Opinión

El valor de referencia de Catastro, tras haber sido declarado constitucional el pasado mes de febrero, ha venido para quedarse. Y nos guste o no, es la forma de determinar la base imponible de impuestos tan importantes en el ámbito inmobiliario como el de Transmisiones Patrimoniales (ITP) o el de Sucesiones y Donaciones (ISyD). José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que cuando el valor resulte excesivo y desproporcionado, el contribuyente podrá atacarlo con un informe pericial hecho por un arquitecto. Ahora el Supremo tiene sobre la mesa decidir qué prueba hay que aportar en dicho informe pericial para hacer frente al valor de referencia.

El problema de la vivienda lleva tiempo instalado en el debate público. Y aunque en las últimas semanas ha vuelto a coger fuerza la tesis del rentismo, que afirma que la actual tensión de precios se debe a que unos pocos propietarios acaparan el mercado y especulan con la escasez, la realidad echa por tierra esta hipótesis. El economista Santiago Calvo explica que, si cruzamos el déficit residencial con el crecimiento anualizado del del precio de la vivienda libre, se aprecia una correlación "positiva, estadísticamente robusta y económicamente relevante", pero también apunta a otros factores, como el atractivo turístico o residencial de algunas zonas, como Baleares, Málaga o Madrid; y la presión específica que ejerce el alquiler vacacional en el residencial.

En los mercados bursátiles españoles hay más de 300 empresas cotizadas, con una capitalización que ronda 1,4 billones de euros. Su estructura de propiedad está muy diversificada. La mayoría de las acciones son capital flotante (free float) que está en manos de fondos, inversores y empresas que realizan inversiones por motivos meramente financieros y no como toma de control de las sociedades formando parte de un “núcleo duro”. En el 45% destacan firmas como Blackrock, el Estado español y otros estados soberanos, grandes patrimonios, particulares, empresas e instituciones.

Muchos padres aceptan en notaría donaciones de inmuebles en nombre de sus hijos menores sin imaginar que esa simple intervención puede acabar convirtiéndoles en responsables de las deudas tributarias del otro progenitor. Y es que Hacienda lleva años utilizando la declaración de responsabilidad de la Ley General Tributaria para dirigirse contra quienes considera causantes o colaboradores en la ocultación de bienes. Sin embargo, el Supremo acaba de aceptar a trámite un auto que pone en duda la exigencia de responsabilidad a los padres.

El trabajador medio español cobra hoy, en términos reales, un 3,4% menos que en 2018. Su salario nominal ha crecido un 21% entre 2018 y 2025, pero el IPC ha subido un 26%, lo que significa que ha ganado dinero en el banco y ha perdido poder de compra en el supermercado. En ese mismo plazo, el precio residencial ha subido un 62% nominal en el mismo periodo y un 29% en términos reales, por encima de la inflación. El economista Santiago Calvo explica que esta diferencia se traduce en que, con el mismo esfuerzo, un trabajador español adquiere hoy un 25% menos de vivienda que hace siete años y alerta de que el desacoplamiento irá a más "mientras no se construya de forma masiva donde la gente quiere vivir y trabajar".

Lo que voy a contar es real. Fue un sueño que tuve la noche de Jueves Santo a Viernes Santo, cuando miles de sevillanos viven La Madrugá. Soñé que tenía que explicar a un auditorio repleto de ciudadanos cuáles son las soluciones al problema de la vivienda. Antes de despertar, dije que los únicos culpables de la falta de accesibilidad a la vivienda son aquellos que trabajan para que haya escasez de vivienda.

Cuando un contribuyente le gana a Hacienda en los Tribunales, ésta queda obligado a devolver al contribuyente todo lo pagado junto con los intereses de demora computados desde que el contribuyente ingresó la deuda. Según declaró el Tribunal Supremo en 12-1-2023, esos intereses tributan en el IRPF, y además a escala. Sin embargo, esta situación podría cambiar drásticamente en los próximos meses. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que el alto tribunal vuelve a tener sobre la mesa aclarar si el contribuyente que ha ganado a Hacienda en los tribunales debe pagar o no el impuesto de la renta por los intereses de demora abonados.

En el marco de una Inspección de Hacienda, y antes de que el contribuyente conozca su inicio formal, es habitual que la Inspección trate de entrar en el domicilio del contribuyente (persona física o empresa) para recabar la información que considere necesaria para regularizar su situación tributaria. Sin embargo, no todo vale para entrar en el domicilio del contribuyente. El problema es que la entrada supone una intromisión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Y, por tanto, la regulación de dicha intromisión debieran estar regulados por Ley Orgánica, tal y como recuerda el abogado José María Salcedo. Ahora el Supremo analiza si es necesaria una Ley Orgánica para evitar estas actuaciones ilegales por parte del fisco.

