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El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto con subvenciones directas para los promotores privados que levanten viviendas de alquiler asequible en suelos públicos. Las ayudas alcanzan los 201 millones de euros e irán destinadas a construir cerca de 2.500 viviendas en terrenos urbanizados de Casa 47 a través de un modelo de colaboración público-privada. Según el Ministerio de Vivienda, esta fórmula permitirá desarrollar una treintena de promociones en provincias como Málaga, Sevilla, Valencia, Cantabria y Guadalajara. Los inmuebles tendrán contratos de alquiler a largo plazo y unas rentas que no superen el 30% de los ingresos de los hogares que residan en ellas como inquilinos.

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, ha anunciado durante un desayuno informativo que los servicios jurídicos del Ejecutivo regional están estudiando "si hay alguna cuestión que incurra en inconstitucionalidad" en el reparto de 180 millones que hará el Gobierno de Pedro Sánchez en subvenciones directas a las CCAA que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler. Díaz ha mostrado su sorpresa por la decisión del Ejecutivo de duplicar los fondos previstos y que estos solo vayan destinados a las regiones "que aplican sus políticas". La semana pasada, la Comunidad de Madrid confirmó que recurrirá el decreto ante el Supremo.

La decisión del Gobierno de subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) antes de fin de año tiene como derivada su exención fiscal en el IRPF, un asunto que ya generó reiterados choques entre PSOE y Sumar esta legislatura y que deberá acometerse mediante una reforma legal que tendrá que aprobarse

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha abierto una consulta pública sobre la propuesta de Reglamento europeo para salvaguardar la asequibilidad y la disponibilidad de la vivienda, conocida como 'Affordable Housing Act', presentada por la Comisión Europea el pasado 9 de septiembre.Sigue a ideal

El Gobierno eliminó el término ‘fondo buitre’ de los nuevos decretos de vivienda, pero amplió a quién se aplica el límite de compra del 70% sobre el valor de tasación, que ahora incluye a grandes tenedores. El término nunca tuvo definición legal. Entre 2015 y 2019, los fondos compraron a la banca carteras inmobiliarias por más de 148.500 millones; hoy, están dejando de invertir en España. Con el alquiler rindiendo un 3,1% y la vivienda un 16% en total, según el Banco de España, el negocio está en vender. Mostramos una radiografía de quiénes son, cuánto compraron y cuántos quedan.

La Comunidad de Madrid interpondrá un recurso ante el Tribunal Supremo contra el real decreto aprobado por el Consejo de Ministros que contempla destinar 180 millones de euros a determinadas comunidades autónomas que han declarado zonas de mercado residencial tensionado, dejando a la región sin dotación económica, al considerar que se trata de un reparto "discriminatorio y que perjudica intereses de los madrileños". Según ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, el Ejecutivo regional cree que esta iniciativa "condiciona el acceso a los fondos públicos".

El Gobierno irá "más allá" en su intervención del mercado de la vivienda si continúa al frente de la Moncloa tras las elecciones generales del 29 de noviembre y promete hacerlo "con toda la fuerza de la ley". Así lo ha manifestado el ministro de Hacienda, Arcadi España. Su compañera en el Consejo de Ministros, la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez, también señala que el programa electoral del PSOE para el 29N contendrá medidas "ambiciosas" en este sentido, aunque ha evitado desvelarlas. La dirigente socialista también ha vuelto a culpar a la "falta de apoyo parlamentario" las iniciativas que el Ejecutivo ha sido incapaz de sacar adelante.

El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para conceder 180 millones de euros en subvenciones directas a las CCAA que han declarado zonas de mercado residencial tensionado para que aumenten la oferta de vivienda asequible y se reduzcan los precios del alquiler. Cataluña recibirá la mayor partida con 119,4 millones, aunque también contarán con fondos Euskadi, Navarra, Galicia y Asturias. El Gobierno ha aprobado en otro real decreto que contempla 45 millones para impulsar en una primera fase hasta 2.000 plazas en alojamientos universitarios asequibles, con proyectos en Madrid, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

La firma de análisis de valores Jefferies considera que sería positivo para la banca y el mercado un nuevo Gobierno encabezado por el Partido Popular como resultado de las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre.Sigue a idealista/news en el canal de Whatsapp"Creemos que un cambio a l

