Opinión

En el marco de una Inspección de Hacienda, y antes de que el contribuyente conozca su inicio formal, es habitual que la Inspección trate de entrar en el domicilio del contribuyente (persona física o empresa) para recabar la información que considere necesaria para regularizar su situación tributaria. Sin embargo, no todo vale para entrar en el domicilio del contribuyente. El problema es que la entrada supone una intromisión del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. Y, por tanto, la regulación de dicha intromisión debieran estar regulados por Ley Orgánica, tal y como recuerda el abogado José María Salcedo. Ahora el Supremo analiza si es necesaria una Ley Orgánica para evitar estas actuaciones ilegales por parte del fisco.

La tácita reconducción es un mecanismo del Código Civil que permite que un contrato de alquiler continúe automáticamente, sin necesidad de firmar uno nuevo, cuando el inquilino permanece en la vivienda con el consentimiento del arrendador tras finalizar todas las prórrogas. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), a diferencia de los arrendamientos sujetos a la LAU, este régimen ofrece al propietario mayor control sobre la duración -con renovaciones más cortas- y le permite 'escapar' de medidas regulatorias como la prórroga obligatoria de los contratos, aunque limita la posibilidad de subir la renta y puede implicar la pérdida de garantías. Para el inquilino, supone mantener el precio del alquiler, pero a costa de una menor estabilidad.

El problema de la vivienda en España se está acelerando. Los precios crecieron en 2025 al mayor ritmo de la serie histórica y el acceso al mercado residencial se ha consolidado como la primera preocupación de los ciudadanos. Según el economista Santiago Calvo, lo que sucede con la vivienda en España no es un misterio económico, sino una crisis de oferta cuyas causas están perfectamente identificadas. Sin embargo, está proliferando el populismo inmobiliario, que ofrece justo lo contrario de lo que se necesita: "Más intervención donde se requiere menos regulación, más control de precios donde hace falta más oferta, y más confrontación territorial donde se precisan reformas estructurales".

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado siete sentencias entre enero y febrero en las que recuerdan al Ayuntamiento de la ciudad que no se puede multar a alguien por incumplir una condición administrativa cuando lo que tipifica la ley como infracción grave es algo completamente distinto. El Consistorio lleva años imponiendo sanciones de 30.001 euros a propietarios y operadores de viviendas turísticas que comparten portal con el resto de vecinos, pese a que sí son compatibles con el planeamiento de la ciudad, tal y como nos explica el abogado Juan Ramón Méndez Martos.

El valor de referencia de Catastro sigue siendo fuente de innumerables litigios entre contribuyentes y Administración. El fiscalista José María Salcedo recuerda que se enfrenta a cinco recursos interpuestos por la Asociación Española de Asesores Fiscales ante la Audiencia Nacional sobre la forma en que se determina este valor y se aprueba cada año. Dicho proceso requiere de la aprobación de una Orden Ministerial anual, pero en la práctica la determinación del valor se basa en informes internos de Catastro sin naturaleza reglamentaria. La estimación de los recursos planteados supondría la nulidad del valor de referencia.

España lleva más de dos años poniendo a prueba los límites al alquiler y los primeros datos empiezan a confirmar lo que muchos economistas anticipaban: en las zonas donde se han aplicado controles de precios, la oferta de vivienda en alquiler se ha reducido de forma notable, mientras que en mercados sin intervención ha seguido creciendo. El economista Santiago Calvo repasa la evidencia empírica acumulada tanto en España como en EEUU, y analiza cómo estas políticas no sólo impactan en la disponibilidad de vivienda, sino también en el valor de los activos inmobiliarios.

La sostenibilidad de las pensiones públicas en España lleva años en el debate político y académico. A pesar de que los partidos siempre acaban mencionando el Pacto de Toledo, el sistema actual es insostenible: los que se jubilarán en los próximos años tendrán una pensión mensual creciente, mientras que los que tienen que pagarla, los jóvenes, tienen un salario muy inferior en términos reales. Es la "tormenta perfecta", según el economista Miguel Córdoba. En su opinión, la única solución viable es sustituir el modelo de reparto por un modelo mixto que incluya la conocida como “mochila austriaca”, una fórmula que basada en dedicar una parte del salario a un fondo de ahorro que se invertiría en los mercados a través de un fondo público gestionado por profesionales.

Picasso sugería que cuando un artista se limita a copiar su propio estilo pasado sin aportar nada nuevo o vibrante, la obra carece de la "verdad" creativa original y se convierte en una imitación de sí mismo. Y eso es lo que está pasando con el mercado inmobiliario. Temas como urbanizar y construir más no es la solución; los promotores ganan mucho dinero, son especuladores; limitar el precio de la vivienda es la solución; la vivienda turística es la culpable de falta de oferta y vamos a hacer tropecientas miles de viviendas, son copias baratas de un tema ideológico, sin ninguna base técnica. Y lo más triste de todo es que no aportan ninguna solución ni por asomo.

