VPO

La Junta de Andalucía ha aprobado un plan de inspección de las viviendas protegidas que permitirá “organizar y priorizar las actuaciones de control sobre este parque residencial y garantizar el cumplimiento de las condiciones asociadas a este tipo de viviendas”. Según los datos del Ejecutivo andaluz, la comunidad cuenta con 216.482 viviendas protegidas, de las cuales 75.000 son gestionadas por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), entidad que tendrá que inspeccionar 26.656 pisos para comprobar que no existan fraudes, morosos, alquiler o ventas ilegales, ni que se estén explotando como alquileres turísticos.

La descalificación de una vivienda de protección oficial (VPO) convierte una casa protegida en una libre, lo que permite venderla o alquilarla a precio de mercado. Para ello debe haber transcurrido el periodo exigido desde la calificación definitiva, que puede variar según la promoción y la normativa autonómica. Por ejemplo, en Andalucía este plazo es de 10 años de forma general. Es posible que haya que reintegrar las subvenciones y ayudas públicas recibidas, más intereses, aunque no en todos los casos habrá que hacerlo.

El Gobierno vasco ha comprado 510 viviendas en San Sebastián a Testa Residencial, controlada por el fondo de inversión Blackstone, por 100 millones de euros para mantenerlas como alquiler protegido. Así lo ha confirmado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Ejecutivo autonómico, Denis Itxaso. Los inmuebles iban a perder su calificación como VPO en 2028, pero con esta compra mantendrán su estatus. La operación ha supuesto una medida de 196.000 euros por inmueble, lo que supone un coste de compra a precio de VPO, muy alejado del precio de mercado de la capital guipuzcoana.

La puerta de acceso a la vivienda protegida en Cataluña soporta cada vez más presión. Mientras las administraciones anuncian promociones y comprometen nuevas entregas, el registro de quienes aspiran a una VPO sigue engordando: 139.189 solicitudes inscritas al cierre del primer trimestre de 2026, frente a las 114.137 de un año antes, según los informes del Registro de Solicitantes de Viviendas con Protección Oficial de Cataluña, elaborados por la Agència de l’Habitatge de Catalunya, que integran los registros de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, a los que ha tenido acceso idealista/news. Son 25.052 solicitudes más, un salto del 21,9% en apenas doce meses. Detrás del incremento hay una pregunta que los anuncios no resuelven: cuándo llegará una alternativa para quienes siguen esperando.

El Ayuntamiento de Málaga exigirá cinco años de empadronamiento a quienes quieran optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en la ciudad, frente al único año que se exige en la actualidad. La medida va más allá de lo previsto hasta ahora por el Ejecutivo local, que en un principio barajaba exigir tres años de censo en el registro. El objetivo del consistorio es evitar el “efecto llamada” provocado por los últimos sorteos de vivienda protegida. Asimismo, el Ejecutivo local no se ha olvidado de los que han abandonado la ciudad recientemente, ya que permitirá acceder a quienes hayan estado empadronados, al menos, cinco de los diez años anteriores a la solicitud.

La Generalitat Valenciana propone facilitar la reconversión de oficinas en vivienda protegida sin modificar previamente el planeamiento urbanístico. La medida figura en el texto de la nueva Ley del Suelo aprobado por el Consell, pendiente de tramitación parlamentaria. La propuesta permitiría actuar sobre parcelas destinadas a oficinas y edificios existentes. También contempla transformar solo una parte del inmueble, siempre que pueda funcionar de manera autónoma y reúna las condiciones necesarias para el uso residencial. Las viviendas resultantes deberán mantenerse bajo protección pública durante el periodo legal correspondiente.

En España, y en concreto, en Cataluña, hace años que la vivienda protegida ha dejado de construirse. Ante la falta de acceso a la vivienda, las administraciones suman esfuerzos con nuevos programas para avanzar en tener mayor cantidad de VPO. Un informe de OBS Business School pone de manifiesto que el urbanismo español está basado en un modelo hiperregulado donde producir suelo apto para edificar puede requerir hasta 20 años y, en ese lapso, cualquier previsión presupuestaria para promover viviendas queda obsoleta.

El precio de la vivienda protegida sigue batiendo récords.

