Impuesto de transmisiones patrimoniales

Comprar una vivienda de protección oficial (VPO) puede parecer, a primera vista, una opción asequible. Sin embargo, hay un aspecto fiscal que a veces se pasa por alto: la base imponible para calcular el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) no siempre coincide con el precio pagado. En muchos casos, se aplica el valor de referencia del Catastro, que puede ser superior. La Dirección General de Tributos zanjó esta duda el 21 de marzo de 2025 en una consulta vinculante, confirmando que el comprador debe autoliquidar el impuesto teniendo en cuenta ese valor, incluso cuando el inmueble tiene un precio limitado por la propia Administración.

La semana pasada, el Govern de la Generalitat de Cataluña aprobó una subida en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), con nuevos tramos para las transacciones de más de 600.000 euros y un tipo de hasta el 20% para los grandes tenedores de viviendas, que entrarán en vigor a finales de junio, siempre que sean respaldados por el Parlament. Economistas, constructores y expertos inmobiliarios critican que las modificaciones tienen un mero carácter recaudatorio, que podrían provocar un mayor encarecimiento del precio de las viviendas y lastrar las inversiones inmobiliarias en la región.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) ha pedido rebajar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 2,5% siempre que la compra de vivienda sea para la primera residencial habitual "no de lujo", mientras que para el resto de viviendas piden aplicar un 4%. Las inmobiliarias creen que este tributo, que grava la adquisición de viviendas usadas, es una carga impositiva que dificulta "claramente" el acceso a la vivienda en un momento de tensión del mercado. También destacan que la carga fiscal, acumulando todos los impuestos y los aranceles notariales y registrales, acaba resultando un porcentaje superior al 25% del valor total del inmueble.

El sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha) calcula que en la última década, desde que se recuperó el Impuesto de Patrimonio, se ha producido un aumento del 33,3% de los declarantes de este tributo y casi se ha doblado el patrimonio declarado (97,2%), pero la variación de la cuota a ingresar es menor (un 82,9%), dado que la mayoría de los nuevos declarantes pertenecen a los tramos patrimoniales más bajos.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha anunciado, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, que su Gobierno rebajará al 8% el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales desde 2024 y concederá de forma automática la Tarxeta Benvida a todos los hogares que cumplan los requisitos de renta sin necesidad de que haya que cubrir ningún formulario. Según Rueda, la rebaja fiscal supondrá un ahorro adicional de 1.000 euros para quien compre una vivienda de 100.000 euros o de 2.000 euros para una de 200.000, y así sucesivamente.

Desde el 1 de enero de 2022 está plenamente operativo el nuevo valor de referencia de Catastro, la base imponible de impuestos tan importantes como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD). Este nuevo valor de referencia es una carga para los contribuyentes, sobre todo para los que compren una vivienda usada. Sin embargo, en el caso de tener que pagar el ISyD en algunas CCAA han aprobado beneficios fiscales. De hecho, el valor de referencia de Catastro no genera apenas problemas, al revés, tal y como señala José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, puede servir para ahorrar impuestos en el futuro.

La portavoz nacional de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha afirmado que, en materia de vivienda, su grupo apuesta por eliminar el impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) y por una deducción de hasta el 95% del IRPF para propietarios que alquilen su vivienda a menores de 35 años. Según el partido político, el ITP supone una "barrera más" para los jóvenes que acceden a una vivienda, pues asegura que la compra de una primera vivienda puede conllevar el pago de unos 50.000 euros por este concepto.

El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, ha indicado que el cónyuge que aporta bienes (inmuebles, por ejemplo) a la sociedad de gananciales está exento de tributar en el IRPF porque realmente no transmite nada, sigue siendo propietario del 100% de la propiedad. Así, este organismo se suma a la doctrina del Tribunal Supremo que establece que tampoco se paga el ITP ni el Impuesto de Sucesiones.

Cuando se compra una vivienda usada hay que pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), un tributo que regulan las CCAA y que varía en función de la región. Pero la normativa española contempla un supuesto en el que el comprador puede evitar el pago de este impuesto que va del 6% al 10% del valor del inmueble. En caso de no necesitar una hipoteca, es posible firmar un contrato privado que sólo tiene efectos entre las partes y sus herederos. Para que tenga efectos frente a terceros, como es la Agencia Tributaria, es necesario que se eleve a escritura pública ante notario. La fecha del contrato privado cuenta para Hacienda desde que se incorpora a un registro público o se entrega a un funcionario y esta es la clave del ahorro de impuestos.

El Tribunal Supremo ha vuelto a inclinar la balanza a favor de los ciudadanos. Ha declarado que la aportación de una vivienda propiedad de uno de los cónyuges al régimen de gananciales está exenta de tributar en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISyD). De este modo el Alto Tribunal permite un importe ahorro fiscal a la familia y abre la puerta a solicitar la devolución de ingresos indebidos.

