Congreso de los diputados

Entre urgencias, con la incógnita del contenido final y con una acampada en el centro de Madrid como telón de fondo, PSOE y Sumar se preparan para llevar al próximo Consejo de Ministros el nuevo decreto de vivienda. Un asunto que se ha convertido en el mayor foco de discrepancias dentro de la coalición. Ambos partidos han votado divididos en numerosas ocasiones desde el inicio de la legislatura cada vez que una iniciativa de esta materia ha llegado al Congreso. El Ejecutivo se ha roto por la ley de alquileres de temporada, la moción del PP sobre okupas, la prohibición a empresas y fondos de inversión de comprar inmuebles o el decreto del pasado marzo, que llevó a Sumar a plantarse ante Pedro Sánchez tras haber planteado el otoño anterior la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez.

El socio minoritario del Gobierno ha presentado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para establecer un gravamen del 3% de carácter permanente sobre los patrimonios que superen los 50 millones de euros que contempla algunas exenciones en el impuesto, como el patrimonio histórico, obras de arte en depósito público, la vivienda habitual hasta 300.000 euros y el ajuar doméstico. El objetivo de Sumar es crear un fondo de protección a la infancia para combatir la pobreza infantil y una prestación universal para la crianza.

El Congreso de los Diputados ha rechazado el plan económico de Podemos que contemplaba medidas como rebajar la cuantía de todos los alquileres un 40% por ley, expropiar viviendas a los grandes tenedores para ampliar el parque residencial público, crear un supermercado público o limitar los beneficios de las empresas distribuidoras de alimentación. PP, Vox y Junts han votado en contra de todas las iniciativas, mientras que el PSOE se ha abstenido en las relacionadas con la vivienda y ha rechazado las demás.

El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha exigido llevar "ya" al Congreso de los Diputados el decreto ley sobre vivienda, que incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 (ya fue tumbada en abril), a pesar de no contar con una mayoría garantizada para su aprobación. Incluir esta prórroga extraordinaria confirma que las afirmaciones de políticos como Rufián o Isabel Rodríguez de que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica, no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite una proposición de ley de Sumar que buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas. La propuesta, que ya se debatió con anterioridad en la Cámara Baja y tampoco fue admitida a trámite, no ha salido adelante ante el rechazo del PP, Vox, Junts y UPN. Además de los socialistas, el PNV y Coalición Canaria también se han abstenido.

Podemos defenderá en el Pleno del Congreso de esta semana una iniciativa que desglosa las diferentes medidas económicas del partido, como impulsar la creación de un supermercado pública, bajar por decreto ley un 40% el precio de los alquileres y expropiar viviendas a grandes propietarios.Sigue a ide

Sumar defenderá en el Pleno del Congreso de este martes, 15 de septiembre, una proposición de ley para prohibir a empresas y fondos de inversión comprar viviendas y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas. Esta propuesta, que el grupo plurinacional ya defendió el año pasado en la Cámara Baja, pero no fue admitida a trámite, exige modificar el artículo 10 de la Ley de Vivienda de 2023 para vetar la transmisión de la propiedad de inmuebles residenciales a empresas, tanto a título oneroso como gratuito. No obstante, contempla exenciones que permitirán seguir comprando inmuebles a determinadas organizaciones sin ánimo de lucro.

El Congreso ha aprobado una moción presentada por el PP que reclama al Gobierno permitir el desalojo de okupas en un plazo de 24 a 48 horas como máximo, derogar la Ley de Vivienda de 2023 ante los "efectos negativos" que ha generado desde su entrada en vigor y rebajar el IVA de adquisición de primera vivienda nueva del 10% al 4%. La iniciativa, que no es vinculante para el Ejecutivo aunque sí un toque de atención parlamentario, ha dividido a los socios de la coalición. Mientras el PSOE se abstuvo en la votación, Sumar votó en contra.

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado una de cal y otra de arena al Gobierno. Por un lado, ha tumbado por segunda vez la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria que había planteado para los Presupuestos de 2027, aunque ha avalado el nuevo decreto que incluye medidas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en Irán. El Ejecutivo deberá plantear las cuentas públicas con una hoja de ruta fiscal más esctricta para las CCAA, mientras que activa 1.825 millones de euros en ayudas en pleno rebrote del conflicto.

El Pleno del Congreso debatirá y votará en una sesión extraordinaria este jueves, 23 de julio, el nuevo Decreto ley que incluye ayudas fiscales para hacer frente a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que incluye la prórroga del alivio fiscal a los carburantes para los hogares y la eliminación progresiva del impuesto sobre la producción de energía. Como todo decreto ley, las medidas están en vigor tras su aprobación en Consejo de Ministros el pasado 29 de junio, pero tiene que remitirse al Congreso en un plazo de treinta días para decidir si se convalida o se deroga.

