La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, hablando en el Congreso con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

Reducir IVA a la primera vivienda y medidas antiokupación: lo que Junts pedía para un nuevo decreto

La formación que preside Carles Puigdemont exige al PSOE retirar ambos reales decretos y sustituirlos por otro nuevo que incluya medidas antiokupación, reducir impuestos para la compra de primeras viviendas y retirar la propuesta de convertir los alquileres en indefinidos. La propuesta de los nacionalistas para un nuevo real decreto suprime el tope del 2% a la renovación de los precios del alquiler y la obligación de convertir en indefinidos este tipo de contratos. También pide acotar la supresión de los desahucios hasta 2028, y no hasta 2030 como pretendía hacer Moncloa.
Bloque de viviendas

Así es la regulación que prohíbe a los fondos comprar casas hasta el 70% de su valor y los desahucios hasta 2030

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.
(I-D) La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; y la ministra de Inclusió

El Gobierno prorroga el decreto anticrisis por la guerra en Irán: "La receta ha funcionado"

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Real Decreto-ley para proteger a familias y empresas de los efectos del conflicto en Oriente Medio, que amplía hasta finales de año las medidas que caducaban este 30 de septiembre. En concreto, se establece una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo que bajará de forma progresiva en noviembre y diciembre, se limita la revisión de la TUR del gas natural y de la bombona de butano, y se prorrogan las ayudas al campo y a los transportistas profesionales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que las medidas que llevan en marcha desde marzo "han amortiguado en un 50% el impacto de la guerra" y ha insistido en que la presión sobre los precios de la energía no aflojará en lo que queda de 2026.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el vicepresidente primero y ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo (d).

El Gobierno aprueba el martes un nuevo escudo anticrisis ante la escala de precios por la guerra en Irán

El Consejo de Ministros aprobará el martes 29 de septiembre el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno. Antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores, el Gobierno prepara un nuevo decreto para proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.
Pedro Sánchez, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz

La vivienda, una brecha que no cierra en el Gobierno de coalición

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz

Sumar se abre a aceptar las bonificaciones a propietarios que propone Junts para aprobar el decreto de vivienda

La negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda vuelve a centrar la conversación política mientras Sumar presiona al PSOE para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas que incluya la congelación de los alquileres y una moratoria antidesahucios. Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación en el Congreso, ha enviado sus propias propuestas al Gobierno que incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños tenedores. El partido de Yolanda Díaz se abre a aceptar estas medidas si sirve, explican, para que la iniciativa prospere "de forma urgente", pero esto podría alejar a otros socios como Podemos o ERC, que ya han mostrado su rechazo.
Construcción de vivienda

La vivienda es el síntoma, no la enfermedad

España sabe construir vivienda. Ya lo hizo en el pasado y el sector privado conserva capacidad para volver a hacerlo. El problema es que hoy esa capacidad choca con la falta de suelo disponible, la burocracia, la inseguridad jurídica, la fiscalidad, las dificultades de financiación y la escasez de trabajadores. Por eso no basta con aprobar medidas concretas para cada situación, si una promoción necesita años de trámites, informes contradictorios y decisiones de varias administraciones que no se coordinan, el problema no es solamente urbanístico, es también institucional. Todo ello se aborda en el primer capítulo del serial 'La vivienda sí tiene solución'.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 16 de septiembre de 2026, en Madrid (España). La crisis migratoria que vive Ceuta desde el pasado mes de julio vuelve a centrar las pr

Sánchez defiende una regulación "proactiva" para los centros de datos tras el lanzamiento del real decreto

Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la polémica por el real decreto que prepara Moncloa para regular los centros de datos y que ha puesto al sector en pie de guerra por la fuga de inversiones que puede provocar. El presidente del Gobierno defiende la necesidad de establecer una regulación "proactiva" para la expansión de estas infraestructuras y advierte de que el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro "y con razón" tras el lanzamiento, por parte de su Ejecutivo en agosto, de una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio más restrictivo.
El ministro de Hacienda, Arcadi España (d), y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i)

Sumar propone un impuesto del 3% a los patrimonios de más de 50 millones para combatir la pobreza infantil

El socio minoritario del Gobierno ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para establecer un gravamen del 3% de carácter permanente sobre los patrimonios que superen los 50 millones de euros que contempla algunas exenciones en el impuesto, como el patrimonio histórico, obras de arte en depósito público, la vivienda habitual hasta 300.000 euros y el ajuar doméstico. El objetivo de Sumar es crear un fondo de protección a la infancia para combatir la pobreza infantil y una prestación universal para la crianza.
Centro de datos

La regulación que prepara el Gobierno sobre los centros de datos desata el temor a una fuga de inversiones

El real decreto que está preparando el Ejecutivo para regular el sector de los centros de datos en España ha desatado una oleada de críticas por parte de la patronal y algunas CCAA donde están proyectados algunos de los mayores desarrollos del país de cara a los próximos años, como Madrid, Aragón o Andalucía. La asociación sectorial SpainDC alerta de que el proyecto de real decreto genera inseguridad jurídica y podría poner en riesgo hasta el 90% de las inversiones que están previstas en los próximos años, que buscarían otros mercados europeos más laxos, como Portugal, Francia, Italia y Polonia; así como la creación de miles de puestos de trabajo. El plazo para presentar alegaciones al texto finaliza este viernes, 4 de septiembre.
Archivo - La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen

La regulación de los centros de datos sale a audiencia pública: el Gobierno da una semana para alegaciones

El Gobierno ha lanzado a audiencia pública el proyecto de real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto y por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, tanto para los proyectos anunciados como los futuros. El plazo para presentar alegaciones al texto apenas durará nueve días, ya que expira el próximo 4 de septiembre.
Archivo - Proyecto de centro de datos

El Gobierno aprueba el proyecto para regular los centros de datos: estos son los nuevos requisitos

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers', un texto que se abrirá ahora a audiencia pública. Según el Ejecutivo, el objetivo de la normativa es poner orden al boom de proyectos de centros de datos que se están anunciando, garantizando los mejores estándares para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones. Entre las exigencias a cumplir está que al menos el 80% del consumo energético proceda de fuentes renovables o que tanto el centro como el control de los datos correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE.
Pedro Sánchez interviene ante el pleno del Congreso

El uso del decreto ley para reactivar medidas rechazadas por el Congreso plantea dudas constitucionales

Reintroducir medidas que ya han sido rechazadas por el Congreso a través de un nuevo decreto ley, como el Gobierno pretende hacer a la vuelta del verano con la prórroga de los alquileres, plantea serias dudas constitucionales. El artículo 86.1 CE reserva esta figura para urgencias excepcionales, no para mantener normas que no superaron el control parlamentario. Además, la sucesión de reformas urgentes agrava la inseguridad jurídica y, lejos de ampliar la oferta de alquiler, incentiva a los propietarios a abandonar ese mercado.