Junta de andalucía

Luz verde para desbloquear La Azulejera, el proyecto que se postula como la gran expansión de Granada durante los próximos años. La Junta de Andalucía ha confirmado que ya ultima el proyecto básico de la primera parcela de este sector que, en su conjunto, alcanzará las 1.600 viviendas. Esta parcela, con capacidad para 92 casas, cuenta ya con la supervisión favorable de AVRA, así como con el estudio de detalle definitivo. El Gobierno andaluz también redobla su compromiso con el impulso a más de 624 nuevas viviendas entre Los Mondragones y Parque de Automovilismo, 431 de ellas asequibles. Ambos desarrollos también en la capital nazarí.

La Junta de Andalucía recurrirá la partida de 90 millones de euros que el Gobierno central destinará exclusivamente a las comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado. La consejera de Vivienda, Rocío Díaz, exige que el reparto atienda a criterios objetivos de necesidad habitacional y no al modelo regulatorio elegido por cada autonomía. Andalucía, que no ha topado los alquileres, quedaría excluida de estos fondos, al igual que la mayoría de comunidades gobernadas por el Partido Popular.

Luz verde a la transformación de una zona del Puerto de Sevilla en un nuevo barrio que acogerá 700 viviendas. La Junta de Andalucía ha aprobado los trámites para recalificar 165.698 m2 de la avenida de Las Razas (Sevilla) en un nuevo ámbito residencial. Esta transformación, situada en el corredor sur de la ciudad, sustituye el uso inicialmente previsto para actividades terciarias por un desarrollo de vivienda nueva.

En la antesala del 17M en Andalucía, unas elecciones autonómicas que tendrán su peso en el ámbito nacional, muchos son los temas que ponen sobre la mesa estos últimos días de campaña: empleo, salarios, inmigración, turismo o sanidad. Sin embargo, hay uno por encima del resto: el reconocido por los españoles como principal problema de la sociedad, la falta de vivienda. El PP, partido político que los sondeos sitúan como ganador de las elecciones, propone eliminar el impuesto de Sucesiones y Donaciones en vivienda entre hermanos, reducir el ITP por la compra de vivienda habitual y aprobar la segunda fase del Plan Vive que levantará 20.000 nievas VPO. El PSOE, por su parte, ha anunciado 100.000 nuevas viviendas públicas para las dos próximas legislaturas y aprobar una Ley Andaluza de Vivienda. VOX propone, entre otras cosas, liberalizar el suelo no protegido y un aumento de densidades, alturas y edificabilidades donde sea viable.

El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado que eliminará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en vivienda entre hermanos durante la próxima legislatura si es reinvestido como mandatario del Gobierno autonómico. Los populares andaluces pretenden bonificar el 99% de estas donaciones, medida que el Gobierno de Moreno ya ha implantado entre padres e hijos y que ahora quieren trasladar a viviendas entre hermanos.

El alquiler en Andalucía afronta uno de sus mayores cambios de los últimos años con la entrada en vigor de la Ley 5/2025 el próximo 24 de enero, que trae importantes novedades que afectan de lleno a propietarios, inquilinos y profesionales inmobiliarios. Por ejemplo, la norma suprime la obligación de ingresar la fianza de los arrendamientos de fincas urbanas. Hasta ahora, el procedimiento pasaba por la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) y el conocido Modelo 806, pero a partir de este mes será el propio arrendador quien conserve la fianza. La ley también apuesta por facilitar suelo, agilizar procedimientos y reforzar la colaboración público-privada para incrementar el parque residencial.

La deducción autonómica por alquiler de vivienda habitual en Andalucía dará un paso más a partir del 1 de enero de 2026. Los presupuestos de la Comunidad Autónoma, aprobados el pasado 18 de diciembre por el Parlamento andaluz, elevan el importe máximo que pueden desgravar determinados inquilinos en su declaración del IRPF correspondiente al ejercicio 2025, que se presentará en 2026. El límite máximo anual de la deducción se incrementa hasta los 1.200 euros con carácter general y hasta 1.500 euros cuando el contribuyente tenga la consideración legal de persona con discapacidad.

