Vivienda

El Gobierno ha aprobado, vía Real Decreto-ley 26/2026, una regulación específica para el alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones. La norma, publicada en el BOE del 30 de septiembre, establece límites de duración, controles de precio y sanciones para las plataformas que intermedien en alquileres de corta estancia. Ahora debe convalidarse en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados del viernes 2 de octubre.

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha anunciado que el Govern creará un fondo de emergencia habitacional para comprar pisos de personas o familias que se enfrenten a un desahucio, dotado con 25 millones de euros inicialmente. Lo ha dicho en el Debate de Política General en el Parlament, donde ha anunciado distintas medidas ante la crisis de la vivienda en Cataluña, problema que ha calificado de "misión de país", y que se ha comprometido a abordar con los grupos, ayuntamientos, entidades financieras y constructoras. El anuncio se acompaña de otro programa de 100 millones para comprar vivienda conjuntamente con particulares mayores de 40 años que tengan dificultades para acceder a una hipoteca.

El Gobierno de Pedro Sánchez afirmó que lleva negociando durante semanas las propuestas que ha lanzando en los dos decretos para revertir la situación crítica que vive la vivienda en España. Sin embargo, a la hora de darse a conocer su contenido, PSOE y Sumar se han quedado solos en el apoyo a las medidas presentadas. El Ejecutivo necesita a los socios de investidura para que sean convalidados en la Cámara Baja este viernes, pero Podemos ya lo ha tachado de "trampa" por dividirlo en dos decretos y Junts ya se ha mostrado en contra de la renovación automática de los alquileres por tiempo indefinido y crítica las medidas frente a los desahucios o la prohibición de la compra de pisos a los llamados fondos 'buitre'.

El mercado de la vivienda vuelve a cerrar otro mes en números rojos. Según los datos de los notarios, en julio se formalizaron 65.395 compraventas de viviendas en toda España, un 11,1% menos en términos interanuales, lo que se convierte en la séptima caída consecutiva de las transacciones. También han registrado descensos las firmas de hipotecas, que han retrocedido un 4,9% interanual con 36.685 operaciones. En cambio, el precio medio de las viviendas vendidas se ha disparado un 7,7% respecto al año pasado, hasta quedarse en 2.112 euros/m2 y sumar tres años consecutivos de subidas.

¿Por qué el alquiler no afloja aunque caen las compraventas? ¿Por qué se tarda tanto en construir y casi no hay vivienda asequible donde se quiere vivir?

El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros dos reales decretos sobre vivienda que incluyen la protección frente a los desahucios hasta 2030; la regulación de alquiler de temporada y habitaciones; la prohibición de la compra de casas por 'fondos buitre' hasta el 2028 o la prórroga automática de los contratos en vigor que finalizan antes del 31 de diciembre de 2028. También se vuelve a establecer un tope del 2% a la subida de las rentas de los arrendamientos, se aplica un IVA del 10% al negocio de los pisos turísticos o se dan ayudas para la compra de primera vivienda. Los decretos se llevarán al Congreso de los Diputados el próximo viernes 2 de octubre.

Representantes de Maricarmen y Urbagestión han alcanzado un acuerdo para que la octogenaria pueda regresar inmediatamente a la vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid en la que residió durante 70 años y de la que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre. La propia anciana ha aceptado las condiciones del nuevo contrato de alquiler pactado, que establece que la renta no superará el 30% de sus ingresos y que durará ocho años. La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS Madrid) del Ayuntamiento de la capital ha intermediado entre ambas partes.

Un mensaje en el grupo de WhatsApp de la comunidad puede servir para comunicarse entre vecinos, pero no permite olvidarse de las reglas que establece la Ley de Propiedad Horizontal (LPH). La Audiencia Provincial de Baleares acaba de recordarlo tras confirmar la nulidad de un acuerdo por el que se reclamaba 4.750 euros a unos propietarios por unas obras en el edificio. La sentencia no establece que una junta no pueda convocarse a través de una app de mensajería, pero insiste en que es necesario que se cumplan los requisitos previstos en la Ley de Propiedad Horizontal: que los propietarios reciban la información necesaria sobre la reunión y, en especial, sobre los asuntos que van a tratarse en ella.; algo que no se acreditaba en el caso juzgado.

Encontrar vivienda a un precio razonable en España se ha convertido en uno de los principales desafíos de los últimos años.

L'Ametlla del Vallès es un municipio del Vallès Oriental con cerca de 9.500 habitantes. Es un lugar con el carácter tranquilo de un pueblo de interior, pero al mismo tiempo disfruta de una accesibilidad notable a la capital catalana.

La gestora Activum ha presentado sus dos nuevas marcas de living: ArrayGo, que se centrará en la gestión de residencias de estudiantes, y Kroma Living, la firma con la que operará en el segmento del flex. Entre ambas, la compañía espera superar las 1.000 camas bajo gestión a finales de 2027 en España. Durante la presentación, la compañía ha adelantado que está en negociaciones para levantar capital con el que desarrollar sus propios activos e intervenir en todo el ciclo, desde su promoción hasta su gestión.

