Subida de impuestos

Entre la batería de medidas incluidas en el decreto de vivienda de este 30 de septiembre, se establece un paquete en materia fiscal que incluye subidas del impuesto del IBI sobre las viviendas vacías y segundas residencias, aplicación del IVA para los pisos turísticos y reducciones por rehabilitación de pisos para alquiler, además de bonificaciones en el IRPF tanto para propietarios como para inquilinos de viviendas de alquiler habitual. La mayoría de ellas solo funcionarán si la vivienda se encuentra en una zona de mercado tensionado.

Sumar, Esquerra Republicana (ERC) y EH Bildu han registrado una propuesta en el Congreso con la que piden desarrollar ayudas que puedan cubrir hasta el 100% del coste de la adaptación y rehabilitación energética de viviendas y edificios públicos, para garantizar que todos los hogares cuenten con un sistema de refrigeración o aire acondicionado. Dentro de esta batería de medidas para hacer frente a la emergencia climática, piden establecer nuevas tasas medioambientales a empresas entre las que han 'colado' un suelo impositivo del 2% anual al patrimonio neto de las personas con una riqueza superior a los 100 millones de euros.

Los técnicos del Ministerio de Hacienda han planteado medidas como aumentar el impuesto especial del gasóleo, aplicar el IVA a los pisos turísticos o introducir un nuevo tipo en el Impuesto de Sociedades para las socimis para cumplir el compromiso con la Comisión Europea de reducir este año el importe de los beneficios fiscales en una décima de PIB, unos 1.675 millones de euros. Sin embargo, descartan que la subida de impuestos a pisos turísticos y socimis pueda entrar en vigor este año. Con el calendario parlamentario tan avanzado, ambas iniciativas se aplicarían en el mejor de los casos a partir de 2026.

España es uno de los protagonistas indiscutibles del último informe que han publicado el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y la Tax Foundation, que pone sobre la mesa la excesiva tributación a la que están sometidas las empresas domésticas, la tendencia al alza de la presión fiscal y el impacto que tiene todo ello en la inversión o el empleo. El documento afirma que es el segundo país de la UE que más ha subido los impuestos al tejido productivo desde 2013 y que el peso de los tributos a las empresas es uno de los más altos en la recaudación total y sobre el PIB. Los 'think tanks' piden a los poderes públicos revisar el sistema actual y fomentar un modelo más competitivo y eficiente.

El pasado 27 de junio entraron en vigor en Cataluña los cambios en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que no solo elevan hasta el 20% el tipo que deben asumir los grandes tenedores de viviendas, sino que también afectan a las transacciones que lleven a cabo los particulares en las operaciones de más de 600.000 euros. En su caso, los nuevos tipos están entre el 11% y el 13% y son progresivos. Actualmente un 19,2% de la oferta disponible en idealista rebasa ese importe, mientras que en la provincia de Girona alcanza el 27% y en la ciudad de Barcelona se dispara hasta el 35%.

Este 27 de junio entra en vigor la subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en Cataluña al 20% para las operaciones inmobiliarias que protagonicen los grandes propietarios y para las adquisiciones de edificios residenciales completos, frente al 10% que se aplicaba hasta ahora. Los expertos llevan meses alertando del impacto de este incremento fiscal para la inversión y para el desarrollo de más oferta residencial. Mientras el Parlamento regional estudia una modificación en la normativa para aclarar algunos puntos confusos del texto inicial, el sector pide aprovechar la ocasión para incluir cambios que permitan impulsar la vivienda asequible.

El Ministerio de Hacienda está preparando la orden ministerial para que la banca pague lo que corresponde del gravamen temporal al sector por el ejercicio de 2024, según han informado fuentes del departamento a Europa Press.Las mismas fuentes aseguran que "no hay un vacío legal" y que las entidades

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este 13 de mayo una proposición no de ley presentada por Sumar para crear un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo; en concreto, los vuelos en jets privados y viajes en yates. El grupo plurinacional ya intentó introducir la tasa vía enmienda en la ley del impuesto del 15% a las empresas multinacionales, pero no lo consiguió. El objetivo de la iniciativa es disminuir el impacto ambiental que provoca su uso "abusivo". Según el partido, este tipo de transporte es el "más desigual, más injusto y contaminante".

