Carta a la ministra pastor de los afectados por la supresión de las ayudas a la vpo: “muchas familias perderán injustamente su vivienda”

Cuando se cumple casi un año de la entrada en vigor de la reforma de la ley de alquiler, muchos de los fuegos abiertos que generó esta norma siguen aún sin solución. Uno de ellos es la eliminación con carácter retroactivo de la subsidiación a los préstamos para la compra de vpo, una medida que ha dejado tocadas a 300.000 familias en toda España. Ahora las plataformas regionales de afectados se han unido en una sola voz y preparan movilizaciones. Además, han enviado una carta a la ministra de fomento, Ana pastor, en la que le acusan de suprimir de forma arbitraria y unilateral sus obligaciones con los planes de vivienda

La ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas retiró inesperadamente las prórrogas de las subsidiaciones a los préstamos para la compra de vpo. Esto supuso que las familias que tenían reconocida este tipo de ayudas no podrían optar a prorrogarlos otros cinco años más, tal y como recogía hasta aquel momento la legislación

El origen de este problema se remonta al real decreto-20/2012 de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad que suprimió la subsidiación de créditos para la compra de vpo en el plan estatal de vivienda 2009-2012. Sin embargo, dejó en el aire qué ocurriría con las prorrogaciones de planes anteriores. Una cuestión a la que se intentó dar carpetazo con la nueva ley de alquiler

En ella el gobierno incluyó por sorpresa una disposición adicional en la que establecía que no se admitirán nuevos reconocimientos de ayudas de subsidiación de préstamos que procedan de “concesiones, renovaciones, prórrogas, subrogaciones o de cualquier otra actuación protegida de los planes estatales de vivienda”

La norma ha afectado a 300.000 familias de toda España que deben pagar ahora entre 90 euros y 300 euros más al mes por su hipoteca protegida pero sin la posibilidad de vender o alquilar dichas viviendas, dada las condiciones a las que están sometidas los pisos protegidos

Ante esta circunstancia cientos de afectados han ido creando plataformas para reivindicar un “derecho adquirido” con el ejecutivo cuando firmaron la compra de sus viviendas protegidas. Estas asociaciones regionales brindan asesoramiento y apoyo jurídico ya que cada perjudicado por esta norma debe recurrir a la justicia de forma individual (cada procedimiento tiene unos plazos concretos por lo que no pueden realizar una acción colectiva ante la justicia)

Ahora estas asociaciones de las distintas ccaa han decidido aunar fuerzas en una con carácter nacional. La coordinadora estatal ha sido presentada hoy en Madrid  y desde ella exigen al gobierno de Mariano Rajoy que dé marcha atrás y retire las disposiciones que suprimen retroactivamente el derecho a la subsidiación. “Te sientes estafado como consumidor”. “Esta política de vivienda es totalmente ruin”, aseveran a idealista news varios de los responsables de la nueva plataforma

Ángel María de sancha, representante de relaciones institucionales de la coordinadora  y gerente de viviendaprotegidasí, explica a este diario que han remitido una carta a la ministra de fomento, Ana pastor, en la que exponen las distintas actuaciones y opiniones contrarias a la norma que han mostrado instituciones como El defensor del pueblo O la justicia, que ha fallado a favor de los afectados en varias ocasiones

“cómo podrá usted ver Sra. ministra, excepto la autora de los criterios interpretativos, hoy felizmente cesada en su cargo por usted, ninguna otra institución del estado apoya sus criterios interpretativos, por lo que sin más dilación debería proceder a seguir las recomendaciones señaladas tanto por los defensores del pueblo como por los tribunales de justicia”, reza la misiva remitida a Ana pastor

Desde la coordinadora entienden que la ley 4/2013 es “incompatible” con el principio de seguridad jurídica que avala la constitución española en su artículo 9.3. Por el cual la carta magna garantiza el principio de “legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”

De sancha también recuerda que antes de la aprobación de la ley 4/2013 la administración denegaba las solicitudes de renovación en base “únicamente” a unos criterios internos que interpretan arbitrariamente el artículo 35 del real decreto 20/2012.

Asimismo, desde la coordinadora consideran que los criterios del ministerio para denegar la prorrogación de estas ayudas son “internos” y que por tanto, “no tienen valor alguno para denegar la ayuda”. “Estos criterios no sólo extienden la supresión de las renovaciones del plan 2009-2012 de manera retroactiva, sino que además amplían el alcance de la medida a planes de vivienda anteriores que en ningún caso fueron mencionados en el meritado artículo”, indica el escrito

Por último acusan a fomento suprimir “arbitraria” y “unilatelamente” sus obligaciones reflejadas en los planes de vivienda, mientras que los afectados siguen sujetos a condiciones establecidas en dicho planes como son la devolución de las ayudas en el caso de que se vendan las viviendas o la imposibilidad de alquilar