Un beneficiario del ingreso mínimo tendrá que devolver más de 3.000 euros por alquilar habitaciones
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha respaldado la actuación de Lanbide (el servicio público de empleo de la comunidad autónoma) en un caso que vuelve a poner el foco sobre el control de los perceptores del ingreso mínimo vital. La Sala de lo Social confirma que un beneficiario tendrá que devolver más de 3.000 euros tras detectar ingresos derivados del alquiler de habitaciones que afectaban al cálculo de la prestación. La sentencia refuerza una línea interpretativa cada vez más presente: determinados ingresos, incluidos los derivados del subarriendo, pueden afectar al cálculo y dar lugar a reclamaciones por prestaciones indebidamente percibidas.