La construcción de vivienda de protección oficial (VPO) avanza de forma desigual en Catalunya. Entre 2015 y 2025, 830 municipios, el 88% del total, no iniciaron ninguna vivienda protegida. La actividad se concentró en 117 localidades y, en 27 de ellas, no alcanzó los diez pisos entre los construidos y los que se encuentran en obras. La falta de promociones también afecta a las capitales de comarca: 22 de las 43 no registraron inicios de VPO durante este periodo. Entre ellas figuran Amposta, Cervera, Olot, Puigcerdà, Ripoll, Solsona, Tàrrega, El Vendrell y Vielha e Mijaran, según los datos oficiales del Govern catalán.

El Ayuntamiento de Barcelona ha acordado con CCOO y UGT promover 1.500 viviendas públicas durante los próximos diez años, hasta 2036. Los pisos se adjudicarán en derecho de superficie por un periodo máximo de 75 años, mediante una fórmula que mantendrá la titularidad pública y busca ampliar las opciones de acceso a la vivienda en la ciudad. El alcalde, Jaume Collboni, y los responsables de CCOO de Catalunya, Belén López, y UGT de Catalunya, Camil Ros, han presentado una iniciativa que combina la movilización de suelo municipal con la participación del sector social.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) se lanza a financiar otro proyecto residencial destinado al alquiler asequible. Ha concedido un préstamo de 31,8 millones de euros a la sociedad Clibeal, que desarrollará una promoción de 316 viviendas protegidas destinadas al alquiler en un suelo de titularidad pública ubicado en el barrio toledano de Santa María de Benquerencia y cuyas rentas mensuales no podrán superar los 7,8 euros/m2 útil. El proyecto contempla cuatro bloques residenciales, con zonas comunes, plazas de garaje, trasteros y seis locales comerciales.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concederá subvenciones directas por un importe máximo global de 40,41 millones de euros destinados a financiar actuaciones de realojo, promoción de viviendas de alquiler asequible o social y edificación de viviendas protegidas, entre otros proyectos.Sigue a

La promotora vasca ha anunciado el desarrollo de una nueva promoción residencial en el centro de la capital andaluza. El proyecto se encuentra en el ámbito Cruz del Campo, que se levanta sobre los terrenos de la histórica fábrica de Cruzcampo, e incluye 612 VPO de dos y tres dormitorios con amplias zonas comunes, entre las que se encuentran una piscina de 500 m2, un área deportiva de 400 m2, una zona de juegos infantiles y seis locales. Las obras arrancarán este año y terminarán en 2028.

El Gobierno de Navarra ha cambiado las condiciones y requisitos para acceder a una vivienda protegida. El cambio más destacado afecta directamente a las adjudicaciones de dichos inmuebles, ya que, de ahora en adelante, todos los pisos protegidos se otorgarán mediante sorteo. Además, el Ejecutivo foral ha recalcado que los interesados se dividirán en cuatro grupos en función de su edad y de si están empadronados en el municipio donde se encuentre la promoción. También han flexibilizado las rentas mínimas para acceder a una vivienda protegida.

El Ayuntamiento de Zizur Mayor ha aprobado su nuevo plan urbanístico, el instrumento que marcará el crecimiento del municipio durante los próximos años. El documento contempla la construcción de 2.081 nuevas viviendas, de las que 1.047 serán de protección oficial (VPO), lo que supone prácticamente el 50% del total. El plan incluye además 118.600 m2 de zonas verdes, 63.800 m2 de espacio terciario mediante la ampliación del actual polígono, y un proyecto para cubrir un tramo de la autovía A-12

La Generalitat Valenciana ha aumentado un 7% el precio máximo de venta de las viviendas protegidas. El nuevo módulo estándar queda fijado en 2.568 euros por m2 de superficie útil, frente a los 2.400 euros/m2 que estaban en vigor hasta ahora. En términos prácticos, la actualización sitúa el tope a pagar por una vivienda protegida de 70 m2 útiles en unos 180.000 euros, mientras que una de 90 m2 superará los 230.000 euros y las de 60 m2 unos 154.000 euros.

El Govern balear y el Consell de Mallorca han firmado un convenio para construir 323 viviendas de protección oficial en el barrio de Sant Ferran, en Palma, lo que constituye una de las mayores promociones de vivienda pública realizada hasta la fecha en las Islas Baleares. El acuerdo firmado incluye una condición: para acceder a las viviendas, los solicitantes deberán acreditar al menos 15 años de residencia legal en el archipiélago. Esta cifra ha sido aumentada por el ayuntamiento de la capital, ya que el mínimo exigido por el Ejecutivo regional son cinco años.

