SOS de los expertos por la oleada de reclamaciones fiscales que arrastra España

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) y varios expertos en fiscalidad han puesto sobre la mesa uno de los grandes retos de España: solucionar la excesiva litigiosidad ligada a los impuestos para no ahuyntar la inversión ni perjudicar el crecimiento de la economía.  

Según el estudio “El problema de la litigiosidad tributaria en España. Propuestas de solución y mejora desde la perspectiva de las empresas”, en el que han participado 17 catedráticos de Derecho Financiero y Tributario y profesionales del sector, el sistema fiscal español genera cada año un mayor volumen de reclamaciones que sus socios europeos, con una tendencia al alza que se está acelerando con el paso de los años. Solo durante el año pasado se registraron más de 230.000 reclamaciones, muy por encima de las 180.000 contabilizadas en 2019.

Y no solo destaca el número de reclamaciones, sino también su elevado importe: actualmente hay ‘bloqueados’ más de 40.000 millones de euros, sin contar con las indemnizaciones. Una cantidad que equivale prácticamente al 21% de los ingresos tributarios anuales.

El resultado de lo que califican como una “desmesurada litigiosidad” se traduce en costes añadidos tanto para los contribuyentes como para la propia Administración, un aumento de la inseguridad jurídica y un efecto desmotivador sobre la inversión empresarial. “El actual sistema supone un lastre para la competitividad, la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo”, ha afirmado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos, durante la presentación del documento. 

Para hacerse una idea de la falta de eficacia del sistema fiscal en España, basta recordar que, a cierre de 2022, la deuda pendiente de cobro gestionada por la Agencia Tributaria se situó en 40.421,2 millones de euros, a lo que se suman otros 12.000 millones más en indemnizaciones por sentencias favorables a los contribuyentes. Esta cifra “refleja la complejidad y el volumen del problema” y desvía recursos públicos que “podrían destinarse a mejorar la eficiencia del sistema o la atención al contribuyente”, avisa el documento.

Por otro lado, el informe detalla que más del 60% de las reclamaciones acaban dando la razón a los contribuyentes total o parcialmente, bien en vía económico-administrativa (26%) o en la contencioso-administrativa (32%); lo que pone en evidencia que existen “fallos sistemáticos” en los procedimientos internos de la Agencia Tributaria. D ahí que “todo asesor fiscal recomiende recurrir”, afirma Luis Manuel Rubí Blanc, abogado e inspector de Hacienda en excedencia.

Causas y consecuencias de la maraña fiscal

Entre las causas que alimentan esta ‘maraña’ fiscal, los expertos apuntan directamente a la complejidad y la falta de claridad de la normativa tributaria española, con una redacción en ocasiones ambigua, frecuentes cambios legislativos y unas disposiciones dispersas que generan incertidumbre. Un escenario que fomenta las discrepancias de criterio entre Hacienda y los contribuyentes y que suelen desembocan en recursos ante los tribunales, y no en vías amistosas como sucede en otros países. 

Esto explica que España esté atrapada en una espiral de litigios tributarios que obliga tanto a la Administración como a los contribuyentes a dedicar muchos recursos (humanos y financieros) para resolver los conflictos y a embarcarse en procesos que, en muchos casos, se alargan más de una década.

Además, los expertos recuerdan que existe un clima de desconfianza y confrontación generalizada entre la Agencia Tributaria y las empresas, que se ve agravado por un sistema de sanciones semiautomáticas que no distingue entre el fraude intencionado y un error formal. 

Prueba de ello es que, según los datos del Banco Mundial, el 37% de las empresas españolas ve en la relación con Hacienda un obstáculo para desarrollar su actividad, un porcentaje que triplica el promedio europeo y que supera ampliamente a los que registran Alemania (7,3%), Francia (10,2%) o Italia (22,7%).

A todo ello se añade también un escollo adicional: la pluralidad de tribunales que existe en España (los Tribunales Económicos Administrativos Locales, Regionales y Central, junto con la AEAT), que en muchas ocasiones aplican criterios contrapuestos.

En cuanto a las consecuencias, el informe avisa de que la elevada cantidad de reclamaciones fiscales está lastrando la confianza empresarial, lo que tiene un efecto de arrastre en la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo.

"El modelo no funciona. El contribuyente autoliquida un impuesto y la administración le persigue, controla y sanciona. Es un modelo que está encallado desde hace años, que vive de espaldas a la evolución de los modelos fiscales de otros países, y que no solo no es eficaz porque los números no salen, sino, lo que es peor aún, es que es injusto", ha criticado Luis Manuel Rubí Blanc.

