El pasado jueves 8 de octubre entró en vigor el primer decreto de vivienda que contiene medidas de gran calado para los propietarios de viviendas en alquiler, como son la prórroga de dos años, la regulación del alquiler de temporada, de habitaciones o el límite del 2% a la actualización de las rentas. No obstante, aún debe convalidarse en la Diputación Permanente del Congreso, donde el Ejecutivo cuenta con mayoría para que salga adelante después de que el PNV ya ha dicho públicamente que lo apoyará. El abogado Santiago Thomás de Carranza señala, además, que este decreto también trae novedades como que las reparaciones ordinarias de un piso de alquiler deberá pagarlas también el propietario o que las viviendas suntuarias (con más de 300 m2) también están sujetas a estos cambios normativos.

El Gobierno ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre, el segundo decreto de vivienda tras volver a aprobarlo el Consejo de Ministros. Su artículo 20 fija nuevas obligaciones de información en la publicidad de anuncios de alquileres de vivienda en los portales inmobiliarios, impulsadas por el Ministerio de Consumo y que el propio portal de la Entidad Estatal de Vivienda Casa 47 no cumple, según la revisión de las fichas de sus viviendas. Por ejemplo, no cumplen con la obligación de mostrar el índice de referencia ni tampoco información completa del certificado energético.

El pasado martes 29 de septiembre el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley (RDL 26/2026) con medidas en materia de vivienda, entre ellas la actualización de los coeficientes máximos que se aplican en la plusvalía municipal, que finalmente el Congreso de los Diputados ha tumbado. En algunos casos la subida era de hasta el 40% de este impuesto en la mayoría de los periodos de tenencia de la vivienda de menos de 15 años. Pero como dicho Real Decreto-ley no se ha convalidado en el Congreso de los Diputados, esta temida subida se ha quedado en papel mojado de momento, con lo que los coeficientes que están en vigor son los de 2024.

El segundo de los dos reales decretos (RDL 27/2026) que el Gobierno aprobó el pasado martes en el Consejo de Ministros y que establece los llamados contratos indefinidos ya está en vigor desde este viernes 2 de octubre. Para los contratos de arrendamiento firmados desde este día, esta medida obliga a los propietarios que no quieran renovar el contrato a indemnizar al inquilino con el equivalente a doce mensualidades de renta de mercado. No obstante, hoy se debate en el Congreso de los Diputados este decreto que no cuenta con los apoyos suficientes para salir adelante.

El Gobierno ha aprobado, vía Real Decreto-ley 26/2026, una regulación específica para el alquiler de temporada y el arrendamiento de habitaciones. La norma, publicada en el BOE del 30 de septiembre, establece límites de duración, controles de precio y sanciones para las plataformas que intermedien en alquileres de corta estancia. Ahora debe convalidarse en el Pleno extraordinario del Congreso de los Diputados del viernes 2 de octubre.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha exigido llevar "ya" al Congreso de los Diputados el decreto ley sobre vivienda, que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 (ya fue tumbada en abril), a pesar de no contar con una mayoría garantizada para su aprobación. Incluir esta prórroga extraordinaria confirma que las afirmaciones de políticos como Rufián o Isabel Rodríguez de que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica, no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

Las consultas a abogados relacionadas con el derecho a una vivienda en alquiler climatizada han aumentado con el calor extremo de este verano. Cada vez más inquilinos se preguntan si pueden exigir tener aire acondicionado o mejoras en el aislamiento térmico en su vivienda. Sin embargo, Arantxa Goenaga, socia de AF Legis y especialista en derecho inmobiliario, recuerda que los propietarios no están obligados a instalar aire acondicionado, incluso durante olas de calor. “La ley exige condiciones de habitabilidad, no confort absoluto”, añade Goenaga.

Hay administradores de fincas que llevan décadas gestionando los mismos edificios sin un plan de sucesión claro. Antonio Baldellou, CEO de inmho en España, lo identifica como uno de los motores del negocio que dirige: un sector extremadamente fragmentado, con poca profesionalización y sin grandes operadores hasta que aparecieron los consolidadores. inmho gestiona 15.000 comunidades de propietarios, con el segundo operador probablemente en la mitad de esa cifra. Sin embargo, eso representa menos del 3% de un mercado de un millón de comunidades en España. También cuenta con 8.000 alquileres bajo gestión.

“Pagar bonus a los inspectores de Hacienda es una violación del Estado de Derecho”. Así de contundente se muestra Robert Amsterdam, abogado americano y fundador del despacho Amsterdam & Partners, que se dedica a llevar asuntos de gran envergadura contra Gobiernos, pero en nuestro país está librando una batalla contra el Ministerio de Hacienda. En esta entrevista para idealista/news Amsterdam, que actualmente está trabajando en la defensa de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana, asegura que su lucha en España es acabar con el sistema de bonus que reciben los inspectores de Hacienda por abrir expedientes a los contribuyentes y también es terminar con la idea de pagar antes de poder recurrir contra el fisco en los tribunales.

El anuncio del Gobierno de aprobar un nuevo decreto en vivienda incluyendo otra vez la prórroga de alquileres que ya fue tumbada por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no ha pasado desapercibido para los expertos juristas. Aunque aún se desconocen los detalles de este nuevo decreto, en caso de incluir de nuevo la prórroga de los alquileres pondría en evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. De incluirse otra vez esta prórroga en el futuro decreto se confirmaría que tales afirmaciones no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.