La tácita reconducción es un mecanismo del Código Civil que permite que un contrato de alquiler continúe automáticamente, sin necesidad de firmar uno nuevo, cuando el inquilino permanece en la vivienda con el consentimiento del arrendador tras finalizar todas las prórrogas. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), a diferencia de los arrendamientos sujetos a la LAU, este régimen ofrece al propietario mayor control sobre la duración -con renovaciones más cortas- y le permite 'escapar' de medidas regulatorias como la prórroga obligatoria de los contratos, aunque limita la posibilidad de subir la renta y puede implicar la pérdida de garantías. Para el inquilino, supone mantener el precio del alquiler, pero a costa de una menor estabilidad.

El problema de la vivienda en España se está acelerando. Los precios crecieron en 2025 al mayor ritmo de la serie histórica y el acceso al mercado residencial se ha consolidado como la primera preocupación de los ciudadanos. Según el economista Santiago Calvo, lo que sucede con la vivienda en España no es un misterio económico, sino una crisis de oferta cuyas causas están perfectamente identificadas. Sin embargo, está proliferando el populismo inmobiliario, que ofrece justo lo contrario de lo que se necesita: "Más intervención donde se requiere menos regulación, más control de precios donde hace falta más oferta, y más confrontación territorial donde se precisan reformas estructurales".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado siete sentencias entre enero y febrero en las que recuerdan al Ayuntamiento de la ciudad que no se puede multar a alguien por incumplir una condición administrativa cuando lo que tipifica la ley como infracción grave es algo completamente distinto. El Consistorio lleva años imponiendo sanciones de 30.001 euros a propietarios y operadores de viviendas turísticas que comparten portal con el resto de vecinos, pese a que sí son compatibles con el planeamiento de la ciudad, tal y como nos explica el abogado Juan Ramón Méndez Martos.

El valor de referencia de Catastro sigue siendo fuente de innumerables litigios entre contribuyentes y Administración. El fiscalista José María Salcedo recuerda que se enfrenta a cinco recursos interpuestos por la Asociación Española de Asesores Fiscales ante la Audiencia Nacional sobre la forma en que se determina este valor y se aprueba cada año. Dicho proceso requiere de la aprobación de una Orden Ministerial anual, pero en la práctica la determinación del valor se basa en informes internos de Catastro sin naturaleza reglamentaria. La estimación de los recursos planteados supondría la nulidad del valor de referencia.

España lleva más de dos años poniendo a prueba los límites al alquiler y los primeros datos empiezan a confirmar lo que muchos economistas anticipaban: en las zonas donde se han aplicado controles de precios, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido de forma notable, mientras que en mercados sin intervención ha seguido creciendo. El economista Santiago Calvo repasa la evidencia empírica acumulada tanto en España como en EEUU, y analiza cómo estas políticas no sólo impactan en la disponibilidad de vivienda, sino también en el valor de los activos inmobiliarios.

La sostenibilidad de las pensiones públicas en España lleva años en el debate político y académico. A pesar de que los partidos siempre acaban mencionando el Pacto de Toledo, el sistema actual es insostenible: los que se jubilarán en los próximos años tendrán una pensión mensual creciente, mientras que los que tienen que pagarla, los jóvenes, tienen un salario muy inferior en términos reales. Es la "tormenta perfecta", según el economista Miguel Córdoba. En su opinión, la única solución viable es sustituir el modelo de reparto por un modelo mixto que incluya la conocida como “mochila austriaca”, una fórmula que basada en dedicar una parte del salario a un fondo de ahorro que se invertiría en los mercados a través de un fondo público gestionado por profesionales.

Picasso sugería que cuando un artista se limita a copiar su propio estilo pasado sin aportar nada nuevo o vibrante, la obra carece de la "verdad" creativa original y se convierte en una imitación de sí mismo. Y eso es lo que está pasando con el mercado inmobiliario. Temas como urbanizar y construir más no es la solución; los promotores ganan mucho dinero, son especuladores; limitar el precio de la vivienda es la solución; la vivienda turística es la culpable de falta de oferta y vamos a hacer tropecientas miles de viviendas, son copias baratas de un tema ideológico, sin ninguna base técnica. Y lo más triste de todo es que no aportan ninguna solución ni por asomo.

Cada vez son más los casos en los que contribuyentes que realizan una actividad empresarial ven cómo Hacienda les niega la deducción de todos los gastos de su actividad, como los del agua o la luz, en un determinado ejercicio por no haberlos aportado en su día, cuando se los requirió ante una comprobación tributaria. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que estamos ante supuestos en los que habrá que reaccionar con rapidez para no perder oportunidades de defensa ante el fisco. Por ejemplo, si al contribuyente le llega una propuesta de liquidación en la que Hacienda suprime de golpe todos los gastos, puede aportar aún la información requerida dentro del plazo para hacer alegaciones.