Por su parte, Fernando Serrano Antón, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, ha aseverado que la elevada litigiosidad en España es "un mal endémico", ante la "carga fiscal elevada y la falta de estabilidad regulatoria" en este ámbito, sobre todo para las empresas. 

Mientras, Manuel Lamela, presidente de Acountax y de la Fundación Lafer y Abogado del Estado, ha puesto el foco en los retrasos que afectan a los procedimientos judiciales y ha insistido en que "la justicia tardía no es justicia. Y eso se aplica a todas las jurisdicciones: civil, penal, contencioso, administrativa y, por supuesto, en su rama fiscal". Además, se ha mostrado pesimista de cara al futuro, ya que considera que evitar la conflictividad va a ser difícil en los próximos años. 

Otra de las voces que ha alertado de la situación actual es la de Ramón Mª Calduch i Farnós, presidente de la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas (AESAE), quien ha alertado de que "la litigiosidad tributaria en España es un problema estructural, profundo y cada vez más preocupante. Un problema que no solo afecta a las empresas, sino a toda la economía, a la seguridad jurídica y a la confianza en las instituciones". Y ha añadido que "la litigiosidad tributaria es una barrera innecesaria para la competitividad", porque crea "un sistema de desajuste entre la normativa, la gestión y la realidad empresarial". Por tanto, la clave no es solo reducir los litigios, "sino construir un sistema más eficiente, más justo". 

Propuestas de mejora

Las propuestas de los autores del estudio pasan por simplificar y estabilizar la normativa fiscal, fomentar la cooperación entre Administración y contribuyentes, impulsar mecanismos alternativos para resolver disputas, como la mediación o el arbitraje; o desincentivar la litigiosidad desligando los incentivos de los funcionarios de los importes recaudados en este tipo de conflictos. También abogan por la creación de tribunales especializados en materia tributaria y la aceleración de los procesos administrativos y judiciales.

Estas son las medidas que ayudarían a revertir lo que califican como una "desmesurada litigiosidad tributaria en España":

• Simplificación normativa y claridad interpretativa. El documento insiste en que "es esencial la simplificación normativa mediante la consolidación y estabilidad de la legislación tributaria, reduciendo la dispersión normativa y esforzándose en utilizar un lenguaje claro y preciso, pero, sobre todo, evitando cambios frecuentes en la normativa, que debe aprobarse con vocación de permanencia a través de procedimientos legislativos apropiados". Además, considera necesario que las normas tributarias se sometan a un proceso transparente en su elaboración, incluyendo consultas públicas. "La seguridad jurídica mejoraría si se establecieran, por parte de la Administración, criterios interpretativos claros y consistentes, reforzando, para ello, el carácter vinculante de las consultas tributarias y acortando los plazos de respuesta", añade.
• Fomento de una relación cooperativa entre Administración y contribuyentes. Con ello, se "incrementaría la confianza y la transparencia en la relación de la Administración y los contribuyentes, a la par que permitiría adaptar el alcance de las actuaciones de comprobación y las consecuencias sancionadoras a las características de los diferentes tipos de contribuyentes", recalca.
• Implementación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Los expertos consideran que la mediación, conciliación y el arbitraje, al igual que en otros países, "puede ser efectiva para reducir el número de reclamaciones ampliando el ámbito de aplicación de las actas con acuerdo y explorando la posibilidad de acuerdos, incluso una vez iniciada la vía económico-administrativa".
• Reforma de procedimientos administrativos y judiciales.  El estudio asimismo asevera que es preciso reformar "los procedimientos administrativos y judiciales para acortar los plazos de resolución, mejorar la eficiencia de los tribunales reforzando sus recursos y establecer tribunales especializados en materia tributaria. Un procedimiento ágil para obtener aclaraciones sobre la interpretación normativa en un plazo razonable es esencial
• Desvinculación de incentivos de la Agencia Tributaria de las cantidades liquidadas y creación de mecanismos de responsabilidad sobre actos y decisiones para la Administración y sus funcionarios. Igualmente, aconsejan "desvincular los incentivos de la Agencia Tributaria de las cantidades liquidadas, o limitarlos a las liquidaciones en conformidad, lo que fomentaría el acuerdo en lugar de la litigiosidad. De igual forma, se han de establecer mecanismos para que la Hacienda Pública y sus funcionarios sean responsables de las consecuencias de sus actos y decisiones cuando estas sean claramente contrarias a la normativa tributaria, supongan una interpretación muy forzada o se dicten ignorando los derechos del sujeto pasivo".

“No se trata solo de recaudar, sino de construir un sistema eficiente y seguro para ciudadanos y empresas. El reto es ambicioso, pero imprescindible para recuperar la seguridad jurídica y convertir a España en un país más atractivo para la inversión”, ha concluido el presidente del IEE.