Claúsulas abusivas

La hipoteca inversa es una vía a la que recurren muchas personas mayores para obtener liquidez sin tener que vender su vivienda, ya sea mediante una disposición inicial, una renta periódica o una combinación de ambas, pero la forma en que se calculan los intereses puede tener un gran impacto en la deuda que finalmente recaerá sobre la herencia. El Tribunal Supremo acaba de pronunciarse sobre esta cuestión en una sentencia donde declara nulo el pacto que fijaba los intereses remuneratorios porque la cláusula no dejaba suficientemente claro cómo se calculaban esos intereses y sus consecuencias económicas.

Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo han establecido criterios relevantes sobre las cláusulas de intereses de las hipotecas inversas, en las que la entidad financiera adelanta al propietario una cantidad de dinero utilizando su vivienda como garantía. Así, el propietario o sus herederos pueden recuperar el inmueble si pagan el capital prestado más intereses, pero es obligatorio explicar con claridad que esos intereses pueden generar, a su vez, nuevos intereses acumulados, para superar el control de transparencia. El Supremo ha declarado nula por abusiva la cláusula que fijaba el interés retributivo y establece que el contrato podía subsistir sin dicha cláusula.

El Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre las comisiones de apertura y ha dado la razón a Banco Sabadell al validar el cobro de 2.790 euros en una hipoteca. En una sentencia reciente, el alto tibunal estima el recurso de casación presentado por la entidad y deja sin efecto las resoluciones anteriores, que consideraron abusiva la cláusula y ordenaron su devolución a los clientes. El fallo determina que la comisión aparecía recogida con claridad en el contrato y se encontraba separada del resto de condiciones financieras, por lo que cumplía el requisito de transparencia.

El Tribunal Constitucional ha seguido la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y ha determinado en la sentencia 30/2026 que los bancos tienen que ser condenados a asumIr los gastos de un pleito si han aplicado una cláusula abusiva en un contrato de crédito hipotecario. La asociación de usuarios financieros Asufin ha celebrado el fallo y asegura que "las costas deben disuadir a los bancos de usar cláusulas abusivas".

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto un nuevo expediente para sancionar a una inmobiliaria que alquila miles de viviendas por toda España al identificar que podría estar incurriendo en diferentes infracciones. La investigación ha identificado posibles irregularidades de la inmobiliaria como la imposición de un seguro de impago y la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada. Estas infracciones podrían acarrear multas de hasta 1 millón de euros. Consumo ya ratificó una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por vulnerar el derecho de los consumidores.

El Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de la cláusula de fianza solidaria incorporada en un préstamo otorgado a una sociedad, al apreciar que la entidad impuso una garantía personal adicional carente de justificación en relación con el riesgo real de la operación. Pese a que la hipoteca constituida ofrecía por sí sola una cobertura suficiente para garantizar el préstamo, la entidad no acreditó razones económicas u objetivas vinculadas al riesgo real de la operación que justificaran la exigencia adicional de un aval personal.

El Juzgado de Primera Instancia nº 16 de Murcia ha anulado varias cláusulas hipotecarias vinculadas al Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH) al considerar que las entidades financieras no cumplieron con el deber de transparencia exigido por la normativa europea. Estas decisiones se apoyan en la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en diciembre de 2024 —que precisó los criterios de transparencia exigibles en las cláusulas que referencian al IRPH— y obligan a las entidades a devolver a los consumidores las cantidades abonadas en exceso.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha incoado un nuevo expediente sancionador a una agencia inmobiliaria que opera en todo el territorio nacional por posibles prácticas abusivas contra inquilinos en la gestión del alquiler, como el cobro de comisiones ilegales u obligar a contratar servicios no solicitados. La Cartera que dirige Pablo Bustinduy, que no ha facilitado el nombre de la agencia implicada, ha abierto expedientes a compañías como Alquiler Seguro por casos similares y ha obligado a Airbnb a retirar miles de anuncios ilegales de pisos turísticos, y afirma que está investigando a más compañías del sector inmobiliario.