Cada vez son más los casos en los que contribuyentes que realizan una actividad empresarial ven cómo Hacienda les niega la deducción de todos los gastos de su actividad, como los del agua o la luz, en un determinado ejercicio por no haberlos aportado en su día, cuando se los requirió ante una comprobación tributaria. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que estamos ante supuestos en los que habrá que reaccionar con rapidez para no perder oportunidades de defensa ante el fisco. Por ejemplo, si al contribuyente le llega una propuesta de liquidación en la que Hacienda suprime de golpe todos los gastos, puede aportar aún la información requerida dentro del plazo para hacer alegaciones.

Responder a la pregunta aparentemente sencilla de cuánto puede durar un contrato de arrendamiento de vivienda se ha convertido en un auténtico ejercicio de ingeniería jurídica. La respuesta ya no es simple, ni lineal, ni intuitiva. La normativa actual, especialmente tras la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda, ha introducido tal cantidad de variables que determinar la duración real de un alquiler exige analizar previamente múltiples factores, como si el arrendador es persona física o jurídica, o si la vivienda está en zona tensionada. José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler, explica toda la casuística legal.

Noelia Rosón, Chief Operating Officer de Testa Homes, señala que España afronta una paradoja estructural que marcará el futuro de su sector inmobiliario. Contamos con uno de los mayores parques residenciales de Europa, pero también con uno de los más envejecidos e ineficientes. Durante décadas, el debate inmobiliario ha girado en torno a una única consigna: construir más. Pero la transformación del real estate español no vendrá solo por la vía de la expansión, sino por la regeneración urbana a gran escala. No se trata de elegir entre obra nueva o rehabilitación; se trata de entender que sin regeneración estructural no habrá equilibrio sostenible.

Hacienda no se detiene ante nada. Ni siquiera, ante la enfermedad grave del contribuyente, ni tampoco por el hecho de que éste se encuentre en riesgo de acabar falleciendo como consecuencia de dicha enfermedad. De hecho, esta enfermedad grave del contribuyente no constituye por sí misma causa de suspensión o paralización de las actuaciones de comprobación o inspección tributaria. Así lo manifiesta José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que añade que ahora los Tribunales obligan a Hacienda a no saltarse el plazo de duración máxima de los procedimientos.

De los tres graves problemas que tenemos en la piel de toro, vivienda, pensiones y deuda pública, el primero es probablemente el que es más recurrente en prensa, televisión y todo tipo de tertulianos. El economista Miguel Córdoba hace una recopilación en este artículo de algunos datos para dar una opinión lo más objetiva posible sobre lo que está pasando en España. Se construye poca vivienda nueva al no haber suelo disponible suficiente; en las grandes ciudades hay cada vez menos casas vacías, y hay un aumento de la población, con lo que el déficit entre oferta y demanda cada vez es mayor.

Desde el 3 de abril de 2025 cualquier afectado por una okupación debe obligatoriamente pasar previamente por un intento de solucionar el conflicto a través de vías extrajudiciales previstas en la ley de eficiencia del servicio público de Justicia. Sin embargo, la abogada Carmen Giménez señala que hay dos procedimientos que, por su carácter “breve”, no exigen pasar por este trámite extrajudicial. Se trata del juicio para la tutela de la posesión y del procedimiento especial regulado en el artículo 41 de la Ley Hipotecaria, para la protección de derechos reales inscritos.

Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, recurre a la historia de la física cuántica y al célebre debate entre Einstein y Bohr para explicar el profundo cambio de paradigma que, a su juicio, vive hoy el urbanismo. Frente a modelos normativos rígidos y jerárquicos, la Ley Líder de la Comunidad de Madrid representa un urbanismo flexible, adaptativo y acorde con una sociedad líquida: el inicio de la era del urbanismo cuántico.

Durante años, el debate público y normativo sobre el alquiler de corta duración ha tenido un protagonista casi exclusivo: las viviendas de uso turístico. Licencias, moratorias, prohibiciones municipales, sanciones y controles se han concentrado en ese ámbito, hasta el punto de que muchos operadores han buscado refugio en una figura que parecía, al menos hasta ahora, más estable y jurídicamente reconocible: el arrendamiento de temporada. Pero con la nueva regulación del alquiler temporal en Cataluña el cerco que durante años se ha ido cerrando sobre las viviendas turísticas empieza a extenderse hacia estos arrendamientos.

Son muchos los contribuyentes que no están de acuerdo con el valor de referencia que Catastro ha asignado a un inmueble de su propiedad, y que no están dispuestos a “pasar por el aro”, y pagar los impuestos por la adquisición del inmueble (ITP o ISyD) partiendo de un valor que consideran inflado. En esta situación, surge la duda sobre qué prueba técnica es más eficaz frente al valor de referencia. El abogado fiscalista José María Salcedo recuerda que no todos los informes periciales que pueden aportar los contribuyentes son iguales, ni tendrán por tanto el mismo valor en Tribunales. De hecho, Hacienda rechazará todos. Sin embargo, los Tribunales exigen informes que hablen el lenguaje de Catastro y que centre en probar los errores cometidos en el proceso de determinación de dicho valor.

