José María Salcedo

Cada vez son más los supuestos en los que Hacienda corrige el valor otorgado a las participaciones sociales de una entidad no cotizada con motivo de su transmisión. Ello, en el ámbito del IRPF y por considerar que el valor asignado a tales participaciones no se corresponde con el de mercado, ni con el que se pactaría entre partes independientes. En estos casos, es habitual que los intervinientes en la operación hayan valorado la situación patrimonial real de la empresa, por ejemplo, teniendo en cuenta la pérdida de valor de sus activos inmobiliarios, o previendo la evolución negativa del sector. Pero Hacienda valora en muchos casos por encima. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala cómo determinar el valor real de una empresa.

El valor de referencia empieza a sufrir en los Tribunales sus primeros reveses. Así, no sólo existe un goteo de resoluciones judiciales estimatorias a favor de los contribuyentes, sino que incluso el Tribunal de Justicia de Andalucía ha planteado ya la posible inconstitucionalidad del impuesto, tal y como recuerda José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. Por el momento, y a expensas de lo que ocurra con la referida cuestión de inconstitucionalidad, lo cierto es que la prueba que los contribuyentes pueden aportar frente al valor de referencia es clave para lograr su corrección total o parcial, con el consiguiente ahorro fiscal en el ITP o en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Asturias ha considerado que en caso de ruptura de la pareja de hecho es perfectamente aplicable la deducción por inversión en vivienda, tal y como disfrutan los supuestos de nulidad matrimonial, divorcio o separación judicial. José María Salcedo, socio del despacho Salcedo Tax Litigation, señala que se abre la puerta a que la justicie también termine permitiendo la aplicación de la exención por reinversión en vivienda habitual en caso de ruptura de la pareja de hecho cuando uno de ellos permanece en la vivienda con hijos comunes.

La campaña de IRPF 2024 ha empezado con una gran noticia para los contribuyentes y que afecta a una de las exenciones más utilizadas por estos. Hacienda considera, por fin, que la exención por reinversión es un derecho del contribuyente y no una opción tributaria. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que esto abre la puerta a solicitar la devolución de ingresos indebidos en el caso de no haber aplicado esta exención en una declaración de IRPF ya presentada, ya sea por olvido del contribuyente o porque consideró erróneamente que no tenía derecho a aplicar la exención.

Conservar todos los justificantes y facturas de la obra o reforma realizada no es garantía alguna frente a Hacienda. Prueba de ello es la situación que afecta a miles de contribuyentes, y que comenta el abogado José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. Conservar todos los justificantes y facturas de la obra o reforma realizada en la vivienda no es garantía alguna frente a Hacienda. Porque para el fisco no toda la reforma realizada, sino sólo algunos gastos, es susceptible de incrementar el valor de adquisición y reducir la ganancia patrimonial en el IRPF. Al final, el contribuyente se ve obligado a acudir a los tribunales.

A la hora de vender una vivienda uno de los problemas que habitualmente se plantean es que no se conservan los justificantes de las obras de inversión y mejora realizadas a lo largo de los años. José Maía Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que dichas obras, debidamente acreditadas, podrían utilizarse para incrementar el valor de adquisición del inmueble y reducir la ganancia patrimonial en el IRPF. Pero si no se conservan los justificantes es difícil que Hacienda admita tales gastos.

El Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) es un tributo local que grava la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística. Se trata de un impuesto que en los últimos años está generando mucha litigiosidad, fundamentada muchas veces en las irregularidades formales que los Ayuntamientos cometen al exigirlo a los contribuyentes. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala las vías que tienen las empresas para recuperar este impuesto.

A la hora de notificar los actos tributarios, sea una liquidación, una sanción o una declaración de responsabilidad, la Administración frecuentemente olvida cuál es la finalidad de las notificaciones que practica. Y ésta no es otra que la de que el acto llegue a conocimiento de su destinatario. Así de sencillo, y así de difícil, tal y como señala José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation. En su opinión, esta práctica tiene fecha de caducidad, ya que cada vez más Tribunales están acorralando a la Administración y exigiéndole que no se limite a cumplir con los requsitos formales de las notificaciones, sino que haga todo lo posible para que éstas lleguen a conocimiento de su destinatario.

El Tribunal Supremo en una sentencia reciente ha otorgado plena validez al método de comprobación de valores de “tasación hipotecaria” previsto en el artículo 57.1.g de la Ley General Tributaria (LGT). En opinión de José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, "estamos ante una sentencia polémica que supondrá que muchas comprobaciones de valores realizadas conforme a dicho método, que actualmente estaban pendientes de sentencia en los Tribunales, sean finalmente validadas, garantizándose así la Administración una ingente recaudación". Sin embargo, esta sentencia que, en principio parecía muy perjudicial para los contribuyentes, puede acabar teniendo efectos muy beneficiosos para éstos porque permite atacar el valor de referencia de Catastro cuando sea superior al valor de la tasación hipotecaria del inmueble. Salcedo explica las claves.