Los últimos decretos de vivienda que ha aprobado el Gobierno han puesto el foco en defender los derechos de los inquilinos, aunque ello haya supuesto menoscabar los de los arrendadores. El economista Miguel Córdoba asegura que en España se está produciendo retroceso en el concepto de democracia que habíamos acuñado a finales del siglo pasado y considera que no es democrático que se penalice a los propietarios ni que "un Gobierno débil y en situación de agonía ceda a las presiones de la izquierda radical y legisle sin un análisis previo, sin consenso y sin debate parlamentario sobre un tema de la máxima importancia" como es la vivienda.

Las viviendas vacías han sido señaladas durante años como unas de las responsables de la crisis de oferta residencial y el último decreto aprobado por el Gobierno abre la puerta a endurecer la fiscalidad a los propietarios que tengan inmuebles deshabitados, basándose en una estadística del INE que cifra el volumen de casas vacías en España en 3,8 millones. Los expertos aseguran que el censo es un lema más que un dato con fundamento estadístico, ya que procede de un análisis del consumo eléctrico de los hogares durante el covid, cuando miles de ciudadanos no podían desplazarse. Además, recuerdan que el 70% se encuentra en pequeños municipios y que se desconoce si están en condiciones de habitabilidad. Por ello, piden aplazar cualquier política sobre vivienda vacía hasta que haya información más precisa.

El real decreto sobre gestión del riesgo de inundación que preparaba el Gobierno antes de la convocatoria electoral ampliaba las restricciones urbanísticas en zonas inundables de toda España. De aprobarse, la norma prohibirá nuevos usos residenciales, vetará los garajes y sótanos en áreas expuestas a este riesgo y obligará a los ayuntamientos a adaptar su planeamiento en un plazo de cinco años. María Jesús Romero, profesora del departamento de Urbanismo de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV), responde a todas las dudas que genera este posible nuevo escenario cuestiones para idealista/news.

Ni recetas mágicas, ni decretos urgentes. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha admitido por primera vez que el Gobierno "no tiene las herramientas necesarias" para resolver la crisis de vivienda a corto plazo. El dirigente socialista también ha reconocido que el Ejecutivo de coalición que lidera Pedro Sánchez no fue "lo suficientemente previsor" en esta materia durante la anterior legislatura, cuando gozaba de una mayoría más amplia en el Congreso. "La atención del Gobierno no estuvo ahí", ha zanjado. Puente culpa ahora al parlamento por no convalidar las medidas urgentes pese a que volverán a presentarlas en la Diputación Permanente.

Tras la derogación de los dos decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados y la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre con la disolución de las Cortes, el Gobierno se reserva un as en la manga para reactivar las medidas de los dos reales decretos de vivienda que el Congreso tumbó el viernes pasado: la Diputación Permanente. En este órgano temporal entre legislaturas Pedro Sánchez y sus socios cuentan con una mayoría más favorable que en la Cámara Baja y pueden sortear el rechazo de PP, Vox y Junts a las mismas. Pese a su legalidad, este mecanismo parlamentario genera dudas entre los expertos, que solo lo ven reservado para medidas urgente

El Gobierno prevé aprobar a lo largo de octubre el nuevo real decreto para regular los centros de datos en España, que va orientado a ordenar el despliegue de estas infraestructuras sin comprometer la capacidad de la red eléctrica para la electrificación del resto de la economía. Según el texto sometido a audiencia pública a finales de agosto, el Ejecutivo español exigirá que los centros de datos respalden al menos el 80% de su consumo con energía renovable. La patronal del sector, Spain DC, avisa de que están en juego 9.000 millones de euros en futuras inversiones y que las nuevas exigencias también ponen en peligro muchos proyectos que ya están sobre la mesa.

La formación que preside Carles Puigdemont exige al PSOE retirar ambos reales decretos y sustituirlos por otro nuevo que incluya medidas antiokupación, reducir impuestos para la compra de primeras viviendas y retirar la propuesta de convertir los alquileres en indefinidos. La propuesta de los nacionalistas para un nuevo real decreto suprime el tope del 2% a la renovación de los precios del alquiler y la obligación de convertir en indefinidos este tipo de contratos. También pide acotar la supresión de los desahucios hasta 2028, y no hasta 2030 como pretendía hacer Moncloa.

