VPO

El Partido Popular ha registrado en el Parlamento Vasco una proposición no de ley para modificar el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y que se eleve de tres a cinco años el empadronamiento mínimo exigido para poder optar a un piso protegido en la región. Medida que ya ha instaurado el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso y que también ha propuesto Junts en Cataluña. No obstante, han asegurado que mantendrían los tres años hasta ahora exigidos para aquellos que dispongan de una vinculación laboral y residencia en Euskadi.

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda, como han sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la VPO o la proposición no de ley de Sumar para derogar las socimis. Al mismo tiempo, El Pleno ha dado el visto bueno a otras tres del PP, como la propuesta para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo o agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha pedido durante la inauguración de una promoción de 110 pisos de alquiler asequible en Calafell (Tarragona) la implicación de "más grupos empresariales" y más grupos de construcción en el desarrollo de promociones de vivienda protegida junto a la Administración de la Generalitat y de los ayuntamientos. Para Illa, es necesario que más empresas del sector trabajen "conjuntamente con la administración" para poder facilitar el acceso a la vivienda con alquileres asequibles que, en su opinión, es una de las cosas "más transformadoras que hay".

Tras más de 25 años de espera, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado de forma definitiva el proyecto de urbanización del sector Buenavista, un nuevo barrio residencial ubicado en la zona de Campanillas que levantará 1.362 viviendas protegidas. Este proyecto nace de un convenio de colaboración entre el consistorio malagueño y Casa 47 (antigua Sepes) en el año 1999. El acuerdo, que la entidad de Vivienda recuperó hace casi dos años, contempla un presupuesto base de licitación para el inicio de obras de urbanización que asciende a los 33,6 millones de euros.

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida ha retrocedido un 22,7% en 2025 respecto al año anterior, hasta las 11.104 unidades, según se desprende de la estadística trimestral de 'Vivienda libre y vivienda protegida' del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.A pesar de esta retro

El Ayuntamiento de Zaragoza ha informado que el parque residencial público de la ciudad alcanzó los 2.611 inmuebles el año pasado, 77 más que el ejercicio anterior. En esta línea, han señalado que el consistorio tiene proyectados 2.743 nuevos pisos para alquiler asequible en los próximos años, de los cuales el 69% ya está en construcción y 1.700 se entregarán a lo largo de 2026. Los inquilinos que residan en alguna de estas viviendas nunca abonarán una cuota más allá del 20% de su renta y tienen un precio medio de 4 euros/m2.

¿Se puede vender una Vivienda de Protección Oficial por encima del precio máximo legal? Y, si se hace, ¿queda el contrato automáticamente anulado? El Tribunal Supremo ha zanjado el debate en una sentencia donde señala que pactar un sobreprecio en la compraventa de una VPO no determina la nulidad civil del contrato, aunque puede generar responsabilidades en el ámbito administrativo.

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) no solo implica cumplir requisitos de acceso o precio. También tiene una consecuencia directa en el bolsillo del comprador: el IVA aplicable a la operación. ¿Es siempre el mismo? ¿Puede aplicarse el 4% o lo normal es pagar el 10%? La Dirección General de Tributos aclara que el IVA del 4% no es la regla, sino la excepción más favorable. Solo puede aplicarse este tipo cuando se cumplen todos los requisitos exigidos: que la vivienda esté calificada administrativamente como de protección oficial de régimen especial o de promoción pública y que la entrega se efectúe directamente por su promotor, incluyendo, en su caso, un máximo de dos plazas de garaje y los anexos situados en el mismo edificio que se transmitan conjuntamente.

El director de Consumidores y Usuarios del Colegio de Registradores, Ángel Salvador Chacón, ha asegurado que han encontrado algunas viviendas protegidas que se explotaban como pisos turísticos entre las más de 80.000 licencias denegadas, que ya han sido expulsadas del mercado. Según los registradores, se han otorgado alrededor de 420.000 números de registros. Y ahora, los propietarios deberán aportar información sobre cuántas personas se han hospedado en la casa, durante cuánto tiempo y el beneficio económico. A día de hoy, ya han recibido la información de 100.000 inmuebles vacacionales, aunque el plazo finaliza el próximo 2 de marzo.