¿Puede un banco reclamar toda la deuda de un préstamo personal si el cliente se retrasa en el pago de varias cuotas? La respuesta no es sencilla, y mucho menos cuando entra en juego el equilibrio entre los derechos del consumidor y los de la entidad financiera. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha arrojado luz sobre este asunto en una sentencia dictada el 8 de mayo de 2025, que pone el foco en las cláusulas de vencimiento anticipado y su posible carácter abusivo.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la posibilidad de fijar una fecha límite para reclamar la devolución de los gastos derivados de una cláusula abusiva, aunque no exista un plazo máximo para solicitar su nulidad. La decisión se refiere al caso de una consumidora que, tras contratar en 2009 un préstamo hipotecario con Banco Santander, reclamó en 2023 la nulidad de una cláusula que imponía gastos adicionales relacionados con la hipoteca. El TJUE establece que, si bien se pueden fijar plazos para la compensación, estos no deben ser menos favorables que los plazos internos para recursos similares ni dificultar el ejercicio de los derechos del consumidor según la legislación de la UE.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha decidido ampliar la vigencia de los 10 juzgados de primera instancia especializados en atender el aluvión de cláusulas abusivas de las hipotecas, como las suelo, las hipotecas multidivisa o las hipotecas referenciadas al índice IRPH, que todavía siguen activos y cuya disolución estaba prevista para el próximo 31 de diciembre. Se trata de los tribunales que operan en las provincias de Barcelona, Alicante, Castellón, Valencia, Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Murcia y Valladolid, cuya actividad se mantendrá durante todo 2025, aunque podría prorrogarse más.

El Congreso ha admitido a trámite una proposición de ley de Sumar para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la hipoteca e intereses conocidas como 'Redito ad Libitum' (Redal), con el único voto en contra de Vox. La ley contempla que los bancos desarrollen un sistema de reclamación específico para estos casos y que no puedan iniciar un procedimiento civil por incumplimiento del contrato si este incluye cláusulas abusivas, siempre que las cuotas satisfechas por el cliente sean superiores a los intereses mensuales.

Sumar insta al PSOE a apoyar en el Pleno del Congreso la admisión a trámite de una proposición de ley para que las entidades financieras ofrezcan a sus clientes vías para reclamar cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la hipoteca e intereses. Se trata de las cláusulas conocidas como 'Redito ad Libitum' (Redal), y Sumar afirma que se han introducido en muchos contratos hipotecarios mediante métodos matemáticos "engañosos" o sistemas de subamortización "encubierta", de modo que en contratos de cuota creciente se aplaza la devolución del capital durante muchos años y después de décadas se encarece fuertemente la cuota, algo que no se explica a la hora de firmar.

Sumar defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una proposición de ley para que las entidades financieras implanten un sistema de reclamación específico para la reclamación de cláusulas abusivas vinculadas a la amortización del pago de la cuota de la hipoteca y de sus intereses. La formación que lidera Yolanda Díaz ha decidido incluir este asunto para su debate y votación en la sesión plenaria del próximo martes, según el orden del día aprobado en la junta de Portavoces.

En este nuevo artículo Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, pone sobre la mesa el problema de las cláusulas abusivas en una ejecución hipotecaria. Son numerosos los hipotecados que se tuvieron que enfrentar a la delicada situación de tener que dejar de pagar sus hipotecas, por situaciones adversas sobrevenidas, con lo que quienes tenían un préstamo en divisas se encontraron con que al dejar de pagar la hipoteca, el banco les declaró vencido el préstamo por un importe muy superior a la cantidad verdaderamente prestada en euros, aunque en el contrato estuviera referenciada a una divisa elegida por el prestatario. La abogada señala las posibilidades que hay de recuperar lo pagado de más en el caso de una hipoteca ya ejecutada.

En este nuevo artículo Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, aborda la diferencia entre los intereses ordinario y de demora, y cómo saber si se tiene derecho a reclamar algún importe por intereses de demora que se hayan liquidado en una ejecución hipotecaria. Es decir, este contenido trata sobre las posibilidades que tienen determinados hipotecados, siempre consumidores, que han padecido una ejecución hipotecaria y su préstamo contenía intereses de demora abusivos.

Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, explica cómo solicitar la nulidad de una cláusula abusiva de una hipoteca cancelada o ejecutada judicialmente. Recuerda que la petición de nulidad debe hacerse mediante la correspondiente demanda judicial y que es imprescriptible, es decir, se puede reclamar dicha nulidad de manera indefinida en el tiempo tal y como ampara el Tribunal Supremo. Por ejemplo, es posible pedir la devolución de lo cobrado de más por los intereses de demora o las cláusulas multidivisa.

