Viviendas Baleares

El gobierno balear deberá indemnizar con 96 millones de euros al empresario y promotor inmobiliario, Matthias Kühn, por una desclasificación de terrenos en la zona de la Muleta del Puerto de Sóller, en Mallorca. Kühn, actual pareja de la artista Normal Duval, adquirió suelos urbanos para levantar unas 30 mansiones de lujo, pero el Govern balear recalificó los suelos a no urbanos sin indemnizar al empresario. 14 años después, la justicia le da la razón, y la administración le pagará 63,5 millones más intereses devengados.

La presidenta del PP balear, Marga Prohens, ha prometido durante su discurso de investidura en el Parlamento regional que no aplicará los límites a las rentas al alquiler que incluye la actual Ley de Vivienda y que eliminará la moratoria que prohíbe crear nuevas plazas hoteleras hasta 2026. También ha anunciado que eliminará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y que creará incentivos para sacar al mercado viviendas vacías. Está previsto que Prohens se convierta en presidenta del Gobierno balear el jueves, gracias a la abstención de Vox.

Desigual cumplimiento de las promesas electorales en materia de vivienda con que Francina Armengol revalidó el Gobierno de Islas Baleares en 2019. Mostramos un análisis que demuestra la complejidad de una problemática que amenaza el desarrollo de un territorio que no consigue conciliar el acceso a la vivienda con su modelo económico. Han aprobado medidas para rehabilitar inmuebles y permitir el acceso a la vivienda, pero no han logrado cumplir con la promesa de triplicar el número de viviendas públicas.     

La Comisión Europea ha remarcado que para que un Estado miembro de la UE pueda limitar la compra de vivienda a no residentes deben concurrir "razones imperiosas de interés general" reconocidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo (TJUE). Así lo expresa la comisaria europea de Servicios financieros, Estabilidad financiera y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness, en una respuesta a una pregunta parlamentaria de la eurodiputada balear del PP Rosa Estaràs.

El Gobierno de Baleares ha abierto el melón de restringir la compra de casas por parte de extranjeros no residentes en España para controlar la escalada de precios de la vivienda. Su presidenta, Francina Armengol, pide al Ejecutivo Central que eleve a la UE un Estatuto de Islas Pobladas. Se toma como ejemplo Canadá o Nueva Zelanda, que han prohibido a los inversores extranjeros la libre adquisición de inmuebles. Analizamos los casos en estos y otros países.

El Gobierno de Baleares ha creado una comisión para estudiar la posibilidad de prohibir la compra de vivienda a ciudadanos, extranjeros o no, que lleven menos de cinco años viviendo en esta CCAA, ante la escalada del precio. Según idealista, el precio del m2 en esta región cerró 2022 en 3.706 euros, un 10,5% más interanual y se corona como la más cara de España, por encima de la Comunidad de Madrid (3.122 euros el m2). Baleares pone como modelo a seguir a Canadá, donde el pasado 1 de enero entró en vigor la prohibición durante dos años de vender viviendas a extranjeros no residentes. Los expertos aseguran que el problema es la falta de oferta de obra nueva.

El parlamento de Baleares ha aprobado una moción del grupo Més per Menorca para que el Govern estudie cómo limitar la compra de segundas residencias por parte de extranjeros en las islas, con el objetivo de rebajar el problema de oferta de viviendas en el archipiélago. Se constituirá un grupo de trabajo que tendrá un año para analizar la normativa existente, la problemática particular de Baleares o los casos donde se aplican.

El Govern balear ha modificado la normativa de su Ley de Vivienda para no recibir un recurso de inconstitucionalidad por medidas como la de imponer el precio de compra para las viviendas a los grandes propietarios en el derecho de tanteo y retracto, o la de imponer sanción administrativa a los tenedores de más de 10 viviendas por rechazar una propuesta de alquiler social, si el hogar vulnerable decide rechazar la propuesta.

El Gobierno balear establece un nuevo marco normativo para unificar todos los informes técnicos de evaluación de edificios que tengan más de 30 años, en torno al 35% del parque residencial del archipiélago. Con especial hincapié en la vivienda residencial, la norma establece multas entre los 3.000 y los 30.000 euros en caso de infracción.