Congreso de los diputados

El Congreso ha rechazado este martes con los votos de PP, Vox y UPN la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. La proposición de ley ha contado con el apoyo del PSOE y de Sumar, los dos partidos del Gobierno. La formación catalana planteaba un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas. Así, el impuesto progresaba del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente.

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha avanzado este martes que su formación exigirá al Gobierno prorrogar la prohibición de los desahucios y hacerla permanente, una medida que se instauró desde la pandemia y está vigente hasta el 31 de diciembre de este año.En una rueda de prensa en el

El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus inmuebles a alquiler social o asequible. La iniciativa se recoge en una enmienda en la ley para transponer una directiva europea sobre criptomonedas y plantea eximir del impuesto a las rentas obtenidas con la transmisión de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento y se apliquen rentas bajas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

Esquerra Republicana (ERC) ha decidido llevar al Pleno del Congreso del 11 de noviembre una proposición de ley para crear un impuesto a propietarios de tres o más viviendas, poniendo a prueba al PSOE en pleno choque por la crisis de vivienda y tras la ruptura anunciada por Junts. La iniciativa contempla un tributo aplicable a partir de la tercera vivienda y que aumenta de forma progresiva, que arranca en el 4% y alcanzaría el 12% en el quinto inmueble. A partir de ahí, se añadiría un 5% adicional por cada nueva unidad. El partido catalán también pide subir el IBI a los grandes tenedores y modificar el régimen fiscal de las socimis.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha presentado en el Congreso de los Diputados el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para el que no ha encontrado el consenso esperado ante una propuesta que prevé una inversión de 7.000 millones de euros para los próximos cinco años. El plan no tiene que pasar la votación de la Cámara Baja ya que se regula por real decreto que entrará en vigor a comienzos de año. Junts y Podemos han sido los más críticos al exigir que se construyan las cientos de miles de viviendas que Pedro Sánchez prometió en campaña, mientras que PP y VOX denuncian que las políticas de Vivienda del Gobierno generan inseguridad jurídica

El portavoz económico de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, ha pedido al Gobierno que apoye su proposición de ley para prohibir a las plataformas anunciar y contratar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con número de registro o licencia que se planteará en el próximo Pleno del Congreso de los Diputados para su tramitación. Por su parte, ERC también presentará una batería de medidas en materia de vivienda que penalicen la compra especulativa, aplicar un IVA del 21% a los alojamientos turísticos, subir el IBI a los pisos de grandes tenedores o eliminar los privilegios fiscales a las socimis.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que espera consolidar un sistema público de acceso a la vivienda y ha mostrado su preocupación por el incremento de los precios en una reunión con agentes sociales para presentar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Al mismo tiempo, el Congreso de los Diputados ha aprobado una iniciativa del PP con la que pide al Gobierno derogar la Ley de Vivienda aprobada en 2023, aunque siguen sin aprobarse medidas para acabar con la ocupación ilegal de viviendas y la inquiocupación.

Pedro Sánchez ha anunciado que pondrá en marcha varias medidas dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes. La más destacada es un programa con ayudas de casi 30.000 euros para impulsar los alquileres con opción a compra de viviendas protegidas para los menores de 35 años. También ha anunciado que el seguro de impago de rentas que anunció en enero entrará en vigor próximamente y que habrá ayudas de unos 10.800 euros para la compra de vivienda en municipios que tengan un máximo de 10.000 habitantes.

El Congreso ha aprobado este miércoles las enmiendas de totalidad que el PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por lo que el proyecto estrella de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha quedado retirado del trámite parlamentario. El veto de los tres partidos ha prosperado con los 178 votos de las tres formaciones y UPN. El Gobierno tendrá que empezar de nuevo, si quiere volver a sacar adelante esta medida, algo que Yolanda Díaz ya ha dicho que hará.

El Pleno del Congreso debatirá y votará este miércoles las enmiendas a la totalidad que PP, Vox y Junts han presentado para devolver al Gobierno el proyecto de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, un examen parlamentario crucial para el que PSOE y Sumar no cuentan con mayoría suficiente y está pendientes de que Junts pueda levantar la barrera y, en su caso, de que no haya ausencias, incluyendo al exministro socialista José Luis Ábalos. Aunque son tres textos distintos, sólo habrá una única votación, y en caso de salir adelante el Gobierno tendría que comenzar de nuevo con su elaboración

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que plantea adoptar medidas encaminadas a incentivar el teletrabajo desde zonas rurales para fijar población joven en esos entornos y así combatir la despoblación en la lamada España vaciada.La formación socialist

La Mesa de la Cámara Baja ha dispuesto la tramitación por el procedimiento de urgencia de la Proposición de Ley para la regulación de los contratos de alquiler temporales y alquiler de habitaciones propuesta por los grupos parlamentarios ERC, EH Bildu, Sumar y el Grupo Parlamentario Mixto. La norma trata de equiparar los contratos de alquiler de temporada a los permanentes y así desincentivar su uso. Con este cambio, los partidos que la proponen pretenden que llegue al Pleno del Congreso antes de las vacaciones estivales de la Cámara.

Sumar se ha desmarcado del PSOE en la Mesa del Congreso y ha desbloqueado, junto con el PP, la tramitación parlamentaria de la ley que regula los alquileres de temporada y que había sido impulsada por los socios de izquierda del Gobierno de coalición. La norma consiste en reformar la LAU para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual y así desincentivar su uso, obliga al arrendador de justificar la necesidad de temporalidad y fija un tope de nueve meses a los contratos. Los grupos parlamentarios deberán presentar sus enmiendas este 21 de mayo.

