Comentarios: 8
Los afectados por Housers se asocian: "Estamos atrapados miles y tomaremos medidas legales”
Freepik

Los inversores han dicho basta y están empezando a unir fuerzas contra Housers, la plataforma de ‘crowdfunding’ y ‘crowdlending’ inmobiliario que permite entrar en diferentes proyectos con una inversión mínima de 50 euros: desde la compra, reforma y venta de un inmueble, hasta el desarrollo de una promoción residencial.

Un negocio que llegó al mercado para intentar democratizar la inversión en el mercado inmobiliario y acercar los grandes proyectos a los pequeños ahorradores, ofreciendo a cambio una rentabilidad y la posibilidad de diversificar con aportaciones reducidas.

Housers inició su actividad en 2015, y hasta la fecha ha captado 115 millones de euros, ha devuelto 45 millones de euros entre capital e intereses y cuenta con más de 120.000 usuarios registrados, según consta en su página web. Durante estos años ha estado en el foco de la actualidad en diferentes ocasiones. Al inicio de su funcionamiento, porque empezó a operar justo antes de la puesta en marcha de la Ley 5/2015, de Fomento de la Financiación Empresarial, y estuvo sin autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hasta junio de 2017 (licencia nº 20).

También ha tenido problemas con licencias que han retrasado los proyectos y en 2018 estalló una guerra interna entre sus fundadores que se saldó con la salida de uno de ellos (Antonio Brusola) y un proceso judicial que está actualmente en la corte arbitral, pendiente de testificación y del laudo correspondiente. Además, en septiembre de 2019 recibió una multa de 215.000 euros por parte de la CNMV, que consideraba que Housers había cometido infracciones graves, como vulnerar el principio de neutralidad y de actuación en el mejor interés de los clientes y realizar de forma frecuente actividades para las que no estaba autorizada, y que se basan en hechos de 2017.

Y ahora se suma un nuevo foco de conflicto: los inversores han empezado a movilizarse y han creado recientemente una asociación de afectados para defender sus derechos y emprender acciones legales contra la compañía. Ya se han aprobado los estatutos de la asociación y su constitución formal está en proceso.

Luis Ballesteros, presidente de la asociación, ha sacado un cálculo aproximado sobre cuántos inversores afectados hay actualmente: “somos miles de afectados. Casi 30.000 estamos atrapados con un volumen cercano a 23 millones de euros solo en el caso de los proyectos que son préstamos al promotor a tipo fijo a cierre de junio de 2020. Aunque no representamos a todos ellos, sí sabemos cuántos son y eso es lo que decimos”, explica a idealista/news. 

Housers, no obstante, asegura que, en todo caso, podría tratarse de inversiones afectadas por proyectos fallidos actualmente, ya que un mismo inversor puede estar en varios proyectos diferentes, y sostiene que tiene una base de unos 20.000 inversores (esto es, una sexta parte de los usuarios registrados actuales).

Entre los miembros de la asociación hay casos de todo tipo. El propio Ballesteros, exempleado de banca y actualmente jubilado, invirtió en 2017 para complementar su pensión un importe de 18.000 euros en tres proyectos diferentes bajo la modalidad de préstamos al promotor. Y de momento ninguno de ellos ha salido adelante.

“Los vencimientos de los tres proyectos se produjeron en el primer trimestre de 2019, pero actualmente todos están refinanciados. Uno de ellos acumula ya tres retrasos y todavía no está claro cuándo vamos a recuperar la inversión ni los intereses de demora acordados”, insiste Ballesteros.

Otro inversor particular que prefiere no ser citado decidió entrar en un único proyecto: al igual que Ballesteros, invirtió un importe de cinco cifras para comprar un local comercial en Barcelona, reconvertirlo en vivienda y sacarlo posteriormente a la venta. Este proyecto sigue encallado cuatro años después y el inversor asegura que la última noticia que tuvo es de principios de 2018. Desde entonces, el proyecto está pendiente de la visita de un técnico del Ayuntamiento de Barcelona para conceder la licencia definitiva que permita la salida del inmueble al mercado.