El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, ha tumbado este 14 de julio la senda de déficit y los objetivos de estabilidad presupuestaria fijados para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

La Plataforma de Afectados por la Okupación (PAO) alza la voz contra el bloqueo en la Mesa del Congreso de dos proposiciones de ley impulsan medidas medidas el desalojo en un plazo máximo de 48 horas o el endurecimiento de las penas por la ocupación ilegal de viviendas. Uno de los textos fue promovido por el PP en el Senado y lleva dos años y medio paralizado en la Cámara Baja, mientras que el otro es una iniciativa de Junts que el Congreso admitió a trámite en marzo del año pasado. La PAO denuncia que entre ambos textos acumulan 139 prórrogas sistemáticas de los plazos para presentar enmiendas, lo que califica como un "secuestro parlamentario" que está vulnerando el derecho a la representación política efectiva recogido en la Constitución.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy ha confirmado que el decreto de vivienda "va a salir antes del final de agosto", como ha acordado el Gobierno de coalición, y que se volverán a presentar para su votación "algunos de los contenidos esenciales" que recogen las que han sido gran parte de las "prioridades" de Sumar en esta legislatura, lo que incluye la prórroga de los alquileres.

El Pleno de la Cámara Baja ha rechazado la propuesta de Vox de dar prioridad a los ciudadanos españoles a la hora de acceder a las VPO, los alquileres sociales o las ayudas públicas a la vivienda. La iniciativa, que también contemplaba una reducción drástica de los impuestos a la compra de primera vivienda habitual por parte de jóvenes, familias y trabajadores españoles; y reforzar los mecanismos de control para evitar empadronamientos fraudulentos, pisos patera y usos irregulares de inmuebles, ha recibido el voto en contra de todos los partidos, incluido el PP.

El partido liderado por Santiago Abascal lleva al Pleno de la Cámara Baja una iniciativa que busca dar prioridad a los ciudadanos españoles para acceder a una vivienda protegida, un alquiler social o ayudas a la vivienda. La propuesta, que se votará esta semana, incluye la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para crear un sistema para optar a subvenciones o viviendas públicas y propone una reducción drástica de los impuestos a la compra de primera vivienda habitual por parte de jóvenes, familias y trabajadores españoles; así como establecer mecanismos de control para evitar empadronamientos fraudulentos, pisos patera y usos irregulares de inmuebles.

El Pleno del Congreso, con los partidos del Gobierno de coalición divididos, ha admitido a trámite una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La admisión a trámite del texto no implica su aprobación definitiva, sino que el texto legislativo entra en el cauce parlamentario y ahora se abre el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

El Pleno del Congreso debatirá y votará el 26 de mayo una proposición de ley del PP que tiene como objetivo permitir que las juntas de vecinos se puedan celebrar de forma telemática como ocurría en la pandemia, así como designar un domicilio electrónico a los efectos de las comunicaciones de propietarios. La Cámara Baja decidirá si el texto legislativo se admite a trámite y entra en el cauce parlamentario. En el caso de admitirse, se abriría el plazo para que los grupos parlamentarios presenten enmiendas al texto.

Sumar ha registrado este viernes una proposición de ley en el Congreso para crear un nuevo impuesto a las herencias y donaciones que superen el millón de euros, con la idea de que actúe de forma complementaria al tributo que ya existe sobre sucesiones y donaciones para "combatir el 'dumping' fiscal entre comunidades autónomas". La iniciativa plantea que este gravamen se aplique a herencias, donaciones o seguros de vida que superen un millón de euros, dejando fuera las herencias ordinarias.

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda, como han sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la VPO o la proposición no de ley de Sumar para derogar las socimis. Al mismo tiempo, El Pleno ha dado el visto bueno a otras tres del PP, como la propuesta para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo o agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones.

El PSOE ha rebajado el plan de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", de modo que en lugar de esa prohibición ha instado a impulsar un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, a gravar los pisos vacíos y a subir el IVA de los pisos turísticos al 21%. El grupo plurinacional ha defendido esa prohibición en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las socimis.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana una proposición no de ley de Sumar con la que plantea aplicar las modificaciones legales necesarias para prohibir la compra de viviendas por parte de "personas jurídicas, empresas y fondos buitre". Sumar también incluye un punto en su proposición no de ley para pedir al Gobierno derogar "de forma urgente" la ley por la que se regulan las socimis

El principal partido de la oposición defenderá una propuesta en el Congreso de los Diputados con la que insta a agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo, de modo que si la Administración no responde a las solicitudes de construcción en el plazo establecido, ésta se considerará aceptada; y pide al Gobierno reorientar por completo su política de vivienda y centrarse en aumentar la oferta, garantizar la seguridad jurídica y reducir la burocracia "asfixiante". El PP ha plasmado esta propuesta en una moción consecuencia de una interpelación urgente que dirigieron la última sesión plenaria a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que se votará en el Pleno de la Cámara Baja de la próxima semana.

La derogación del Real Decreto ley 8/2026, que contemplaba la prórroga extraordinaria de dos años en los contratos de alquiler de vivienda habitual y el tope del 2% en la actualización de las rentas, mantiene la confrontación entre propietarios e inquilinos para continuar con los contratos como consecuencia de la interpretación del alcance de sus efectos. Un informe de la Asesoría Jurídica del Colegio Oficial y Asociación de Agencias y Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid explica las diferentes situaciones que se han creado y deja claro que aquellos contratos que vencían tras la derogación no tienen derecho a prórroga, salvo que el propietario la haya aceptado.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone impulsar la puesta en marcha de un impuesto a nivel europeo sobre los beneficios extraordinarios que las energéticas están obteniendo por la subida de los precios de los combustibles que ha provocado el conflicto en Or