Moratoria desahucios

El Gobierno estudia poner en marcha un paquete de medidas urgentes por la escalada del conflicto bélico en Oriente Medio. Según han afirmado varios ministros, el Ejecutivo lo activará en caso de ser necesario para minimizar los efectos negativos que pudiera tener la guerra sobre ciudadanos y empresas, incluidos los transportistas y las grandes industrias. En 2022, con la guerra en Ucrania, el Gobierno rebajó el IVA al 0% en alimentos de primera necesidad (pan, leche, huevos, frutas) y lo redujo al 5% para aceites y pastas; congeló el precio de la bombona de butano, limitó las subidas de los alquileres y del precio del gas, además de descuentos en el transporte público, y ayudas al combustible para transportistas profesionales.

Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu y el BNG han registrado un paquete de enmiendas a la Ley de Dependencia, que se encuentra en plena tramitación parlamentaria, con el contenido del decreto del llamado 'escudo social', como la moratoria antidesahucios y la prohibición de cortes de agua y luz a gente vulnerable, después de que el Congreso de los Diputados haya tumbado el decreto con los votos de PP, Vox y Junts y haya perdido sus efectos jurídicos. El objetivo de estas tres formaciones políticas es garantizar "su carácter estructural y evitar que desaparezcan".

El Pleno de la Cámara Baja ha vuelto a tumbar el decreto del escudo social con la prórroga de los desahucios por impago de alquiler a las familias vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos. A pesar de que el Gobierno pactó con el PNV eximir de la nueva moratoria a los pequeños propietarios tras la caída de la iniciativa que incluía el ‘decreto ómnibus’ en enero, Junts, PP y Vox han tumbado el segundo decreto que entró en vigor el pasado 5 de febrero. Tanto la suspensión de los desahucios como la posibilidad de los propietarios de solicitar una compensación quedan sin efectos jurídicos.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves, 26 de febrero, la derogación o convalidación de cuatro decretos leyes del Gobierno, entre los que se encuentran el escudo social con la nueva prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a hogares vulnerables sin alternativa habitacional y la prohibición de cortarles los suministros básicos, texto que contará previsiblemente con el voto en contra de PP, Junts y Vox y que, por tanto, podría dejar de tener efectos jurídicos. Ese mismo día también se debatirán las ayudas a las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios, la revalorización de las pensiones y el límite de precios a productos y servicios en situaciones de emergencia.

El llamado ‘escudo social’ del Gobierno frente a los desahucios comienza a encontrar un freno en los tribunales. Varias resoluciones judiciales recientes han cuestionado la fórmula elegida por el Ejecutivo para prorrogar una medida que nació como excepcional durante la pandemia y que sigue vigente seis años después. El argumento central de los tribunales gira en torno al carácter extraordinario de la norma, ya que no podría interpretarse como una suspensión permanente, y se convertiría en una restricción desproporcionada del derecho de propiedad. Mientras, el Ejecutivo mantienen las negociaciones con el resto del Parlamento para ampliar el decreto antidesahucios hasta finales de 2026.

La formación catalana ha confirmado que, de momento, mantiene su rechazo al nuevo decreto del escudo social que entró en vigor el pasado 5 de febrero y que debe votarse en el Congreso de los Diputados en un plazo máximo de 30 días. El texto, que incluye la prohibición de desahuciar a colectivos vulnerables sin alternativa habitacional para propietarios de tres o más viviendas, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes para ser convalidado, pese a que Podemos ha adelantado que votará a favor. Si decae, también desaparecerá la posibilidad de los arrendadores de solicitar una compensación económica por las rentas no percibidas.

Los propietarios que se hayan visto afectados por la prohibición de desahuciar a familias vulnerables por el impago del alquiler todavía están a tiempo de solicitar una compensación económica a la Administración Pública. Según la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), el nuevo plazo se abrió el pasado 5 de febrero, cuando entró en vigor el nuevo decreto antidesahucios, aunque puede tener los días contados. Si el Congreso vuelve a tumbar la prórroga, también decaerán las indemnizaciones. Asval apremia a los arrendadores a que realicen la petición de forma inmediata, ya que todo se decidirá en apenas tres semanas.