“No sé dónde está mi inversión. Es cierto que se llegó a adquirir el inmueble, pero todavía no tiene el uso de vivienda que se le iba a dar y desde Housers no me explican qué pasa. Me molesta más la opacidad y que me traten de tonto que no saber dónde está mi dinero, porque de momento no lo necesito”, explica este inversor. Y añade que “a pesar de todo, me siento afortunado, porque hay otras personas que están muchísimo peor que yo y que han aportado los ahorros de toda su vida”.

Un caso peculiar es el de Santiago Arredondo, director de hotel y autor de un blog de inversiones, que asegura que ha llegado a tener invertidos más de 106.000 euros en diferentes proyectos. "Entre 2015 y 2018, invertí en Housers todo mi patrimonio. Las primeras inversores fueron bien, pero de los 14 proyectos en los que he estado, estoy atrapado en nueve. Desde 2018 no he vuelto a realizar nuevas inversiones, y ahora las inversiones en Housers suponen dos tercios de mi patrimonio total".

Más allá de los pequeños ahorradores, Housers también ha captado la atención de inversores profesionales. Es el caso de un inversor de un fondo de capital riesgo y experto en el mundo de las ‘start-ups’ nacionales e internacionales que nos explica cómo fue su caso: “invertí en torno a 1.500 euros entre varios proyectos. Recibí la rentabilidad esperada y más o menos en el plazo previsto, pero si algo me llamó la atención fue la opacidad. En uno de los proyectos en los que invertí, en ningún momento supe qué empresa realizaba la reforma ni el coste de la misma, un factor que es completamente determinante en una inversión inmobiliaria en términos de rentabilidad. El negocio del ‘real estate’ no tiene por qué ser opaco, pero mi realidad es que era imposible entender la documentación, daba igual lo que te leyeras”, recalca el inversor profesional, que prefiere mantener el anonimato.

Otro ejemplo lo protagoniza Carlos Ortega, gestor de fondos profesional, quien asegura estar a título personal "pillado en dos de los tres proyectos en los que he invertido, lo que supone unos 4.000 euros. De un proyecto concreto (Vía Augusta de Barcelona, de la categoría 'equity'), no he recibido ni un solo euro, ni siquiera de rentabilidad, porque se trataba de una venta rápida y todavía no se ha vendido el inmueble". Ortega también forma parte de la asociación de afectados. 

De hecho, la falta de transparencia es una de las quejas más repetidas por la comunidad inversora, que insiste en que la interlocución con la compañía es escasa. En esa línea, el responsable de otra conocida plataforma de ‘crowdfunding’ en España reconoce que “es normal que haya proyectos fallidos o que sufran retrasos. Un trabajador se puede caer del andamio y que el ayuntamiento de turno te paralice las obras durante cinco meses. Son cosas que pasan en el negocio y que no se pueden prever, pero lo que nunca puede suceder es que no comuniques al inversor, sobre todo cuando los planes no salen como estaba previsto. Al final a un cliente se le afianza cuando algo va mal y das la cara”.

No obstante, desde Housers afirman a idealista/news que “el proceso es totalmente transparente, que la compañía está en contacto con los inversores para atender sus consultas y que las informaciones sobre los proyectos se producen cuando hay novedades”, e insisten en que están saliendo adelante decenas de proyectos. Según la propia plataforma, de los 222 que se han llegado a financiar en España, 73 ya han terminado y el resto están activos. En estas cifras se incluyen tanto los proyectos de ‘equity’ (que se articulan a través de sociedades limitadas) como de los proyectos de préstamos participativos dirigidos a financiar proyectos de promotores, y tanto los que están en calendario, como los que están sufriendo retrasos. La plataforma, de hecho, recibió el año pasado menos de una veintena de reclamaciones formales por parte de los inversores.

