José Ramón Zurdo

Se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, una norma nacida con la ambición de garantizar el acceso a un hogar digno a los más vulnerables. Sin embargo, el balance tras este tiempo que hace José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler es si no hemos invertido los términos de la ecuación: en el intento de proteger al inquilino, ¿hemos acabado castigando al arrendador? Peor aún, ¿no será que ni siquiera hemos protegido al primero? Porque uno de los efectos más llamativos y preocupantes de esta ley ha sido la drástica reducción de la oferta de viviendas en alquiler.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) explica en este artículo cuáles son las diferencias entre estas tres formas de okupar una vivienda. El allanamiento de morada, la usurpación o la inquiokupación hacen referencia a ilícitos penales y no civiles. El allanamiento sí implica penas de cárcel, mientras que la usurpación no, el delito es pagar una simple multa económica. En cuanto a la inquiokupación, en esta forma de okupar, a diferencia de las otras, sí existen títulos habilitantes que aparentan legitimar las ocupaciones, como son los contratos de arrendamiento.

La Ley de Vivienda ya ha cumplido un año desde que entró en vigor y expertos como José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) lamentan sus consecuencias negativas: subidas del precio de los alquileres, aumento de alquileres turísticos o de habitaciones no consentidos, oproliferación de las 'inquiokupaciones'. En su opinión, una vía rápida para aumentar la oferta de pisos en alquiler pasa por recuperar la deducción en el IRPF por la compra de una primera vivienda y también de una segunda residencia si ésta se destina al alquiler.

Tras poner como a los alquiles tradicionales a través de la Ley de Vivienda, el Gobierno prepara ahora la regulación de otras fórmulas como el arrendamiento de temporada, al que muchos propietarios están destinando sus inmuebles. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), estas nuevas intervenciones pueden "crear más tensión y que propietarios e inversores dejen de confiar en el mercado del arrendamiento", haciendo que el alquiler sea todavía "más inaccesible y elitista". Y alerta de que seguirán reduciendo el stock de pisos y presionando al alza las rentas.

Mientras no haya más seguridad jurídica e incentivos fiscales para que los arrendadores saquen más viviendas al alquiler, el problema del alquiler tradicional no se arreglará, la oferta tenderá a seguir disminuyendo y los precios seguirán al alza. Así lo afirma José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler. En su opinión, la seguridad jurídica corta el fenómeno de la okupación. Además, considera que debe ser el Estado el que ofrezca vivienda pública para los más necesitados, no los arrendadores particulares.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerda que actualmente la oferta de viviendas, sobre todo en alquiler, viene reduciéndose porque a los propietarios no les compensa el alquiler, debido a los riesgos e inseguridad jurídica que hay actualmente. Por ello, considera muy interesante potenciar otra vez la compra de viviendas, tanto para vivir en ellas, como para su posterior inversión vía arrendamiento. Así, la oferta de alquiler también aumentaría y los precios se relajarían.

La Ley por el derecho a la vivienda, que entró en vigor el pasado 26 de mayo, limita de forma considerable los derechos de todos los arrendadores de viviendas, pero especialmente, los de los grandes tenedores de viviendas, entre los que están incluidos la mayoría de los promotores y constructores de este país, según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Las razones que están detrás son las cesiones obligatorias para viviendas protegidas o las limitaciones, incertidumbre e inseguridad de esta ley que provocan una reducción de la oferta de alquiler. 

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), señala una foto preocupante sobre la vivienda en España: 3,83 millones de viviendas vacías, frente a un mercado del alquiler muy tensionado, donde cada vez hay menos oferta. En su opinión, gran parte de estas viviendas vacías lo están, por miedo a alquilar. "El próximo Gobierno tiene la misión de solucionar este grave problema y nosotros proponemos que la garantía del Estado sea la llave para abrir las viviendas vacías al alquiler", sentencia.

La Ley de Vivienda que ha entrado hace unos días en vigor trae varios cambios de calado y uno de ellos versa sobre los gastos que las agencias no pueden repercutir a los inquilinos. La normativa impide que las inmobiliarias 'deriven' los gastos de gestión y formalización de los contratos, aunque José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, asegura que sí se pueden repercutir gastos si se trata de una vivienda no sujeta a la LAU, en cesiones o en alquileres de temporada. También interpreta que deben abonarse los gastos relacionados con servicios adicionales durante la duración del arrendamiento.

José Ramón Zurdo, director general de ANA, asegura que muchos propietarios, al ver que están perdiendo poder adquisitivo con sus arrendamientos, están utilizando distintas argucias, de carácter ilegal, para poder saltarte las medidas intervencionistas del Gobierno, en relación al tope del 2% en la actualización de las rentas. En su opinión, no es necesario, y por supuesto, nada recomendable saltarse la ley. Y sobre todo cuando existen en nuestra legislación medios y vacíos legales para sortear el tope del 2% en el alquiler y además recortar la duración de los arrendamientos: es la figura legal de la tácita reconducción.

El límite del 2% de las rentas en las renovaciones de los contratos del alquiler está provocando una reducción de la oferta de viviendas en arrendamiento, ya que muchos propietarios prefieren no alquilar o vender directamente los inmuebles, lo que está impulsando los precios. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, la presión sobre el mercado se mantendrá en 2023 debido a las medidas intervencionistas que está tomando el Gobierno.

El acceso al alquiler se está haciendo casi imposible en muchas partes de España y la mala planificación política del mercado de la vivienda no ayuda a solucionar el problema. Según explica José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, las medidas intervencionistas que del Gobierno están reduciendo la oferta de pisos y están provocando que los propietarios pidan más garantías a los potenciales inquilinos. En su opinión, la clave está en dar subvenciones directas e incentivos fiscales a los arrendadores.

