Real decreto

La entrada en vigor el pasado 7 de octubre del Real Decreto-ley 29/2026 limita la compra de vivienda a fondos de inversión y grandes tenedores por un precio inferior al 70% del valor de tasación de mercado. A falta de que esta iniciativa se convalide en la Diputación Permanente ya está paralizando las compraventas de vivienda, según confirman los notarios. A las dudas por la letra pequeña del texto y al temor por el alcance de las medidas que contiene, se suma ahora un nuevo embudo para la adquisición de viviendas: la necesidad de contar con una tasación para cumplir con requisitos más restrictivos. "Había ventas programadas para formalizarse y se han paralizado", señala a idealista/news el notario Juan José de Palacio.

Hasta ahora, las conocidas como ‘viviendas suntuarias’ -aquellas cuya superficie supera los 300 m2 o el precio del alquiler excede en 5,5 veces el salario mínimo interprofesional (SMI)- estaban exentas de la aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos y se regían prioritariamente por la voluntad de las partes, dado que las personas que acuden a estos activos son de un alto poder adquisitivo y no necesitan el amparo de las instituciones. Sin embargo, los nuevos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno han eliminado esta excepción, por lo que este tipo de casas también tendrán que cumplir con la limitación de la actualización de la renta o la moratoria antidesahucios, entre otras medidas. Los abogados expertos José Ramón Zurdo y Thomás de Carranza nos dan las claves de cómo cambia la legislación de estas viviendas suntuarias con esta nueva normativa.

El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha defendido las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia de vivienda que buscan compaginar "una cierta protección de los inquilinos sin afectar a la oferta", ante las advertencias del sector sobre la retirada de viviendas del mercado del alquiler. No obstante, ha insistido en que hay que analizar qué está ocurriendo con los anuncios retirados, aunque cree que el paso de viviendas de alquiler a la venta no tiene por qué ser negativo, ya que una mayor oferta puede facilitar el acceso a la propiedad a quien actualmente solo puede alquilar, lo que contribuirá a que se liberen pisos para el arrendamiento.

Los dos nuevos reales decretos en materia de vivienda que ha vuelto a aprobar el Gobierno tras la negativa del Congreso han generado cierto “miedo” entre las inmobiliarias del país, que han constatado que algunos propietarios han decidido “detener” ciertas operaciones hasta que la situación “se calme”, según han asegurado varios expertos de estas compañías, entre ellos Jesús Duque (Alfa Inmobiliaria), que ha explicado que ya les han cancelado visitas, y Javier Íscar (OESA), que ve “impensable” que alguien quiera poner un piso en alquiler en los próximos dos meses.

El decreto principal de vivienda, el que tiene más visos de ser convalidado en la Diputación Permanente tras la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, ha entrado en vigor este jueves, 8 de octubre, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La norma paraliza hasta el 31 de diciembre de 2030 los lanzamientos contra personas vulnerables cuando las partes demandantes sean fondos o entidades dedicadas a la compra masiva de créditos impagados o inmuebles por debajo del valor de mercado.

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos nuevos reales decretos sobre vivienda similares a los que el Congreso tumbó el viernes pasado. Lo ha hecho con algunas modificaciones para sortear un posible "fraude de ley" y con la vista puesta en que, una vez que las Cortes se han disuelto por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre, estos sean convalidados por la Diputación Permanente, donde Moncloa cuenta con una mayoría más favorable. Entre los cambios introducidos más destacados, el presidente Pedro Sánchez ha anunciado un mecanismo bautizado como 'Tu Casa', que estará dotado con 10.000 millones de euros para otorgar préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para comprar primera vivienda.

El Gobierno prevé aprobar a lo largo de octubre el nuevo real decreto para regular los centros de datos en España, que va orientado a ordenar el despliegue de estas infraestructuras sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para la electrificación del resto de la economía. Según el texto sometido a audiencia pública a finales de agosto, el Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo con energía renovable. La patronal del sector, Spain DC, avisa de que están en juego 9.000 millones de euros en futuras inversiones y que las nuevas exigencias también ponen en peligro muchos proyectos que ya están sobre la mesa.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha pedido a Junts que "se muevan a una abstención" en la votación del decreto ley con medidas en ámbito de vivienda que se votará este viernes en el Congreso para así permitir su convalidación. En concreto, la ministra ha insistido en la idea que ya ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que las votaciones de este viernes suponen "la hora de la verdad para todos" y toca elegir si se está "con la gente o con los buitres".