El primero de los dos decretos de vivienda que aprobó el Consejo de Ministros el martes restringe hasta el 31 de diciembre de 2028 la capacidad de cualquier fondo de inversión para comprar viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación. La prohibición abarca tanto inmuebles en uso como edificios de calificación residencial que dispongan de certificado de fin de obra. Además limita a la definición de "fondo buitre" a cualquier entidad con o sin personalidad jurídica que tenga en su objeto social la adquisición de inmuebles.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes la modificación de los límites de gasto del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para adquirir compromisos con cargo a ejercicios futuros, entre ellos 45 millones de euros en 2027 para la primera convocatoria de ayudas del Perte para la Industriali

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Real Decreto-ley para proteger a familias y empresas de los efectos del conflicto en Oriente Medio, que amplía hasta finales de año las medidas que caducaban este 30 de septiembre. En concreto, se establece una rebaja fiscal de 20 céntimos por litro en gasolina y gasóleo que bajará de forma progresiva en noviembre y diciembre, se limita la revisión de la TUR del gas natural y de la bombona de butano, y se prorrogan las ayudas al campo y a los transportistas profesionales. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que las medidas que llevan en marcha desde marzo "han amortiguado en un 50% el impacto de la guerra" y ha insistido en que la presión sobre los precios de la energía no aflojará en lo que queda de 2026.

El Consejo de Ministros aprobará el martes 29 de septiembre el nuevo escudo anticrisis tras el recrudecimiento del conflicto bélico en Oriente Próximo, de cara a paliar la escalada de precios y la pérdida de poder adquisitivo de cara al otoño y el invierno. Antes de que decaigan en octubre algunas de las medidas de apoyo a los sectores productivos que estaban incluidas en paquetes anteriores, el Gobierno prepara un nuevo decreto para proteger a los hogares y empresas de la subida de precios, especialmente energéticos, provocada por la guerra en Irán.

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

La negociación para aprobar el nuevo decreto de vivienda vuelve a centrar la conversación política mientras Sumar presiona al PSOE para llevar el próximo martes al Consejo de Ministros un paquete de medidas que incluya la congelación de los alquileres y una moratoria antidesahucios. Junts, cuyos votos son necesarios para la convalidación en el Congreso, ha enviado sus propias propuestas al Gobierno que incluyen bonificaciones fiscales a inquilinos y pequeños tenedores. El partido de Yolanda Díaz se abre a aceptar estas medidas si sirve, explican, para que la iniciativa prospere "de forma urgente", pero esto podría alejar a otros socios como Podemos o ERC, que ya han mostrado su rechazo.

Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties, ha denunciado que en España se regula para "destruir" los centros de datos, en relación al proyecto de real decreto que el Gobierno está elaborando para regular los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y so

España sabe construir vivienda. Ya lo hizo en el pasado y el sector privado conserva capacidad para volver a hacerlo. El problema es que hoy esa capacidad choca con la falta de suelo disponible, la burocracia, la inseguridad jurídica, la fiscalidad, las dificultades de financiación y la escasez de trabajadores. Por eso no basta con aprobar medidas concretas para cada situación, si una promoción necesita años de trámites, informes contradictorios y decisiones de varias administraciones que no se coordinan, el problema no es solamente urbanístico, es también institucional. Todo ello se aborda en el primer capítulo del serial 'La vivienda sí tiene solución'.

Pedro Sánchez ha entrado de lleno en la polémica por el real decreto que prepara Moncloa para regular los centros de datos y que ha puesto al sector en pie de guerra por la fuga de inversiones que puede provocar. El presidente del Gobierno defiende la necesidad de establecer una regulación "proactiva" para la expansión de estas infraestructuras y advierte de que el debate sobre su impacto ambiental, económico y social amenaza su desarrollo futuro "y con razón" tras el lanzamiento, por parte de su Ejecutivo en agosto, de una consulta pública sobre un nuevo marco regulatorio más restrictivo.