En una Ley de arrendamientos urbanos (LAU) extremadamente garantista para los arrendatarios como la vigente, existe todavía un pequeño reducto de tres artículos que defienden los derechos de los arrendadores. Estos son los artículos 9.3, 21.4 y 13.2 de la LAU. Se trata de artículos que regulan la duración de los alquileres y las obligaciones de los inquilinos en materia de deficiencias. Por ejemplo, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, recuerda que las pequeñas reparaciones, de ambigua redacción, son de los inquilinos.

Los Presupuestos Generales de 2022 incluyen una medida con mucho impacto para las sociedades dedicadas al alquiler de viviendas, cuyo fin es potenciar la oferta de pisos destinados al arrendamiento gracias a una fiscalidad atractiva. Desde enero se ha reducido drásticamente su bonificación en la cuota del Impuesto de Sociedades, que ha pasado del 85% al 40%. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, alerta de que estos cambios podrían derivar en un freno de nuevas inversiones y en un aumento de las rentas.

Cuando presenciamos que el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña aprueban leyes en materia de vivienda, que son contrarias y rechazadas por el poder judicial: C.G.P.J y Tribunal Constitucional, es preciso preguntarse si nuestros gobernantes están legislando con verdadera responsabilidad o por el contrario aprueban leyes, para contentar a su electorado y a sus socios de Gobierno y esto, lo segundo, es muy grave. José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), analiza la situación actual.

Las medidas que se han tomado en los últimos tiempos están enfocadas al alquiler y a atajar el problema de la vivienda desde el lado de la demanda, en un intento por ayudar los inquilinos. Sin embargo, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) defiende la necesidad de potenciar de nuevo la compra de viviendas, con el fin de lograr un equilibrio entre propietarios e inquilinos y aumentar la oferta de inmuebles disponibles para arrendar.

Muchos propietarios particulares deciden alquilar su vivienda por su cuenta, lo que en muchos casos provoca una alta conflictividad y la aparición de cláusulas abusivas o ilegales en los contratos e impagos. Para evitar este tipo de situaciones, José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, defiende la necesidad de profesionalizar la gestión de los alquileres por su trascendencia económica y legal, y recuerda que da seguridad al arrendador y estabilidad al arrendatario.

Las medidas anunciadas que llegarán previsiblemente con la Ley de Vivienda van en contra de una ley económica irrefutable: los precios bajan si la oferta es mayor que la demanda. Esta es la postura que defiende José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado especializado en arrendamientos, quien recuerda que la solución al problema del alquiler está en la oferta, por lo que todas las políticas deben estar encaminadas a incentivar que lleguen más viviendas al mercado.

La bajada de las rentas del alquiler está provocando que los contratos se rompan antes de tiempo y que no se alcance la duración que contempla la ley. Y es que, según explica José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), los inquilinos están resolviendo los contratos de forma anticipada porque se quieren mudar a viviendas más baratas y más acordes con las nuevas necesidades habitacionales que han surgido tras la pandemia sanitaria.

El Gobierno ha decidido ampliar la prórroga de los contratos de alquiler hasta el 9 de agosto. Una medida que, según José Ramón Zurdo, abogado y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, es incomprensible, ya que se aplica a todos los inquilinos, no solo a los vulnerables. En su opinión, esta medida vulnera la Ley de Arrendamientos Urbanos, crea inseguridad jurídica y llegará a los tribunales

La nueva Ley de Vivienda, cuyo contenido está discutiendo el Gobierno de coalición, debe impulsar una relación duradera y fructífera entre propietarios e inquilinos, y crear un marco jurídico y estable para las partes si quiere lograr el objetivo de ayudar al mercado del alquiler. José Ramón Zurdo, abogado especializado en arrendamiento y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, critica la posición ideológica de Podemos y su persistencia en topar las rentas cuando éstas están bajando con fuerza.

José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler y abogado especializado en arrendamiento, critica que las últimas medidas del Gobierno en materia de alquiler ya que, en su opinión, aumentan la inseguridad jurídica y provocarán una huida de inversores nacionales y extranjeros, a quienes no les saldrá a cuenta dedicarse al negocio del alquiler, y pide cambiar el rumbo de las políticas de vivienda para impedir que se reduzca la oferta.

Exiten una serie de criterios para saber si las reparaciones en una vivienda en alquiler le corresponde al arrendador o al inquilino. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, es necesario revisar el contenido del contrato, así como conocer si el desperfecto es por el paso del tiempo o un mal uso de la casa y cuándo se han producido las deficiencias. Repasamos las circunstancias que inclinarán la balanza, con ella la responsabilidad, hacia una de las dos partes.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) permite a los inquilinos dar por terminado el contrato de alquiler a los seis meses, y siempre que comuniquen su decisión al propietario al menos 30 días antes. Según explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, solo hay penalización si así lo refleja el contrato y con un máximo de una mensualidad por cada año de contrato que reste por cumplir. En el caso de que haya pasado menos de medio año, serán los jueces quienes valoren cada caso.

Desgraciadamente en estos últimos meses han fallecido muchas personas en nuestro país a causa del covid-19. Seguramente, muchos era propietarios de una vivienda de alquiler y otros inquilinos. Estas son las consecuencias jurídicas que se pueden originar en los arrendamientos de viviendas cuando fallece alguna de las partes que suscribieron el contrato.