José María Salcedo

El Tribunal Supremo tiene sobre la mesa decidir si las familias numerosas con el tercer hijo en gestación al comprar vivienda pueden aplicar el tipo reducido de ITP. Se trata de un asunto que ha recurrido la Comunidad de Madrid ya que se niega a aplicar el tipo reducido del 4% de ITP en aquellas familias con el tercer hijo en gestación y aún no nacido. Sin embargo, el Código Civil considera que el hijo concebido debe ser considerado como nacido para los efectos que le sean favorables, lo que permitiría la aplicación del tipo reducido. Si el alto tribunal resuelve a favor de los contribuyentes, se abre la puerta a devoluciones de ingresos indebidos y a aplicar tipos reducidos similares de otros impuestos y en otras CCAA.

No es raro que una persona o empresa sea titular de varias cuentas bancarias, y tenga alguna de ellas abandonada por falta de uso, sin haber procedido a su cancelación. Aparentemente, esto no debería suponer problema alguno. Salvo que en esa cuenta figure alguien como “autorizado” o “apoderado”, que sí que esté haciendo uso de esta cuenta… para evitar pagar a Hacienda. El abogado fiscalista José María Salcedo explica las claves de esta artimaña del contribuyente y de la persecución por parte del fisco.

Algo tan simple como donar un inmueble a un hijo se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo en España. Y es que Hacienda, aunque no la veamos, siempre está agazapada controlando este tipo de operaciones… y lista para lanzarse al cuello del contribuyente en caso de que considere que dicha donación perjudica su derecho a cobrar una deuda tributaria. Con el fin de evitar que Hacienda inicie un procedimiento de declaración de responsabilidad, antes de realizar una donación a un hijo conviene siempre extremar todas las cautelas… y que los que intervienen en la donación se hagan las siguientes preguntas.

El Impuesto sobre el Patrimonio podría ser inconstitucional. En concreto, se plantea si la modificación operada por el artículo 66 de la Ley 11/2020 en la normativa de dicho impuesto, supone la vulneración de los principios de capacidad económica y prohibición de confiscatoriedad. Se trata de una cuestión que ya está sobre la mesa del Tribunal Constitucional, pero que a pesar del tiempo transcurrido, aún no ha sido resuelta. Y la decisión podría demorarse todavía muchos meses.

El fallecimiento de un contribuyente supone, obviamente, un antes y un después en su relación con la Administración Tributaria. Y es que a partir de dicho fallecimiento Hacienda no sólo no puede iniciarle una comprobación tributaria, o un procedimiento sancionador, sino que tampoco puede exigirle el pago de deudas ya liquidadas o de sanciones ya impuestas. Hacienda tiene que dirigirse contra los herederos de este contribuyente. Pero ¿qué pasa si no lo hace, y continúa notificando al fallecido como si nada? Si se ha acreditado por cualquier medio de prueba que la Administración ha tenido conocimiento de tal fallecimiento, puede considerarse nulo el procedimiento de recaudación seguido contra el fallecido desde que tuvo lugar tal conocimiento, tal y como señala el abogado José María Salcedo.

Hasta ahora, los contribuyentes que recibían una nómina o prestación inferior al salario mínimo, o que ya había sido previamente embargada por el pagador, no podían tenerlas todas consigo ni asegurar que no iban a recibir un embargo de Hacienda. Y es que el Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC), máximo intérprete de Hacienda, venía considerando que es posible embargar dichos ingresos, una vez se hubieran convertido en “ahorro” del contribuyente. Sin embargo, este mismo organismo reconoce su error y considera que la parte inembargable del sueldo es necesaria para atender necesidades básicas personas y familiares del deudor.

La normativa tributaria cada vez es más rígida y restrictiva. Según José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, esto aboca a los contribuyentes a recurrir a los tribunales o a perder el beneficio fiscal previsto. Y pone como ejemplo la enorme litigiosidad que se genera en el caso de vender la vivienda habitual antes de haberla habitado durante, al menos, tres años. Ootro frente de batalla son los consumos de la vivienda: Hacienda está negando la condición de habitual en una vivienda por considerar que los consumos eléctricos son incompatibles con el uso de la casa.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la limitación de pagos en efectivo para empresarios y profesionales, estandarte político de la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales desde el año 2012. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que están prohibidos desde 2012 los pagos en efectivo por importe igual o superior a los 1.000 euros y los infractores serán tanto los que pagan como los que reciben la cantidad. En opinión de Salcedo, quienes han impuesto a la ciudadanía dichos límites y sanciones, endureciéndolos incluso a partir del año 2021, son los primeros que los han transgredido: los políticos.

