Desahuciados

El número total de lanzamientos practicados en el primer trimestre del año, 11.072, se ha mantenido en cifras muy similares a las de hace un año al haber experimentado un aumento del 1%, según ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tres de cada cuatro lanzamientos (7.625) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 2.755 (el 24,9%) se derivó de ejecuciones hipotecarias. Los 692 restantes obedecieron a otras causas.

Como en España, durante la pandemia muchos países del mundo llevaron a cabo medidas que protegían a los ciudadanos a la hora de hacer frente al pago de sus viviendas, ya sean de alquiler o propias. Estados Unidos también, hasta ahora: un juez federal en Washington, DC, dictaminó el miércoles que la orden emitida por el Centro de Control de Enfermedades (CDC), en el que se frenaban los desahucios, no era válida y que, a partir de ahora, no estaba vigente.

Desde el inicio de año, la moratoria estatal de desahucios, junto con el resto de las herramientas normativas y de negociación de los servicios de Vivienda municipales y la tarea de los movimientos vecinales, ha permitido suspender 9 de cada 10 desahucios previstos de familias en situación de vulnerabilidad en la ciudad, según el Ayuntamiento de Barcelona.

El Tribunal Supremo ha aclarado en una sentencia reciente una problemática común: qué sucede cuando se construye una casa en una parcela propiedad de un familiar y en el futuro surgen disputas, y concluye que, en el caso de que el pariente haya permitido la edificación y su coste no haya recaído en él, no ha lugar al desahucio. Según explica el despacho de abogados Ático Jurídico, el motivo es que entra en juego el derecho de retención, que permite seguir poseyendo el bien, hasta que el propietario de la parcela no indemnice al que edificó en su terreno.

Unidas Podemos, ERC y EH-Bildu han llegado a un acuerdo de última hora para retirar sus enmiendas a los Presupuestos de 2021 referidas a ampliar las medidas contra los desahucios de viviendas antes su votación en el Pleno de Congreso. La Comisión parlamentaria ya había rechazado esta medida, mientras la formación morada alega que ya ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para ampliar los plazos antidesahucios vía real decreto.

El Gobierno de coalición negocia tramitar un real decreto ley que amplíe la suspensión de los desahucios de viviendas hasta el final del estado de alarma después de que el Congreso haya descartado la enmienda de Podemos, ERC y Bildu a las cuentas públicas de 2021. La propuesta primero fue rechazada por los letrados de la Cámara Baja, al "no ser de materia de Presupuestos”, mientras que en la votación parlamentaria solo fue respaldada por sus impulsores. El vicepresidente Pablo Iglesias asegura que llegarán novedades en un plazo máximo de dos semanas.

Irene Montero y Podemos si libran del peso de la ley. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado la resolución sancionadora contra Podemos por revelar en octubre de 2019 en Twitter la identidad de Esther Argerich, una particular propietaria de un piso cuyos inquilinos iban a ser desahuciados. Irene Montero recibirá un simple apercibimiento sin multa porque el partido “eliminó los mensajes”.

Cataluña se convierte otra vez en el centro del debate inmobiliario. Si hace dos semanas la Generalitat anunció un decreto que obliga a los propietarios de locales comerciales a la reducción del alquiler hasta el 50% si la actividad está suspendida, ahora ha prohibido los desalojos de inquilinos vulnerables que residdan en inmuebles de grandes tenedores de vivienda. Los expertos consultados por idealista/news avalan paralizar los desahucios, pero piden responsabilidad a la Generalitat y alertan de un caos normativo y grandes niveles de inseguridad jurídica.