Sumar ha criticado al PSOE y al PP por unir sus votos en la mesa del Congreso para prorrogar el plazo de enmiendas de la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y ha exigido, sobre todo a los socialistas, que desbloqueen de una vez la tramitación parlamentaria de la iniciativa, que dura ya seis meses desde su admisión a trámite. Esta reforma que se plantea de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) busca equiparar los contratos de temporada a los de vivienda permanente para desincentivar su uso, sobre todo, en zonas declaradas como mercado residencial tensionado, que controla y limita los precios.

El Pleno del Congreso de los Diputados votará este 13 de mayo una proposición no de ley presentada por Sumar para crear un nuevo impuesto que grave las emisiones ocasionadas por el uso de medios de transporte de lujo; en concreto, los vuelos en jets privados y viajes en yates. El grupo plurinacional ya intentó introducir la tasa vía enmienda en la ley del impuesto del 15% a las empresas multinacionales, pero no lo consiguió. El objetivo de la iniciativa es disminuir el impacto ambiental que provoca su uso "abusivo". Según el partido, este tipo de transporte es el "más desigual, más injusto y contaminante".

El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves el decreto ley con medidas para paliar las consecuencias de los aranceles anunciados por la administración estadounidense de Donald Trump, una norma que ha salido adelante con el apoyo de Junts, la abstención de Podemos y el voto en contra de PP y Vox. El decreto ley, que estaba en vigor desde su publicación en abril, contempla las primeras medidas del plan de respuesta del Gobierno a la guerra comercial y supone una primera inyección de liquidez de 7.720 millones de euros mediante avales y créditos principalmente.

La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado una proposición no de ley de Sumar que tiene por objeto dar más facilidades a las comunidades de vecinos para limitar el uso de viviendas residenciales como pisos turísticos, una iniciativa que ha salido adelante con el voto a favor del PSOE, la abstención de Vox y el 'no' del PP. De este modo, la Cámara Baja insta al Gobierno a estudiar y adoptar las medidas necesarias para facilitar y agilizar los trámites necesarios para realizar la inscripción registral de los acuerdos que adopten las comunidades de vecinos en torno a la limitación de los pisos turísticos. Por ejemplo, a limitar o bonificar los aranceles que se aplican para reducir la carga económica que supone este trámite.

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley para la rebaja de la jornada laboral máxima hasta las 37,5 horas semanales, sin merma salarial, la medida estrella para esta legislatura de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. La reducción ha sido pactada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos, aunque con la oposición de las patronales CEOE y Cepyme. El texto, que incluye también una reformulación del registro horario y el derecho a la desconexión digital, pasa ahora al Congreso para iniciar el proceso parlamentario con el rechazo inicial de partidos como Junts y PP.

La Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados ha aprobado varias iniciativas del PP para pedir al Gobierno que ponga fin a su "intervencionismo" en el mercado de la vivienda, que derogue la Ley de la Vivienda aprobada en 2023 y que combata la ocupación ilegal y la "inquiocupación". La ausencia de los representantes de PNV y Junts ha dejado en minoría al bloque de investidura del Gobierno. Por el contrario, el PSOE ha perdido dos proposiciones para garantizar el parque público y para aplicar la declaración de zonas de mercado residencial tensionado recogida en la Ley de Vivienda.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado durante una comparecencia en una comisión en el Congreso de los Diputados que iniciará una actuación de oficio con las comunidades autónomas para conoce el número de viviendas públicas, el número de personas en lista de espera y las medidas para aumentar el parque de vivienda protegida. También iniciará otra actuación con el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de conocer el estado de ejecución de los planes para construir vivienda pública.

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha asegurado durante la Comisión de Vivienda en el Congreso de los Diputados que confía en alcanzar el consenso parlamentario necesario para aprobar la proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) que regula los alquileres de temporada y habitaciones, con el objetivo de limitar los fraudes en la aplicación de estos contratos de alquiler. Lucas también ha reivindicado el papel del Estado en la promoción residencial y ha defendido la Ley de Vivienda, que va camino de cumplir dos años en vigor.

El Pleno del Senado ha aprobado con la mayoría absoluta del PP la proposición de ley para reformar la Ley del Suelo, que incluye la posibilidad de subsanar los actos y disposiciones del desarrollo urbanístico sin llegar a la declaración de nulidad total del plan; el silencio positivo administrativo, la lucha contra la inquiokupación o la derogación de la actual Ley estatal de Vivienda. Ahora, la proposición pasa al Congreso de los Diputados, aunque la Cámara Baja no tiene un plazo concreto para debatirla, por lo que puede quedar a la espera del visto bueno de la Mesa del Congreso.

El PSOE se ha quedado solo en el Congreso de los Diputados con su intención de hacer tributar por el IRPF al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pues su socio de Gobierno, Sumar, ha unido sus votos a los de PP, Vox y otros aliados parlamentarios habituales para pedir que se exima de impuestos a e

PSOE, PP y Vox han rechazado la admisión a trámite en el Congreso de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, apoyada por Sumar, para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ceda el 80% de sus inmuebles a alquileres sociales. La votación de la iniciativa, que tenía como objeto “corregir la grave deficiencia que se produjo en el rescate bancario y garantizar un retorno social que sirva para ayudar a cubrir las necesidades urgentes de la ciudadanía en materia de vivienda”, se ha saldado con 56 votos a favor, 282 en contra y una abstención.

El Congreso de los Diputados debatirá y votará el próximo 11 de marzo una proposición de ley del Parlamento de Cataluña para que la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) destine el 80% de sus inmuebles a alquiler social, con el objeto de crear un fondo social de vivienda. El objetivo es crear un parque de vivienda social que permita dar respuesta a la grave situación de emergencia residencial de los últimos años. También se plantea que la sociedad ceda el 50% de sus terrenos urbanizables, reformar la ley de estabilidad presupuestaria para que los ayuntamientos puedan invertir en vivienda