Con motivo del divorcio, corresponde repartir el patrimonio común y adjudicar a cada cónyuge lo suyo. Sin embargo, a veces se llega al acuerdo de que uno de los cónyuges reciba más bienes de los que le corresponden, sin tener además que compensar en metálico al otro. ¿Estamos ante una donación, ante un «regalo» del cónyuge que recibe menos bienes en favor del otro, o ante un acuerdo entre cónyuges? José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid promete reabrir el debate.

José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, pone sobre la mesa una práctica de abuso de poder cada vez más común por parte de la Administración tributaria: volver a liquidar y sancionar cuando los Tribunales han anulado previamente dicha liquidación o sanción dictada en su día. Para el experto es una nueva estrategia de presión y asfixia fiscal hacia los contribuyentes, a los que se les sigue hostigando incluso cuando han logrado vencer a Hacienda en los Tribunales.

El abogado José María Salcedo destaca la naturaleza cambiante del procedimiento tributario, donde la jurisprudencia y resoluciones administrativas pueden alterar las estrategias de defensa a lo largo del proceso. Recientemente, una sentencia del Tribunal Supremo ha validado el método de “tasación hipotecaria” para determinar el valor de inmuebles, afectando negativamente a los recursos interpuestos por contribuyentes. Sin embargo, existen casos recientes donde los tribunales han anulado comprobaciones de valores al considerar que la tasación hipotecaria no es prueba suficiente. Además, un Auto del Tribunal Supremo de junio de 2025 podría abrir nuevas oportunidades para los contribuyentes al cuestionar la validez de la tasación sin un informe técnico.

Cada vez son más los supuestos en los que Hacienda corrige el valor otorgado a las participaciones sociales de una entidad no cotizada con motivo de su transmisión. Ello, en el ámbito del IRPF y por considerar que el valor asignado a tales participaciones no se corresponde con el de mercado, ni con el que se pactaría entre partes independientes. En estos casos, es habitual que los intervinientes en la operación hayan valorado la situación patrimonial real de la empresa, por ejemplo, teniendo en cuenta la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios, o previendo la evolución negativa del sector. Pero Hacienda valora en muchos casos por encima. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala cómo determinar el valor real de una empresa.

El valor de referencia empieza a sufrir en los Tribunales sus primeros reveses. Así, no sólo existe un goteo de resoluciones judiciales estimatorias a favor de los contribuyentes, sino que incluso el Tribunal de Justicia de Andalucía ha planteado ya la posible inconstitucionalidad del impuesto, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. Por el momento, y a expensas de lo que ocurra con la referida cuestión de inconstitucionalidad, lo cierto es que la prueba que los contribuyentes pueden aportar frente al valor de referencia es clave para lograr su corrección total o parcial, con el consiguiente ahorro fiscal en el ITP o en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha considerado que en caso de ruptura de la pareja de hecho es perfectamente aplicable la deducción por inversión en vivienda, tal y como disfrutan los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial. José María Salcedo, socio del despacho Salcedo Tax Litigation, señala que se abre la puerta a que la justicie también termine permitiendo la aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual en caso de ruptura de la pareja de hecho cuando uno de ellos permanece en la vivienda con hijos comunes.

La campaña de IRPF 2024 ha empezado con una gran noticia para los contribuyentes y que afecta a una de las exenciones más utilizadas por estos. Hacienda considera, por fin, que la exención por reinversión es un derecho del contribuyente y no una opción tributaria. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que esto abre la puerta a solicitar la devolución de ingresos indebidos en el caso de no haber aplicado esta exención en una declaración de IRPF ya presentada, ya sea por olvido del contribuyente o porque consideró erróneamente que no tenía derecho a aplicar la exención.

Conservar todos los justificantes y facturas de la obra o reforma realizada no es garantía alguna frente a Hacienda. Prueba de ello es la situación que afecta a miles de contribuyentes, y que comenta el abogado José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. Conservar todos los justificantes y facturas de la obra o reforma realizada en la vivienda no es garantía alguna frente a Hacienda. Porque para el fisco no toda la reforma realizada, sino sólo algunos gastos, es susceptible de incrementar el valor de adquisición y reducir la ganancia patrimonial en el IRPF. Al final, el contribuyente se ve obligado a acudir a los tribunales.