La Ejecutiva de Junts per Catalunya ha decidido rechazar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará este viernes al Congreso de los Diputados y ha pedido su retirada, además de solicitar un nuevo texto que "comience a revertir la grave situación de la vivienda”. El Gobierno ha rechazado la propuesta de Junts y según fuentes del Ejecutivo "ha llegado la hora de que PP, Vox y Junts se retraten y demuestren si, en materia de vivienda, están con la ciudadanía o con los especuladores".

Llega el 'Día D' para los dos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno esta semana. Este viernes, 2 de octubre, ambos textos se votarán en un Pleno extraordinario en el Congreso pero tras confirmar Junts que votará en contra de ambos todo apunta a que serán derogados. Junts que ha exigido su retirada y elaborar de inmediato un nuevo texto que revierta la grave situación de la vivienda. Por su parte, PNV votará a favor del primer decreto que contiene numerosas medidas contra los pequeños propietarios que están pendientes del resultado de la votación parlamentaria. De ello depende la prórroga forzosa de dos años, el tope a las subidas de precio por debajo de la inflación, la suspensión de los desahucios, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, o el endurecimiento de la fiscalidad para la segunda residencias.

Horas antes de que arrecie la tormenta en el Congreso durante el debate por la convalidación de los dos reales decreto de vivienda que el Gobierno aprobó el martes, la VIII Jornada del Observatorio Español del Seguro de Alquiler (OESA) reunió a los portavoces parlamentarios de PSOE y PP en esta materia, Ignasi Conesa y Miguel Ángel Sastre, respectivamente; y al director de Asprima, Jorge Ginés, para confrontar sus diferentes modelos frente a la crisis habitacional. El representante socialista defendió los topes de precio frente a las críticas de su homólogo popular a estas medidas "intervencionistas". El representante de las promotoras, por su parte, fue el más tajante: "Los decretos van a expulsar a los más vulnerables".

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos reales decretos sobre vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de casas por 'fondos buitre' hasta el 2028 o la prórroga automática de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. También se vuelve a establecer un tope del 2% a la subida de las rentas de los arrendamientos, se aplica un IVA del 10% al negocio de los pisos turísticos o se dan ayudas para la compra de primera vivienda. Los decretos se llevarán al Congreso de los Diputados el próximo viernes 2 de octubre.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la polémica por el real decreto que prepara Moncloa para regular los centros de datos y que ha puesto al sector en pie de guerra por la fuga de inversiones que puede provocar. El presidente del Gobierno defiende la necesidad de establecer una regulación "proactiva" para la expansión de estas infraestructuras y advierte de que el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro "y con razón" tras el lanzamiento, por parte de su Ejecutivo en agosto, de una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio más restrictivo.

El real decreto que el Gobierno prepara para regular los centros de datos en España ha puesto en pie de guerra al sector. SpainDC, la patronal de estas empresas, ha alertado de que hay en juego 9.000 millones de euros en inversiones para centros de datos en España, tras el aviso de que tres empresas internacionales que estudiaban proyectos para estas infraestructuras los frenarán si sale adelante la iniciativa propuesta por el Ejecutivo. El Ministerio de Transición Ecológica defiende, a su vez, hacer una criba para "escoger las mejores" instalaciones de este tipo.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana concederá subvenciones directas por un importe máximo global de 40,41 millones de euros destinados a financiar actuaciones de realojo, promoción de viviendas de alquiler asequible o social y edificación de viviendas protegidas, entre otros proyectos.Sigue a

