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El TSJ de Madrid saca los colores al Gobierno por “los juzgados trampa”: estas son las cifras de las demandas contra cláusulas abusivas

El 1 de junio de 2017 el Gobierno, a través del CGPJ, creó 54 juzgados específicos por toda España para resolver todas las demandas relacionadas con las cláusulas abusivas hipotecarias. Su origen se debe a la famosa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2015 sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. Ahora una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone sobre la mesa las cifras reales del famoso Juzgado de Primera Instancia nº 101 bis de Madrid: hay un total de 34.264 demandas, pero sólo 12.000 se están tramitando ahora, lo que supone el 37% del total. El TSJ de Madrid denuncia la falta de medios tanto materiales como personales para resolver todas estas demandas.

En una resolución del TSJ de Madrid se señala que las demandas relacionadas con las cláusulas abusivas presentadas en toda España a fecha 22 de octubre de 2018 asciende a 61.297. De esta cantidad, 34.264 han ido a parar al Juzgado de Primera Instancia número 101 bis de Madrid, uno de los llamados ‘juzgados trampa’, de las cuales se están tramitando las primeras 12.000, lo que representa el 36,68% del total registrada.

De toda esta ingente carga de trabajo, se han celebrado 4.894 señalamientos (4.696 audiencias previas y 336 juicios), se han dictado 4.651 sentencias (de las que un 39,84% han sido recurridas y 857 resoluciones finales). En total, se han resuelto 5.748 demandas. Pero cada día entran en este juzgado una media de 400 escritos relacionados no sólo con las cláusulas suelo, sino con otras cláusulas abusivas: cláusula de los gastos hipotecarios, intereses de demora, vencimiento anticipado, comisiones, hipotecas multidivisa, etc.  

La falta de medios del Juzgado 101 bis de Madrid

El TSJ de Madrid afirma que la plantilla de Magistrados y Jueces se ha ido incrementando mensualmente hasta llegar a 10 magistrados, 8 Jueces de adscripción territorial y 2 Magistrados en comisión de servicio. Además, el Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia número 101 de Madrid asume el 80% de la carga de trabajo de un magistrado de refuerzo destinado en el Juzgado de Primera Instancia 101 Bis de Madrid, es decir, 80 señalamientos mensuales.

La plantilla de Letrados de la Administración de Justicia está integrada por 4 Letrados y la plantilla de funcionarios está formada por 24 funcionarios, pero ante la elevada cantidad de demandas que se están presentando, tanto el CGPJ como la Comunidad de Madrid están elaborando una propuesta para incrementar el número de Jueces, letrados y funcionarios.

El TSJ de Madrid denuncia que esta avalancha de demandas presentadas en la Comunidad de Madrid “supone uno de los mayores desafíos en materia de justicia en esta CCAA en los últimos tiempos”. Además, asegura que es “materialmente imposible con los medios tanto materiales como personales de los que dispone que las demandas que se presentan puedan ser debidamente registradas y tramitadas en unos cortos plazos de tramitación”.

Carmen Giménez, abogada titular del despacho G&G Abogados, señala que estos juzgados nacieron “con una voluntad de sobresaturación garantizada y que resultó advertida por todos los operadores jurídicos, incluidas las Asociaciones judiciales”.

“Con estos Juzgados, nuevamente es el consumidor quien ve cercenados sus derechos, los que no pueden ser atendidos de una manera ágil y eficaz por la pura falta de medios materiales de la Administración de Justicia”, añade. Y es que, en su opinión, el Gobierno debería evitar que los bancos recurriesen las sentencias, ya que para la banca no tiene coste, pero satura los juzgados.

“Por otro lado, el establecimiento de un interés alto sobre las cantidades a devolver por las entidades a los consumidores, si las mismas no son depositadas en la cuenta del Juzgado en un breve plazo (por ejemplo, dos meses desde que se les da el traslado de la demanda, y cantidad que quedaría a resultas de lo que finalmente se dicte en la sentencia), podría disuadir a la Banca de obligar a los consumidores a ir en busca del auxilio judicial, zanjando sus diferencias de manera extrajudicial”, añade Giménez.