En 2020 se donaron en España 20.020 viviendas, una cifra que ha ido creciendo en los últimos años, según el INE. Aunque se trata de un "regalo" para el donatario, Hacienda también quiere su porción de tarta. El impuesto que regula la donación es el de Sucesiones y Donaciones (ISD) y depende de cada Comunidad Autónoma. Quien paga este tributo es el donatario. En el caso de recibir una casa con hipoteca como regalo, el donatario debe saber que el ISD contempla una deducción de las deudas y que le tocará pagar el ITP.

Para realizar la adecuada comprobación de valores de un inmueble, el Supremo viene exigiendo que lo visite un perito de la Administración. El Tribunal Económico-Administrativo Regional (TEAR) de Valencia acaba de anular una valoración presentada por uno de estos expertos tras su inspección por la falta de rigor y fundamentación del informe presentado.

La comprobación de valores de un inmueble por parte de Hacienda, para calcular el cobro de impuestos como el ITP o el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, sigue generando polémica. Se espera que el Tribunal Supremo se pronuncie en breve sobre la necesidad de que un perito de la Administración visite de forma obligada o no el inmueble. Pero, mientras tanto, los tribunales de justicia están definiendo los supuestos en los que tal visita resulta imprescindible, como cuando hay discusión sobre la superficie de la propiedad.

Las transmisiones de inmuebles entre particulares están gravadas por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, siendo el comprador el que tiene que asumir el pago al ser el sujeto pasivo. Nuestro Derecho permite la libertad de pacto. Sin embargo, antes de asumir el pago de un impuesto que no le corresponde, el vendedor debe tener muy en cuenta los riesgos que pueden derivarse de dicho pacto. El despacho de abogados Ático Jurídico resuelve las dudas y explica cómo protegerse ante posibles problemas.

Ya es recurrente que Hacienda penalice la compra de una “ganga”, a través de la reclamación de un pago superior al que inicialmente se ha abonado del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP). La razón es que valoran las viviendas por encima del precio escriturado. Sin embargo, en algunas CCAA esta valoración superior puede ser errónea si se basa en una información catastral que tiene en cuenta una superficie de la casa mayor a la real. José María Salcedo, socio de Ático Jurídico, explica qué hacer en estos casos.

La Generalitat consiguió durante el año pasado 1.500 millones de euros a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD), la cifra más elevada desde 2009. La compraventa de viviendas usadas y la constitución de hipotecas están impulsando la recaudación y se han convertido en el motor de la Hacienda regional.

No todos los inmuebles ubicados en la misma zona, en la misma calle o incluso en el mismo edificio son iguales ni tienen las mismas calidades y, por lo tanto, cuestan lo mismo. Sin embargo, hasta ahora Hacienda exigía los impuestos correspondientes a las transacciones sobre propiedades inmobiliarias basándose únicamente en criterios generales y sin realizar visitas de sus técnicos. El Tribunal Supremo ha dado carpetazo a esta práctica y ha abierto la puerta a que miles de propietarios recurran estas valoraciones que poco tienen que ver con el coste real de los inmuebles.

Hemos creado una guía para entender en qué consiste el ITP, si eres uno de los contribuyentes que tendrá que pagarlo, cómo podrás hacerlo y qué mecanismos ha usado Hacienda para localizarte.El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales se aplica desde los años 90 a los arrendamientos, aunque miles d

Algunas comunidades autónomas con escasa liquidez han empezado a girar liquidaciones a los arrendatarios para cobrar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los contratos de alquiler. Si el inquilino no lo abona, se lo podrán reclamar al propietario. El plazo para exigir dicho pago es el de cuatro años. Salvo que se quiera iniciar un larguísimo pleito contra la Administración, no hay manera de librarse del pago.

La Comunidad de Madrid está empezando a exigir el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en los arrendamientos. Aunque hasta ahora no se había controlado, su aplicación estaba prevista en el Texto Refundido del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados de 1993. Legalmente, el alquiler se considera 'adquisición onerosa' porque el inquilino adquiere un derecho de uso de la vivienda por un período determinado a cambio de un precio.

Las Comunidades Autónomas han recaudado hasta septiembre un 14% más que el año pasado a través del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el de Actos Jurídicos Documentados, lo que se traduce en unos ingresos extra de unos 638 millones de euros. Según Hacienda, la recaudación total de estos tributos ligados al ladrillo asciende a 5.143 millones.

La crisis inmobiliaria ha golpeado con fuerza las arcas del estado. En 2010 el estado ingresó un 31% menos por el impuesto de transmisiones patrimoniales (itp) y actos jurídicos documentados (ajd) que en 2007, según un estudio coordinado por el bufete uría menéndez.