El acceso a la vivienda es el principal reto al que se enfrenta el sector inmobiliario, claves para su desarrollo futuro. Sobre todo, la capacidad para los jóvenes de acceder a una vivienda asequible. Un reto por el que el sector tiene que ir de la mano de la clase política.
Por este motivo, la Asociación Women in Real Estate Spain (WIRES) propone 10 medidas para conseguir una política enfocada a aumentar la oferta de vivienda asequible de forma efectiva en la Comunidad de Madrid:
- Establecer un inventario y un calendario de puesta en carga del suelo destinado a vivienda social en manos de las distintas Administraciones Públicas.
- Agilizar el proceso de obtención de licencias mediante la digitalización del servicio.
- Reducir un 30% las cargas burocráticas ligadas a la promoción de viviendas.
- Incentivar a los particulares arrendadores de vivienda para seguir haciéndolo, e incluso incrementen la oferta de vivienda en alquiler.
- Simplificar la normativa de licencias mediante una única ordenanza.
- Revisar la fiscalidad de en la producción de vivienda de nueva construcción.
- Establecer un marco jurídico estable para la financiación hipotecaria.
- Incrementar el parque de vivienda en alquiler mediante acuerdos de colaboración público-privada.
- Establecer incentivos fiscales directos para quienes alquilen a segmentos de la población con menos recursos.
- Abrir un canal de promoción del parque de vivienda en alquiler atrayendo al inversor institucional.
La gestión urbanística es uno de los debe del Ayuntamiento de Madrid ante la falta de personal y la escasa digitalización de la administración local, afirman desde WIRES. “Hay que mejorar la eficiencia para que no se experimenten procesos de concesión de licencias de más de 12 meses de duración”, afirman. “Medidas como la declaración responsable contribuyen al proceso de agilización de licencias y no son incompatibles con el rigor y el control”, concretan desde la Asociación de Mujeres en el sector inmobiliario.
Otra de las prioridades del WIRES en materia de vivienda en la implicación del inmobiliario en la protección del medio ambiente. El 70% de las emisiones proviene de los edificios y, de este porcentaje, un 40% procede de los hogares.
“Hay que establecer medidas que afectan al patrimonio ya edificado”, comentan y ofrecen medidas como:
- Bonificaciones fiscales ligadas a la calificación energética del edificio.
- Abogar por las fuentes de energía renovable.
- Una rigurosa política de incentivos y penalizaciones para gestionar el cambio de conductas tanto en empresas como en hogares.
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1 Comentarios:
Se les olvida un punto con el que cualquier político del color que sea estaría de acuerdo. El precio del alquiler es exclusivamente un tema de oferta y demanda. La oferta está coja por falta de seguridad jurídica en los desahucios, no puede ser que tardes 8 meses en sacar fuera un moroso, muchos de ellos profesionales de la morosidad. Por último, dotar a los ayuntamientos de fuerza legal para que con una simple ordenanza municipal apoyada en una ley nacional (ley de la vivienda) puedas convertir locales y despachos en viviendas, sobre todo en barrios deprimidos, dando una segunda oportunidad a barrios y propietarios para rentabilizar locales y despachos cerrados o barreras con pintadas. Durante los cinco años siguientes al cambio de uso, alquiler social para los sectores deprimidos, luego renta libre. Así calculen la cantidad de vivienda disponible que haría bajar los precios en los grandes núcleos urbanos.
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