Información sobre vivienda y economía

El Gobierno y la banca prorrogan un año más el Fondo Social de Vivienda

Autor: Redacción

El Fondo Social de Vivienda (FSV) estará en vigor un año más de lo esperado. El Gobierno ha decidido ampliar su duración hasta enero de 2020, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda de familias que sido desahuciadas. 

Creado en enero de 2013, este fondo cuenta actualmente con más de 9.600 casas disponibles, todas ellas aportadas por los bancos. Desde que se constituyó hasta el pasado verano, se han tramitado más de 10.200 alquileres a través de este organismo.

Se trata de alquileres con rentas bajas (entre 150 y 400 euros al mes), que van destinados a personas y familias que han perdido su vivienda habitual. La prórroga ha sido acordada por el Ministerio de Economía, el de Fomento, el de Sanidad, la Asociación Española de Banca (AEB), la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la Plataforma del Tercer Sector y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

Según recuerda la cartera liderada por Nadia Calviño, "el fondo social de vivienda se creó con el objetivo de ofrecer cobertura a aquellas personas desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario o como resultado de una dación en pago, y que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad social". 

Al fondo pueden acceder las personas físicas que hayan perdido su vivienda habitual con posterioridad al 31 de diciembre de 2007 y que, en el momento de la solicitud, los ingresos familiares no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), ni dispongan de otra vivienda en propiedad o en usufructo.

Además, los solicitantes deben encontrarse en uno de los siguientes supuestos, considerados de especial vulnerabilidad:

  1. Unidad familiar con hijos menores de edad
  2. Unidad familiar monoparental con dos o más hijos a cargo
  3. Unidad familiar en la que alguno de sus miembros tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite
  4. Unidad familiar en la que el deudor hipotecario que haya perdido su vivienda se encuentre en situación de desempleo y haya agotado sus prestaciones
  5. Unidad familiar en la que exista alguna víctima de violencia de género
  6. Personas en situación de dependencia o con discapacidad para las que la vivienda supone un activo indispensable para su inclusión social
  7. Personas mayores de sesenta años
  8. Personas en situación de prejubilación o jubilación que mediante aval hayan asumido las deudas de sus hijos o nietos
  9. Otras personas o unidades familiares con circunstancias de vulnerabilidad social distintas a las mencionadas