Quienes hayan sido condenados por delitos vinculados con la okupación, como el allanamiento de morada o la usurpación, no podrán acceder a una vivienda protegida en los cinco años siguientes a la sentencia de condena en la Comunidad de Madrid. Así lo ha anunciado Isabel Díaz Ayuso, presidenta de esta región, durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum.

Jorge Ginés, director general de Asprima, hace un repaso de las normativas en materia de vivienda y de urbanismo que están en juego este 2026. Recuerda que la Comisión Europea presentó el pasado mes de diciembre el Plan Europa de Vivienda Asequible y estima que hasta 2027 dicha norma no estará en vigor. También está sobre la mesa el Plan Nacional de Vivienda, un real decreto que necesita la convalidación del Consejo de ministros y que contempla incentivar la oferta de VPO. Otro texto de vital importancia es la modificación del Código Técnico de la Edificación. Y, por último, dentro de las competencias del Estado, está el problema enquistado de la potencia eléctrica.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado un plan municipal de vivienda con 17.000 nuevos inmuebles, de las cuales 10.000 serán VPO. El edil ha declarado que estas nuevas viviendas se desarrollarán durante el próximo mandato, es decir, entre 2027 y 2031. Dentro de las 10.000 viviendas de protección oficial se encuentran los 1.500 ‘minipisos’ que tanto revuelo han generado, ya que en un principio estaba previsto levantar apartamentos de entre 35 y 45 m2, aunque, finalmente se han incrementado las medidas hasta los 45 y 60 m2. De la Torre también ha asegurado que antes del final de esta legislatura se superarán las 5.000 unidades construidas.

La vivienda de protección oficial en España lleva más de una década sumida en una profunda crisis de producción. Si entre principios de los años 90 y 2012 se construyeron de media cerca de 60.000 VPO anuales en todo el país, desde entonces el promedio no llega ni a 10.000 unidades. En los últimos meses, la construcción está remontando el vuelo, impulsada por la actualización del precio de los módulos tras estar congelados durante años, aunque los expertos no hablan aún de una recuperación plena. Muchos desarrollos siguen sin ser rentables para los promotores y falta mano de obra en el sector, mientras la fiscalidad es muy elevada y los trámites burocráticos, excesivos.

La vivienda protegida bate otro récord de precios. Según los últimos datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), el valor tasado de la VPO en España alcanzó 1.195,7 euros/m2 en el tercer trimestre del año, la cifra más alta de la serie histórica que empezó en 2005.

Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, ve con buenos ojos el nuevo Plan Estatal de Vivienda porque invita a los promotores privados a participar e invertirá el 40% en promover vivienda protegida. Además, señala que no es obligatorio declarar zona tensionada para acceder a las ayudas. Y, ¿qué tiene que ver el Plan Estatal de Vivienda con el gato de Schrödinger? Es un famoso experimento mental ideado por el físico Erwin Schrödinger para ilustrar la paradoja de la superposición cuántica. Este experimento basado en un gato dentro de una caja sellada con un mecanismo que puede matarlo demuestra cómo, según la mecánica cuántica, el gato puede estar simultáneamente vivo y muerto. Para Ginés, el gato y el Plan Estatal de Vivienda están más vivos que nunca.

La vivienda protegida está creciendo con fuerza en lo que va de año. Según los datos del Ministerio de Vivienda, el número de calificaciones definitivas de VPO acumulado entre enero y junio se situó en 5.843 unidades, lo que arroja una subida del 22,7% interanual y se traduce en el mejor resultado de un primer semestre desde 2014. Más del 70% de estos inmuebles ha sido promovido por el sector privado, mientras que la Comunidad de Madrid copa un tercio del volumen nacional. El alquiler ya es el régimen de tenencia protagonista en estas nuevas viviendas protegidas, seguido de la venta.

Lagoom Living ha iniciado los trabajos de demolición de siete edificios en el barrio de Lagunillas, en pleno centro de Málaga, donde levantará un conjunto residencial de 109 viviendas de alquiler asequible. El nuevo conjunto residencial, que se prevé que finalice en en diciembre de 2027, ocupará solares y edificios actualmente abandonados o en desuso en el entorno de la icónica Plaza de la Merced.

