Fondos buitre

El Gobierno eliminó el término ‘fondo buitre’ de los nuevos decretos de vivienda, pero amplió a quién se aplica el límite de compra del 70% sobre el valor de tasación, que ahora incluye a grandes tenedores. El término nunca tuvo definición legal. Entre 2015 y 2019, los fondos compraron a la banca carteras inmobiliarias por más de 148.500 millones; hoy, están dejando de invertir en España. Con el alquiler rindiendo un 3,1% y la vivienda un 16% en total, según el Banco de España, el negocio está en vender. Mostramos una radiografía de quiénes son, cuánto compraron y cuántos quedan.

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reclamado un real decreto en materia de vivienda que "le meta mano" a los "fondos buitre" y ha animado a los manifestantes que acampan en la Puerta de Sol de Madrid a mantener e intensificar la movilización social para exigir una respuesta ante la crisis habitacional. La ministra ha denunciado, además, que se están vulnerando derechos humanos mediante desahucios sin una solución residencial para las personas afectadas.

El PSOE ha rebajado el plan de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", de modo que en lugar de esa prohibición ha instado a impulsar un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, a gravar los pisos vacíos y a subir el IVA de los pisos turísticos al 21%. El grupo plurinacional ha defendido esa prohibición en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las socimis.

El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana una proposición no de ley de Sumar con la que plantea aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de "personas jurídicas, empresas y fondos buitre". Sumar también incluye un punto en su proposición no de ley para pedir al Gobierno derogar "de forma urgente" la ley por la que se regulan las socimis

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha anunciado que su formación presentará una proposición de ley para reformar la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o "fondos buitre" puedan comprar casas en España. Según el diputado de Compromís, desde 2008 hasta la actualidad las empresas han comprado la mitad de las viviendas del país por lo que exige desmercantilizar el mercado. Además, afirma que ve una mayoría "desde la extrema derecha a la izquierda parlamentaria" defendiendo poner freno a la especulación que hacen las empresas y los fondos de inversión con la vivienda.

Son muchas las personas que denominan fondos buitre a aquellos fondos que se dedican a comprar deuda, incluidos préstamos hipotecados fallidos. Sin embargo, Patricia Aragón, socia directora de Acuerdos D&A, recuerda que detrás de estas entidades hay particulares que quieren rentabilizar sus ahorros y defiende su predisposición para negociar. Según Aragón, estos fondos, que suelen ser extranjeros, trabajan con empresas especializadas locales con las que los deudores pueden encontrar una solución al margen de la vía judicial.

Las socimis son el tipo de inversor opuesto en perfil y objetivos a aquellos fondos de oportunidad, conocidos como fondos buitre. Según explica Joaquín López-Chicheri, presidente y consejero delegado de Vitruvio, estos vehículos llevan a cabo estrategias para pensionistas, no para especuladores de Wall Street, y están respaldados por gestores que piensan en el futuro, cuidan de sus activos y tienen criterio para diseñar las ciudades que se deben desarrollar.

Después de que el pasado 25 de mayo el juzgado de lo contencioso-administrativo número 29 de Madrid emitiera un fallo histórico dándole la razón a un inquilino del Ivima (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid), la Comunidad de Madrid se ha puesto en pie de guerra y trata de impedir la anulación de la venta pisos de VPO a fondos.

Estos días se reúnen en el Hotel Palace de Madrid los principales ‘players’ del sector inmobiliario para discutir y analizar las oportunidades de inversión que ofrece el ladrillo español, algo que choca con las reivindicaciones de las plataformas que luchan por una vivienda digna. Merlin, Kronos Homes, Goldman Sachs, Cerberus o Sareb son algunas de las firmas que se dan cita en el encuentro.

Una de las prácticas más comunes de las entidades financieras es la de agrupar préstamos hipotecarios y vendérselos a terceros a cambio de un precio. Es lo que se conoce como una titulización. Carmen Giménez, abogado titular de G&G abogados, nos explica cómo ceden los bancos las hipotecas, quiénes son los compradores más habituales y qué sucede si hay impagos en esos préstamos traspasados.

La caza de activos inmobiliarios en España ha comenzado. Pese a gastar más de 6.000 millones de euros en el primer semestre, los fondos quieren más ladrillo. Aunque no van a comprar cualquier inmueble o préstamo. Actualmente hay en Europa hay 33 operaciones inminentes. De ellas, nueve tienen como protagonista al ladrillo español cuyo valor de mercado conjunto ronda 10.800 millones

El interés de los fondos buitre por el ladrillo español ha comenzado a materializarse este año.

Los fondos internacionales tienen ganas de hincar el diente al ladrillo español. Según cálculos de goldman sachs estos inversores disponen de 12.700 millones de euros para comprar en España, de los que la mitad irían a parar al sector inmobiliario. Sin embargo, no todos los fondos son iguales.

Los fondos de inversión y las firmas de capital riesgo disponen de 1.800 millones de euros para adquirir activos inmobiliarios en España, según cálculos de la consultora cb richard ellis en declaraciones al diario alemán financial times deutschland.