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El caso de Màxim Huerta o cómo puedes cometer fraude fiscal sin que haya delito

Maxim Huerta, exministro de Cultura / Gtres
Maxim Huerta, exministro de Cultura / Gtres

En menos de una semana, la vida de Màxim Huerta ha dado un giro de 360 grados. Si bien rotó 180 grados cuando el 6 de junio juraba cargo como ministro de Cultura, este miércoles dio un nuevo giro para volver a su posición inicial y abandonar el Ministerio al destaparse unos problemas pasados con Hacienda. ¿El motivo? Creó una sociedad para declarar sus ingresos y con la que eludió al fisco 218.322 euros entre 2006 y 2008.

Una inspección del fisco de 2012 descubrió que el entonces periodista se había deducido como gastos por actividad artística 148.702 euros, un trabajo de los años que fue copresentador del programa televisivo de Ana Rosa Quintana. Entre 2006 y 2008 facturó un total de 798.521 (207.920 euros en 2006, 287.095 euros en 2007 y otros 303.506 en 2008) a través de la sociedad Almaximo Profesionales de la Imagen SL.

En las declaraciones de dichos ejercicios, Huerta se dedujo de forma injustificada 148.702 euros. Y según fuentes de técnicos de Hacienda, ese gasto no era deducible. Además, según la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ya exministro tributó por el Impuesto de Sociedades (que grava el beneficio de las empresas) y no por los tipos impositivos progresivos de IRPF (que grava la renta de las personas físicas), lo que le hubiera supuesto pagar el doble de impuestos. 

Tal y como resume la agencia Europa Press, Huerta se dedujo por actividades artísticas 43.770 euros en 2006, 80.481 euros en 2007 y otros 24.451 en 2008, habiendo declarado solo por servicios profesionales o rendimientos del trabajo 44.400, 43.065 y 60.000 euros, respectivamente. Como consecuencia, del total de ingresos de los tres ejercicios, 798.520 euros, solo tributó por IRPF 21.860 euros.

Huerta interpuso dos recursos que acabaron siendo desestimados, pero tuvo que acabar pagando un importe superior al fraude original: 365.938 euros, en los que se incluye las costas de los dos juicios (4.840 euros), el recargo del 50% de la multa y los intereses de demora. Y ahora viene la pregunta del millón: ¿cometió un delito? Los expertos sostienen que rotundamente no, aunque dejan claro que sí hubo fraude fiscal. 

¿Por qué no es un delito?

El que fuera hasta ayer ministro de Cultura del recién estrenado Gobierno de Pedro Sánchez, supuestamente cometió el error hacer caso a su asesor. "Seguramente estuvo asesorado, y a los asesores se les contrata para rentabilizar al máximo el pago a Hacienda", explican fuentes de inspectores de Hacienda, pero "raramente van a hacer que cometas un delito". 

Según estipula la Agencia Tributaria, se considera delito cuando el fraude con Hacienda supera los 120.000 euros al año. El total del fraude cometido por el exministro fue 218.322 euros, por las declaraciones de los tres años. Así pues, no se considera delito fiscal y, por tanto, no conlleva penas. 

De la misma forma, Jose María Mollinedo, secretario general de técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), esclarece que el delito no se configura solo si la cantidad defraudada supera el umbral cuantitativo, "sino también si hubo un elemento intencional". Eso es, si un contribuyente oculta parte de sus ingresos y gastos, se cuestionaría la infracción. Pero la contabilidad de la empresa, según se deduce de la sentencia, reflejó la totalidad de los ingresos y gastos deducidos, por lo que reflejó el 100% de la actividad y no hubo ocultación. "Otra cuestión diferente es si hay discrepancia en la forma de tributar esos ingresos o en no admitir como deducibles algunos gastos deducibles", añade Mollinedo.

¿Hubo cambio de criterio de Hacienda?

Los Inspectores de Hacienda son claros: no hubo ningún cambio de criterio. "Desde 2003, cuando desaparecieron las sociedades transparentes, muchos profesionales aprovecharon para crear sociedades para evitar la progresividad del IRPF y pagar menos del 50% que es su tipo marginal", explican. La inspección encontró sociedades vacías sin actividad, ni personal, ni oficio ni beneficio. Es lo que se conoce como una 'sociedad simulada'.

En 2006, hubo una modificación de la estructura del impuesto de IRPF. Entonces, se modificó la Ley 36/2006 de prevención del fraude fiscal. Pero todo esto es anterior al periodo que se inspeccionó al ya exministro.

Hacienda dio un par de años de tregua y empezó una campaña de inspecciones allá por 2009, justo después de los ejercicios objeto del conflicto. 

En cada campaña, la Agencia Tributaria intenta avisar a los contribuyentes de los datos que revisa con especial atención. Y así como en los últimos años se ha volcado en destapar los alquileres en negro (las primeras advertencias llegaron en la Renta 2015) y en revisar con lupa la tributación de los pisos turísticos, en 2009 hubo una campaña especial que afectaba sobre el peligro de tributar a través de estas estructuras societarias. No podemos olvidar que los ejercicios fiscales problematicos para Huerta fueron los tres anteriores, es decir, ejercicios que no habían prescrito. 

Si no es delito, ¿dónde está el problema?

La respuesta es que se puede cometer un fraude fiscal sin que sea un delito. 

Tal y como aclara José María Salcedo, abogado del despacho Ático Jurídico, "no es lo mismo defraudar o discrepar con Hacienda. Cada año, muchos contribuyentes buscan fórmulas para pagar menos, pero eso no es eludir responsabilidades", explica Salcedo. Sin embargo, el matiz está en que este tipo de profesionales no necesitan una sociedad para ejercer su actividad. "Hay negocios que tienen sentido crear este tipo de sociedades", insiste.

Por otra parte, Hacienda dispone de cuatro años para revisar un fraude fiscal, después prescribe. El fraude detectado por Hacienda en 2012 en las declaraciones de Huerta prescribía a partir de julio de 2013. Si se hubiese revisado después de esa fecha, no hubiera habido multa a pagar. 

¿Qué supone tributar como sociedad y no como persona física?

Las empresas tributan con unos tipos muy diferentes a las personas. En teoría, y sin tener en cuenta deducciones o trucos fiscales que pueden dejar un tipo efectivo inferior, el gravamen del Impuesto de Sociedades es un 25%, mientras que el tramo que pueden llegar a soportar los particulares vía IRPF asciende al 45% para aquellas rentas que superen los 60.000 euros. Es decir, prácticamente el doble. 

Además, explica Salcedo, hay mayor flexibilidad en cuanto a gastos deducibles. "Se supone que como una sociedad se dedica a realizar una actividad económica, gastos tales como el vehículo, desplazamientos, inmueble desde el que se trabaja están totalmente destinados a la actividad", añade. El problema es que una sociedad tiene que ser real y justificada.