La autogestión de los alquileres por parte de los arrendadores particulares suelen derivar en problemas como incumplimientos contractuales, cláusulas abusivas o, en casos extremos, desahucios que podrían haberse evitado. Según José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la gestión profesional protege y da seguridad tanto a propietarios como a inquilinos y reduce el riesgo de litigios.

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir si las familias numerosas con el tercer hijo en gestación al comprar vivienda pueden aplicar el tipo reducido de ITP. Se trata de un asunto que ha recurrido la Comunidad de Madrid ya que se niega a aplicar el tipo reducido del 4% de ITP en aquellas familias con el tercer hijo en gestación y aún no nacido. Sin embargo, el Código Civil considera que el hijo concebido debe ser considerado como nacido para los efectos que le sean favorables, lo que permitiría la aplicación del tipo reducido. Si el alto tribunal resuelve a favor de los contribuyentes, se abre la puerta a devoluciones de ingresos indebidos y a aplicar tipos reducidos similares de otros impuestos y en otras CCAA.

Jorge Ginés, director general de Asprima, hace un repaso de las normativas en materia de vivienda y de urbanismo que están en juego este 2026. Recuerda que la Comisión Europea presentó el pasado mes de diciembre el Plan Europa de Vivienda Asequible y estima que hasta 2027 dicha norma no estará en vigor. También está sobre la mesa el Plan Nacional de Vivienda, un real decreto que necesita la convalidación del Consejo de ministros y que contempla incentivar la oferta de VPO. Otro texto de vital importancia es la modificación del Código Técnico de la Edificación. Y, por último, dentro de las competencias del Estado, está el problema enquistado de la potencia eléctrica.

No es raro que una persona o empresa sea titular de varias cuentas bancarias, y tenga alguna de ellas abandonada por falta de uso, sin haber procedido a su cancelación. Aparentemente, esto no debería suponer problema alguno. Salvo que en esa cuenta figure alguien como “autorizado” o “apoderado”, que sí que esté haciendo uso de esta cuenta… para evitar pagar a Hacienda. El abogado fiscalista José María Salcedo explica las claves de esta artimaña del contribuyente y de la persecución por parte del fisco.

Un análisis elaborado por la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) a partir de los datos oficiales del Colegio de Registradores, el INE, el MITMA y el Consejo General del Notariado sobre las compraventas de vivienda en España confirma que la participación de los fondos de inversión en el mercado de vivienda tradicional es marginal. En concreto, la inversión atribuible a fondos representó, de media, únicamente el 1,86% del volumen total de vivienda transaccionado entre 2019 y 2024. Por tanto, las familias, los pequeños propietarios y los compradores domésticos han sido los protagonistas casi absolutos del mercado en el último lustro.

En España hay más de 126 empresas que cotizan en bolsa y entre todas suman 1.380 consejeros, un puesto que apenas exige responsabilidad y que, en muchos casos, se basa en firmar documentos, pero que de media se retribuye con 132.000 euros anuales, unas remuneraciones para la inmensa mayoría de los ciudadanos. El profesor de economía y finanzas Miguel Córdoba repasa en este artículo quiénes son los consejeros mejor pagados del país y critica que, entre empresarios, ejecutivos y personas de reconocido prestigio, también hay muchos políticos que ejercen estos cargos a través de las famosas 'puertas giratorias'.

El Gibierno aprobó a finales del año pasado el modelo informativo anual de los arrendamientos de corta duración, que incorpora una obligación periódica adicional que afecta de lleno a las viviendas de uso turístico y a los arrendamientos temporales. El abogado José Ramón Méndez Matos critica el creciente intervencionismo en el mercado residencial y asegura que el legislador no se conforma con incribir estos inmuebles en el registro único de arrendamientos, sino que ahora "exige una declaración periódica que permita conocer cómo se ha utilizado el inmueble, con qué finalidad y bajo qué modalidad temporal". Y alerta que para los pequeños propietarios esta nueva obligación implica más tiempo de gestión y mayor riesgo de error formal.

Algo tan simple como donar un inmueble a un hijo se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo en España. Y es que Hacienda, aunque no la veamos, siempre está agazapada controlando este tipo de operaciones… y lista para lanzarse al cuello del contribuyente en caso de que considere que dicha donación perjudica su derecho a cobrar una deuda tributaria. Con el fin de evitar que Hacienda inicie un procedimiento de declaración de responsabilidad, antes de realizar una donación a un hijo conviene siempre extremar todas las cautelas… y que los que intervienen en la donación se hagan las siguientes preguntas.