Aumentan las demandas presentadas en los juzgados por okupación de viviendas

Las cifras oficiales siguen mostrando un aumento de la okupación ilegal de viviendas en España. Las últimas llegan de la mano del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que muestran un repunte superior al 5% de las demandas presentadas en los juzgados en el arranque de año.

En concreto, el organismo cifra en 592 el volumen de asuntos ingresados durante el primer trimestre, lo que arroja un incremento del 5,2% interaual. También se observa un aumento respecto al último trimestre de 2024 (527 demandas) y se convierte en el número más elevado desde primavera del año pasado (639). 

En los tres primeros meses del año, Cataluña ha acumulado el mayor número de demandas, con un total de 122, lo que representa el 20,60% del total nacional. Las siguientes comunidades con más casos fueron Andalucía (111), Comunidad Valenciana (72) y Madrid (66). Barcelona encabeza la clasificación a nivel provincial, con 85 casos contabilizados entre enero y marzo. 

Sin embargo, si se compara el número de procedimientos de este tipo ingresados con la población, las regiones que salen peor paradas son Baleares (con tres casos por cada 100.000 habitantes), Castilla-La Mancha (2), Canarias (1,7) y Cataluña (1,5). 

Las denuncias por okupación crecen 

Los últimos datos que ha presentado el CGPJ dan continuidad a la tendencia al alza que ya mostraron las estadísticas del Ministerio del Interior a cierre del año pasado.

Según consta en el Portal Estadístico de Criminalidad, durante el año pasado se contabilizaron 16.426 hechos en el conjunto del país, frente a los 15.289 de 2023, lo que arroja un alza interanual del 7,4%. Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica que arrancó en 2010, solo superada por las registradas en 2021 (17.274) y 2022 (16.765), y de la vuelta a la tendencia al alza tras dos años consecutivos de descensos. 

Estos números incluyen datos de denuncias registradas por la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Policía Nacional, la Guardia Civil, y policías autonómicas y locales, pero no contabilizan los casos que se resuelven de manera extrajudicial (bien sea a través de un pago económico o de una empresa de desokupación); y dejan un promedio diario de 45 okupaciones ilegales de viviendas en España, con Cataluña como la comunidad con mayor volumen de casos. Y Barcelona como la provincia más afectada.

Así, tanto los datos del Ministerio del Interior como del CGPJ vienen a confirmar la afirmación categórica de los expertos de que las okupaciones de viviendas no están bajando en España, sino subiendo. Sobre todo, ponen el foco en la inquiokupación, que abarca a aquellos inquilinos que han dejado de pagar la renta de forma voluntaria y premeditada y que no entran dentro de las estadísticas oficiales de denuncias. 

Además, a las cifras oficiales de denuncias ante las Fuerzas de Seguridad y de las demandas en los juzgados, habría que sumar aquellos casos que no se denuncian. Según los expertos jurídicos consultados por idealista/news, cada vez más propietarios afectados por una okupación ilegal optan por vías alternativas para recuperar lo antes posible la posesión de sus inmuebles, ya sea a través de la negociación y el pago a los okupas o contratando empresas especializadas en desalojos. 

Y es que conviene recordar que el plazo medio para que haya una sentencia que avale el desahucio está en máximos históricos, con casi 24 meses de media en España, sumando la primera instancia y los posibles recursos de apelación en las Audiencias Provinciales. De ahí que, en muchas ocasiones, se busquen caminos alternativos para recuperar las propiedades en el plazo temporal más breve posible. 

Caen los desahucios 

Mientras las estadísticas de okupaciones siguen al alza, las de los desahucios mantienen la tendencia a la baja que han venido mostrando en los últimos tiempos. 

En concreto, el número de desahucios practicados entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año disminuyó un 1,2% respecto al mismo periodo de 2024, hasta alcanzar un total de 7.334, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Cataluña ha sido la comunidad autónoma en la que se practicaron el mayor número de lanzamientos (con 2.069, el 28,2% del total nacional), seguida por Andalucía (1.125); Comunidad Valenciana (794) y Madrid (702). 

Un año más, siete de cada diez lanzamientos (5.644, el 76,95% del total) fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por impago del alquiler, mientras que 1.189 (16,21%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias y los 501 restantes obedecieron a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 17,9% respecto al primer trimestre de 2024, mientras que los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos crecieron un 3,7% y los que obedecen a otras causas se redujeron en un 6%.

El informe incluye también el número de lanzamientos recibidos en los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Lo que sí ha repuntado en el arranque de año han sido las ejecuciones hipotecarias, tras situarse en 6.120 unidades, con un alza del 8,2% más que en el primer trimestre de 2024. En este caso, el mayor número se dio en Andalucía, con 1.463, un 23,9% del total nacional; seguida de Cataluña (1.226); Comunidad Valenciana (762) y Madrid (609).