Tribunal Supremo

Uno de los métodos de comprobación de valores más habitualmente utilizados por la Administración es el de “tasación hipotecaria”. Mediante dicho método, se impone al contribuyente la obligación de tributar en el ITP o en el de Sucesiones y Donaciones (ISyD), por el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de la hipoteca. Y se considera dicho valor de tasación como el valor real del inmueble. Se trata de un método rechazado por varios tribunales y ahora el Supremo tiene sobre la mesa pronunciarse al respecto.

Recientemente el Tribunal Supremo ha declarado nulas de pleno derecho las liquidaciones firmes del impuesto de plusvalía municipal cuando se vendió un inmueble a pérdidas. Para José María Salcedo, socio de Salcedo Tax Litigation, no estamos ante un pronunciamiento sorpresivo. De hecho, idealista/news ya anunció esta posibilidad de revisión en noviembre de 2022, antes incluso de que se dictase por el Juzgado de lo Contencioso número 3 de Valencia la sentencia a la que el Tribunal Supremo, finalmente, ha dado su “fumata blanca”. El experto explica que sólo son susceptibles de revisión las liquidaciones firmes frente a las que no se interpuso recurso alguno o que, si se hizo, fuera desestimado.

El Tribunal Supremo ha fijado que se puede obtener la devolución de la plusvalía municipal cuando se vendió o transmitió un inmueble a pérdidas, y esto a pesar de que la liquidación sea firme. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que estas liquidaciones se consideran nulas de pleno derecho y, por tanto, se puede pedir su revisión, incluso aunque estén prescritas. Así, se puede pedir ahora la revisión de liquidaciones firmes de 2014, 2015 y 2016 en adelante.

En ocasiones hay ciudadanos con deudas con Hacienda que, para evitar que el fisco se quede con su patrimonio, hacen donaciones en favor de sus hijos. Ante la imposibilidad de Hacienda de exigir la deuda a los hijos menores de edad, ahora ha puesto el foco en los padres, que son los que aceptan en nombre de sus hijos este tipo de donaciones. Cada vez hay más sentencias que exigen el consentimiento de ambos cónyuges en las donaciones, sobre todo, de la vivienda habitual.

El Tribunal Supremo vuelve a inclinar la balanza a favor de los consumidores en un caso de cláusulas abusivas de las hipotecas. En concreto, ha determinado la nulidad de una cláusula suelo y una cláusula techo de un préstamo firmado en 2008, a pesar de que años más tarde banco y cliente llegaron a un acuerdo para eliminar dichas cláusulas a cambio de que el consumidor no reclamara. Pero el Alto Tribunal considera que tal pacto no fue fruto de un consentimiento “libre e informado”, por lo que condena a la entidad a devolver casi 1.800 euros al afectado, más los correspondientes intereses legales.

El Ayuntamiento de Madrid lleva al Estado a los tribunales para reclamarle una indemnización de 713 millones de euros por los daños ocasionados por los pronunciamientos judiciales y lo que califica como la "inactividad" del Ejecutivo central tras las sucesivas sentencias del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, impuesto que no pueden cobrar los ayuntamientos. A finales de diciembre, la Junta de Gobierno municipal aprobó interponer un recurso contencioso-administrativo directamente ante el Tribunal Supremo para reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado.

La Sala Civil del Tribunal Supremo ha condenado a la comunidad de propietarios de un edificio de Getxo (Vizcaya) a pagar los 11.209 euros que supuso el coste de la reparación de la tela asfáltica de aislamiento de la cubierta del edificio, que estaba originando filtraciones. El alto tribunal estima el recurso del vecino propietario de la terraza donde se registró el problema, y que realizó el arreglo a su costa ante la negativa de la comunidad a hacerlo. Ahora, la comunidad deberá pagarle la suma gastada con intereses porque se trata de un elemento común.

El Tribunal Supremo ha anulado la condena a un vecino que trató de impedir la entrada de la policía municipal a su casa tras recibir una denuncia vecinal por ruidos. Según la sentencia, no hubo un delito flagrante que permitiera la entrada legítima de los agentes en la casa sin autorización judicial. Ni los ruidos ni la negativa del acusado a identificarse constituían un delito.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado dos sentencias en las que avala el veto de los apartamentos turísticos en las comunidades de propietarios que prohíben expresamente en sus estatutos la utilización de las viviendas para ejercer una actividad económica. El tribunal considera al respecto que el alquiler de viviendas para uso turístico es una actividad económica.

A la hora de comprar una vivienda o de heredarla puede llegar al propietario una comprobación de valores por parte de Hacienda, con el objetivo de pagar más impuestos por un inmueble que el fisco desconoce cómo es por dentro. Por eso, el Tribunal Supremo vuelve a recalcar que la visita del perito es obligatoria e inexcusable para la Administración. Considera que es la única manera de conocer el estado del inmueble, sus calidades, orientación o conservación. Además, con un informe pericial se precisa de forma técnica el valor del inmueble.