El Ayuntamiento de Málaga ha iniciado la tramitación urbanística de la Vega de Campanillas, uno de los ámbitos de crecimiento residencial más grande de la ciudad, en el que se prevén construir 7.339 nuevas viviendas, de las que 4.140 serán protegidas. La actuación cuenta con un presupuesto de 134,3 millones de euros para las tareas de urbanización de más de un millón de m2, aunque tienen un gran reto por delante: resolver los problemas de inundabilidad de los terrenos cuando se produce la crecida del río Campanillas.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, el municipio de España con mayor renta bruta media declarada, ha aprobado el proyecto de urbanización de Huerta Grande, el último trámite administrativo necesario para que arranquen las obras de uno de los desarrollos residenciales más relevantes del municipio madrileño en los últimos años. El proyecto contempla la construcción de 775 nuevas viviendas, de las cuales el 56% contará con algún tipo de protección, lo que supone 434 unidades asequibles.

El Gobierno de Aragón ha aumentado el precio del módulo de la vivienda protegida un 14%, que pasa de 1.846 a 2.104 euros por m2 útil. La medida busca hacer viable la construcción de nuevas promociones de vivienda asequible tras años de costes crecientes en el sector. Al mismo tiempo, el Ejecutivo autonómico ha diseñado un paquete de contramedidas para que el incremento no recaiga de forma íntegra sobre los compradores. Hace 16 meses, el precio del módulo ya se incrementó un 9,5%, una subida que la inflación acumulada del 11% ha absorbido en su totalidad.

La consejera Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han presentado una proposición de ley para reconvertir oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial y aumentar la edificabilidad en desarrollos urbanísticos por consolidar. La norma tiene como objetivo incrementar el parque de VPO e implicar a los agentes privados en su impulso, y las medidas que incorpora serán "temporales y excepcionales" y se aplicarían en los municipios con el mercado residencial tensionado.

El Ayuntamiento de Zaragoza movilizará tres solares municipales en Arcosur y Santa Isabel para construir 249 viviendas protegidas, una operación que reportará 7 millones de euros al Consistorio y que se enmarca en la estrategia de reactivación urbanística del actual equipo de gobierno. Según el balance municipal, en los tres últimos años se han desbloqueado 21 áreas de desarrollo que permitirán incorporar 28.042 viviendas, de las que el 47% contará con algún régimen de protección.

La vivienda protegida en España sigue sumando récords. Según el Ministerio de Vivienda, el valor tasado alcanzó en el primer trimestre del año los 1.222,3 euros/m2, el mayor importe de la serie histórica, aunque el promedio es superior en provincias como Madrid, Barcelona, Málaga, Girona, Sevilla o Santa Cruz de Tenerife. Los expertos consultados por idealista/news creen que la tendencia al alza no ha hecho más que empezar, entre otras cosas porque las CCAA están actualizando los módulos y porque la falta de mano de obra y los elevados costes de construcción llevan a las promotoras a establecer unos precios de venta cercanos al límite máximo legal. En su opinión, menos impuestos y trabas administrativas, más bonificaciones y una apuesta decidida por la construcción industrializada y la promoción pública ayudaría a contener el precio de la VPO.

La Xunta de Galicia ha activado la licitación de la redacción de los proyectos de urbanización de siete nuevos ámbitos residenciales a través de los Proyectos de Interés Autonómico (PIA). Entre ellos figura Monte Mero, en A Coruña, donde se planifica un barrio de 4.397 viviendas, de las que un 80% serán protegidas (3.521 unidades). El Gobierno regional invertirá 66 millones de euros en el desarrollo del ámbito y prevé una inversión inducida de 800 millones de euros.

Partido Popular y Vox han alcanzado un acuerdo para investir de nuevo a Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Tras unas negociaciones intensas, marcadas por el énfasis de los de Abascal en la llamada 'prioridad nacional' -que el PP ha preferido denominar 'arraigo', ambas formaciones han sellado un pacto que incluye diversas medidas. Entre ellas destaca una relativa a la vivienda, que establece que los solicitantes de inmuebles protegidos deberán acreditar 10 años de empadronamiento en la comunidad para acceder a la compra y cinco en el caso de las VPO en régimen de alquiler.