Los casos llegan a los tribunales

Los afectados por Housers han buscado el asesoramiento de un despacho de abogados liderado por Manuel Carlos Merino Maestre, quien se encargó de la defensa de los afectados de Comunitae, una empresa de ‘crowdlending’ que entró en suspensión de pagos y dejó de operar en 2018, tras una década de actividad. Ahora, todo el Consejo de Administración de esta plataforma de préstamos entre particulares está imputado por estafa.

Con esta experiencia sobre la mesa, Merino decidió hacerse cargo de la defensa de varios inversores afectados por Housers y asegura que está preparando acciones legales contra la compañía, ya que, en su opinión, están siendo objeto de un engaño y existe una presunta apropiación indebida de fondos por parte de la plataforma.

De momento, está trabajando en 14 procesos diferentes entre demandas y querellas (esto es, vía civil y penal, respectivamente), ya ha planteado un recurso de apelación que ha sido admitida a trámite y está en la Audiencia Provincial de Madrid (tras ser desestimada una querella en primera instancia en los juzgados ordinarios de la capital), y asegura que una larga lista de inversores se está poniendo en contacto con su despacho para sumarse a las reclamaciones judiciales.

Merino también ha enviado una carta a la CNMV para denunciar que Housers podría haber cometido “alguna o algunas infracciones tipificadas en el artículo 92 de la Ley 5/ 2015, de 27 de abril de Fomento de la Financiación Empresarial”. Por ejemplo, no distinguir entre inversor acreditado y no acreditado, el manejo de los fondos de los inversores (algo prohibido en la normativa, ya que obliga que la actuación quede reducida a la de un mero intermediario) y la falta de vigilancia por parte de Housers en muchos proyectos, donde los promotores ponen como aval un entramado de sociedades que están a su mismo nombre y que no tienen liquidez para servir de garantía. La denuncia llegó al regulador a principios de junio, aunque todavía no se ha pronunciado sobre si existen o no indicios de nuevas irregularidades.

Los problemas de los proyectos de ‘equity’

El abogado insiste en que hay falta de transparencia y sospecha de que los inversores no tienen toda la información necesaria para tomar las decisiones apropiadas en los dos tipos de proyectos inmobiliarios disponibles actualmente en Housers: los proyectos de ‘equity’ (se crea una sociedad limitada que es la dueña del inmueble en cuestión y en la que los inversores tienen una participación proporcional a su inversión) y los préstamos a promotores. 

¿Y qué dicen las cifras? De los 59 proyectos de ‘equity’ que han estado activos en estos años, en el Registro Mercantil solo cuatro constan como liquidados (una vez que se vende el inmueble, se liquida la sociedad y el inversor recibe lo invertido, y la plusvalía o minusvalía obtenida), aunque Housers asegura que se han completado con éxito un total de 25 proyectos, y que las otras 21 sociedades están en proceso de liquidación. “No es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Hay que convocar una junta para aprobar la venta y otra para aprobar la liquidación de la sociedad. También es necesario nombrar a un liquidador y comprobar si por ejemplo hay que pagar impuestos antes de poder cerrar un proyecto”, aclaran desde la compañía. 

Pero de los 34 proyectos que siguen activos, muchos están parados (por ejemplo, en el Proyecto Housers 0021 de Barcelona -Vía Augusta-, y que lleva dos años y medio pendiente de una licencia por parte del Ayuntamiento, a pesar de estar proyectado para un plazo de 12 meses), mientras que otros no han logrado los resultados esperados. Uno de los casos más sonados es el de Santa Eulalia, un proyecto que logró financiarse en agosto de 2016 y que consistía en levantar un edificio residencial en una calle secundaria del barrio de Tetuán en Madrid y en el que se van a producir pérdidas para los inversores del entorno del 15%, según cálculos de la plataforma. “Este caso es muy curioso, porque los retrasos y las minusvalías no se han producido en 2008, con un mercado inmobiliario hundido, sino en unos años muy buenos del sector”, asegura el abogado de la plataforma.

Más allá del resultado de cada proyecto, muchos inversores insisten en que Housers no les proporciona información suficiente de los proyectos, como las empresas que llevan a cabo las reformas de los inmuebles. En este sentido, la compañía asegura que toda la documentación está en las cuentas anuales de las sociedades que son propietarias de los inmuebles y cuyo capital está repartido entre los inversores y Housers (que tiene invertidos 3.000 euros en cada proyecto, aunque su participación en la sociedad varía en función de cuánta financiación se llegue a captar).

