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El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Real Decreto-ley para proteger a familias y empresas de los efectos del conflicto en Oriente Medio, que amplía hasta finales de año las medidas que caducaban este 30 de septiembre. En concreto, se establece una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo que bajará de forma progresiva en noviembre y diciembre, se limita la revisión de la TUR del gas natural y de la bombona de butano, y se prorrogan las ayudas al campo y a los transportistas profesionales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que las medidas que llevan en marcha desde marzo "han amortiguado en un 50% el impacto de la guerra" y ha insistido en que la presión sobre los precios de la energía no aflojará en lo que queda de 2026.

El Consejo de Ministros aprobará el martes 29 de septiembre el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno. Antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores, el Gobierno prepara un nuevo decreto para proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

La negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda vuelve a centrar la conversación política mientras Sumar presiona al PSOE para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas que incluya la congelación de los alquileres y una moratoria antidesahucios. Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación en el Congreso, ha enviado sus propias propuestas al Gobierno que incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños tenedores. El partido de Yolanda Díaz se abre a aceptar estas medidas si sirve, explican, para que la iniciativa prospere "de forma urgente", pero esto podría alejar a otros socios como Podemos o ERC, que ya han mostrado su rechazo.

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, ha denunciado que en España se regula para "destruir" los centros de datos, en relación al proyecto de real decreto que el Gobierno está elaborando para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y so

España sabe construir vivienda. Ya lo hizo en el pasado y el sector privado conserva capacidad para volver a hacerlo. El problema es que hoy esa capacidad choca con la falta de suelo disponible, la burocracia, la inseguridad jurídica, la fiscalidad, las dificultades de financiación y la escasez de trabajadores. Por eso no basta con aprobar medidas concretas para cada situación, si una promoción necesita años de trámites, informes contradictorios y decisiones de varias administraciones que no se coordinan, el problema no es solamente urbanístico, es también institucional. Todo ello se aborda en el primer capítulo del serial 'La vivienda sí tiene solución'.

Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la polémica por el real decreto que prepara Moncloa para regular los centros de datos y que ha puesto al sector en pie de guerra por la fuga de inversiones que puede provocar. El presidente del Gobierno defiende la necesidad de establecer una regulación "proactiva" para la expansión de estas infraestructuras y advierte de que el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro "y con razón" tras el lanzamiento, por parte de su Ejecutivo en agosto, de una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio más restrictivo.

El socio minoritario del Gobierno ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para establecer un gravamen del 3% de carácter permanente sobre los patrimonios que superen los 50 millones de euros que contempla algunas exenciones en el impuesto, como el patrimonio histórico, obras de arte en depósito público, la vivienda habitual hasta 300.000 euros y el ajuar doméstico. El objetivo de Sumar es crear un fondo de protección a la infancia para combatir la pobreza infantil y una prestación universal para la crianza.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concederá subvenciones directas por un importe máximo global de 40,41 millones de euros destinados a financiar actuaciones de realojo, promoción de viviendas de alquiler asequible o social y edificación de viviendas protegidas, entre otros proyectos.Sigue a

El Observatorio del Alquiler ha advertido este jueves de "infracciones" en los anuncios de las viviendas en alquiler asequible de Casa47 y ha señalado que hay factores que ponen en cuestión diversos aspectos como la calificación energética, las instalaciones y suministros, gastos adicionales e inclu

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha publicado la resolución provisional de la segunda convocatoria de ayudas para la difusión, el fomento y la investigación de la arquitectura, dotada con 2,5 millones de euros.Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappEsta línea de subvenciones, impulsa

El real decreto que está preparando el Ejecutivo para regular el sector de los centros de datos en España ha desatado una oleada de críticas por parte de la patronal y algunas CCAA donde están proyectados algunos de los mayores desarrollos del país de cara a los próximos años, como Madrid, Aragón o Andalucía. La asociación sectorial SpainDC alerta de que el proyecto de real decreto genera inseguridad jurídica y podría poner en riesgo hasta el 90% de las inversiones que están previstas en los próximos años, que buscarían otros mercados europeos más laxos, como Portugal, Francia, Italia y Polonia; así como la creación de miles de puestos de trabajo. El plazo para presentar alegaciones al texto finaliza este viernes, 4 de septiembre.

