El Gobierno prevé prorrogar la prohibición de los desahucios por impago del alquiler

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado que antes de que acabe el año el Gobierno llevará al Congreso un paquete normativo para prorrogar buena parte de las medidas que incluye el escudo social que se aprobó en la pandemia y que caducan el 31 de diciembre, entre las que se encuentran la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables por impago del alquiler o de cortarles los suministros básicos del hogar. 

Durante la sesión de control en el Congreso, celebrada el 12 de noviembre, el portavoz adjunto de EH Bildu en la Cámara Baja, Oskar Matute, ha dirigido una pregunta oral a María Jesús Montero sobre la prórroga del llamado escudo social, que se aprobó con motivo de la crisis sanitaria de 2020 y se ha venido prorrogando año tras año mediante diferentes decretos.

Entre esas medidas, ha explicado Matute, se encuentra la prohibición del corte de suministro de agua y luz y teléfono y de desahucios para colectivos vulnerables, la gratuidad del transporte público o la revalorización del Ingreso Mínimo Vital (IMV) o las pensiones contributivas y no contributivas.

La vicepresidenta ha contestado a Matute que se "podría aventurar" a decir que llevará la mayoría de medidas del escudo social al Congreso "para ver si cuentan con el respaldo mayoritario" del hemiciclo.

Asimismo, Montero ha querido destacar que el Gobierno y los grupos que han apoyado ese escudo social han conseguido "algo muy importante" como es incrementar el crecimiento económico del país y hacerlo compatible con la protección de las personas más vulnerables.

Matute ha celebrado el anuncio de Montero, pero ha zanjado el debate apuntando que todas esas medidas deberían dejar de ser temporales y hacerlas permanentes y estructurales. Una propuesta que también defienden desde Podemos. 

Asval no ve visos del fin de la moratoria 

El sector inmobiliario ya se está preparando para una prórroga de la moratoria antidesahucios. Según afirmó Laura Fernández, directora general de la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), durante su intervención en el Congreso Nacional de Vivienda, celebrado en la Universidad Complutense de Madrid la semana pasada, "no hay visos de que esta moratoria se vaya a levantar".

La directiva de la asociación aseguró que la mayoría de que los más de 6.000 grandes y pequeños propietarios en España que forman parte de Asval sitúan como principales preocupaciones que el inquilino deje de pagar la renta o que les okupen una vivienda y no la puedan recuperar, y pidió "mejorar la protección de la propiedad privada" para que puedan salir más viviendas al mercado del alquiler. "Sin seguridad jurídica y garantías, no hay incentivos para poner viviendas de alquiler", recalcó. 

La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo; y que se ha ido prorrogando de forma sistemática, a pesar de que ya no nos encontramos en una situación extraordinaria.

La última prórroga se incluyó en el el Real Decreto 1/2025, de 28 de enero, y
expira el próximo 31 de diciembre, aunque cabe la posibilidad de que el Gobierno vuelva a ampliar su vigencia. 

Actualmente, la suspensión se aplica en los casos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional sujetos a la LAU de 1994 y en los casos de hogares que habiten una vivienda sin título que sean víctimas de violencia de género, dependientes o con dependientes o menores a su cargo, y se encuentren en situación de vulnerabilidad, siempre que la vivienda esté en manos de un gran tenedor (persona física o jurídica titular de más de 10 viviendas). 

Los propietarios de momento tienen la posibilidad de solicitar compensación hasta el 31 de enero de 2026 si la Administración y los servicios públicos no encuentran una alternativa habitacional, para lo que tienen un plazo de tres meses.

El inquilino es quien debe presentar la solicitud de aplazamiento y el juzgado será el encargado de pedir un informe a los servicios sociales municipales para que acrediten su vulnerabilidad, mientras que corresponde a la comunidad autónoma encontrar una alternativa. En caso de que no se consiga una solución, el propietario tiene derecho a recibir una indemnización.