Sumar exige al PSOE desbloquear la ley para controlar el alquiler de temporada en el Congreso

Sumar ha criticado al PSOE y al PP por unir sus votos en la mesa del Congreso para prorrogar el plazo de enmiendas de la proposición de ley para regular los alquileres de temporada y ha exigido a ambos, sobre todo a los socialistas, que desbloqueen de una vez la tramitación parlamentaria de la iniciativa.

La portavoz del grupo plurinacional, Verónica Martínez Barbero, ha lamentado que la Mesa del Congreso haya evitado el cierre del plazo para presentar cambios parciales a esta normativa, que ya dura unos seis meses desde la admisión a trámite.

En declaraciones en el Congreso, ha alertado del encarecimiento "brutal" del precio de los alquileres y ha lanzado que le resulta "incomprensible" que el PSC apoye la regulación de este tipo de arrendamientos en Cataluña mientras el PSOE la "frena" en la Cámara Baja.

"Nos cuesta mucho entenderlo después de que la propia ministra de Vivienda reconociese públicamente el vacío legal que existe respecto de este tipo de alquileres. Nosotros entendemos que el PP se ponga del lado del rentismo, pero la verdad es que nos resulta francamente decepcionante que el PSOE no permita la tramitación de esta norma", ha enfatizado.

"No se puede seguir posponiendo una regulación que es clave"

La portavoz adjunta de Sumar y coportavoz de los Comunes, Aina Vidal, también ha hecho referencia a este asunto para exigir que se desbloquee la propuesta de ley para limitar el alquiler de temporada, dado que ya no valen "excusas".

"No se puede seguir posponiendo una regulación que entendemos desde los Comunes que es clave", ha insistido para proclamar, acto seguido, que esta mejora del derecho a la vivienda "no puede seguir encallada", máxime ante el contexto de "precios abusivos", "alquileres fraudulentos" y "mercado sin control".

Las modificaciones que pretende hacer en la LAU

Los grupos que impulsaron la propuesta (Sumar, ERC, EH Bildu, Podemos y BNG) argumentan que los contratos de alquiler de temporada y de habitaciones se han convertido en una práctica “para esquivar algunos de los preceptos más garantistas de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la regulación de alquileres”.

Esta reforma planteada de la LAU busca equiparar los contratos de temporada a los de vivienda habitual y, así, desincentivar su uso, sobre todo en zonas que se declaran tensionadas. Para cumplir ese objetivo, la iniciativa modifica siete artículos de la LAU y añade una nueva disposición.

La ley para regular los alquileres temporales y de habitaciones incluye la modificación del artículo 2 de la LAU y obliga al arrendador a “justificar la necesidad de temporalidad” para los alquileres temporales, especificando las causas, las circunstancias concretas y su conexión con la duración prevista. En caso contrario, se considerará como contrato de arrendamiento de vivienda habitual. 

Además, se excluyen los alquileres de temporada de los arrendamientos considerados “para uso distinto del de vivienda”, según la nueva redacción del artículo 3.2.

También se añade un artículo 9 bis donde se señala que, cuando se trate de un contrato de alquiler temporal, el plazo mínimo de duración “será libremente pactado por las partes”, pero no podrá superar los nueve meses. 

Asimismo, se incluye un nuevo apartado en el artículo 11, que permite al arrendatario desistir del contrato cuando haya transcurrido un mes desde su formalización, siempre que se comunique al arrendador con diez días de antelación, “sin que en ningún caso dé derecho a indemnización”. 

Otro de los cambios se encuentra en el artículo 21 y dictamina que corresponde al arrendador “la obligación de conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad”, al igual que “las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda”. 

Respecto a la fianza de los alquileres de temporada, “el valor de esta garantía no podrá exceder de una mensualidad de la renta”, según la nueva modificación del artículo 36.  

Por último, según la la disposición adicional duodécima, “en los casos de las comunidades autónomas que hayan desarrollado legislación propia” en materia de urbanismo y vivienda, en virtud del artículo 148.1.3 de la Constitución, se aplicará la normativa autonómica, “respetando así la división competencial”. 

Tras superar la votación en el Pleno del Congreso, la proposición de ley comenzará a tramitarse en comisión y se abrirá el periodo de enmiendas. "En el caso de que se presentaran enmiendas a la totalidad, que solo pueden ser de texto alternativo, se celebrará el debate de totalidad. Una vez celebrado el debate, y si dichas enmiendas son rechazadas, la iniciativa continuará su tramitación en el Congreso. Si la iniciativa resulta aprobada por la Cámara Baja, se remitirá al Senado para continuar su tramitación parlamentaria", detalla el comunicado oficial.