La Comunidad de Madrid ha advertido que los planes del Gobierno para controlar el sector de los Centro de Procesamiento de Datos (CPD) "arrastrarán" al país y a las regiones a "una pérdida de competitividad" y no son "más que el resultado de una política energética fallida".Sigue a idealista/news en

El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España finaliza este 31 de agosto, fecha en la que, según el calendario europeo, deben estar ejecutados los hitos y objetivos contemplados en el mismo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ya ha completado la transferencia de la primera anualidad del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 a las comunidades autónomas, compuesta por 800 millones de los 7.000 millones que contempla el plan durante toda su vigencia.Sigue a idealista/news en el canal d

El Real Decreto que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar a los jubilados seguir activos laboralmente sin perder completamente su pensión entra en vigor este viernes, 28 de agosto, según se estableció en el régimen de vigencia de la normativa cuando se publicó el pasad

El Gobierno ha lanzado a audiencia pública el proyecto de real decreto que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 25 de agosto y por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, tanto para los proyectos anunciados como los futuros. El plazo para presentar alegaciones al texto apenas durará nueve días, ya que expira el próximo 4 de septiembre.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado al relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, Koldo Casla, que el Gobierno trabaja para aprobar un real decreto en materia de vivienda que incluirá una prórroga de los contratos de alquile

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de real decreto para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los 'data centers', un texto que se abrirá ahora a audiencia pública. Según el Ejecutivo, el objetivo de la normativa es poner orden al boom de proyectos de centros de datos que se están anunciando, garantizando los mejores estándares para garantizar la seguridad jurídica y atraer inversiones. Entre las exigencias a cumplir está que al menos el 80% del consumo energético proceda de fuentes renovables o que tanto el centro como el control de los datos correspondan a entidades sujetas al derecho de la UE.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha valorado la última propuesta del Gobierno para la reforma del sistema de financiación autonómica, advirtiendo de que conlleva un "fuerte trasvase de recursos" desde la Administración Central, que podría dejar al Estado en una situación "precar

Reintroducir medidas que ya han sido rechazadas por el Congreso a través de un nuevo decreto ley, como el Gobierno pretende hacer a la vuelta del verano con la prórroga de los alquileres, plantea serias dudas constitucionales. El artículo 86.1 CE reserva esta figura para urgencias excepcionales, no para mantener normas que no superaron el control parlamentario. Además, la sucesión de reformas urgentes agrava la inseguridad jurídica y, lejos de ampliar la oferta de alquiler, incentiva a los propietarios a abandonar ese mercado.

El Consejo de Ministros ha rechazado los requerimientos de incompetencia formulados por la Junta de Andalucía y de Extremadura en relación con el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.Sigue a idealista/news en el canal de WhatsappAmbas comunidades alegaron que el contenido del Real Decreto 326/2026, de

El ministro de Consumo indicó que el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno pasa por aprobar antes de que finalice este mes un decreto ley que incluirá algunas de las medidas que el Ejecutivo considera "fundamentales" para responder a la situación de la vivienda. Entre ellas, citó la regulación de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones utilizados de forma fraudulenta, así como una fiscalidad "disuasoria" para las viviendas de uso turístico -elevar el IVA al 21%-, al considerar que están reduciendo la oferta disponible en el mercado del alquiler.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha avisado este lunes que su partido sólo apoyará el decreto ley que el Gobierno pretende aprobar en materia de vivienda este verano si recupera la suspensión de desahucios a personas vulnerables y no incluye beneficios fiscales para los propietarios de vivienda, una de las principales peticiones de Junts para apoyar esta normativa que luego tendrá que ir al Pleno del Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el proceso de participación pública del borrador de la 'Agenda Metropolitana', una herramienta para reforzar la coordinación de las políticas públicas y fomentar la cohesión territorial en aquellas áreas en las que la realidad funcional sobrepasa