Gobierno

El real decreto sobre gestión del riesgo de inundación que preparaba el Gobierno antes de la convocatoria electoral ampliaba las restricciones urbanísticas en zonas inundables de toda España. De aprobarse, la norma prohibirá nuevos usos residenciales, vetará los garajes y sótanos en áreas expuestas a este riesgo y obligará a los ayuntamientos a adaptar su planeamiento en un plazo de cinco años. María Jesús Romero, profesora del departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), responde a todas las dudas que genera este posible nuevo escenario cuestiones para idealista/news.

Ni recetas mágicas, ni decretos urgentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido por primera vez que el Gobierno "no tiene las herramientas necesarias" para resolver la crisis de vivienda a corto plazo. El dirigente socialista también ha reconocido que el Ejecutivo de coalición que lidera Pedro Sánchez no fue "lo suficientemente previsor" en esta materia durante la anterior legislatura, cuando gozaba de una mayoría más amplia en el Congreso. "La atención del Gobierno no estuvo ahí", ha zanjado. Puente culpa ahora al parlamento por no convalidar las medidas urgentes pese a que volverán a presentarlas en la Diputación Permanente.

Tras la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con la disolución de las Cortes, el Gobierno se reserva un as en la manga para reactivar las medidas de los dos reales decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado: la Diputación Permanente. En este órgano temporal entre legislaturas Pedro Sánchez y sus socios cuentan con una mayoría más favorable que en la Cámara Baja y pueden sortear el rechazo de PP, Vox y Junts a las mismas. Pese a su legalidad, este mecanismo parlamentario genera dudas entre los expertos, que solo lo ven reservado para medidas urgente

El Gobierno prevé aprobar a lo largo de octubre el nuevo real decreto para regular los centros de datos en España, que va orientado a ordenar el despliegue de estas infraestructuras sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para la electrificación del resto de la economía. Según el texto sometido a audiencia pública a finales de agosto, el Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo con energía renovable. La patronal del sector, Spain DC, avisa de que están en juego 9.000 millones de euros en futuras inversiones y que las nuevas exigencias también ponen en peligro muchos proyectos que ya están sobre la mesa.

La formación que preside Carles Puigdemont exige al PSOE retirar ambos reales decretos y sustituirlos por otro nuevo que incluya medidas antiokupación, reducir impuestos para la compra de primeras viviendas y retirar la propuesta de convertir los alquileres en indefinidos. La propuesta de los nacionalistas para un nuevo real decreto suprime el tope del 2% a la renovación de los precios del alquiler y la obligación de convertir en indefinidos este tipo de contratos. También pide acotar la supresión de los desahucios hasta 2028, y no hasta 2030 como pretendía hacer Moncloa.

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de los límites de gasto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros, entre ellos 45 millones de euros en 2027 para la primera convocatoria de ayudas del Perte para la Industriali

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Real Decreto-ley para proteger a familias y empresas de los efectos del conflicto en Oriente Medio, que amplía hasta finales de año las medidas que caducaban este 30 de septiembre. En concreto, se establece una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo que bajará de forma progresiva en noviembre y diciembre, se limita la revisión de la TUR del gas natural y de la bombona de butano, y se prorrogan las ayudas al campo y a los transportistas profesionales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que las medidas que llevan en marcha desde marzo "han amortiguado en un 50% el impacto de la guerra" y ha insistido en que la presión sobre los precios de la energía no aflojará en lo que queda de 2026.

El Consejo de Ministros aprobará el martes 29 de septiembre el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno. Antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores, el Gobierno prepara un nuevo decreto para proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

La negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda vuelve a centrar la conversación política mientras Sumar presiona al PSOE para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas que incluya la congelación de los alquileres y una moratoria antidesahucios. Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación en el Congreso, ha enviado sus propias propuestas al Gobierno que incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños tenedores. El partido de Yolanda Díaz se abre a aceptar estas medidas si sirve, explican, para que la iniciativa prospere "de forma urgente", pero esto podría alejar a otros socios como Podemos o ERC, que ya han mostrado su rechazo.