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (Adicae) ha instado a la banca a que no espere a que el Tribunal Supremo se pronuncie para devolver a los clientes afectados las cantidades que deben por las 'cláusulas suelo', tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la que avala el uso de la acción colectiva para reclamar estas cláusulas.

El Tribunal de Justicia de la UE ha avalado la adecuación del procedimiento colectivo iniciado por la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros de España (ADICAE) contra 101 entidades financieras que operan en España para que cesen en el uso de las cláusulas suelo y devuelvan las cantidades pagadas por los consumidores. Su criterio coincide con el adelantado a principios de año por la Abogada General de la Unión Europea, Laila Medina, y supone dar carpetazo a un proceso judicial que arrancó en 2010. Ahora solo falta que el Tribunal Supremo dicte sentencia atendiendo a la interpretación del TJUE.

Los juzgados provinciales especializados creados en 2017 para atender las demandas de los consumidores por las cláusulas abusivas de las hipotecas han ido poco a poco desapareciendo en España. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha anunciado el cese de la actividad del órgano de Toledo y la prórroga hasta final de año de los de Alicante, Álava, Barcelona, Vizcaya, Castellón, Guipúzcoa, Murcia, Valencia y Valladolid, cuyo vencimiento estaba previsto para el 30 de junio. El de Madrid ya había sido prorrogado hasta el 31 de diciembre.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado que el plazo de prescripción para reclamar la devolución de gastos hipotecarios empieza a correr cuando la sentencia que declara el carácter abusivo de estas cláusulas adquiere firmeza y se declara su nulidad, es decir, cuando ya no se admiten más recursos ni modificaciones. Esta sentencia complementa a un fallo previo del TJUE publicado en enero que señalaba que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios no empezará a correr antes de que un consumidor conozca el carácter abusivo de una cláusula contractual.

La Comunidad de Madrid se prepara para automatizar las reclamaciones de los consumidores contra la banca por las cláusulas abusivas de las hipotecas. El Gobierno regional está desarrollando un programa informático destinado a agilizar la tramitación de las demandas, con el objetivo de reducir costes administrativos y minimizar errores. Con la llegada de la Ciudad de la Justicia al barrio de Valdebebas, dejará de operar la sede judicial ubicada en la calle Princesa y el Ejecutivo espera que su labor pueda asumirla una sola unidad. Todavía hay más de 50.000 expedientes en trámite y siguen llegando casos.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirma que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios no empezará a correr antes de que un consumidor conozca el carácter abusivo de una cláusula contractual y señala que el plazo de prescripción de diez años (para Cataluña) y de cinco años (para el resto de España) solo puede aplicarse si el consumidor pudo conocer sus derechos antes de que dicho plazo empezase a correr o expirase. Además, confirma que el plazo de prescripción no debe contar desde la primera sentencia del Supremo de diciembre de 2015. 

Están encendidas las alarmas por internet y por las redes sociales sobre el plazo de prescripción para reclamar el importe abonado en concepto de gastos de hipoteca: algunos expertos señalan que dicho plazo finaliza el próximo 23 de enero de 2024. Pero la respuesta es que no. Carmen Giménez, abogada titular de G&G Abogados, señala que el plazo para reclamar los gastos hipotecarios, en el peor de los escenarios, finalizaría el próximo 14 de abril de este año. Y este plazo de prescripción puede ser interrumpido en cualquier momento mediante un burofax o una reclamación extrajudicial.

Los bancos tendrán que tomar una actitud proactiva a la hora de cancelar las cláusulas abusivas de los contratos que mantienen con sus clientes para evitar se condenados en costas durante el proceso de reclamación judicial, según se desprende de las conclusiones de una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "Cuando en jurisprudencia nacional reiterada se han declarado abusivas determinadas cláusulas tipo, cabe igualmente esperar de las entidades bancarias que tomen la iniciativa de ponerse en contacto con sus clientes cuyos contratos contengan tales cláusulas, antes de que estos presenten demanda, para anular los efectos de esas cláusulas".