificado energético.

El Gobierno ha vuelto a publicar apenas una semana después de sacar el anterior decreto, y que fue tumbado en la Cámara Baja hace unos días, un amplio paquete en materia fiscal en el Real Decreto-ley de vivienda del 6 de octubre, que incluye bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de un alquiler habitual. Pero, además, se aplican subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y pisos turísticos, un IVA del 10% al negocio del alquiler turístico, o la modificación de las rentas inmobiliarias en el IRPF, junto a otras exenciones por rehabilitación o venta de viviendas a entes públicos y el cambio de régimen de las socimis.

El Gobierno ha recortado de 4.000 millones a 750 millones de euros la línea del ICO destinada a financiar la promoción de vivienda social con fondos Next Generation. Son 3.250 millones menos, un 81,25%, tal y como se publicó en el BOE del pasado 5 de septiembre. El ajuste figura en la tercera adenda al convenio entre el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, firmada el 31 de julio. Según Invertia, el Gobierno comunicó el pasado mes de enero a Bruselas que la medida se había vuelto "parcialmente inviable" por "falta de demanda".