El Govern catalán ha aprobado una subida del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para las compraventas de inmuebles de más de 600.000 euros, ha elevado el tipo que pagan los grandes tenedores hasta el 20% y ha eliminado las bonificaciones fiscales para las empresas inmobiliarias. Consultoras, abogados y profesionales inmobiliarios creen que estas medidas desincentivarán la inversión inmobiliaria en la región y ralentizarán las compraventas de edificios, sobre todo los que son rehabilitados para después vender o alquilar los pisos, lo que impedirá que haya más oferta y presionará más los precios. También creen que el interés de los inversores se trasladará hacia mercados como Madrid o Málaga.

El Gobierno francés estudia rescatar la idea del anterior Ejecutivo, liderado por Michel Barnier, de imponer una tasa a las grandes fortunas, dejando al margen a las empresas, para incrementar la contribución de los altos patrimonios al nuevo contexto geopolítico que implica aumentar el gasto en defensa. El ministro de Finanzas francés, Eric Lombard, ha afirmado en una entrevista que la propuesta le parece "interesante" y se ha mostrado partidario de establecer un gravamen permanente para las personas físicas más ricas.

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno y que finalmente introduce un impuesto a la banca, pero no a las energéticas. También se han quedado fuera las propuestas del PP aprobadas en el Senado dirigidas a los jóvenes, como las exenciones en el IRPF o que la recaudación del impuesto a la banca se destinara a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado.

El Consejo General de Economistas se suma a las críticas sobre la forma en la que el Gobierno ha tramitado la última reforma fiscal, basada en introducir múltiples medidas tributarias a través de enmiendas a leyes, como se acaba de hacer con el nuevo impuesto a la banca dentro de la futura ley del impuesto complementario mínimo para las multinacionales. Según el presidente del CGE, Valentín Pich, esta vía resulta "absolutamente cuestionable en términos de técnica legislativa y calidad democrática" y es necesario que las modificaciones tributarias respeten el principio de seguridad jurídica y no perjudiquen las expectativas legítimas de los contribuyentes.

El Instituto de Estudios Económicos alza la voz para denunciar la pérdida de competitividad fiscal continuada de España. Una tendencia que tiene detrás a unas "subidas de impuestos en exceso" y a la falta de una reforma estructural que priorice la eficiencia del gasto público, tal y como pide la Comisión Europea. Según el 'think tank' de la CEOE, España ocupa una de las peores posiciones en la nueva edición del Índice de Competitividad Fiscal de la Tax Foundation. En concreto, se sitúa en el puesto 33 sobre 38 países analizados, tras perder dos posiciones en un año y 10 desde la pandemia.

La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España. ACI subraya que las socimis representan un porcentaje mínimo del total de viviendas en alquiler en España, por lo que cree que esta medida tendría un impacto "insignificante" en el aumento de la oferta de viviendas, y y agravaría los problemas que ya existen en el mercado, además de un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos.

El sector inmobiliario estalla contra la última iniciativa de los socios de Gobierno: eliminar el régimen especial de las socimi para acabar con los incentivos fiscales de los que gozan y que, según PSOE y Sumar, no han impulsado la oferta de viviendas en España. Todo el sector inmobiliario y financiero alza la voz para reivindicar que no todo el mercado apuesta por el negocio residencial y que tal medida ya ha provocado, de hecho, una caída de las valoraciones de Merlin y Colonial, y solo sería un aviso de lo que podría venir si finalmente saliera adelante la medida. Tienen la esperanza de que el Congreso en contra de la supresión de un régimen asentado que está ayudando a profesionalizar el 'real estate' en España. La votación está prevista para el próximo lunes, 18 de noviembre.

PSOE y Sumar han alcanzado un acuerdo sobre la ley del impuesto a multinacionales, cuyo debate estaba previsto para este 11 de noviembre en el Congreso. Ambos partidos se han comprometido a incluir enmiendas que contemplan gravar los beneficios de la banca, incrementar el IVA en los apartamentos turísticos y aplicar un impuesto de lujo a bienes como yates, jets privados y vehículos de alta gama, así como elevar en dos puntos el IRPF de las rentas de capital que superen los 300.000 euros anuales. En el acuerdo no hay mención expresa a la continuidad del gravamen que se ha venido aplicando a las energéticas.