A la hora de vender una vivienda uno de los problemas que habitualmente se plantean es que no se conservan los justificantes de las obras de inversión y mejora realizadas a lo largo de los años. José Maía Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que dichas obras, debidamente acreditadas, podrían utilizarse para incrementar el valor de adquisición del inmueble y reducir la ganancia patrimonial en el IRPF. Pero si no se conservan los justificantes es difícil que Hacienda admita tales gastos.

El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo local que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. Se trata de un impuesto que en los últimos años está generando mucha litigiosidad, fundamentada muchas veces en las irregularidades formales que los Ayuntamientos cometen al exigirlo a los contribuyentes. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala las vías que tienen las empresas para recuperar este impuesto.

A la hora de notificar los actos tributarios, sea una liquidación, una sanción o una declaración de responsabilidad, la Administración frecuentemente olvida cuál es la finalidad de las notificaciones que practica. Y ésta no es otra que la de que el acto llegue a conocimiento de su destinatario. Así de sencillo, y así de difícil, tal y como señala José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. En su opinión, esta práctica tiene fecha de caducidad, ya que cada vez más Tribunales están acorralando a la Administración y exigiéndole que no se limite a cumplir con los requsitos formales de las notificaciones, sino que haga todo lo posible para que éstas lleguen a conocimiento de su destinatario.

El Tribunal Supremo en una sentencia reciente ha otorgado plena validez al método de comprobación de valores de “tasación hipotecaria” previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria (LGT). En opinión de José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, "estamos ante una sentencia polémica que supondrá que muchas comprobaciones de valores realizadas conforme a dicho método, que actualmente estaban pendientes de sentencia en los Tribunales, sean finalmente validadas, garantizándose así la Administración una ingente recaudación". Sin embargo, esta sentencia que, en principio parecía muy perjudicial para los contribuyentes, puede acabar teniendo efectos muy beneficiosos para éstos porque permite atacar el valor de referencia de Catastro cuando sea superior al valor de la tasación hipotecaria del inmueble. Salcedo explica las claves.

Afirma el refranero popular que “el diablo nunca duerme”. Y lo mismo puede aplicarse a Hacienda y a sus notificaciones electrónicas. Y es que es frecuente que la Administración deposite las notificaciones en el buzón electrónico de los contribuyentes cualquier día de la semana, y a cualquier hora, y sin respetar fines de semana ni festivos. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que afortunadamente, el contribuyente puede abrir la notificación cuando quiera, pero la clave es saber cuándo se entiende practicada la notificación.

En la actualidad, los contribuyentes que en su día iniciaron el procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al estado legislador en materia de plusvalía municipal se encuentran en un laberinto procesal. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, hace un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada sólo durante 2024 para dar respuesta a las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En este recorrido ponemos sobre la mesa algunas trampas con las que pueden encontrarse los contribuyentes, en qué casos las reclamaciones están abocadas al fracaso y cuáles son los motivos que han llevado al Tribunal a dar la razón a los contribuyentes.

La normativa española señala que es competencia de los ayuntamientos la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, como el IBI, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El problema viene cuando dichas competencias no se llevan a cabo por el personal funcionario del consistorio, sino por empresas privadas o públicas que contrata el propio ayuntamiento. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que se trata de una práctica perseguida por los Tribunales y que podría suponer la anulación de actos tributarios que finalmente se notifiquen a los contribuyentes.

La compra de una vivienda con inquilino de renta antigua puede ser una operación muy interesante desde el punto de vista inmobiliario. Y es que el valor de adquisición de estos inmuebles suele ser bastante reducido, teniendo en cuenta precisamente la existencia del citado inquilino, y las dificultades que puedan existir para recuperar la posesión del inmueble. Sin embargo, José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que uno de los principales obstáculos de estas operaciones es su fiscalidad. "Ello se debe a la obligación de tributar en el ITP por el valor de referencia de Catastro, que suele ser muy superior al valor por el que se ha adquirido la vivienda", añade.

Jose María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que el deseo de la Administración de entrar impunemente en el domicilio del contribuyente viene ya de lejos. Y recuerda que la preocupación de todo Estado de Derecho que se precie debería ser la de garantizar que ello sólo ocurra en casos excepcionales y justificados, y, por supuesto, contando con el consentimiento del contribuyente o, en su defecto, habiendo obtenido la correspondiente orden judicial de entrada. En caso de que se autorice su entrada, el contribuyente debe saber que Hacienda sólo podrá entrar limitándose estríctamente a lo consentido por él mismo o por el Juzgado que autorizó la entrada.