Con motivo de la nueva Ley de Vivienda de Andalucía, el Gobierno regional levantará 40.937 viviendas protegidas en los próximos años, cifra que se ha duplicado con respecto a lo anunciado en una primera instancia, cuando se cifró en 20.000 unidades. El municipio que más favorecido se verá de esta nueva iniciativa será Málaga, donde se levantarán 8.511 unidades, seguida por dos municipios sevillanos: la capital y Dos Hermanas, que obtendrán 7.469 y 6.805 VPO, respectivamente.

El precio de la vivienda protegida en España vuelve a marcar máximos históricos. Según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), el valor tasado de la VPO se situó en el segundo trimestre del año en 1.188 euros/m2, la cifra más alta de la serie histórica que arrancó en 2005, tras aumentar un 1,6% interanual. Hasta 10 provincias superan el promedio nacional, lideradas por Madrid (1.459,6 euros/m2) y Barcelona (1.246,6 euros/m2), mientras que solo Lugo, Cáceres y Badajoz están por debajo de 1.000 euros/m2. Mientras, la vivienda libre se disparó un 10% en primavera y se acerca al récord de 2.100 euros/m2 de 2008.

Pedro Sánchez anunció el pasado lunes en el Congreso de los Diputados tres propuestas encaminadas a facilitar a los jóvenes el acceso a la vivienda que incluirá el Plan Estatal 2026-2030: una ayuda de hasta 30.000 euros para alquilar viviendas protegidas con opción a compra, la llegada del seguro de impago de rentas y una ayuda para adquirir viviendas en pequeños municipios. Pero, de momento, la primera medida nace muerta: entre 2018 y 2025 solo se han producido 632 viviendas protegidas en régimen de alquiler con opción a compra en toda España, mientras que en los últimos 15 meses apenas se han iniciado 65 unidades. Los expertos afirman que las propuestas tendrán más impacto que efecto real y que la clave para aliviar la tensión del mercado es impulsar la oferta.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presentado la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Consejo de Gobierno y, posteriormente, pasará al Parlamento andaluz, con el objetivo de que quede definitivamente aprobada antes de las elecciones, previstas para junio de 2026. Entre los objetivos de esta nueva legislación destacan: ampliar la oferta de viviendas protegidas, tanto en venta como en alquiler, y superar los obstáculos burocráticos y normativos que han lastrado el acceso a la vivienda en la región.

La decisión anunciada hace un par de meses por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre de levantar viviendas asequibles en suelos dotacionales de entre 35 y 45 m2 generó cierto revuelo en la ciudad costera, debido a su escasa superficie. Sin embargo, esta idea ha sido, en parte, corregida, ya que finalmente estos inmuebles de protección oficial contarán entre 45 y 60 m2 útiles, dependiendo de si disponen de uno o dos dormitorios. Además, el edil malagueño ha anunciado ayudas de hasta 18.000 euros por vivienda construida para incentivar a las compañías privadas.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la admisión a trámite del proyecto de urbanización de Buenavista, un desarrollo promovido por Sepes, en el que prevén levantar 1.362 viviendas protegidas y que cuenta con un presupuesto de 33,6 millones de euros. En total, abarca casi 30 hectáreas distribuidas en 14 parcelas en el distrito de Campanillas, que además del uso residencial contarán con zonas verdes y espacios comerciales, deportivos y educativos. Se estima un plazo de ejecución de 20 meses una vez que consiga el visto bueno municipal definitivo.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMIVESA) ha aprobado el cambio de uso de siete parcelas -destinadas en una primera instancia a oficinas, comercios y vivienda libre- para levantar más de 150 inmuebles protegidos. Dichos terrenos forman parte de una consulta pública emitida por la Gerencia de Urbanismo y de Medio Ambiente (GUMA) de la capital andaluza, que pretendía recabar parcelas privadas en desuso destinadas a otra actividad para ampliar la oferta residencial protegida, y son propiedad de las promotoras Amenabar, Metrovacesa, Urbanarte y una cuarta impulsada por la propia GUMA.