El Congreso tumba la moratoria antidesahucios y la 'nueva' plusvalía municipal

El Pleno del Congreso de los Diputados ha rechazado el 'decreto ómnibus' que aprobó el Gobierno el 23 de diciembre y que incluía una bateria de medidas: desde la subida de las pensiones a la moratoria antidesahucios por impago del alquiler, la prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitar viviendas, los nuevos coeficientes para calcular la plusvalía municipal o la prohibición de cortar los suministros básicos a los hogares vulnerables.

Al igual que sucedió el año pasado, el texto no ha salido adelante en la Cámara Baja, con 178 votos en contra de PP, Junts y Vox, 171 a favor y 0 abstensciones. Los tres partidos han exigido al Gobierno separar las medidas en diferentes decretos y se han opuesto a prorrogar la suspensión de los desahucios por impago de alquiler a los colectivos vulnerables, una medida que lleva vigente desde la pandemia sanitaria y que, según estas formaciones, respalda la inquiokupación. 

En las últimas horas, los tres partidos ya habían anunciado que no refrendarían el Real Decreto-ley que aprobó el Gobierno el pasado 23 de diciembre, aunque cabía la duda de si Junts se abstendría en la votación o se decantaría por posicionarse en contra, como ha sucedido finalmente. 

La primera gran derrota parlamentaria del Gobierno en 2026 no solo echa por tierra el bautizado 'escudo social', sino también otras medidas urgentes en materia tributaria y de Seguridad Social, como la revalorización de las pensiones y el ingreso mínimo vital, la actualización de los coeficientes de la plusvalía municipal o la prórroga de las deducciones en el IRPF por obras de mejora de eficiencia energética de viviendas y edificios o para comprar vehículos eléctricos. 

Como recuerda la web del Congreso, "este real decreto-ley, publicado el 24 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado, entró en vigor al día siguiente de su publicación. De acuerdo con el artículo 86.2 de la Constitución, estas normas de extraordinaria y urgente necesidad deben ser convalidadas o derogadas por la Cámara Baja en los treinta días siguientes a su aprobación. Si se convalida, el texto sigue en vigor, y si se rechaza deja de tener efectos jurídicos". 

Repasamos en qué consisten las medidas que estaban en vigor desde finales del año pasado y que ahora quedan suspendidas por decisión del Congreso:

Prórroga de la moratoria antidesahucios a familias vulnerables

El Ejecutivo pactó con EH Bildu el pasado 22 de diciembre, un día antes de que el Consejo de Ministros aprobara el 'decreto ómnibus', la ampliación de la prohibición de desahuciar a familias vulnerables sin alternativa habitacional por impago del alquiler. La medida, que expiraba el 31 de diciembre, se ampliaba un año más, hasta el 31 de diciembre de 2026. También se prorrogaba un año el plazo para que los propietarios pudieran solicitar una compensación económica, hasta el 2 de febrero de 2026. 

La suspensión de los desahucios y lanzamientos por impago de la renta de hogares vulnerables sin alternativa habitacional fue una medida que nació en plena pandemia sanitaria, con el Real Decreto 11/2020, de 31 de marzo; y que se ha ido prorrogando de forma sistemática, a pesar de que ya no nos encontramos en una situación extraordinaria.

Desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO) han celebrado el 'no' del Congreso y lo califican como "una victoria de la seguridad jurídica". Para la organización, "este rechazo parlamentario pone fin a una estrategia de 'chantaje legislativo' donde el Ejecutivo utilizaba a los pensionistas y a familias trabajadoras como rehenes para mantener la impunidad de okupas e inquiokupas". Y añade que "al decaer la norma, el Gobierno ya no puede mirar hacia otro lado: ahora está obligado a buscar soluciones habitacionales dignas y reales para quien lo necesite, en lugar de obligar a un ciudadano particular a ejercer de servicios sociales sin ayuda ni compensación".

Desde la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), aseguran que la derogación de la medida tiene dos efectos inmediatos para los propietarios que hubieran visto suspendidos los lanzamientos por este motivo: 

1. La posibilidad de instar, con carácter inmediato, el levantamiento de la suspensión. Esta instancia tendrá que hacerse en el marco del procedimiento judicial (es decir, a través del abogado encargado de la defensa jurídica del caso). El levantamiento de la suspensión no será automático y será necesario dar un nuevo plazo máximo de espera (2 meses en general y 4 meses para grandes tenedores). Transcurrido dicho plazo sin que los Servicios Sociales hayan ofrecido una alternativa habitacional, el lanzamiento será ejecutable.
2. La posibilidad de instar, hasta el próximo 2 de febrero de 2026, una compensación económica equivalente a los ingresos dejados de percibir. La solicitud se puede realizar de forma telemática en las páginas oficiales de las comunidades autónomas. 

Por otro lado, y en relación con los impagos de los alquileres, la sesión plenaria se ha saldado con otra noticia: el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado durante el debate de las medidas que las ayudas a propietarios por impagos de sus inquilinos que reclamaba Junts se dotarán con 300 millones de euros mediante un acuerdo en el Consejo de Ministros. Además, ha confirmado que el Gobierno está "estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores" porque entiende que "no hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia".

