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Los ayuntamientos de algunas ciudades españolas, como Madrid, Barcelona o Palma de Mallorca, han optado por aprovechar sus competencias urbanísticas y aplicar medidas restrictivas a las viviendas turísticas. En ocasiones, bordeando la legalidad. Muchos despachos de abogados, por su parte, prevén un aumento considerable de litigios a raíz de estas normativas, ya que pueden haber vulnerado la libre competencia o los principios de planes urbanísticos.

Barcelona y San Sebastián, dos de las ciudades con mayor flujo turístico, blindaron el centro histórico de viviendas turísticas. En el caso de Barcelona, no se pueden dar licencias nuevas. Para abrir un nuevo piso turístico, debe cerrar otro. Donosti, por su parte, puso en marcha el pasado 27 de marzo una ordenanza que dividía la ciudad en tres zonas: la zona A, la Parte Vieja, no concederá más licencias. 

La capital española está preparando un Plan Especial de Implantación de Uso del Hospedaje, a semejanza de la medida emprendida por Barcelona. Su aprobación se espera para finales de año y el objetivo es limitar la actividad de este tipo de pisos a 90 días al año, además de una licencia urbanística con una serie de requisitos, como un acceso independiente desde la calle. Es ilegalizaría al 99% de los pisos turísticos existentes en Madrid a día de hoy.

Diferentes despachos de abogados se han pronunciado al considerar que muchas de esas normativas vulneran el derech oa la libre competencia. María Jesús Serrano, del despacho Serrano, Alberca & Conde, considera que las demandas procederán desde los profesionales. También advierte de que ya hay una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de mayo del año pasado, en la que falla a favor de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), frente al Peuat. 

Esa sentencia es la que está sirviendo de referencia para otros municipios. "Va a provocar litigiosidad, porque los afectados van a recurrir", explica Serrano. "Esa sentencia dice que el Ayuntamiento cuando aprueba el plan territorial, declara que sus objetivos son equilibrar el uso residencial con el uso hotelero. Pero las medidas que adopta provoca que el uso hotelero crezca un 346% y eso desequilibra la intensidad del uso urbanístico establecida en el plan general", puntúa.

Esta es la tercera sentencia contra Barcelona. Oviedo también acumula dos. La última se dictó en el mes de abril en favor de un particular. Este quería alquilar un piso a turistas en una quinta planta, cuando la normativa municipal solo permite en bajos o primeras plantas. 

El presidente de Fevitur, Bartolomé Gomila, prevé una normalización de la situación en un par de años y explica que ya han presentado alegaciones contra la normativa de Palma de Mallorca. "Hemos denunciado la ley de Baleares ante la Comisión Europea y estamos estudiando en detalle la normativa del ayuntamiento de Madrid para la presentación de un recurso en caso de que se apruebe en los términos actuales", confirma Gomila.

La socia del despacho Serrano, Alberca & Conde recalca que Madrid puede recibir una cascada de recursos si la regulación planteada por el Consistorio tira adelante. "Si obligas a que una vivienda se cambie de uso residencial a terciario, tal y como pasará con los pisos turísticos de los 90 días, estás desequilibrando la intensidad de uso establecida en el Plan General para el centro de la ciudad", en opinión de Serrano.

Para la abogada, podrían estar "incurriendo en faltas de competencias, en injerencias en el contenido esencial del derecho de la propiedad y discriminaciones frente a otros propietarios".

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