El problema es que no todas las sociedades publican dichas cuentas (en el caso de Santa Eulalia en Madrid no se han llegado a publicar cuentas y en el de Vía Agusta en Barcelona, las últimas son del año 2016), lo que hace levantar las sospechas de inversores y abogados. “Ellos acaban llevándose un dinero por gestionarlo todo. Por cada proyecto, por la reforma, por el alquiler si eso se contempla en el contrato y por la venta. Es un negocio completamente legal, pero los números no cuadran. Al final, y mientras han sido administradores únicos de las sociedades, han tenido total control de los fondos y hay dudas sobre a dónde ha ido el dinero de muchas operaciones”, insiste Merino.

Desde Housers, en cambio, insisten en que las cuentas no se publican "porque no existe un quórum por parte de los socios, no por culpa de la plataforma. Se convoca una Junta, se tienen que votar y ser aprobadas para ello".

Una carta remitida por el actual administrador único del Proyecto Housers 0009 SL. a los inversores de dicho proyecto hablaba “de la existencia de ciertos movimientos bancarios no justificados ordenados por el anterior administrador (Sr. Brusola) y del incumplimiento de múltiples obligaciones tributarias de la sociedad cuyo origen está, desde mi punto de vista, en la falta de diligencia del antiguo administrador”. En dicho documento, se habla de pagos dudosos a varias empresas por parte de cuatro sociedades por un importe de 90.000 euros en un plazo de pocas semanas, así como una deuda con Hacienda de más de 24.000 euros, incluyendo intereses de demora.

Otro inversor, Carlos Manuel Santos Cervero, incluyó en el Acta de la Junta Extraordinaria del Proyecto Housers 0027, celebrada el pasado abril y vinculada al proyecto de Santa Eulalia antes mencionado, que “la empresa esconde un esquema societario para diluir su responsabilidad total en no llevar a cabo los compromisos adquiridos y contradecir la publicidad con la que nos captó. Demostraré que fui engañado de inicio con publicidad engañosa e información incompleta”. El inversor también dejó constancia de que acudiría a los tribunales tanto por la vía penal como por la civil.

Para Almudena Velázquez, codirectora legal del portal reclamador.es, incluso “podemos estar hablando de un error de consentimiento. Es muy peligroso el hecho de que la mayoría de los inversores no sean conscientes de que no son dueños de un inmueble, sino que solo son socios de una sociedad. Una sociedad que puede quebrar y en la que también son partícipes y que, en ese caso, serían los últimos en cobrar”. Además, recalca que “todas las sociedades tienen obligaciones informativas y que éstas son exigibles. Incluso es algo a lo que se les puede obligar judicialmente”. En esa misma línea, José Ramón Elrío, abogado especializado en derecho de consumo, sostiene que “en este tipo de proyectos, una vez que entras, es muy difícil salir y recuperar el dinero”.

Housers, por su parte, reconoce que durante el tiempo en el que la propia plataforma ha sido el administrador único de las sociedades ha tenido un acceso total a los fondos y a la gestión del dinero y los inmuebles, aunque, siguiendo las órdenes de la CNMV, actualmente están nombrando nuevos administradores únicos en cada sociedad, y que son personas físicas. Actualmente, solo 8 sociedades limitadas siguen teniendo como administrador único a Housers, aunque todas ellas están en trámites para delegar a un nuevo administrador.

El abogado de la plataforma, sin embargo, critica estos cambios al asegurar que “simplemente han sido cambios formales para cumplir con lo que dice la CNMV, pero no es un cambio sustancial.  ¿El motivo? El nuevo administrador único es Alberto Castañeda, de Castañeda Abogados, el bufete que trabaja con Housers. Y un abogado siempre va a velar por los intereses de su cliente, así que no sé hasta qué punto puede ser realmente independiente y no parte interesada”, detalla Merino. De hecho, la plataforma asegura que este despacho de abogados les presta servicios de asesoría jurídica y mercantil.