La prórroga de la paralización de los desahucios de familias vulnerables por el impago del alquiler en 2026 que aprobó el Gobierno en diciembre ha dejado de tener efectos jurídicos, tras no conseguir el respaldo del Congreso de los Diputados. Tras decaer el 'decreto ómnibus', la Asociación de Propietarios de Viviendas de Alquiler (Asval) insta a los arrendadores a solicitar el levantamiento de la suspensión con carácter inmediato; y recuerda que pueden solicitar una compensación económica equivalente a los ingresos dejados de percibir, aunque las solicitudes deben hacerse rápidamente para que no expire el plazo. Además, repasa cómo y dónde se pueden realizar las peticiones, y qué documentación deben incluir.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha acusado al PP de "enredar e intentar confundir" lo que son situaciones de pobreza o "tropiezos que te da la vida y que te dejan desarmados" con delincuencia. "Cuando hablan de ocupación con K, de lo que están hablando es de delincuencia y ahí están los datos, un 0,4% es la incidencia que este tipo de delitos tienen en nuestro ordenamiento jurídico", ha señalado la ministra en respuesta al voto en contra del PP al decreto 'ómnibus' que incluía la paralización de los desahucios.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el 'decreto ómnibus' que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que incluía una bateria de medidas, desde la subida de las pensiones a la prórroga de la suspensión de los desahucios de hogares vulnerables por impago del alquiler y las deducciones fiscales por rehabilitar viviendas, los nuevos coeficientes para calcular la plusvalía municipal o la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables. Los votos en contra de PP, Junts y Vox han dejado sin efectos jurídicos el decreto y han protagonizado la primera gran derrota parlamentaria del Ejecutivo de 2026, aunque no se descarta que vuelvan a votarse de forma independiente para que muchas de ellas salgan adelante en las próximas semanas.

La Cámara Baja ha convocado un pleno extraordinario el próximo 27 de enero, en el que previsiblemente se votará el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que contempla la prórroga de la suspensión de desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables y de los descuentos del bono social, la subida de las pensiones o la renovación de los incentivos fiscales para comprar vehículos eléctricos y por obras de eficiencia energética en viviendas y edificios.

El Gobierno ha anunciado un acuerdo con EH Bildu para ampliar en 2026 varias de las medidas incluidas en el escudo social que fueron aprobadas durante la pandemia, como la prohibición de desahuciar por impago del alquiler a familias vulnerables o de cortarles los suministros básicos del hogar. La prórroga debe ser aprobada por el Consejo de Ministros y recibir el respaldo del Congreso de los Diputados. El sector inmobiliario ya se estaba preparando para la prórroga e insiste en que provoca inseguridad jurídica, fomenta la inquiocupación y perjudica a los pequeños propietarios, al obligarlos a asumir una función social que corresponde al Estado.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que antes de que acabe el año el Gobierno llevará al hemiciclo un paquete normativo para prorrogar buena parte de las medidas que incluye el escudo social que se aprobó en la pandemia y que caducan el próximo 31 de diciembre, entre las que se encuentran la prohibición de desahuciar a las familias vulnerables por impago del alquiler o de cortarles los suministros básicos del hogar. Los propietarios ya se están preparando para la posibilidad de que la moratoria se prolongue por sexto año consecutivo.

Sumar, ERC, Bildu y BNG se han adherido a la propuesta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para prorrogar la moratoria antidesahucios, que se puso en marcha en 2020 por la crisis del coronavirus y que expira el próximo 31 de diciembre. La organización afirma que ha detenido 58.000 lanzamientos en los últimos cuatro años, el 25% del total de los lanzamientos realizados entre 2020 a 2024. También pide más medidas que amplíen su efectividad, puesto que no ha funcionado en el 75% de los casos.

El primer Consejo de Ministros de agosto hizo oficial la decisión del Gobierno de ampliar durante casi tres meses más, exactamente hasta el 31 de octubre, las medidas sociales para suspender los desahucios y los lanzamientos de viviendas en alquiler que lleva vigente desde finales de 2020. También ha prorrogado la posibilidad de los inquilinos vulnerables de pedir una moratoria o una condonación del alquiler. Resumimos de la mano de la editorial jurídica Sepín las ayudas y cómo solicitarlas.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende incluir en la reforma que prepara de la LAU para controlar los precios de los arrendamientos una medida que evite los desahucios por impago del alquiler. Junto a la limitación de precios que podrán adoptarse en aquellas zonas que se determinen tensionadas, se incluirá una moratoria antidesahucios para las familias vulnerables que residan de alquiler en dichas zonas en viviendas de grandes tenedores.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley que amplía las medidas de protección a las familias vulnerables por la crisis.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso que la moratoria de suspensión de desahucios a familias vulnerables se prorrogará hasta mayo de 2019.

El senado rechazó la propuesta de la entesa –que forman psc, iu e icv (iniciativa per catalunya verds)– para establecer una moratoria invernal de los desahucios. La cámara alta la rechazó y solo recibió el apoyo del psoe.

El psoe propondrá hoy en el congreso de los diputados la posibilidad de obligar a las entidades financieras a que den hipotecas cuya única garantía sea la vivienda.