La Junta de Andalucía, a través del Programa de Fomento del Parque de Vivienda en Alquiler, ha anunciado la inversión de 37,6 millones de euros para la construcción de 1.496 viviendas de alquiler asequible que se ubicarán en las provincias de Cádiz, Córdoba, Málaga y Sevilla. Estas promociones tienen la condición de mantener el régimen de alquiler o cesión del uso durante al menos 20 años desde la fecha de la calificación definitiva, deberán tener un máximo de 90 m2 y contar con la calificación energética A, si quieren recibir las subvenciones anunciadas por el Gobierno andaluz.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de Ley de Vivienda que tendrá que recibir la luz verde del Parlamento en los próximos mese, con el que la región pretende incrementar la oferta de vivienda protegida en 40.000 unidades en los próximos cinco años, el doble de lo previsto inicialmente. La consejera de Vivienda de la Junta, Rocío Díaz, ha adelantado que los municipios ya han aportado más de 1,3 millones de m2 de suelo para desarrollar VPO y que se creará un portal digital donde los ayuntamientos podrán ofrecer terrenos para más proyectos.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno y, posteriormente, pasará al Parlamento andaluz, con el objetivo de que quede definitivamente aprobada antes de las elecciones, previstas para junio de 2026. Entre los objetivos de esta nueva legislación destacan: ampliar la oferta de viviendas protegidas, tanto en venta como en alquiler, y superar los obstáculos burocráticos y normativos que han lastrado el acceso a la vivienda en la región.

Andalucía alcanzará la plena autoromía financiera en 2026 y saldrá a los mercados a conseguir financiación, en vez de pedírsela al Estado. Así lo ha anunciado Carolina España, portavoz del Gobierno andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, un día después de que el Gobierno haya aprobado la quita de la deuda a las CCAA del régimen común de más de 83.200 millones de euros. Según España, la región ha pasado de pedir 4.000 millones al Gobierno en 2018 a 737 millones en 2025, mientras que no solicitará financiación el próximo año. "Andalucía es solvente y puede salir a los mercados", ha afirmado la portavoz regional.

La Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía va a sacar a subasta más de 30 inmuebles de titularidad pública que se encuentran en desuso, desaprovechados o que suponen un elevado coste debido a su mantenimiento. El objetivo del Gobierno regional es obtener unos ingresos extra a través de unos bienes patrimoniales que están distribuidos por las diferentes provincias de la comunidad. Esta será la sexta subasta de la Junta bajo la presidencia de Juanma Moreno, tras haber obtenido 138 millones de euros con el traspaso de 98 unidades, entre parcelas e inmuebles.

La Junta ha entregado el anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía al Consejo Económico y Social (CES), institución que analizará dicho documento antes de su tramitación parlamentaria. Sin embargo, en él se pueden apreciar dos cambios con respecto al borrador inicial. Se ha eliminado la posibilidad de vender una vivienda protegida (VPO) una vez hayan trascurridos 10 años desde su adjudicación, y el término ‘inquiocupación’ finalmente ha sido sustituido por “seguridad jurídica”.

El emblemático edificio del Banco de España de Granada, situado en el número 18 de la Gran Vía de Colón, inicia una nueva etapa tan valiosa como el oro que un día protegió en sus cámaras acorazadas. Tras casi un siglo de historia, el inmueble pasa de ser sede de la Fiscalía Superior de Andalucía a convertirse en eje estratégico para la mejora de infraestructuras judiciales, gracias al acuerdo alcanzado entre la Junta de Andalucía y la Diputación de Granada, quien ha pagado 9,2 millones de euros al Ejecutivo andaluz.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado la creación del “Grupo Titán”, un equipo adscrito al Cuerpo Nacional de Policía que vigilará e inspeccionará las viviendas turísticas clandestinas en la comunidad. Según Moreno, la medida responde a una demanda social y municipal para garantizar un modelo turístico más seguro, sostenible y de calidad. El Ejecutivo andaluz, que ha impugnado el Registro Único de Arrendamiento del Gobierno central, busca erradicar alojamientos ilegales mediante duras sanciones económicas a los propietarios.

Ya hay luz verde para la remodelación de La Rosaleda, estadio de fútbol del Málaga y futura sede de la de la Copa Mundial de la FIFA 2030, que organizará España junto a Portugal y Marruecos. Para llevar a cabo esta reforma, las tres entidades públicas, que son propietarias a partes iguales (Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Málaga y Ayuntamiento), han firmado un convenio de colaboración para invertir 270 millones de euros en los próximos cinco años (90,5 millones de euros cada una), con el objetivo de que esté listo para 2029, un año antes de la cita mundialista.