Los problemas de los proyectos de préstamos

Los últimos proyectos publicados en Housers se basan en convertir a los inversores en prestamistas de promotores profesionales. Por ejemplo, para levantar un complejo de viviendas o para conseguir un préstamo puente que permita al promotor conseguir posteriormente financiación bancaria.

De este tipo de proyectos, actualmente hay en marcha alrededor de 100 y han cerrado con cerca de medio centenar. Existen otros 24 reestructurados (los inversores acuerdan en la Junta prolongar el plazo de vencimiento tras pasar el plazo inicial a cambio de cobrar un interés de demora) y otros 27 están en una categoría de incidencias (son proyectos que sufren retrasos en la devolución del capital, pero todavía los inversores no han aprobado su reestructuración).

Hay un proyecto que se encuentra en un momento crítico. Se trata del liderado por la promotora By Nok, con presencia en la Costa del Sol y en mercados como Dubái, que solicitó un préstamo para financiar el desarrollo de un complejo de viviendas en Estepona. La plataforma afirma que está a la espera de que la Junta de accionistas decida si el préstamo se reestructura o bien entra en la categoría de recobros (que es cuando se contratan los servicios de una empresa especializada o se pide a Housers que reclame en nombre de los inversores). La última novedad de este caso es que un juzgado de Marbella ha admitido a trámite una querella contra los directivos de la promotora por presunto alzamiento de bienes y administración desleal, tal y como publica El Confidencial. 

La plataforma afirma que los propios inversores, en las Juntas de Accionistas, acaban apostando por la opción de refinanciar los proyectos, en vez de quedarse con la opción de recobro, para ahorrarse el coste que conlleva la reclamación formal. Pero, como explica el presidente de la asociación de inversores afectados, “con una empresa de recobro podemos perderlo todo y si encargamos a Housers que reclame el coste del servicio es de un 20% a cada inversor”.

Y lo cierto es que los retrasos son frecuentes. Ballesteros (el presidente de la asociaciónde afectados) asegura que sus tres proyectos vencían entre enero y marzo del año pasado, que todos se encuentran en fase de reestructuración y que uno de ellos va ya por la tercera prórroga. Al margen de su caso personal, en algunos proyectos el promotor ha llegado a plantear una ampliación del plazo sin una fecha de devolución (normalmente las ampliaciones son de varios meses) y con un interés de demora del 6%, la mitad del que se abona habitualmente (un ejemplo es el Proyecto San Andrés, de la sociedad promotora MAP & URBAN CONSTRUYE). Y en otros casos, Housers ha informado a los inversores de que el promotor ha tergiversado el contrato, ampliando por su cuenta el plazo de finalización y que la plataforma califica como "treta para conseguir un nuevo aplazamiento de sus obligaciones con los inversores". Es el caso del Proyecto Bellevue Green, del promotor PUEBLOLIVING, S.L.

El truco de este tipo de proyectos es que siempre se pagan los intereses ordinarios. Eso no falla, el problema viene a la fecha de finalización de los proyectos, que normalmente se acaban retrasando. Y si un promotor no puede pagar a los dos años, ¿va a poder pagarnos el tercero si encima tiene que abonar un interés de demora?”, se pregunta Ballesteros.

“Al final esa fórmula de la reestructuración es una manera de enmascarar que muchos proyectos no están funcionando”, explica el abogado de la plataforma de afectados, quien recuerda que durante años ha sido el propio equipo interno de Housers el que ha llevado a cabo el análisis de los proyectos presentados por los promotores. No fue hasta mayo de 2019 cuando la compañía contrató a Silva & Asociados Asesores Financieros para realizar un estudio preliminar de los proyectos de forma independiente, en base a diferentes variables como las cuentas y solvencia del promotor, la rentabilidad esperada del proyecto, la potencial demanda... Desde que la compañía empezó a valorar los proyectos, uno se ha cerrado con éxito en España (Son Calabeach), y ha terminado antes de lo que estaba previsto.

