Generalitat de Cataluña

El acuerdo para comprar un bloque de viviendas ocupado en Barcelona y evitar su desalojo ha provocado las críticas del PP. El presidente del grupo municipal popular, Daniel Sirera, acusa al Ayuntamiento y a la Generalitat de convertirse en una “inmobiliaria de okupas” tras anunciar un principio de acuerdo para adquirir el edificio de Llenguadoc 74, en el distrito de Sant Andreu. La operación permitió suspender el lanzamiento previsto para el 7 de octubre, que afectaba a 18 de las 20 viviendas del inmueble.

Este sábado, 3 de octubre, entra en vigor oficlamente la Ley 8/2026 de la erradicación de amianto en Cataluña. Una normativa con gran impacto en el mercado inmobiliario catalán, ya que obliga a contar con un certificado sobre si una vivienda tiene o no amianto para poder venderla o alquilarla si se construyó antes de 2002. A la espera de que la Generalitat desarrolle el reglamento, para lo que tiene un año de plazo, se ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo básico de certificado que deben emitir arquiectos e ingenieros. Los notarios avisan que la ausencia de este documento "supone el incumplimiento del deber" de los propietarios y puede acarrear sanciones administrativas de hasta 3.000 euros, así como producir el cierre registral.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern creará un fondo de emergencia habitacional para comprar pisos de personas o familias que se enfrenten a un desahucio, dotado con 25 millones de euros inicialmente. Lo ha dicho en el Debate de Política General en el Parlament, donde ha anunciado distintas medidas ante la crisis de la vivienda en Cataluña, problema que ha calificado de "misión de país", y que se ha comprometido a abordar con los grupos, ayuntamientos, entidades financieras y constructoras. El anuncio se acompaña de otro programa de 100 millones para comprar vivienda conjuntamente con particulares mayores de 40 años que tengan dificultades para acceder a una hipoteca.

Cataluña ha dado un paso más en el control del mercado del alquiler con la creación de la Dirección General de Disciplina de la Vivienda, un nuevo organismo encargado de concentrar y reforzar las funciones de inspección, control y sanción en materia residencial. El Govern aprobó su puesta en marcha el pasado 28 de julio mediante el Decreto 130/2026, que modifica la estructura del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica. La nueva dirección general estará encabezada por Fuensanta Alcalá Luque y asumirá competencias que hasta ahora ejercía la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Mollet del Vallès ya tiene luz verde para ampliar su oferta residencial. La Comisión de Territorio de Cataluña aprobó el pasado 30 de julio el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) de la localidad barcelonesa, que define el modelo de la ciudad hasta 2040 e incluye el desarrollo de hasta 2.950 viviendas, de las que más de la mitad serán protegidas. También busca reforzar la función del municipio como polo económico del Vallès, con nuevas reservas de suelo para actividad productiva y logística, crear nuevos espacios verdes y mejorar la conectividad entre los barrios.

El Govern ha actualizado el mapa de las zonas de mercado residencial tensionado de Catalunya. La nueva propuesta eleva de 271 a 302 el número de municipios sujetos a las medidas de contención del alquiler, después de mantener 118 localidades de la primera declaración, incorporar otras 53 y retirar 22 que ya no cumplen los requisitos legales. Pese al aumento del número de municipios, la población afectada por la regulación se reduce. Las 302 localidades incluidas reúnen aproximadamente 6,17 millones de habitantes, frente a los cerca de siete millones de la anterior configuración. Esto se debe a que algunas de las ciudades que abandonan la lista cuentan con una población considerable.

La consejera Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, y la líder de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han presentado una proposición de ley para reconvertir oficinas y locales comerciales en viviendas de protección oficial y aumentar la edificabilidad en desarrollos urbanísticos por consolidar. La norma tiene como objetivo incrementar el parque de VPO e implicar a los agentes privados en su impulso, y las medidas que incorpora serán "temporales y excepcionales" y se aplicarían en los municipios con el mercado residencial tensionado.

La concesión de licencias urbanísticas es uno de los principales cuellos de botella para la promoción inmobiliaria en Barcelona. Con el objetivo de agilizar estos procedimientos, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña han puesto en marcha una prueba piloto que utilizará la metodología BIM (Building Information Modeling) y la inteligencia artificial para automatizar parte de la revisión técnica de los proyectos y reducir significativamente los tiempos de tramitación. La iniciativa permitirá sustituir buena parte de la documentación tradicional en PDF por un modelo digital tridimensional que integra toda la información técnica del edificio.

