La justicia vuelve a marcar el paso a la banca española. A lo largo de la próxima semana, las principales entidades financieras domésticas conocerán dos fallos que podrían impactar en su cuenta de resultados y que, de resultar favorables a los clientes, supondrían un mazazo superior al de las cláusulas suelo. Se trata del índice IRPH de las hipotecas y de las tarjetas ‘revoling’.
La primera sentencia que se conocerá es la de la posible abusividad de los tipos de interés que aplican los bancos a los préstamos asociados con tarjetas y que permiten al cliente pagar a plazos el dinero gastado a cambio de unos intereses muy elevados. Son las conocidas tarjetas ‘revolving’.
En este caso, el Tribunal Supremo será el encargado de anunciar este miércoles, 26 de febrero, si los intereses aplicados por el sector financiero son usureros. Y, aunque el caso que a tratar está relacionado con la entidad WeZink, aunque afectará a todo el sector. Recordemos que, en algunos casos, el tipo aplicado supera el 20%. Aquellos clientes que devuelven una baja cantidad de dinero al mes corren el riesgo de verse envueltos en una espiral de deuda.
Pero si hay un fallo que los bancos esperan con impaciencia ése es el que dictará el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el próximo 3 de marzo sobre el índice IRPH de las hipotecas. Según los cálculos de Morgan Stanley, el impacto podría estar entre 3.000 y 7.000 millones de euros, dependiendo del grado de retroactividad que se llegara a aplicar.
¿Y qué es lo que debe decidir Luxemburgo? El IRPH es un índice hipotecario. Como recuerda Carmen Giménez, abogada titular del despacho G&G Abogados, “se trata de un índice o referencia legal, aunque su aplicación por parte de las entidades financieras no se haya realizado en la forma prevista legalmente, es decir, agregándole un diferencial negativo para “compensar” el encarecimiento de dicho índice como consecuencia de la complejidad y de la cantidad de conceptos incluidos en su cálculo”.
Por tanto, el TJUE debe pronunciarse sobre si su comercialización ha sido o no transparente y, por tanto, si es abusivo o no. El peor de los escenarios posibles para el sector sería la nulidad de este índice y la obligación de devolver con efectos retroactivos el dinero cobrado de más a los clientes.
De momento, y para hacer frente a los futuros litigios derivados de ambas sentencias, la banca española tiene provisionados cerca de 4.800 millones de euros, cifra que representa un 18% de las dotaciones totales realizadas en 2019 y que, sin embargo, podría ser insuficiente.
Desde JP Morgan, por ejemplo, estiman que el sector necesitaría otros 3.100 millones de euros en provisiones durante los próximos cuatro ejercicios si finalmente la sentencia del TJUE se inclina a favor de los consumidores.
Por entidades, Santander tiene dotados casi 3.060 millones de euros para afrontar pleitos, mientras que Caixabank ha provisionado algo menos de 700 millones, en línea con BBVA. Sabadell, por su parte, ha reservado en torno a 67 millones y Bankia, otros 225. En el caso de Bankinter, las dotaciones para conflictos legales se acercan a 100 millones de euros.
Las decisiones judiciales, en caso de inclinar la balanza a favor de los consumidores, supondría un lastre para la ya de por sí baja rentabilidad del negocio bancario e incluso podría afectar al reparto de dividendos.
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