Congreso de los diputados

Tras la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con la disolución de las Cortes, el Gobierno se reserva un as en la manga para reactivar las medidas de los dos reales decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado: la Diputación Permanente. En este órgano temporal entre legislaturas Pedro Sánchez y sus socios cuentan con una mayoría más favorable que en la Cámara Baja y pueden sortear el rechazo de PP, Vox y Junts a las mismas. Pese a su legalidad, este mecanismo parlamentario genera dudas entre los expertos, que solo lo ven reservado para medidas urgente

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado con la mayoría en contra que suman PP, Vox, Junts y UPN los dos reales decretos-Ley impulsados por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de vivienda, que pretendían aplicar una prórroga indefinida de los contratos de alquiler, un tope a las subidas de las rentas por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, endurecer la regulación del alquiler de temporada y habitaciones o una mayor fiscalidad para las segundas residencias. Esta nueva derrota acerca al Ejecutivo a la convocatoria de elecciones generales al constatar, una vez más, su debilidad parlamentaria.

El pasado martes 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley (RDL 26/2026) con medidas en materia de vivienda, entre ellas la actualización de los coeficientes máximos que se aplican en la plusvalía municipal, que finalmente el Congreso de los Diputados ha tumbado. En algunos casos la subida era de hasta el 40% de este impuesto en la mayoría de los periodos de tenencia de la vivienda de menos de 15 años. Pero como dicho Real Decreto-ley no se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, esta temida subida se ha quedado en papel mojado de momento, con lo que los coeficientes que están en vigor son los de 2024.

Llega el 'Día D' para los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno esta semana. Este viernes, 2 de octubre, ambos textos se votarán en un Pleno extraordinario en el Congreso pero tras confirmar Junts que votará en contra de ambos todo apunta a que serán derogados. Junts que ha exigido su retirada y elaborar de inmediato un nuevo texto que revierta la grave situación de la vivienda. Por su parte, PNV votará a favor del primer decreto que contiene numerosas medidas contra los pequeños propietarios que están pendientes del resultado de la votación parlamentaria. De ello depende la prórroga forzosa de dos años, el tope a las subidas de precio por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, o el endurecimiento de la fiscalidad para la segunda residencias.

El segundo de los dos reales decretos (RDL 27/2026) que el Gobierno aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros y que establece los llamados contratos indefinidos ya está en vigor desde este viernes 2 de octubre. Para los contratos de arrendamiento firmados desde este día, esta medida obliga a los propietarios que no quieran renovar el contrato a indemnizar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades de renta de mercado. No obstante, hoy se debate en el Congreso de los Diputados este decreto que no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.

El 18,85% de los diputados que votará este viernes los dos decretos de Vivienda aprobados por el Consejo de Ministros, incluyendo el presidente Pedro Sánchez y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene declarado en el Congreso que obtiene ingresos por el alquiler de viviendas, locales y fincas rústicas. 65 de los 350 parlamentarios comunicaron al inicio de la legislatura o durante la misma que reciben ingresos por arrendar sus viviendas, lo que supone casi la quinta parte. Proporcionalmente, Junts cuenta con más arrendadores en sus filas, mientras PP y PSOE son los partidos que tienen más caseros en sus filas.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) ha apelado al Congreso de los Diputados a que no convalide los reales decretos de vivienda aprobados recientemente en el Consejo de Ministros, ya que sostiene que estos "agravan todavía más" el problema y "reducirán gravemente" la oferta

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha dicho que su grupo se siente "decepcionado" y "preocupado" tras haber analizado el decreto ley en materia de vivienda aprobado por el Gobierno que se va a votar este mismo viernes en la Cámara Baja para decidir si se convalida o se deroga, pero no ha desvelado cuál va a ser su voto. La diputada no se ha referido al decreto de la prórroga automática de los alquileres, aprobado por el gobierno a instancias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas, y es que los independentistas ya habían trasladado su rechazo frontal a esa segunda norma.

El Gobierno ha aprobado, vía Real Decreto-ley 26/2026, una regulación específica para el alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones. La norma, publicada en el BOE del 30 de septiembre, establece límites de duración, controles de precio y sanciones para las plataformas que intermedien en alquileres de corta estancia. Ahora debe convalidarse en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados del viernes 2 de octubre.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

El socio minoritario del Gobierno ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para establecer un gravamen del 3% de carácter permanente sobre los patrimonios que superen los 50 millones de euros que contempla algunas exenciones en el impuesto, como el patrimonio histórico, obras de arte en depósito público, la vivienda habitual hasta 300.000 euros y el ajuar doméstico. El objetivo de Sumar es crear un fondo de protección a la infancia para combatir la pobreza infantil y una prestación universal para la crianza.