La Generalitat de Cataluña avanza en su estrategia para ampliar el parque público de vivienda con una respuesta contundente del mercado. Un total de ocho promotoras e inversores han presentado ofertas al primer concurso de la reserva pública de solares, una iniciativa clave del Govern de Salvador Illa para impulsar la construcción de casi 2.000 viviendas protegidas destinadas al alquiler asequible. El proceso, impulsado por el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, busca adjudicar a operadores privados la construcción y gestión durante 75 años de un total de 1.940 viviendas.

El Gobierno de Salvador Illa ha acordado con los Comunes sacar adelante una normativa para frenar las compraventas de viviendas “con fines especulativos” en Cataluña. A falta de conocer el texto definitivo, la proposición de ley planteada impide a los particulares comprar una tercera residencia en municipios tensionados y obliga a destinar las viviendas heredadas al alquiler si no se venden o se usan como hogar principal. El Parlamento regional debe validar el texto, mientras que los municipios declarados como zonas tensionadas tendrán que aprobar planes especiales urbanísticos para limitar los inmuebles a dos finalidades: residencia habitual o alquiler con límite de rentas.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, han rubricado el acuerdo que han alcanzado para la aprobación de los Presupuestos, tras haber pactado la modificación de la ley de urbanismo para limitar la compra especulativa de vivienda

La Ley de Vivienda catalana empieza a dejar rastro más allá de los anuncios políticos. El Govern ha impuesto ya 13 sanciones por incumplimientos de la normativa, con un importe acumulado de unos 120.000 euros, en un movimiento que visualiza el arranque efectivo del régimen sancionador en un mercado del alquiler sometido a fuerte presión en Cataluña. El dato lo han hecho público los Comuns, que desde hace meses reclamaban que la administración autonómica activara de forma real las multas previstas en la regulación.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado durante una conferencia que el Govern ha acordado la compra de 1.064 pisos propiedad de InmoCaixa, la filial inmobiliaria de CriteriaCaixa, con el objetivo de ampliar el parque público de vivienda de alquiler y que su protección sea permanente. Los pisos están repartidos por 15 municipios, entre ellos Barcelona, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró, Terrassa, Lleida, Tarragona y Sabadell, y supondrán una inversión de 87,2 millones de euros. Bajo la legislatura de Illa, el Ejecutivo regional ha adquirido 2.000 viviendas.

El Govern ha dado luz verde a la ampliación del cuerpo de inspectores para reforzar la vigilancia sobre el tope a las rentas de los alquileres en las zonas tensionadas. Según ha anunciado Silvia Paneque, portavoz del Ejecutivo catalán y consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, la plantilla aumentará en 100 plazas, para lo que se destinarán 5,9 millones de euros. Estos funcionarios serán los encargados de detectar cuándo hay un incumplimiento de la normativa y de instruir los expedientes correspondientes, con sanciones que pueden alcanzar los 900.000 euros en los casos más graves.

La semana pasada, el Govern de la Generalitat de Cataluña aprobó una subida en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), con nuevos tramos para las transacciones de más de 600.000 euros y un tipo de hasta el 20% para los grandes tenedores de viviendas, que entrarán en vigor a finales de junio, siempre que sean respaldados por el Parlament. Economistas, constructores y expertos inmobiliarios critican que las modificaciones tienen un mero carácter recaudatorio, que podrían provocar un mayor encarecimiento del precio de las viviendas y lastrar las inversiones inmobiliarias en la región.

La Generalitat de Cataluña ha aprobado varias medidas fiscales que ha pactado en los últimos días con partidos como ERC y los Comunes. En concreto, ha dado luz verde a la rebaja del IRPF de un punto para el tramo más bajo del IRPF (rentas inferiores a 33.000 euros), hasta el 9,5%; y a la subida de la tarifa del impuesto turístico en todas las modalidades. En cuanto al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, ha anunciado tipos reducidos para determinados colectivos y una subida del gravamen de las compraventas de inmuebles superiores a los 600.000 euros. En el caso de grandes tenedores, el tipo se duplica, hasta situarse en el 20%. Los dos decretos ley deben ser convalidados por el Parlament regional.

