Si hay una frase de moda en el sector inmobiliario es la de desarrollar vivienda en alquiler en colaboración pública-privada. Sin embargo, Jorge Ginés, director general de Asprima, asegura que en la construcción tiene mucho más peso el sector privado. Mientras los trabajos de urbanización y edificación y la financiación corresponden a empresas, la comunidad autónoma o el ayuntamiento define las normas y, como mucho, pone el suelo. De ahí que afirme que la expresión más adecuada sería colaboración privada-pública. Ginés también defiende la necesidad de trabajar juntos para resolver los problemas sociales, incluida la falta de acceso a la vivienda.
Promover vivienda de alquiler a precios asequibles es uno de los mayores retos a los que se enfrenta la Administración. Y la colaboración público-privada se perfila como un modelo indispensable para dar respuesta a esta problemática. Jeffrey Sújar, managing partner de inversiones alternativas de Urbania, repasa las claves para crear una fórmula de éxito que logre captar el interés de inversores y promotores.
El estudio de tendencias inmobiliarias elaborado por PwC y Urban Land Institute pone sobre la mesa el interés de los principales actores del ‘real estate’ por desarrollar en España viviendas públicas, sociales y de alquiler asequible. El mercado tiende la mano al sector público para impulsar colaboraciones de este tipo de proyectos, aunque exigen claridad en la normativa, evitar la sobrerregulación en vivienda, poner en marcha incentivos fiscales y que los precios de los terrenos permitan al sector conseguir una rentabilidad anual razonable.
España debe rejuvenecer su parque inmobiliario, un reto compartido en Europa y para el que cuenta con miles de millones de euros comunitarios. Sin embargo, Eduardo Brunet, fundador y CEO de Greenward Partners, cree que no se puede abordar solo con fondos públicos y que la solución pasa por la colaboración con el sector privado para lograr financiación. Propone instaurar un modelo que funciona en EEUU y que no supone costes para propietarios ni Administración y ofrece condiciones muy atractivas para los inversores.
David Pérez, consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, explica las razones por las que el sector público debe alcanzar acuerdos con los operadores inmobiliarios privados como el que han sellado en la región. Su pacto por la vivienda incluye mejoras de la fiscalidad, mayor protección a los cooperativistas, así como la apuesta por la regeneración urbana y la eficiencia energética. Y todo bajo un marco de seguridad jurídica y estabilidad normativa.
La ministra de vivienda, Beatriz corredor, ha firmado hoy los convenios de colaboración con 123 entidades de crédito para la financiación de las viviendas protegidas en materia de vivienda.
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