El día después de la huelga general y la víspera del inicio de la campaña del 29N. La Diputación Permanente votará el 12 de noviembre los dos reales decretos de vivienda que el Gobierno aprobó el pasado 6 de octubre. En vigor ya se encuentran la prórroga de los contratos de alquiler vigentes hasta 2030, incentivos fiscales para pequeños propietarios o la moratoria antidesahucios, que ahora debe ser refrendado en la Cámara Baja. El otro decreto, que contempla los arrendamientos indefinidos, depende aún de ser convalidado, algo que parece descartado ante la negativa anunciada ya por la mayoría de los grupos parlamentarios.

El problema del acceso a la vivienda se mantiene como la principal preocupación de los ciudadanos y ha sido el detonante del adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre. Según los notarios, el precio de la vivienda se ha disparado un 37% desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en junio de 2018, hasta situarse en 1.959 euros/m2, mientras que el importe de las viviendas vendidas se ha encarecido de media en 57.000 euros. También ha subido levemente la edad media de los compradores, que pasa de 44 a 46 años, mientras que el esfuerzo necesario para adquirir una propiedad se ha estancado en cinco años de renta.

El Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del acuerdo de una comunidad de propietarios en una junta celebrada en 2018 que establecía un recargo de 50 céntimos diarios por retrasarse en el pago de las cuotas. El alto tribunal mantiene el criterio de la Audiencia de Castellón y considera que la penalización era desproporcionada, ya que podía alcanzar los 182,50 euros al año, superando la cuota anual de 135 euros por plaza de garaje, y se aplicaba por igual independientemente de la cantidad adeudada. La sentencia establece que las comunidades pueden adoptar medidas para combatir la morosidad, pero deben respetar los límites legales y evitar recargos abusivos.

Sandra Núñez salió al mercado laboral en plena crisis del sector inmobiliario, pero no le costó encontrar empleo. Trabajó en varios estudios de arquitectura donde echaba de menos el trato con el cliente y el componente más social de su oficio, por lo que hace dos años se lanzó a fundar el suyo propio, El Cortijo. En esta entrevista con idealista/news, la arquitecta nos cuenta en qué proyectos está trabajando y nos confiesa que admira la arquitectura mediterránea y que tiene como referentes a Frank Lloyd Wright y al español Urko Sánchez.

Barcelona quiere evitar que la okupación se instale en sus mercados municipales y está dispuesta a pagar por ello. El Institut Municipal de Mercats de Barcelona (IMMB) ha adjudicado a Alerta y Control un servicio de vigilancia, seguimiento y comunicación de incidencias por un importe máximo de 83.515 euros. El contrato tiene una duración inicial de seis meses y contempla tres posibles prórrogas del mismo periodo, hasta alcanzar los dos años, según la documentación a la que ha tenido acceso idealista/news. Para proteger sus propios equipamientos, el Consistorio sí apuesta por la prevención, la seguridad privada y los avisos urgentes a la policía.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado el proyecto de presupuestos del Ayuntamiento de la capital para el próximo año tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno. En total, el Consistorio dispondrá de 6.901 millones de euros en 2027, 323,3 millones más que en 2026, lo que representa un incremento del 4,9% interanual. En Políticas de Vivienda, la partida sube un 10%, más del doble de la media del presupuesto, hasta los 248 millones de euros.

El Ministerio de Vivienda, el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de San Sebastián han acordado el reparcelamiento de Txomin Enea II, una operación que permitirá desarrollar alrededor de 400 viviendas y apartamentos dotacionales tras el derribo de la cárcel de Martutene. La actuación dará prioridad a la vivienda protegida y asequible, coordinará las promociones de Visesa y Casa 47 y cuenta con una estimación global de 14,5 millones de euros. El acuerdo confirma la cesión al Ejecutivo vasco de los suelos municipales (dos tercios del ámbito), mientras que el tercio restante pertenece al Estado, correspondientes a los terrenos de la antigua prisión.

El Gobierno sigue haciendo caso omiso a las criticas del sector de los centros de datos y advierte de que una entrada "abrupta" de estas instalaciones en el sistema eléctrico tendría "consecuencias indeseadas" sobre los precios de la electricidad y sobre las emisiones de CO2 asociadas al 'mix' de producción de energía eléctrica. Moncloa tiene previsto aprobar el decreto que regula los 'data centers' antes de las elecciones generales, en cuya memoria del análisis de impacto normativo se estima que la entrada de 10 gigavatios (GW) de potencia instalada en 2030 por parte de esta industria tecnológica tendría "efectos adversos".

El banco digital de Grupo Santander está comercializando este otoño un préstamo fijo para la compra de vivienda a un tipo de interés de entre el 2,80% y el 2,90%, según el plazo de contratación, y siempre que el cliente domicilie sus ingresos en la entidad y contrate el seguro de hogar y otro de vida. En ausencia de bonificaciones, el tipo de interés nominal sube medio punto porcentual en cada uno de los plazos. Esta oferta va destinada a la compra de vivienda habitual y segunda residencia, tiene comisión por cancelación y exige un importe mínimo de 30.000 euros.