El Grupo Socialista ha presentado varias enmiendas al proyecto de ley para crear un impuesto mínimo global del 15% a las grandes multinacionales que incluyen cambios fiscales. Entre ellos, transformar el actual tributo a los beneficios extraordinarios de los bancos, la puesta en marcha de un gravamen a los vapeadores, endurecer la fiscalidad del tabaco, subir la tributación de las rentas del capital o gravar el IVA a plataformas de alquiler turístico como Airbnb. El impuesto a las energéticas, no obstante, dejará de aplicarse a finales de año, pese a la oposición de Sumar, Bildu y ERC.

El Gobierno de Nueva Zelanda ha anunciado una subida de su tasa turística, denominada Impuesto Internacional para la Conservación y el Turismo para Visitantes (IVL), a partir del 1 de octubre, cuando alcanzará los 100 dólares neozelandeses (56 euros). Esta imposición se introdujo en 2019 con el objetivo de cubrir los costes de protección ambiental en todo el país y ahora se triplicará, después de que un 93% de los participantes de una consulta pública hayan apoyado la iniciativa. Según el ministro de Turismo neozelandés, Matt Doocey, la nueva tasa sigue siendo competitiva y representa menos del 3% del gasto medio de los visitantes internacionales.

El impuesto a las grandes fortunas será una realidad en todo el País Vasco. Este 4 de diciembre, Elkarrekin Podemos, el PNV y el PSE-EE, partidos que gobiernan las tres diputaciones vascas, han cerrado un acuerdo que garantiza "la aplicación efectiva" el Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas en los tres territorios vascos y lo harán en unos "términos más exigentes" de lo que se había planteado inicialmente. El acuerdo llega después de que el Tribunal Constitucional haya avalado el impuesto, tras tumbar los recursos de Madrid, Andalucía y Galicia.

El Consejo de Gobierno de la Diputación de Guipúzcoa ha aprobado el proyecto de norma foral del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas. El siguiente paso es la aprobación de esta figura en las juntas generales y que se tramite por el procedimiento de urgencia, con el objetivo de que entre en vigor este mismo año. A principios de octubre, las tres haciendas vascas publicaron el anteproyecto para introducir este gravamen, cuyos tipos se esperan más laxos que los del régimen común.

Como cada año, la Dirección General del Catastro ha anunciado qué localidades van a sufrir una modificación de los valores catastrales de los inmuebles a partir del próximo 1 de enero. Varias localidades de provincias como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Almería, Burgos o Salamanca van a sufrir una revisión de todos los inmuebles urbanos, lo que supondrá casi 100.000 modificaciones, mientras que otros municipios de Valencia, Cantabria, Oviedo o Ciudad Real registrarán cambios parciales, sobre inmuebles concretos. Repasamos de la mano de la consultora EuroFunding dónde habrá cambios y qué supondrán a nivel de impuestos.

La Comisión Europea ha registrado una Iniciativa Ciudadana Europea para gravar a los más ricos de la Unión Europea, cuyos impulsores piden establecer un impuesto comunitario sobre las grandes fortunas cuya recaudación serviría para financiar la transición ecológica y social; es decir, luchar contra el cambio climático y la desigualdad, y garantizar que los ciudadanos europeos contribuyan a estos objetivos. Ahora los organizadores deben recoger firmas para sacar adelante la propuesta y obligar al Ejecutivo comunitario a tomar medidas al respecto.

EH Bildu defenderá esta semana en el Pleno del Congreso una iniciativa instando al Gobierno a ampliar la carga impositiva de los gravámenes extraordinarios a la banca y energéticas, aprobados a final del año pasado junto con el impuesto a las grandes fortunas.

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha presentado un informe junto a varios catedráticos de Derecho Tributario y Hacienda Pública en el que se desgranan los motivos para considerar que el nuevo impuesto a las grandes fortunas que entró en vigor en 2022 tiene visos de ser inconstitucional. Por ejemplo, que se ha empezado a aplicar con efectos retroactivos, que da un tratamiento diferente a patrimonios nacionales y extranjeros, y porque limita las competencias autonómicas en materia fiscal. Además, temen que este tributo se prorrogue en el tiempo, lastrando la recaudación y las nuevas inversiones de los grandes patrimonios. “La deslocalización está asegurada”, sentencian desde el ‘think tank’ de la CEOE.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sostiene que el impuesto a las grandes fortunas es "un freno a la inversión", que ya únicamente con su debate está afectando a la llegada de capital a regiones como Madrid o Andalucía. Durante su intervención en el XXIX Encuentro del Secto