El real decreto de vivienda que prepara el Gobierno encara su fase final de negociación con más incógnitas que certezas. PSOE y Sumar mantienen conversaciones contra reloj para aunar un texto que pueda conjugar las exigencias divergentes de sus socios de investidura, desde Junts a Podemos, para que la iniciativa no vuelva a estrellarse en su convalidación en el Congreso. El borrador del paquete de medidas que esperan llevar al Consejo de Ministros de este martes incluye, entre otras, la prórroga de los alquileres, prohibir a los fondos de inversión la compra de vivienda o bonificaciones fiscales para los caseros que bajen el precio del alquiler.

La Generalitat Valenciana propone facilitar la reconversión de oficinas en vivienda protegida sin modificar previamente el planeamiento urbanístico. La medida figura en el texto de la nueva Ley del Suelo aprobado por el Consell, pendiente de tramitación parlamentaria. La propuesta permitiría actuar sobre parcelas destinadas a oficinas y edificios existentes. También contempla transformar solo una parte del inmueble, siempre que pueda funcionar de manera autónoma y reúna las condiciones necesarias para el uso residencial. Las viviendas resultantes deberán mantenerse bajo protección pública durante el periodo legal correspondiente.

El precio de la vivienda en venta en Almería capital alcanzó los 1.807 euros por metro cuadrado en agosto de 2026, según el último informe de idealista.El mercado residencial almeriense registró una subida mensual del 0,8% y acumula un incremento del 2,6% en los últimos tres meses.

El principal partido de la oposición ha incluido en su decálogo económico medidas para facilitar el acceso a la vivienda, entre ellas la creación de condiciones para construir un millón de casas en cuatro años, la eliminación de las zonas tensionadas, avales públicos de hasta el 95% o el 100% para jóvenes y reducciones fiscales de hasta el 60%, con un ahorro estimado de entre 21.000 y 26.000 euros. El PP también aboga por ofrecer seguridad jurídica a propietarios e inquilinos, impulsar una ley antiokupación y agilizar los trámites administrativos favoreciendo el silencio positivo.

Alquiler Seguro alerta del peligro que conlleva una situación que se produce con frecuencia en los pisos compartidos: un inquilino lo abandona y es sustituido por otro sin informar al arrendador ni modificar el contrato de arrendamiento. La compañía asegura que el que se marcha del piso sigue siendo responsable de los impagos o los daños, mientras que el nuevo no tiene ningún derecho legal sobre la vivienda, por lo que el propietario puede pedirle que se marche, al considerar que se trata de una ocupación. A esto se suman problemas con la fianza, los seguros del hogar y la acreditación fiscal del alquiler. Para evitar riesgos, recomienda comunicar el cambio al propietario y formalizarlo con un anexo al contrato.

El comprador internacional de vivienda en España está cambiando de perfil, con una mayor capacidad adquisitiva y un creciente interés por establecer su residencia en el país frente a la tradicional compra de segunda residencia. Según un informe de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI), la demanda cada vez está más diversificada y más vinculada a proyectos de vida y al establecimiento permanente en el país, mientras que los compradores foráneos pagan de media un 35% por m2 que los nacionales al comprar vivienda.

La oposición y varios socios parlamentarios del Gobierno pedirán cuentas esta semana en el Congreso a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión al frente de su cartera y después del desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años discapacitada que llevaba siete décadas viviendo en el barrio madrileño de Retiro. Será en la sesión plenaria del próximo miércoles donde Sumar, Esquerra Republicana (ERC), PNV, Junts y también el PP dirigirán diferentes preguntas e interpelaciones a la ministra por su gestión en el ministerio.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado un real decreto en materia de vivienda que "le meta mano" a los "fondos buitre" y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional. La ministra ha denunciado, además, que se están vulnerando derechos humanos mediante desahucios sin una solución residencial para las personas afectadas.

Rebecca Bosch Bassat estudió Periodismo, pero relativamente pronto cayó en la marmita del 'real estate'. Socia fundadora de The Well Come Home, agencia inmobiliaria especializada en lujo que intervino, entre otras, en la venta de la vivienda más cara de la historia de Madrid hasta la fecha (Villa Serenity, 25 millones de euros), aún recuerda que en sus inicios como agente le dijeron que, con total seguridad, no valía para el oficio... El año pasado su firma, que fundó en 2019, realizó transacciones por encima de los 58 millones de euros.

En España, y en concreto, en Cataluña, hace años que la vivienda protegida ha dejado de construirse. Ante la falta de acceso a la vivienda, las administraciones suman esfuerzos con nuevos programas para avanzar en tener mayor cantidad de VPO. Un informe de OBS Business School pone de manifiesto que el urbanismo español está basado en un modelo hiperregulado donde producir suelo apto para edificar puede requerir hasta 20 años y, en ese lapso, cualquier previsión presupuestaria para promover viviendas queda obsoleta.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

Quitar el usufructo de una vivienda exige un proceso y un coste que depende de cómo se constituyó este derecho. Resolver esta situación puede ser clave para recuperar el pleno dominio de una casa, facilitar una compraventa o evitar conflictos familiares, aunque para ello es necesario que se cumpla una de las causas de extinción que recoge el Código Civil, como el fallecimiento del usufructuario, la renuncia expresa o el cumplimiento del plazo pactado en el caso de que sea temporal. Dependiendo de la situación, hay que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, así como hacer frente al coste de la escritura pública de extinción y la actualización de la titularidad en el Registro de la Propiedad.