El real decreto que está preparando el Ejecutivo para regular el sector de los centros de datos en España ha desatado una oleada de críticas por parte de la patronal y algunas CCAA donde están proyectados algunos de los mayores desarrollos del país de cara a los próximos años, como Madrid, Aragón o Andalucía. La asociación sectorial SpainDC alerta de que el proyecto de real decreto genera inseguridad jurídica y podría poner en riesgo hasta el 90% de las inversiones que están previstas en los próximos años, que buscarían otros mercados europeos más laxos, como Portugal, Francia, Italia y Polonia; así como la creación de miles de puestos de trabajo. El plazo para presentar alegaciones al texto finaliza este viernes, 4 de septiembre.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado durante una entrevista en la cadena SER que el Gobierno sigue trabajando con los grupos parlamentarios en el Real Decreto-ley de vivienda cuya aprobación en Consejo de Ministros estaba prevista para antes del verano y que se retrasó a septiembre ante la falta de apoyos parlamentarios. Sánchez ha remarcado que existen discrepancias con algunos elementos que está proponiendo el Gobierno, sobre todo con Junts y con los partidos a la izquierda del PSOE (como Sumar o Podemos). "Lo que pediría a los grupos parlamentarios es que hagamos un ejercicio de responsabilidad máxima", ha remarcado.

El Real Decreto que reforma el régimen jurídico de la jubilación flexible para facilitar a los jubilados seguir activos laboralmente sin perder completamente su pensión entra en vigor este viernes, 28 de agosto, según se estableció en el régimen de vigencia de la normativa cuando se publicó el pasad

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha avanzado al relator especial sobre el derecho a una vivienda adecuada de la ONU, Koldo Casla, que el Gobierno trabaja para aprobar un real decreto en materia de vivienda que incluirá una prórroga de los contratos de alquile

El Gobierno prepara un nuevo Real Decreto-ley de Vivienda que introduce una profunda reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y modifica algunas de las principales reglas que rigen el mercado del alquiler. Aunque el texto todavía se encuentra en fase de borrador y podría sufrir cambios antes de su aprobación definitiva, varias de sus medidas ya han generado un intenso debate por el impacto que podrían tener tanto para propietarios como para inquilinos. Desde el alquiler de habitaciones hasta los desahucios, pasando por las reparaciones de la vivienda o la venta de inmuebles arrendados, estas son algunas de las propuestas más controvertidas del nuevo decreto.

El temor a una nueva derrota parlamentaria ha llevado al Gobierno a renunciar a aprobar este martes el real decreto de vivienda con el que tenía previsto, entre otras medidas, congelar los alquileres durante los próximos dos años. El rechazo tajante de Junts a varios puntos de la iniciativa y el de Podemos a los beneficios fiscales que incluía el borrador de la norma, al que ha podido acceder idealista/news, han acabado forzando al Ejecutivo a dar marcha atrás hasta después del verano.

Junts advierte al Gobierno de que no apoyará el real decreto de vivienda si no incluye sus propuestas de bonificaciones fiscales a los caseros y medidas antiokupación. El Consejo de Ministros aprobará el 28 de julio una prórroga de los alquileres hasta 2028, pero su convalidación en el Congreso, un mes después, no está asegurada porque divide a los socios del Ejecutivo de coalición. Podemos rechaza a su vez el texto porque denuncia que "esconde una reforma de la ley del suelo" mientras que el PNV pide acotar la moratoria a inquilinos que estén al corriente de pago durante al menos doce meses.

PSOE y Sumar incluirán una prórroga de los alquileres hasta 2028 y medidas antidesahucios en el decreto de vivienda que esperan aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes del verano. Por ahora, ambos partidos no han avanzado las bonificaciones fiscales a los caseros que prometieron añadir a la iniciativa para atraer el voto de Junts, que votó en contra de la medida en el Congreso. El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones.

El ministro de Consumo indicó que el acuerdo alcanzado en el seno del Gobierno pasa por aprobar antes de que finalice este mes un decreto ley que incluirá algunas de las medidas que el Ejecutivo considera "fundamentales" para responder a la situación de la vivienda. Entre ellas, citó la regulación de los contratos de alquiler temporal y de habitaciones utilizados de forma fraudulenta, así como una fiscalidad "disuasoria" para las viviendas de uso turístico -elevar el IVA al 21%-, al considerar que están reduciendo la oferta disponible en el mercado del alquiler.