Responder a la pregunta aparentemente sencilla de cuánto puede durar un contrato de arrendamiento de vivienda se ha convertido en un auténtico ejercicio de ingeniería jurídica. La respuesta ya no es simple, ni lineal, ni intuitiva. La normativa actual, especialmente tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido tal cantidad de variables que determinar la duración real de un alquiler exige analizar previamente múltiples factores, como si el arrendador es persona física o jurídica, o si la vivienda está en zona tensionada. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica toda la casuística legal.

Noelia Rosón, Chief Operating Officer de Testa Homes, señala que España afronta una paradoja estructural que marcará el futuro de su sector inmobiliario. Contamos con uno de los mayores parques residenciales de Europa, pero también con uno de los más envejecidos e ineficientes. Durante décadas, el debate inmobiliario ha girado en torno a una única consigna: construir más. Pero la transformación del real estate español no vendrá solo por la vía de la expansión, sino por la regeneración urbana a gran escala. No se trata de elegir entre obra nueva o rehabilitación; se trata de entender que sin regeneración estructural no habrá equilibrio sostenible.

Hacienda no se detiene ante nada. Ni siquiera, ante la enfermedad grave del contribuyente, ni tampoco por el hecho de que éste se encuentre en riesgo de acabar falleciendo como consecuencia de dicha enfermedad. De hecho, esta enfermedad grave del contribuyente no constituye por sí misma causa de suspensión o paralización de las actuaciones de comprobación o inspección tributaria. Así lo manifiesta José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que añade que ahora los Tribunales obligan a Hacienda a no saltarse el plazo de duración máxima de los procedimientos.

De los tres graves problemas que tenemos en la piel de toro, vivienda, pensiones y deuda pública, el primero es probablemente el que es más recurrente en prensa, televisión y todo tipo de tertulianos. El economista Miguel Córdoba hace una recopilación en este artículo de algunos datos para dar una opinión lo más objetiva posible sobre lo que está pasando en España. Se construye poca vivienda nueva al no haber suelo disponible suficiente; en las grandes ciudades hay cada vez menos casas vacías, y hay un aumento de la población, con lo que el déficit entre oferta y demanda cada vez es mayor.

Desde el 3 de abril de 2025 cualquier afectado por una okupación debe obligatoriamente pasar previamente por un intento de solucionar el conflicto a través de vías extrajudiciales previstas en la ley de eficiencia del servicio público de Justicia. Sin embargo, la abogada Carmen Giménez señala que hay dos procedimientos que, por su carácter “breve”, no exigen pasar por este trámite extrajudicial. Se trata del juicio para la tutela de la posesión y del procedimiento especial regulado en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, para la protección de derechos reales inscritos.

Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, recurre a la historia de la física cuántica y al célebre debate entre Einstein y Bohr para explicar el profundo cambio de paradigma que, a su juicio, vive hoy el urbanismo. Frente a modelos normativos rígidos y jerárquicos, la Ley Líder de la Comunidad de Madrid representa un urbanismo flexible, adaptativo y acorde con una sociedad líquida: el inicio de la era del urbanismo cuántico.

Durante años, el debate público y normativo sobre el alquiler de corta duración ha tenido un protagonista casi exclusivo: las viviendas de uso turístico. Licencias, moratorias, prohibiciones municipales, sanciones y controles se han concentrado en ese ámbito, hasta el punto de que muchos operadores han buscado refugio en una figura que parecía, al menos hasta ahora, más estable y jurídicamente reconocible: el arrendamiento de temporada. Pero con la nueva regulación del alquiler temporal en Cataluña el cerco que durante años se ha ido cerrando sobre las viviendas turísticas empieza a extenderse hacia estos arrendamientos.

Son muchos los contribuyentes que no están de acuerdo con el valor de referencia que Catastro ha asignado a un inmueble de su propiedad, y que no están dispuestos a “pasar por el aro”, y pagar los impuestos por la adquisición del inmueble (ITP o ISyD) partiendo de un valor que consideran inflado. En esta situación, surge la duda sobre qué prueba técnica es más eficaz frente al valor de referencia. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que no todos los informes periciales que pueden aportar los contribuyentes son iguales, ni tendrán por tanto el mismo valor en Tribunales. De hecho, Hacienda rechazará todos. Sin embargo, los Tribunales exigen informes que hablen el lenguaje de Catastro y que centre en probar los errores cometidos en el proceso de determinación de dicho valor.

La autogestión de los alquileres por parte de los arrendadores particulares suelen derivar en problemas como incumplimientos contractuales, cláusulas abusivas o, en casos extremos, desahucios que podrían haberse evitado. Según José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la gestión profesional protege y da seguridad tanto a propietarios como a inquilinos y reduce el riesgo de litigios.