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La nueva Ley de Vivienda tendrá que ayudar al alquiler

Gtres
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La nueva Ley de Vivienda, que están discutiendo actualmente los socios del Gobierno, tendría que servir para ayudar al mercado de alquiler, incentivándolo, ayudando a propietarios e inquilinos en una relación duradera, fructífera y en un marco jurídico seguro y estable para ambos.

En este sentido, todas las propuestas de una parte del Gobierno van en la dirección contraria de incentivar a la oferta (los arrendadores), y por el contrario buscan penalizar, intervenir y fiscalizar a la única parte del mercado que puede impulsar este sector. El interés del propietario, tanto personas físicas como jurídicas, es el de ofrecer viviendas en alquiler y que la operación sea rentable, y cuanto mayor sea la oferta de viviendas en alquiler, los precios tenderán a ser bajos o moderados.  

Detrás de la inmensa mayoría de los propietarios de viviendas en alquiler en España, más del 85% según el Ejecutivo, se encuentran los particulares. De forma deliberada, el Sindicato de Inquilinos o Podemos, han querido confundir a la opinión pública haciendo ver que ese 15% de grandes propietarios, según el sector no representa más del 5%, son mayoritarios y no minoritarios, y que, por lo tanto, controlan el precio del alquiler en España.

Las medidas que quiere introducir Podemos en la nueva Ley de Vivienda van enfocadas, o más bien desenfocadas, bajo esta falsa premisa. Las consecuencias, de aprobarse sus medidas, no solo van a desestabilizar a los grandes propietarios, hasta el punto de que no sea rentable dedicarse al alquiler, sino también a los millones de propietarios particulares, que también necesitan esas rentas, en muchos casos para completar sus ingresos, y no están precisamente para grandes rebajas.

Cuando las razones son ideológicas, porque hay que atender a un mercado electoral, sucede lo que está pasando ahora, que se insiste en limitar las rentas de alquiler, cuando el mercado lleva meses bajando los precios, incluso con bajadas de dos dígitos.

En concreto, el Gobierno aprobó el Sistema Estatal de Índices de Referencia del Precio del Alquiler de Vivienda, y si ahora mismo el Ejecutivo quisiera intervenir las rentas de alquiler y tuviera que utilizar este índice, la mayoría de los alquileres, no solo no bajarían, sino que subirían bastante de precio, como hemos podido constatar recientemente al realizar una simulación práctica con viviendas alquiladas en enero de este año en la Comunidad de Madrid. Cualquier propietario puede realizar la misma comprobación en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y llegará a las mismas conclusiones. 

Penalizar a las empresas que dedican su actividad a los arrendamientos urbanos y a los propietarios particulares de viviendas de alquiler, con la intervención de las rentas de alquiler, o con la obligación de destinar viviendas a fines sociales, no es la salida más acertada. El sector privado no tiene la culpa que las Administraciones Públicas no hayan hecho los deberes en política de vivienda social, y a día de hoy, no tengan los mecanismos adecuados para ofrecer una alternativa habitacional a las personas y familias más necesitadas.

Entendemos que la nueva Ley de Vivienda tiene que tener dos partes bien diferenciadas: por un lado, un marco jurídico claro y estable, que ofrezca seguridad y protección a ambas partes, arrendadores y arrendatarios, con incentivos fiscales, preferiblemente vía IRPF, para potenciar el alquiler, como la mejor vía de acceso a la vivienda. Es lo que se llama, poner en práctica una buena política de vivienda, con medidas que favorezcan y ayuden a consolidar el mercado de alquiler en España, para que, por ejemplo, en un plazo de cinco a 10 años, podamos alcanzar la media europea de un 30% de viviendas destinadas al alquiler.

Por otro lado, y como hemos podido comprobar tras la crisis que estamos viviendo como consecuencia de la pandemia por el covid-19, hay muchas familias y sectores que necesitan poder tener acceso a una vivienda, normalmente por debajo de los precios de mercado, y es responsabilidad del sector público poner los medios para ello. Entendemos que el nuevo Plan de Vivienda incorporará distintas vías para conseguir ampliar el parque de viviendas públicas, así como una colaboración público-privada con el mismo fin, sumado a las ayudas públicas necesarias para los colectivos más vulnerables tengan acceso a una vivienda.

Lo que no tiene sentido que se vuelva a repetir, y esperamos que el nuevo Plan de Viviendas lo recoja, es que ante situaciones de emergencia o necesidad, sean los propietarios particulares y las empresas privadas del sector quienes tengan que hacerse cargo de los impagos, moratorias o aplazamientos, con su propio bolsillo, ésa ha sido la realidad última que hemos vivido en el sector, mientras las medidas que se adoptaban en los distintos Reales Decretos, no consiguieron ayudar a gran parte de los inquilinos, y mucho menos a los arrendadores.

El alquiler en España es mayoritariamente un mercado entre particulares, donde inquilinos y propietarios llegan diariamente a acuerdos, que van en beneficio de ambos, no son enemigos, al contrario, se complementan. Hagan política para ayudar al alquiler, sin estigmatizar ni penalizar a nadie, ayudando a generar más oferta. De esta manera todos saldremos ganando. 

José Ramón Zurdo Orihuela es Director General de la Agencia Negociadora del Alquiler, abogado especialista en arrendamientos urbanos y árbitro del Consejo Arbitral de la Comunidad de Madrid.