Reforma fiscal

El Pleno del Congreso ha aprobado definitivamente el proyecto de ley por el que se crea un nuevo impuesto mínimo para las empresas multinacionales, una norma que incluye parte de la reforma fiscal que quería el Gobierno y que finalmente introduce un impuesto a la banca, pero no a las energéticas. También se han quedado fuera las propuestas del PP aprobadas en el Senado dirigidas a los jóvenes, como las exenciones en el IRPF o que la recaudación del impuesto a la banca se destinara a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado.

La ley por la que se crea un nuevo impuesto mínimo a las multinacionales y que incluye la reforma fiscal auspiciada por el Gobierno volverá al Pleno del Congreso esta semana tras pasar por el Senado, donde se han incluido rebajas fiscales a instancias del PP que pueden ser respaldadas en la Cámara Baja por algunos de los socios del Gobierno. Entre las medidas destacan que la recaudación del impuesto a la banca se destine a ayudas hipotecarias o a construir vivienda de precio tasado que permita acceder a los jóvenes a una casa. El Congreso sólo decidirá si mantiene o elimina estas enmiendas, pero no votará la ley en su conjunto.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, se han manifestado a favor de una tributación mínima sobre la riqueza, complementaria al Impuesto de la Renta, para reducir la desigualdad y acabar con la competencia fiscal a la baja entre comunidades autónomas, siguiendo las líneas de la OCDE que plantean que una mayor tributación de la riqueza no perjudica al crecimiento. Así, respaldan la propuesta del comité de expertos de que exista un impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones común en todo el país.

El comité de expertos ya ha entregado a Hacienda el Libro Blanco sobre la reforma del sistema fiscal en España, tras 10 meses de trabajo. El documento incluye cerca de 800 páginas y medidas como establecer unos mínimos en Patrimonio y Sucesiones y Donaciones para garantizar su pago en todas las CCAA, pero el Gobierno descarta aplicar subidas fiscales en el actual contexto económico, en plena recuperación tras la pandemia y con el conflicto bélico de Rusia y Ucrania. Así, aplaza la reforma estructural del sistema a medio plazo.

Con tres días de retraso respecto al plazo límite inicialmente fijado (28 de febrero de 2022), este jueves 3 de marzo los 'sabios' designados por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, realizarán el acto de entrega del Libro Blanco para la reforma fiscal y explicarán en rueda de prensa las principales conclusiones del mismo.

Los contribuyentes que vivan en aquellas comunidades autónomas donde el Impuesto sobre el Patrimonio no esté bonificado pueden preparar el bolsillo para pagar un extra por este tributo. La reforma fiscal aprobada el pasado mes de julio (Ley 11/2021, de 9 de julio) ha establecido un cambio en este impuesto por el que los propietarios pueden verse obligados a tributar por los inmuebles comprados a partir de enero de 2022, pero valorándolos conforme al nuevo Valor de Referencia de Catastro, una valoración nueva calculada mdiante precios de transacciones de propiedades. 

Una de las medidas que el Gobierno propone en el Plan 2050 pasa por revisar ciertos beneficios fiscales, ya a partir de 2030, sobre los rendimientos de las viviendas alquiladas, además de elevar el porcentaje de imputación de renta sobre las viviendas no afectadas por una actividad económica, es decir aquellas casas vacías. Además, pretende elevar la carga fiscal sobre las rentas del capital, sobre todo aquel que se encuentren en las Sicav y carteras de fondos de inversión.

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha presentado una estrategia a largo plazo para mejorar la situación económica y social de España. Entre las más de 200 propuestas que incluye el bautizado ‘Plan 2050’ hay varias que proponen cambios en el IRPF, Sociedades, los impuestos al alcohol y al tabaco, Patrimonio y Sucesiones, y a la fiscalidad ambiental. Entre las medidas de recomendación también están la reducción de la jornada laboral a 35 horas, aumentar la tasa de empleo y reducir el paro hasta el 7%.

La Comisión Europea ha propuesto una reforma integral del IVA, la más agresiva en 25 años. A pesar de que su idea es mantener el tipo general mínimo en el 15%, abre la puerta a que los países puedan crear hasta cuatro tipos por debajo de dicho nivel, uno de ellos incluso del 0%. La propuesta necesita el apoyo unánime de todos los socios y se prevén duras negociaciones al ser una gran fuente de ingresos.

La Unión Europea ha activado el proceso de sanción a España por no haber realizado los suficientes esfuerzos en 2015 como para reducir el déficit público hasta el 4,2% previsto.

Hoy arranca la Campaña de la Renta 2015 y lo hace con una lluvia de cambios por la reforma fiscal que entró en vigor el año pasado. En esta declaración muchos inquilinos no podrán deducirse el alquiler, hay menos ventajas para los planes de pensiones y aumenta la tributación sobre los pisos vacíos. Pero no todo son malas noticias: crecen las deducciones para las familias, baja el tipo aplicable a las rentas y se simplifica el sistema para presentar la declaración, que incluso se podrá hacer desde el móvil.

El Senado ha aprobado la reforma fiscal, que ahora viajará de nuevo al Congreso de los Diputados, para su votación definitiva. Una mera formalidad, ya que no se admitirán nuevas enmiendas y Partido Popular cuenta con mayoría absoluta en la cámara. El texto incluye una mínima rebaja al castigo de la venta de viviendas: aunque elimina los coeficientes de actualización monetaria, mantiene los de abatimiento con un límite global de 400.000 euros a partir de 2015.

Que nadie se lleve a engaño: los coeficientes de abatimiento desaparecerán, pero no en año nuevo, según apunta Elena serrano, abogada y fundadora del despacho eslawyer. Aunque una enmienda del grupo popular en el senado ha frenado ha frenado la parte más polémica de la reforma fiscal, la realidad es que el nuevo texto propuesto por montoro diseña la hoja de ruta que terminará por eliminarlos aunque no de forma tan inmediata: el gobierno establece un cupo de hasta 400.000 euros en el precio de venta de los bienes para aplicar los coeficientes de abatimiento a las ganancias patrimoniales