La Junta de Andalucía ha decidido recurrir ante los tribunales, como ya ha anunciado el Gobierno de Canarias, el Registro único de pisos turísticos impulsado por el Gobierno central, alegando "una invasión de competencias autonómicas y una falta de diálogo institucional". El Decreto Estatal de Registro Único de Arrendamientos y la creación de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración está en vigor desde el pasado 2 de enero, pero no será efectivo hasta el 1 de julio.

En septiembre del año pasado, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, solicitó a la Junta de Andalucía dar de baja 121 viviendas turísticas ubicadas en las Torres de Martiricos, ya que, según el edil, incumplen la normativa municipal. Algo más de siete meses después, el Registro de Turismo andaluz ha dado de baja, por el momento, 46 de estos apartamentos. Esta prohibición se debe a que el pasado 10 de junio de 2024 entró en vigor, con carácter retroactivo desde el 22 de febrero del mismo año, una normativa que insta a los nuevos inmuebles vacacionales a disponer de acceso y suministros independientes.

Las provincias de Sevilla y Málaga copan cerca de la mitad de los 34,2 millones de euros transferidos por el Gobierno central a Andalucía para hacer frente a la segunda convocatoria del Bono Alquiler Joven. La Junta de Andalucía cerró en menos de 24 horas la presentación de solicitudes a la segunda convocatoria de esta ayuda de 250 euros mensuales en los arrendamientos de jóvenes hasta los 35 años al alcanzar el tope de 8.500 peticiones el pasado 15 de febrero.

El consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, ha anunciado nuevas sanciones que oscilarán entre los 100.000 y los 600.000 euros para los que inscriban una nueva vivienda turística en aquellas zonas ya limitadas por las instituciones correspondientes. Además, aparte de ser catalogada como una infracción "muy grave", se impondrá una imposibilidad de una nueva alta para el mismo inmueble en el plazo de un año. Cabe destacar que el Ejecutivo autonómico ha retirado la licencia a 6.771 viviendas desde 2024. Del total, 2.397 se encontraban en Málaga, provincia con más inscripciones turísticas retiradas.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo decreto-ley en materia de vivienda enfocado en el objetivo que el propio presidente de la comunidad, Juanma Moreno, anunció: construir 20.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante los próximos cinco años. Para ello van a llevar a cabo una serie de medidas, como la posibilidad de construir viviendas protegidas en suelo terciarios, turísticos o incluso de oficinas. También van a limitar los precios de los inmuebles asequibles en grandes municipios y ampliar el rango salarial para optar a una VPO. Para lograr este objetivo de 20.000 viviendas se estima una financiación pública de 272,3 millones de euros.

La Junta de Andalucía ha aprobado una serie de incentivos fiscales para hacer frente a la despoblación en pequeñas poblaciones. Los residentes en aquellos municipios con menos de 3.000 habitantes tendrán ayudas económicas a la hora de comprar una vivienda, ya que el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITP/AJD) se ha reducido del del 8% al 3,5%, siempre y cuando el nuevo inmueble se destine como vivienda habitual y su precio de compra no supere los 150.000 euros. Esta medida beneficiará a un total de 426 municipios y también contempla ayudas económicas por hijos, las cuales han aumentado de 200 a 400 euros por menor.

La consejera de Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado que este mismo mes de febrero entrará en vigor un decreto de medidas urgentes para construir viviendas protegidas en suelos destinados a uso turístico o dotacional, aumentar la altura y la densidad de las nuevas construcciones que se destinen a viviendas protegidas, o el aumento del rango de edad para solicitar el Programa Garantía Vivienda Andalucía hasta los 40 años. Todas estas medidas tienen un objetivo claro: levantar 20.000 viviendas en los próximos cinco años.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado un “plan de choque” en materia de vivienda con “medidas urgentes que no pueden esperar”. Entre estas medidas destaca la construcción de 20.000 Viviendas de Protección Oficial (VPO) durante los próximos cinco años. Moreno también ha informado sobre el desarrollo de suelo residencial para la creación de 17,500 viviendas en colaboración público-privada, así como la rehabilitación de 3.000 pisos en barrios degradados, donde se construirán 4.250 nuevos alquileres sociales.

La Junta de Andalucía ha publicado oficialmente el calendario de días festivos para el año 2025 en la región.