ha inadmitido el recurso de casación de Ecologistas en Acción de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM)
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El Supremo tumba el Madrid Central del Gobierno de Carmena
GTRES

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de Ecologistas en Acción de Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) que estimó parcialmente el recurso del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid en relación con Madrid Central. Así, la zona de Bajas Emisiones que aprobó el gobierno de Manuela Carmena queda anulada.

El Alto Tribunal da la razón al TSJM que anulaba la zona de bajas emisiones que tanta polémica suscitó en la capital por no incluir el trámite de información pública. En concreto, anulaba el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Madrid, del pasado 5 de octubre de 2018, en el que se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible donde se encuentra Madrid Central. El tribunal señalaba que la no inclusión del trámite de información pública en el proceso tumba la normativa municipal.

El auto del Supremo da por buenos los argumentos del contencioso que inició el grupo municipal Popular en 2018, donde defendía que los 11,7 millones que costaba esta zona de bajas emisiones podrían poner en riesgo la estabilidad financiera del Ayuntamiento de Madrid.

El pasado mes de febrero el TSJM anulaba de nuevo Madrid Central tras admitir el recurso presentado por el Círculo de Empresarios de Ocio Nocturno y de Espectáculos de Madrid (CEONM). Pero ya el pasado verano, el tribunal madrileño ya aceptó los recursos del PP de Madrid, la Comunidad de Madrid y la empresa mercantil D’Vuelta Asistencia Legal. En todas las denuncias, el tribunal no entra a valorar la norma, pero sí los defectos de forma de esta.  

El Supremo inadmite el recurso e impone las costas a Ecologistas en Acción: un máximo de 1.000 euros.

El Ayuntamiento de Madrid ha puesto hasta el momento 1.393.000 multas por infringir las normas de Madrid Central. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, señala que Madrid Central sigue en vigor hasta que la sentencia sea firme. Y la sentencia ya es firme, aunque el Gobierno se agarra a los dos meses de plazo que tiene para ejecutarla.

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