Las nuevas prórrogas en el alquiler podrían ser ilegales

El Gobierno vuelve a prorrogar, mediante el Real Decreto-ley 8/2021 del 4 de mayo, los contratos de alquiler. Se podría entender como una medida normal, comprensible y acertada, si esta prórroga fuera únicamente para los colectivos de personas más vulnerables o necesitadas. Pero no, el Ejecutivo extiende, incomprensiblemente por tres meses más, la prórroga de seis meses de todos los contratos de alquiler en España, para todos los inquilinos, sean vulnerables o no.

La contradicción y el sinsentido llega hasta tal punto que el Real Decreto Ley recientemente aprobado, se dedica, según se recoge en todo su articulado y exposición de motivos, a regular situaciones de vulnerabilidad, pero cuando regula la prórroga extraordinaria para los arrendamientos de viviendas, la extiende para todo tipo de inquilinos, vulnerables o no.

Para nosotros, volver a prorrogar, mediante un Decreto Ley, los contratos de alquiler para todo tipo de inquilinos vulneran los artículos 9 y 10 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que son los que establecen cual es la duración de los arrendamientos y hasta donde pueden llegar sus prorrogas.

Prorrogar todos los contratos de alquiler, sin tener en cuenta la vulnerabilidad de los inquilinos, solo tuvo sentido en el primer Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, en el que se adoptaron medidas urgentes para hacer frente al covid-19, en una situación de confinamiento domiciliario y casi nula movilidad. En los Decretos posteriores de los meses de julio, septiembre y enero de 2021, dejó de tener sentido la extensión de estas prórrogas a los inquilinos que no estaban en situación de vulnerabilidad, puesto que la movilidad se había recuperado lo suficiente para que se activara nuevamente el alquiler.

Ahora se repite la misma situación, donde consideramos que esto es ya una medida política que tiene la clara intención que cambiar las reglas de juego, desequilibrando el mercado de alquiler, vulnerando la legalidad de la LAU, y favoreciendo una vez más a los arrendatarios, en detrimento de los propietarios particulares.

Nos parece muy acertado que el Gobierno de España quiera proteger a los inquilinos más vulnerables en situaciones de pandemia, como la actual, prorrogándoles los contratos por 6 meses más, con el fin de que no estén expuestos a los vaivenes del mercado. Pero esta medida afecta a todo tipo de inquilinos, a los que son vulnerables y a los que no lo son, y no tiene ningún sentido alterar la duración de los arrendamientos en inquilinos que no estén en situación de vulnerabilidad, porque se estaría perjudicando a los arrendadores particulares, que, en muchos casos, podrían estar, incluso, en la misma situación de vulnerabilidad que la de sus inquilinos.

Podemos pensar en muchos arrendadores, y no hablamos de grandes tenedores de inmuebles, que tuvieran arrendadas sus viviendas y estuvieren esperando a que vencieran sus contratos para recuperarlas, bien para cedérselas a quien quisieran, o bien, incluso para venderlas para pagarse una residencia o para lo que quisieran hacer.

Esta medida ampara a inquilinos, que, sin estar en situaciones de vulnerabilidad, ya estaban dando muestras de impagos, de retrasos o de otros incumplimientos contractuales, y que, en situaciones normales, ningún propietario prorrogaría los contratos. Ahora, los propietarios que sufran estos problemas, a partir del 9 de mayo y hasta el 9 de agosto, tendrán que soportar la prórroga por seis meses más, de todos los arrendamientos que venzan durante este nuevo periodo, y esta es una situación injusta a la vez que insostenible para los arrendadores.   

Además, el Decreto aprobado vuelve a crear inseguridad jurídica, porque no regula qué ocurre con los inquilinos que ya hubieran disfrutado de una primera prorroga de seis meses ¿podrían disfrutar de otra? En este sentido nuestro departamento jurídico y todos los juristas consultados entendemos, que, debido a lo extraordinario de la medida, no cabe una segunda prorroga, pero el decreto no lo aclara. Es más, en la página oficial de la Vicepresidencia de derechos sociales del Gobierno de España, se inclina, sin ninguna justificación, por decir que si cabe una segunda prorroga.

Al final tendrán que ser los tribunales, que ya tienen una carga excesiva de trabajo, los que tengan que aclararlo, con la pérdida de tiempo que ello conlleva, por no haberse hecho las cosas bien desde el principio.