Algo más antigua es la relación profesional de Housers con GOC, una multinacional española que desde 2017 controla que el dinero invertido se destine a lo que está previsto desde 2017, cuando empezaron estos préstamos.

“Hacemos una supervisión administrativa de los fondos. A medida que los inversores invierten en el proyecto, el dinero se va acumulando en Lemon Way (una pasarela de pagos francesa autorizada por el Banco de España muy usada en proyectos de ‘crowdfunding’). De ahí pasa a una cuenta a la que tenemos acceso nosotros y el promotor, y nosotros verificamos la documentación y autorizamos al promotor a que acceda al dinero a medida que avanza el proyecto. Tenemos un calendario de actuación previo y garantizamos que se vaya cumpliendo. Por ejemplo, si llega el momento de empezar a construir, comprobamos que ya se cuentan con las licencias antes de autorizar la salida del dinero”, explican fuentes de la empresa a idealista/news.

Sin embargo, recalcan que dentro de su labor no está ni monitorizar los proyectos ni intervenir en el proceso inverso (esto es, cuando el promotor debe devolver a los inversores el dinero aportado y los intereses de demora, en caso de retrasos), e insisten en que son completamente independientes y que no participan en ninguna operación.

El negocio de las comisiones

Merino es tajante y descarta que estemos ante una estafa piramidal como la de Fórum Filatélico. "Entonces no había un negocio de sellos, pero aquí claro que hay un negocio que viene derivado de las comisiones que cobra a las partes".

Según la información que aparece en la plataforma, por un lado están las comisiones a los promotores que logra financiar sus proyectos a través de la plataforma (la comisión es de hasta un 10%, aunque el promedio está alrededor del 7-8%). También cobra por el asesoramiento en relación con la publicación del proyecto en la plataforma, el análisis de los proyectos o la puesta a disposición de los modelos de contratos necesarios para la participación en los proyectos (por estos conceptos, el máximo es un 1%). Además, Housers ha creado recientemente otra comisión de hasta el 1% para aquellos promotores que incumplan el calendario pactado y se retrasen en los pagos a los inversores.

En el lado de los inversores, y según la página web, la plataforma puede aplicar comisiones de hasta el 1% por poner a disposición los modelos de contratos o comunicar información sobre la evolución del proyecto, y de hasta un 10% de los beneficios que reciben (ya sea por intereses ordinarios o de demora). Sin olvidar los posibles gastos de fax, correo o mensajería. 

En el caso de las sociedades limitadas (los proyectos de ‘equity’), la compañía también cobra comisiones a los promotores del proyecto. Y, al igual que en el caso anterior, hay comisiones a los rendimientos que generan las inversiones y a gastos de correo, mensajería... 

Según la tesis del abogado, en el caso de las sociedades limitadas (los proyectos de ‘equity’), la compañía cobra comisiones por la compra, la gestión del alquiler de los inmuebles en los que el arrendamiento forma parte del proyecto y cuando se vende el edificio. “Al final están haciendo muy buen negocio y el problema está en no haber puesto freno y en que durante años no se hayan analizado bien los proyectos, porque si sale mal ellos no corren ningún riesgo, pero siguen cobrando comisión, mientras que los inversores son los que pueden perder el dinero”, alerta Merino. 

También aparecen en la web comisiones a los rendimientos que generan las inversiones y a gastos de correo, mensajería...

Desde Housers, por su parte, niegan que cobren intereses de los inversores por las reestructuraciones, suministrar información, formalizar proyectos o por gastos relacionados con burofax o fax. "Tenemos esa información porque la CNMV nos obliga a poner las comisiones que se pueden llegar a establecer, aunque nunca hemos llegado a cobrárselas a los inversores. Nos centramos en las comisiones a los promotores", recalcan desde la plataforma.