El Congreso de los Diputados ha rechazado el plan económico de Podemos que contemplaba medidas como rebajar la cuantía de todos los alquileres un 40% por ley, expropiar viviendas a los grandes tenedores para ampliar el parque residencial público, crear un supermercado público o limitar los beneficios de las empresas distribuidoras de alimentación. PP, Vox y Junts han votado en contra de todas las iniciativas, mientras que el PSOE se ha abstenido en las relacionadas con la vivienda y ha rechazado las demás.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha exigido llevar "ya" al Congreso de los Diputados el decreto ley sobre vivienda, que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 (ya fue tumbada en abril), a pesar de no contar con una mayoría garantizada para su aprobación. Incluir esta prórroga extraordinaria confirma que las afirmaciones de políticos como Rufián o Isabel Rodríguez de que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica, no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite una proposición de ley de Sumar que buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas. La propuesta, que ya se debatió con anterioridad en la Cámara Baja y tampoco fue admitida a trámite, no ha salido adelante ante el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN. Además de los socialistas, el PNV y Coalición Canaria también se han abstenido.

Podemos defenderá en el Pleno del Congreso de esta semana una iniciativa que desglosa las diferentes medidas económicas del partido, como impulsar la creación de un supermercado pública, bajar por decreto ley un 40% el precio de los alquileres y expropiar viviendas a grandes propietarios.Sigue a ide

Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de este martes, 15 de septiembre, una proposición de ley para prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas. Esta propuesta, que el grupo plurinacional ya defendió el año pasado en la Cámara Baja, pero no fue admitida a trámite, exige modificar el artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023 para vetar la transmisión de la propiedad de inmuebles residenciales a empresas, tanto a título oneroso como gratuito. No obstante, contempla exenciones que permitirán seguir comprando inmuebles a determinadas organizaciones sin ánimo de lucro.

El Congreso ha aprobado una moción presentada por el PP que reclama al Gobierno permitir el desalojo de okupas en un plazo de 24 a 48 horas como máximo, derogar la Ley de Vivienda de 2023 ante los "efectos negativos" que ha generado desde su entrada en vigor y rebajar el IVA de adquisición de primera vivienda nueva del 10% al 4%. La iniciativa, que no es vinculante para el Ejecutivo aunque sí un toque de atención parlamentario, ha dividido a los socios de la coalición. Mientras el PSOE se abstuvo en la votación, Sumar votó en contra.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado una de cal y otra de arena al Gobierno. Por un lado, ha tumbado por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que había planteado para los Presupuestos de 2027, aunque ha avalado el nuevo decreto que incluye medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Ejecutivo deberá plantear las cuentas públicas con una hoja de ruta fiscal más esctricta para las CCAA, mientras que activa 1.825 millones de euros en ayudas en pleno rebrote del conflicto.

El Pleno del Congreso debatirá y votará en una sesión extraordinaria este jueves, 23 de julio, el nuevo Decreto ley que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga.

El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado este 14 de julio la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) alza la voz contra el bloqueo en la Mesa del Congreso de dos proposiciones de ley impulsan medidas medidas el desalojo en un plazo máximo de 48 horas o el endurecimiento de las penas por la ocupación ilegal de viviendas. Uno de los textos fue promovido por el PP en el Senado y lleva dos años y medio paralizado en la Cámara Baja, mientras que el otro es una iniciativa de Junts que el Congreso admitió a trámite en marzo del año pasado. La PAO denuncia que entre ambos textos acumulan 139 prórrogas sistemáticas de los plazos para presentar enmiendas, lo que califica como un "secuestro parlamentario" que está vulnerando el derecho a la representación política efectiva recogido en la Constitución.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha confirmado que el decreto de vivienda "va a salir antes del final de agosto", como ha acordado el Gobierno de coalición, y que se volverán a presentar para su votación "algunos de los contenidos esenciales" que recogen las que han sido gran parte de las "prioridades" de Sumar en esta legislatura, lo que incluye la prórroga de los alquileres.

El Pleno de la Cámara Baja ha rechazado la propuesta de Vox de dar prioridad a los ciudadanos españoles a la hora de acceder a las VPO, los alquileres sociales o las ayudas públicas a la vivienda. La iniciativa, que también contemplaba una reducción drástica de los impuestos a la compra de primera vivienda habitual por parte de jóvenes, familias y trabajadores españoles; y reforzar los mecanismos de control para evitar empadronamientos fraudulentos, pisos patera y usos irregulares de inmuebles, ha recibido el voto en contra de todos los partidos, incluido el PP.

El partido liderado por Santiago Abascal lleva al Pleno de la Cámara Baja una iniciativa que busca dar prioridad a los ciudadanos españoles para acceder a una vivienda protegida, un alquiler social o ayudas a la vivienda. La propuesta, que se votará esta semana, incluye la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para crear un sistema para optar a subvenciones o viviendas públicas y propone una reducción drástica de los impuestos a la compra de primera vivienda habitual por parte de jóvenes, familias y trabajadores españoles; así como establecer mecanismos de control para evitar empadronamientos fraudulentos, pisos patera y usos irregulares de inmuebles.

El Pleno del Congreso, con los partidos del Gobierno de coalición divididos, ha admitido a trámite una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La admisión a trámite del texto no implica su aprobación definitiva, sino que el texto legislativo entra en el cauce parlamentario y ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.