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, ha denunciado que en España se regula para "destruir" los centros de datos, en relación al proyecto de real decreto que el Gobierno está elaborando para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y so

España sabe construir vivienda. Ya lo hizo en el pasado y el sector privado conserva capacidad para volver a hacerlo. El problema es que hoy esa capacidad choca con la falta de suelo disponible, la burocracia, la inseguridad jurídica, la fiscalidad, las dificultades de financiación y la escasez de trabajadores. Por eso no basta con aprobar medidas concretas para cada situación, si una promoción necesita años de trámites, informes contradictorios y decisiones de varias administraciones que no se coordinan, el problema no es solamente urbanístico, es también institucional. Todo ello se aborda en el primer capítulo del serial 'La vivienda sí tiene solución'.

Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la polémica por el real decreto que prepara Moncloa para regular los centros de datos y que ha puesto al sector en pie de guerra por la fuga de inversiones que puede provocar. El presidente del Gobierno defiende la necesidad de establecer una regulación "proactiva" para la expansión de estas infraestructuras y advierte de que el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro "y con razón" tras el lanzamiento, por parte de su Ejecutivo en agosto, de una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio más restrictivo.

El socio minoritario del Gobierno ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para establecer un gravamen del 3% de carácter permanente sobre los patrimonios que superen los 50 millones de euros que contempla algunas exenciones en el impuesto, como el patrimonio histórico, obras de arte en depósito público, la vivienda habitual hasta 300.000 euros y el ajuar doméstico. El objetivo de Sumar es crear un fondo de protección a la infancia para combatir la pobreza infantil y una prestación universal para la crianza.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concederá subvenciones directas por un importe máximo global de 40,41 millones de euros destinados a financiar actuaciones de realojo, promoción de viviendas de alquiler asequible o social y edificación de viviendas protegidas, entre otros proyectos.Sigue a

El Observatorio del Alquiler ha advertido este jueves de "infracciones" en los anuncios de las viviendas en alquiler asequible de Casa47 y ha señalado que hay factores que ponen en cuestión diversos aspectos como la calificación energética, las instalaciones y suministros, gastos adicionales e inclu

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la resolución provisional de la segunda convocatoria de ayudas para la difusión, el fomento y la investigación de la arquitectura, dotada con 2,5 millones de euros.Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappEsta línea de subvenciones, impulsa

El real decreto que está preparando el Ejecutivo para regular el sector de los centros de datos en España ha desatado una oleada de críticas por parte de la patronal y algunas CCAA donde están proyectados algunos de los mayores desarrollos del país de cara a los próximos años, como Madrid, Aragón o Andalucía. La asociación sectorial SpainDC alerta de que el proyecto de real decreto genera inseguridad jurídica y podría poner en riesgo hasta el 90% de las inversiones que están previstas en los próximos años, que buscarían otros mercados europeos más laxos, como Portugal, Francia, Italia y Polonia; así como la creación de miles de puestos de trabajo. El plazo para presentar alegaciones al texto finaliza este viernes, 4 de septiembre.

La Comunidad de Madrid ha advertido que los planes del Gobierno para controlar el sector de los Centro de Procesamiento de Datos (CPD) "arrastrarán" al país y a las regiones a "una pérdida de competitividad" y no son "más que el resultado de una política energética fallida".Sigue a idealista/news en

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España finaliza este 31 de agosto, fecha en la que, según el calendario europeo, deben estar ejecutados los hitos y objetivos contemplados en el mismo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, compuesta por 800 millones de los 7.000 millones que contempla el plan durante toda su vigencia.Sigue a idealista/news en el canal d

El Real Decreto que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar a los jubilados seguir activos laboralmente sin perder completamente su pensión entra en vigor este viernes, 28 de agosto, según se estableció en el régimen de vigencia de la normativa cuando se publicó el pasad

El Gobierno ha lanzado a audiencia pública el proyecto de real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto y por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, tanto para los proyectos anunciados como los futuros. El plazo para presentar alegaciones al texto apenas durará nueve días, ya que expira el próximo 4 de septiembre.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado al relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, Koldo Casla, que el Gobierno trabaja para aprobar un real decreto en materia de vivienda que incluirá una prórroga de los contratos de alquile