Cataluña sigue sumando partidas presupuestarias a sus políticas de vivienda. El Institut Català de Finances (ICF) contará con un presupuesto récord de 1.326 millones de euros en 2025, una cifra que refleja el refuerzo del apoyo financiero a iniciativas estratégicas, con especial foco en el acceso a la vivienda. Dentro de este marco, la institución dedicará 600 millones a promover la construcción y rehabilitación de viviendas sociales, un compromiso para responder a las crecientes necesidades habitacionales en Cataluña.

"¿Qué progreso es aquel que obliga a los trabajadores a dejarse el sueldo para pagar la vivienda?", preguntó Salvador Illa, presidente de Generalitat de Cataluña, hace poco en un evento público. Para dar respuesta a esta pregunta, el gobierno catalán está dando pasos adelante a golpe de talonario, y su último movimiento ha sido comprar 452 pisos a InmoCaixa por 30,5 millones de euros. Estas viviendas se sumarán al parque público.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que la Generalitat se reunirá con Sareb para "valorar todas las actuaciones posibles, optimizar y hacer el mayor uso de las viviendas y suelos de los que dispone", según declaraciones en TV3. Cuerpo ha afirmado que se han traspasado en torno a 200 viviendas al Ayuntamiento de Barcelona y que, en total, hay unas 4.000 casas en la provincia de Barcelona que también estarán "disponibles para ese tipo de actuaciones". El presidente de Generalitat, Salvador Illa, anunció hace poco la construcción de 50.000 viviendas públicas hasta 2030 con una inversión de 4.400 millones.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado un nuevo programa de vivienda pública para construir 50.000 viviendas de alquiler protegido hasta 2030 con una inversión de 4.400 millones de euros hasta final de mandato durante el Debate de Política General en Cataluña. Illa ha aclarado que invertirá 1.100 millones de euros cada año para cumplir con este objetivo, y apuesta por más suelo público, más velocidad de ejecución, más colaboración público-privada y más ayudas para el acceso a la vivienda.

El Govern ha asegurado que el precio de los alquileres en las zonas con un mercado residencial tensionado "se contiene" tras la entrada en vigor de la regulación de los arrendamientos, ha informado en un comunicado tras el Consell Executiu. Los datos del primer trimestre entero de vigencia del decreto han sido aportados por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y muestran que "se ha frenado la evolución de los precios del alquiler en los 140 municipios donde está vigente".

El Institut Català del Sòl (Incasòl), que depende de la Generalitat de Cataluña, ha comprado una cartera de 31 viviendas a la inmobiliaria Divarian Propiedad, que pertenece a Cerberus Capital Managment, para destinarlas a alquiler social. La mayoría de los pisos están situados en Girona y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y la inversión destinada ha ascendido a un total de 1,8 millones de euros

Casi 6 millones de catalanes están llamados a las urnas el próximo 12 de mayo para elegir al nuevo presidente de la Generalitat. De los ocho partidos que cuentan con representación en el Parlament, solo hay una cara nueva entre los candidatos; el resto son viejos conocidos de la política catalana y, de ellos, seis ya se presentaron en los anteriores comicios. Repasamos todos los programas políticos para saber cuáles son las medidas que quieren impulsar en materia de vivienda algunos de los partidos.

La Generalitat de Cataluña empieza a dar uso social a las viviendas adquiridas a Sareb. El departamento de Territori adjudicará antes del verano las diecinueve viviendas compradas a la sociedad que se encuentran en Constantí. Además de estos pisos de entre 80 y 90 m2, el Incasòl adquirió 22 plazas de aparcamiento, 22 trasteros y un local de esta promoción por 1,2 millones de euros.

El pago del alquiler será un poco más llevadero para algunos jóvenes y mayores de 65 años en Cataluña en las próximos semana. La Conselleria de Territorio de la Generalitat ha abierto la convocatoria de subvenciones para el pago del alquiler para menores de 35 años y mayores de 65 años, con una partida de 48 millones de euros. Además, el gobierno catalán también ha puesto en marcha un programa de subvenciones destinado a mejorar las condiciones de vida de las personas mayores de 65 años, con el objetivo de promover su autonomía y movilidad en el hogar.