Afirma el refranero popular que “el diablo nunca duerme”. Y lo mismo puede aplicarse a Hacienda y a sus notificaciones electrónicas. Y es que es frecuente que la Administración deposite las notificaciones en el buzón electrónico de los contribuyentes cualquier día de la semana, y a cualquier hora, y sin respetar fines de semana ni festivos. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que afortunadamente, el contribuyente puede abrir la notificación cuando quiera, pero la clave es saber cuándo se entiende practicada la notificación.

En la actualidad, los contribuyentes que en su día iniciaron el procedimiento de responsabilidad patrimonial frente al estado legislador en materia de plusvalía municipal se encuentran en un laberinto procesal. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, hace un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada sólo durante 2024 para dar respuesta a las múltiples reclamaciones de responsabilidad patrimonial. En este recorrido ponemos sobre la mesa algunas trampas con las que pueden encontrarse los contribuyentes, en qué casos las reclamaciones están abocadas al fracaso y cuáles son los motivos que han llevado al Tribunal a dar la razón a los contribuyentes.

La normativa española señala que es competencia de los ayuntamientos la gestión, recaudación e inspección de sus tributos propios, como el IBI, la plusvalía municipal o el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El problema viene cuando dichas competencias no se llevan a cabo por el personal funcionario del consistorio, sino por empresas privadas o públicas que contrata el propio ayuntamiento. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que se trata de una práctica perseguida por los Tribunales y que podría suponer la anulación de actos tributarios que finalmente se notifiquen a los contribuyentes.

La compra de una vivienda con inquilino de renta antigua puede ser una operación muy interesante desde el punto de vista inmobiliario. Y es que el valor de adquisición de estos inmuebles suele ser bastante reducido, teniendo en cuenta precisamente la existencia del citado inquilino, y las dificultades que puedan existir para recuperar la posesión del inmueble. Sin embargo, José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que uno de los principales obstáculos de estas operaciones es su fiscalidad. "Ello se debe a la obligación de tributar en el ITP por el valor de referencia de Catastro, que suele ser muy superior al valor por el que se ha adquirido la vivienda", añade.

Jose María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, señala que el deseo de la Administración de entrar impunemente en el domicilio del contribuyente viene ya de lejos. Y recuerda que la preocupación de todo Estado de Derecho que se precie debería ser la de garantizar que ello sólo ocurra en casos excepcionales y justificados, y, por supuesto, contando con el consentimiento del contribuyente o, en su defecto, habiendo obtenido la correspondiente orden judicial de entrada. En caso de que se autorice su entrada, el contribuyente debe saber que Hacienda sólo podrá entrar limitándose estríctamente a lo consentido por él mismo o por el Juzgado que autorizó la entrada.

Desde el pasado 1 de enero de 2022, la mayoría de inmuebles urbanos tiene asignado un Valor de Referencia de Catastro, que puede coincidir o no con su valor de mercado. Y es que dicho valor se ha fijado a partir de estadísticas de transacciones reales, pero sin que en ningún momento se haya visitado el inmueble, ni por tanto se conozca su estado y situación real. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Ligitation, recuerda que dicho valor se impone a los contribuyentes a la hora de comprar o heredar una vivienda. Ahora llega la primera sentencia en contra de este valor de referencia de la mano del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoce la aplicación del tipo reducido (4%) del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) por la compra de vivienda habitual por familias numerosas aun cuando el tercer hijo se encuentre todavía en gestación. Estima que la aplicación de esta ventaja fiscal es un efecto favorable tanto para el hijo aún no nacido como para los padres, motivo principal por el que la Comunidad de Madrid se opuso a aplicar este tipo reducido y negar el beneficio fiscal a los compradores.

Uno de los principales problemas con los que se encuentran los contribuyentes que reciben una liquidación de Hacienda es el de qué hacer con la deuda tributaria, y cómo asumir su pago. En estos casos, una vez descartada por imposible la opción de pagar la deuda "de golpe", son muchos los que solicitan el fraccionamiento de la deuda, proponiendo un calendario de pagos a la Administración. Sin embargo, el problema viene cuando los plazos de pago que concede Hacienda son inasumibles, teniendo en cuenta los ingresos mensuales del contribuyente.

