La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que el Govern tiene "toda la voluntad" de trabajar para limitar la compra especulativa de vivienda a través de la Ley de Urbanismo.
En una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat posterior a la reunión del Consell Executiu, Paneque ha afirmado que el Ejecutivo está trabajando a partir de la propuesta presentada por los Comuns para adecuarla "de la mejor manera posible" a los informes de los analistas y a la legalidad vigente.
En este sentido, ha dicho que el Govern trabajará para hacer posible esta iniciativa buscando las mayorías necesarias para, posteriormente, tramitarla en el Parlament.
"Una vez elaborados y compartidos los informes, nosotros entendemos que esta es una medida que va en la línea del despliegue inédito que ha hecho este Govern, el más amplio y más importante que se ha hecho hasta ahora en políticas de vivienda", ha agregado la consellera.
Condición de los Comuns
Limitar la compra especulativa de vivienda es una condición de los Comuns para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026, que el Govern quiere impulsar durante el primer trimestre de este año, y el grupo de Jéssica Albiach ha reclamado "voluntad política" para hacerlo posible.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, afirmó este lunes que el Govern está estudiando esta iniciativa y que espera "pronto" tener noticias en este sentido.
Los informes solicitados por la Generalitat a expertos (algunos de ellos conocidos activistas de extrema) concluyeron que prohibir la compra especulativa es tanto viable como constitucional.
Los "expertos" detrás de esta propuesta
Detrás de esta propuesta del Govern hay varios perfiles polémicos y próximos al debate público sobre la vivienda, con posiciones conocidas en materia de intervención del mercado inmobiliario. Sus informes, encargados por el propio Ejecutivo, aportan la visión técnica a una iniciativa que también tiene una clara lectura política en un contexto de fuerte presión social por el acceso a la vivienda.
El informe principal está firmado por Carles Viver i Pi-Sunyer, jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional. En febrero de 2013 fue elegido presidente del Consejo Asesor para la Transición Nacional, órgano creado mediante un decreto de la Generalidad de Cataluña que posteriormente fue declarado inconstitucional por unanimidad y anulado por el Tribunal Constitucional
Jaime Palomera es fundador y portavoz del Sindicat de llogateres (sindicato de inquilinos). Tras varios años de lucha como activista Inmobiliario de extrema izquierda ahora se ha quedado como colaborador del Institut de Recerca Urbana de Barcelona (IDRA), un centro de estudios centrado en políticas urbanas.
Pablo Feu es abogado y profesor asociado en la Universitat de Barcelona. Ha trabajado en estudios vinculados a las políticas de vivienda en el área metropolitana de Barcelona. Fue autor de un informe para el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona en el que ya apuntaba la posibilidad de limitar ciertas compras de vivienda. Sus planteamientos se centran en buscar encaje legal a medidas restrictivas en mercados tensionados.
Fuensanta Alcala es licenciada en derecho y trabaja en el Ayuntamiento de Barcelona desde el año 2000. Aunque asume sus mayores responsabilidades en la primera legislatura de Colau, que la nombra en 2016 Directora de los Servicios de Inspección, desde donde coordina la ejecución del Plan integral de inspección de Barcelona.
Rosa Fornas es también jurista especializada en derecho urbanístico. Su análisis aborda hasta dónde puede llegar la normativa actual para intervenir en el mercado de la vivienda y señala las limitaciones legales de usar herramientas urbanísticas para restringir compraventas. Apunta que algunas medidas requerirían cambios normativos específicos.
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