En el caso del proyecto de Santa Eulalia de Madrid, que va a suponer una pérdida para los inversores cercana al 15%, Housers ha cobrado más de 52.000 euros solo en concepto de comisiones, aunque la plataforma concluye que “para compensar a los inversores la molestia por el proyecto, se ha pagado desde el 31 de julio de 2017 un 1,5% anual a todos los inversores del mismo. En total, hemos pagado a los inversores 31.760 euros, por lo nuestra comisión real en este caso ha sido de 20.300 euros. Con el trabajo que ha supuesto este proyecto, está más que justificada”.

Ver comentarios (8) / Comentar

8 Comentarios:

carlos_fidalgo_costales
29 Junio 2020, 17:02

Hola, soy un "inversor" de Housers y miembro de la Asociación de afectados por esta entidad e invitos a todos las personas que de una manera u otra se hayan visto afectado a que se unan a la asociación y unamos fuerza entre todos.

Gonzalo
29 Junio 2020, 18:19

Cuando estos y otros hijos de su madre vieron la luz, presumían de acabar con la forma tradicional de operar en los mercados de los viejos actores (bancos, gestoras, promotores, ...). Venían a democratizar el mercado. No son más que los viejos estafadores inmobiliarios que ha habido toda la vida, recuerdo especialmente a finales del siglo pasado, vestidos de start-up y modernidad y cómo molamos. Soy socio de Housers y no he conocido nada peor, ni más descarado. Su ventaja es que muchos de sus socios han invertido cantidades ridículas y ni les va ni les viene. Vamos, que les ha salido de perlas el "divide y vencerás". Ojo, no son los únicos. Yo caté o me informé de alguna que otra plataforma de crowdfunding y crowdlending y son de paniquito. Y otras que, aunque no siempre las cosas han salido bien, son honestos.

dianito
3 Julio 2020, 15:02

Yo invertí 1.000€ en Housers en el 2016 (proyecto "Vinaroz"), para ver qué pasaba. Dos años después recuperé mi inversión más una ganancia neta del 6% anual, pero el proceso fue tan opaco y tan sin garantías que decidí no volver a jugarme la pasta con esta gente. Entre otras cosas recuerdo que para votar en las juntas tenía que delegar mi voto en el Administrador de la sociedad, a pelo, sin darle ninguna instrucción ni saber lo que él iba a votar. Una ruleta rusa.

Alberto
3 Julio 2020, 17:02

Yo me interesé por el año 2016 por Housers pero vi cosas que no me cuadraban y seguí mi intuición, cosa que muchos que invirtieron no hicieron y ahora se han quedado atrapados. Espero que recuperen su dinero.

Alvaro
3 Julio 2020, 18:52

A mi también me han pillado, en el proyecto Javea II. Se han aceptado 2 retrasos en juntas totalmente opacas, en contra de lo establecido en los contratos, y luego ni siquiera están pagando los intereses de demora... Vamos a sufrir para volver a ver nuestro capital.

No tienen ningún control del riesgo de los promotores a los que prestan el dinero. No les hace falta, los inversores asumimos todo el riesgo, y ellos cobran su comisión igualmente... Que los proyectos vayan mal, solo les impacta en su imagen a largo plazo como ya está pasando.

Pero ya han repartido todos los millones que han querido a promotores de dudosa reputacion incuso presuntamente amiguetes, se verá tras las sentencias.

Me arrepiento de haberme dejado engañar por el buen marketing y los números que promocionan, totalmente falsos.

SALVADOR RIGOL SANMARTIN
4 Julio 2020, 13:47

Pues a mí no me fué mal. No hay que ser ni de los primeros en entrar ni de los últimos en salir. Opacidad, sí, pero como mis inversiones fueron mínimas y diversificadas a tope, con control casi diario, no me pillaron. De hecho obtuve buenos beneficios y utilicé el Market Place antes de CCD y aligeré todo cuando me apercibí de que había cambios en cúpula y problemas que le asemejaban a una estructura piramidal, aunque con bienes palpables (para ellos sobre todo). Después les he seguido para ver como va la cosa pero hace tiempo que desinvertí casi todo. A por ellos y que haya suerte!

Para poder comentar debes Acceder con tu cuenta

Publicidad