Sumar plantea incrementar el Plan Estatal de Vivienda hasta los 65.000 millones

El socio minoritario en el Gobierno reclama elevar la inversión del próximo Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030 hasta los 65.000 millones de euros, lo que equivaldría al 1% del PIB nacional en medidas para vivienda pública y asequible. Esta petición multiplica el plan presentado por Pedro Sánchez en la Conferencia de Presidentes autonómicos, que planteba compartir 7.000 millones de inversión. Para su plan, Sumar pretende usar 58.000 millones de euros por la vía de créditos blandos europeos de la estrategia Next Generation.

Sumar quiere abrir una mesa de negociación con el PSOE para acordar las líneas maestras del futuro Plan Estatal de Vivienda (PEV) 2026-2030 entre las que se encuentran medidas como la protección permanente de todo inmueble con calificación pública, el impulso de un parque público de alquiler con rentas asequibles entre 400 y 600 euros, potenciar la agencia pública estatal con los activos de Sareb y que el estado sea "promotor público" dejando atrás el modelo de colaboración público-privada, que a su juicio eleva los sobrecostes.

Las estimaciones del portavoz económico de Sumar, Carlos Martín, tienen en cuenta las condiciones ventajosas de esta línea de crédito (sin abono de interese en 10 años y descuentos en los 20 siguientes), y con el alquiler asequible en pisos de características promedio de 80 metros cuadrados, el impacto presupuestario sería neutro y la inversión se recuperaría, tal y como explica su 

Fondos condicionados a que las autonomías apliquen las medidas del Gobierno

Sumar aspira, además, a que se condicione la recepción de los recursos para las comunidades autónomas y ayuntamientos a que el gasto se destine a cumplir los objetivos de dicho plan, en especial al despliegue del parque público de vivienda asequible.

Martín defiende que la inversión debe vehicularse en la “modalidad de fondo competitivo" con una asignación en función de los niveles de tensión del mercado inmobiliario de cada autonomía y con la opción de que si la administración no gasta esos recursos, se reasignarán a las regiones que sí cumplen con las políticas marcadas.

Empresa pública de vivienda que aúne inmuebles y terrenos de Sepes, Sareb, ministerios y empresas de la SEPI

Otra de las propuestas que Sumar elevará al Ministerio de Vivienda es que se reúnan todos los recursos inmobiliarios de titularidad pública (en manos del SEPES) a una empresa pública de vivienda, que incluya todos los pisos y suelo de Sareb, pero también de todos los organismos públicos estatal, ya sea por ejemplo Adif o el Ministerio de Defensa.

Además, pretende la movilización de la vivienda vacía, que estima en un total de 3,8 millones de inmuebles que no están en el mercado, y demanda que los ayuntamientos creen agencias públicas de alquiler asequible para volcarse en aflorar estos pisos.

Concretamente, pauta que la administración haga de "casero público" (contactando con el propietario para proponerle un alquiler social y ofrecerse a asumir todas las gestiones) y también elevar la fiscalidad de forma progresiva para los propietarios que sigan sin sacar sus viviendas como elemento disuasorio.

Otra de las medidas plantea blindar el derecho de tanteo y retracto de las Administraciones, desde el acceso a los fondos del plan, sobre lotes de viviendas privadas o viviendas protegidas que se puedan transar entre inmobiliarias, fondos de inversión o bancos para adquirirlas a precios descontados.

Asimismo, demanda acabar con los alquileres turísticos ilegales forzando a los consistorios a activar planes de intervención para erradicarlos en zonas de alta demanda habitacional.