La Ley del IRPF prevé en su artículo 23.2 una reducción aplicable al rendimiento neto del capital inmobiliario obtenido por el arrendamiento de vivienda. Sin embargo, la Agencia Tributaria viene aplicando desde hace años un criterio muy restrictivo en relación con dicha reducción, permitiéndola únicamente en el caso de contratos de arrendamiento de vivienda tradicionales, en los que la vivienda será la habitual y permanente del arrendatario. Por ello, deniega la aplicación de la reducción en el caso de contratos de 10 meses a estudiantes, que muchas veces vuelven a formalizarse cuando vuelve a empezar el curso académico. Sin embargo, el abogado fiscalista José María Salcedo da esperanzas al asegurar que varios Tribunales están permitiendo al contribuyente aplicarse este beneficio fiscal.

Son muchos los contribuyentes que están obligados a recibir notificaciones electrónicas de Hacienda. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, asegura que tiene un lado oscuro y es que deja atrás a aquellos contribuyentes que, por el motivo que sea, no han tenido conocidimiento de las notificaciones depositivas en su buzón electrónico. Sin embargo, cada vez hay más Tribunales que esán anulando las notificación electrónicas cuando se acredita que no llegaron al conocimiento del contribuyente.

La Ley del IRPF prevé la exención de la ganancia patrimonial obtenida por la transmisión de la vivienda habitual, en aquellos supuestos en los que el importe obtenido en la venta se reinvierte en la compra de una nueva vivienda habitual. El problema viene cuando el contribuyente no marca en su declaración de IRPF el compromiso de reinvertir, porque en ese momento realmente no tiene intención de comprar vivienda. Y sin embargo, por un cambio en las circunstancias, o por la aparición de una buena oportunidad, acaba adquiriendo tal vivienda dentro del plazo de dos años previsto en la normativa del IRPF. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, da las claves para aplicarse este beneficio fiscal aunque no se haya marcado la opción en la declaración de la Renta.

La ley del IRPF señala que tiene la condición de vivienda habitual aquélla que constituya la residencia del contribuyente durante un plazo continuado de al menos tres años. Por este motivo, si se deja de residir en dicha vivienda, ésta perderá su carácter de habitual. En esta tesitura, se está planteando qué ocurre si un contribuyente alquila su vivienda habitual, pero no de forma permanente, sino tan sólo en períodos vacacionales, como pueden ser la Semana Santa, los meses de verano, algún fin de semana, o las Navidades. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, analiza en qué casos se pierden los beneficios fiscales.

Son muchos los beneficios fiscales asociados a la consideración del alquiler como actividad económica. Según José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, existe desde hace años una guerra de guerrillas entre contribuyentes y Administración en la que se pelea cada palmo de terreno legal, y se entra a analizar al detalle cada supuesto de hecho. El experto afirma que para que el arrendamiento se considere actividad económica basta con tener al menos una persona empleada con contrato laboral y a jornada completa, que es el requisito exigido por la Ley del IRPF. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja, prueba de ello son dos recientes Autos admitidos a trámite por el Tribunal Supremo que han acordado decidir cuestiones referidas al cumplimiento de, en apariencia, tan sencillo requisito.

El próximo 26 de mayo se cumplirá un año de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Se trata de una ley que contempla nuevas reducciones del IRPF no sólo para alquileres permanentes, sino también para alquileres turísticos o de temporada. Así lo afirma José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que asegura que sí es posible para contratos firmados antes y después de esta normativa. Eso sí, aconseja presentar la declaración de la Renta de 2023 sin aplicar la reducción del 60% y, acto seguido, solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada, así como la devolución de ingresos indebidos.

En octubre de 2021 el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el sistema objetivo de cálculo del impuesto de plusvalía municipal y, con ello, abrió la puerta a que muchos contribuyentes que en su día pagaron este tributo, solicitaran una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial del Estado legislador. El socio director de Salcedo Tax Litigation, José María Salcedo, señala que la obtención de una indemnización en concepto de responsabilidad patrimonial ha acabado convirtiéndose en un camino lleno de trampas para los afectados. Si el contribuyente puede demostrar que no obtuvo incremento de valor, o que éste fue inferior al que se gravó con las normas del impuesto, entonces hay motivos para seguir peleando.

Uno de los métodos de comprobación de valores más habitualmente utilizados por la Administración es el de “tasación hipotecaria”. Mediante dicho método, se impone al contribuyente la obligación de tributar en el ITP o en el de Sucesiones y Donaciones (ISyD), por el valor de tasación hipotecaria a efectos de una futura subasta que figura en la escritura de la hipoteca. Y se considera dicho valor de tasación como el valor real del inmueble. Se trata de un método rechazado por varios tribunales y ahora el Supremo tiene sobre la mesa pronunciarse al respecto.