Actualización de los coeficientes para calcular la plusvalía municipal

En el Real Decreto-ley, el Gobierno también actualizó los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocido como plusvalía municipal. 

En algunos casos la subida era de hasta el 40% de este impuesto en la mayoría de los periodos de tenencia de la vivienda de menos de 15 años, aunque también planteaba una bajada de los coeficientes, de hasta el 12,5%, en transmisiones producidas tras un periodo de tenencia del inmueble de 17 años o más. 

Por tanto, los nuevos coeficientes penalizaban la venta de viviendas que se venden pocos años después de su compra, con el objetivo de castigar “las operaciones especulativas”, tal y como pedía el Gobierno. Sin embargo, los coeficientes se reducían a partir de los 17 años de tenencia. Estos son los coeficientes de 2026 que decaen y los de 2025 que se aplicarán de nuevo:

Prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación

Otra de las medidas que ha tumbado el Pleno del Congreso de los Diputados es la modificación de la Ley del IRPF para prorrogar el plazo de aplicación de los incentivos fiscales por obras destinadas a mejorar la eficiencia energética hasta el 31 de diciembre de 2026 para  viviendas individuales, y hasta el 31 de diciembre de 2027 para edificios residenciales completos.

La medida buscaba evitar que las deducciones caducaran y, por tanto, daba más margen a quienes valoraban acometer reformas orientadas a reducir el consumo energético de sus viviendas, una cuestión cada vez más relevante tanto en el mercado inmobiliario como de cara a declaración de la Renta.

Las deducciones se situaban entre el 20% y el 60% de las cantidades satisfechas para la realización de las obras de mejora energética, dependiendo del tipo de actuación. 

Desde la Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía (Agremia) han lamentado la no convalidación de la prórroga de las deducciones fiscales por rehabilitación energética, que son "una herramienta esencial para impulsar inversiones en aerotermia, fotovoltaica y otras actuaciones de eficiencia energética". Por ello, Agremia hace un llamamiento a todas las fuerzas políticas para que esta medida "vuelva a llevarse al Congreso de forma separada y urgente, facilitando su aprobación y eliminando la incertidumbre regulatoria que frena inversiones y paraliza proyectos de rehabilitación. Asimismo, insiste en la necesidad de garantizar un marco fiscal estable para la rehabilitación energética". Y añade que “la continuidad de estas deducciones es esencial para que usuarios finales, comunidades de propietarios y empresas puedan planificar actuaciones a medio y largo plazo, evitando una nueva pérdida de confianza en la fiscalidad como instrumento de impulso a la eficiencia energética”.

Prohibición de cortar los suministros básicos a familias vulnerables y descuentos del bono social

El decreto ómnibus también incluía la prohibición de cortar los suministros básicos a las familias vulnerables, incluyendo agua y energía; y la prórroga de los descuentos del bono social aplicables a los consumidores domésticos vulnerables de energía eléctrica. Los nuevos descuentos se situaban en el 42,5% en el caso del consumidor vulnerable y en el 57,5% para el consumidor vulnerable severo

Revalorización de las pensiones y el IMV

Otra de las medidas que ha decaído es la subida del 2,7% de las pensiones contributivas y de clases pasivas en 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. También la revalorización del 11,4% de las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Otras medidas que decaen

Tampoco han prosperado otras medidas como la exención para las ayudas personales recibidas por los afectados por los incendios forestales que asolaron España el pasado verano, la prolongación de las ayudas para los afectados por la DANA y para la reconstrucción de los municipios afectados o la prórroga de los incentivos fiscales vinculados a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y las inversiones en energías renovables, tanto en el IRPF como en el Impuesto sobre Sociedades.

Posibilidad de que se aprueben en el futuro

Las medidas del decreto quedan derogadas con efectos inmediatos, aunque esto no significa que no puedan aprobarse en el futuro. El año pasado, de hecho, el Gobierno volvió a plantear las medidas, pero en diferentes decretos, y logró que salieran adelante en una nueva votación en el Congreso a mediados de febrero. La medida que tendría más complicado salir adelante es la prórroga de la moratoria antidesahucios, tras la oposición frontal de PP, Vox y Junts, aunque todo apunta a que sí habrá luz verde en las próximas semanas a la revalorización de las pensiones o la prórroga del bono social eléctrico. 

Luz verde al decreto de descuentos en el transporte

A pesar de que el Pleno de la Cámara Baja ha rechazado el 'decreto ómnibus', sí que ha respaldado otro decreto que se sometía hoy a votación: el de las ayudas al transporte público, que también aprobó el Consejo de Ministros el pasado 23 de diciembre y que ha salido adelante con 179 votos a favor, 32 en contra y 137 abstenciones. Sólo Vox ha votado en contra, mientras que el PP se ha abstenido y el resto de grupos ha apoyado el texto. Además, se ha acordado su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. 

La norma establece un sistema de ayudas al transporte público a través de la prórroga de ayudas, crea un abono nominativo de tarifa única y establece la gratuidad de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo por carretera en Canarias y Baleares.